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El Juez admitió que los apoderados del empresario Enrique Rais presenten este día todas las pruebas que han recabado con lo cual pretenden demostrar toda la fabricación y utilización de pruebas ilegítimas con finalidades oscuras
Con esas ilegítimas pruebas y con engaños capturaron ilegalmente a Enrique Rais. El Juez admitió que los apoderados del empresario Enrique Rais presenten este día todas las pruebas que han recabado con lo cual pretenden demostrar toda la fabricación y utilización de pruebas ilegítimas con finalidades oscuras.
Esto luego que el martes 8 de enero se instaló la audiencia inicial contra fiscales y miembros de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes intentaron perjudicar al empresario Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Wilfredo Gutiérrez.
A pesar de la oposición por parte de los fiscales, el juez admitió la querella finalmente pero aún inconformes han presentado revocatoria queriendo evitar que los abogados de Rais presenten las pruebas.
Según el reporte, todos acusados de fabricar y alterar pruebas, divulgación de material reservado, actos arbitrarios y atentar al derecho de defensa contra Enrique Rais.
Autoridades del Ministerio Público (MP) solicitan el sobreseimiento al Juzgado 5° de Paz de San Salvador, acusados de presentar documentación y evidencia presuntamente falsa.
Quienes ahora se sientan en el banquillo de los acusados son Froilán Francisco Coto Cabrera, Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, Xenia Lizeth Linares Rodríguez, Julio César Larrama Barahona, Sigfrido Alcides Campos Crespo, Maricela Granados Ponce. La última es ingeniero en sistemas de la FGR.
Además se encuentra entre los imputados el fiscal Will Walter Ruiz Ponce, primo hermano del ex titular de la Fiscalía, Douglas Meléndez.
Los apoderados legales de Rais sostienen que Mayra Raquel Guevara reconoció ante el juez Octavo de Instucción que se presentaron pruebas en contra de su representado por un supuesto error por parte de la ingeniero en sistemas Granados Ponce.
El abogado Hernán Cortez aseguró que “en marzo del 2017 presentamos una denuncia contra once elementos fiscales y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por todas las ilegalidades que se cometieron contra nuestros clientes al momento de ser capturados. Nos llama mucha la atención que antes de dejar su cargo, el exfiscal Douglas Meléndez trató de favorecer a estas personas buscando un sobreseimiento para ellos”.
El profesional del derecho agregó que la información respecto a este caso “no está depurada y no se puede decir que esos delitos se fueron cometidos por nuestros clientes, porque la Fiscalía General de la República presentó una inconstitucionalidad al presentar una interpretación auténtica de la Asamblea Legislativa, sobre el artículo 23 de la Ley Especial de Escuchas Telefónicas y sobre este punto la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar para dejar sin efecto el acto reclamando, por tanto está pendiente de resolución y en ese sentido la FGR no podía presentar un sobreseimiento, porque hay una medida cautelar que no se puede resolver nada”.
Debido a una serie de actos irregulares contra Enrique Rais, sus apoderados legales acusan a los once fiscales y tres policías de utilizar intervenciones telefónicas caducadas, ya que estas se vencieron en octubre del 2015 y fueron usadas en septiembre del 2016, cuando la ley establece que tienen un período de seis meses, de lo contrario deben ser destruidas.
“La misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, detalla que hubo ilegalidades en las escuchas telefónicas usadas por la Fiscalía y desconocemos si ese documento fue incluido por la FGR. También señalamos que nuestros clientes fueron citados a la FGR para un determinado procedimiento, aun sabiendo que ya tenían órdenes de captura en sus contra, lo que significa que utilizaron métodos de engaños para privar de libertad a nuestros clientes”, afirmó Cortez
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
