Judicial
El Juez admitió que los apoderados del empresario Enrique Rais presenten este día todas las pruebas que han recabado con lo cual pretenden demostrar toda la fabricación y utilización de pruebas ilegítimas con finalidades oscuras
Con esas ilegítimas pruebas y con engaños capturaron ilegalmente a Enrique Rais. El Juez admitió que los apoderados del empresario Enrique Rais presenten este día todas las pruebas que han recabado con lo cual pretenden demostrar toda la fabricación y utilización de pruebas ilegítimas con finalidades oscuras.
Esto luego que el martes 8 de enero se instaló la audiencia inicial contra fiscales y miembros de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes intentaron perjudicar al empresario Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Wilfredo Gutiérrez.
A pesar de la oposición por parte de los fiscales, el juez admitió la querella finalmente pero aún inconformes han presentado revocatoria queriendo evitar que los abogados de Rais presenten las pruebas.
Según el reporte, todos acusados de fabricar y alterar pruebas, divulgación de material reservado, actos arbitrarios y atentar al derecho de defensa contra Enrique Rais.
Autoridades del Ministerio Público (MP) solicitan el sobreseimiento al Juzgado 5° de Paz de San Salvador, acusados de presentar documentación y evidencia presuntamente falsa.
Quienes ahora se sientan en el banquillo de los acusados son Froilán Francisco Coto Cabrera, Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, Xenia Lizeth Linares Rodríguez, Julio César Larrama Barahona, Sigfrido Alcides Campos Crespo, Maricela Granados Ponce. La última es ingeniero en sistemas de la FGR.
Además se encuentra entre los imputados el fiscal Will Walter Ruiz Ponce, primo hermano del ex titular de la Fiscalía, Douglas Meléndez.
Los apoderados legales de Rais sostienen que Mayra Raquel Guevara reconoció ante el juez Octavo de Instucción que se presentaron pruebas en contra de su representado por un supuesto error por parte de la ingeniero en sistemas Granados Ponce.
El abogado Hernán Cortez aseguró que “en marzo del 2017 presentamos una denuncia contra once elementos fiscales y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por todas las ilegalidades que se cometieron contra nuestros clientes al momento de ser capturados. Nos llama mucha la atención que antes de dejar su cargo, el exfiscal Douglas Meléndez trató de favorecer a estas personas buscando un sobreseimiento para ellos”.
El profesional del derecho agregó que la información respecto a este caso “no está depurada y no se puede decir que esos delitos se fueron cometidos por nuestros clientes, porque la Fiscalía General de la República presentó una inconstitucionalidad al presentar una interpretación auténtica de la Asamblea Legislativa, sobre el artículo 23 de la Ley Especial de Escuchas Telefónicas y sobre este punto la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar para dejar sin efecto el acto reclamando, por tanto está pendiente de resolución y en ese sentido la FGR no podía presentar un sobreseimiento, porque hay una medida cautelar que no se puede resolver nada”.
Debido a una serie de actos irregulares contra Enrique Rais, sus apoderados legales acusan a los once fiscales y tres policías de utilizar intervenciones telefónicas caducadas, ya que estas se vencieron en octubre del 2015 y fueron usadas en septiembre del 2016, cuando la ley establece que tienen un período de seis meses, de lo contrario deben ser destruidas.
“La misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, detalla que hubo ilegalidades en las escuchas telefónicas usadas por la Fiscalía y desconocemos si ese documento fue incluido por la FGR. También señalamos que nuestros clientes fueron citados a la FGR para un determinado procedimiento, aun sabiendo que ya tenían órdenes de captura en sus contra, lo que significa que utilizaron métodos de engaños para privar de libertad a nuestros clientes”, afirmó Cortez
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
