Judicial
El Juez admitió que los apoderados del empresario Enrique Rais presenten este día todas las pruebas que han recabado con lo cual pretenden demostrar toda la fabricación y utilización de pruebas ilegítimas con finalidades oscuras
Con esas ilegítimas pruebas y con engaños capturaron ilegalmente a Enrique Rais. El Juez admitió que los apoderados del empresario Enrique Rais presenten este día todas las pruebas que han recabado con lo cual pretenden demostrar toda la fabricación y utilización de pruebas ilegítimas con finalidades oscuras.
Esto luego que el martes 8 de enero se instaló la audiencia inicial contra fiscales y miembros de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes intentaron perjudicar al empresario Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Wilfredo Gutiérrez.
A pesar de la oposición por parte de los fiscales, el juez admitió la querella finalmente pero aún inconformes han presentado revocatoria queriendo evitar que los abogados de Rais presenten las pruebas.
Según el reporte, todos acusados de fabricar y alterar pruebas, divulgación de material reservado, actos arbitrarios y atentar al derecho de defensa contra Enrique Rais.
Autoridades del Ministerio Público (MP) solicitan el sobreseimiento al Juzgado 5° de Paz de San Salvador, acusados de presentar documentación y evidencia presuntamente falsa.
Quienes ahora se sientan en el banquillo de los acusados son Froilán Francisco Coto Cabrera, Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, Xenia Lizeth Linares Rodríguez, Julio César Larrama Barahona, Sigfrido Alcides Campos Crespo, Maricela Granados Ponce. La última es ingeniero en sistemas de la FGR.
Además se encuentra entre los imputados el fiscal Will Walter Ruiz Ponce, primo hermano del ex titular de la Fiscalía, Douglas Meléndez.
Los apoderados legales de Rais sostienen que Mayra Raquel Guevara reconoció ante el juez Octavo de Instucción que se presentaron pruebas en contra de su representado por un supuesto error por parte de la ingeniero en sistemas Granados Ponce.
El abogado Hernán Cortez aseguró que “en marzo del 2017 presentamos una denuncia contra once elementos fiscales y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por todas las ilegalidades que se cometieron contra nuestros clientes al momento de ser capturados. Nos llama mucha la atención que antes de dejar su cargo, el exfiscal Douglas Meléndez trató de favorecer a estas personas buscando un sobreseimiento para ellos”.
El profesional del derecho agregó que la información respecto a este caso “no está depurada y no se puede decir que esos delitos se fueron cometidos por nuestros clientes, porque la Fiscalía General de la República presentó una inconstitucionalidad al presentar una interpretación auténtica de la Asamblea Legislativa, sobre el artículo 23 de la Ley Especial de Escuchas Telefónicas y sobre este punto la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar para dejar sin efecto el acto reclamando, por tanto está pendiente de resolución y en ese sentido la FGR no podía presentar un sobreseimiento, porque hay una medida cautelar que no se puede resolver nada”.
Debido a una serie de actos irregulares contra Enrique Rais, sus apoderados legales acusan a los once fiscales y tres policías de utilizar intervenciones telefónicas caducadas, ya que estas se vencieron en octubre del 2015 y fueron usadas en septiembre del 2016, cuando la ley establece que tienen un período de seis meses, de lo contrario deben ser destruidas.
“La misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, detalla que hubo ilegalidades en las escuchas telefónicas usadas por la Fiscalía y desconocemos si ese documento fue incluido por la FGR. También señalamos que nuestros clientes fueron citados a la FGR para un determinado procedimiento, aun sabiendo que ya tenían órdenes de captura en sus contra, lo que significa que utilizaron métodos de engaños para privar de libertad a nuestros clientes”, afirmó Cortez
Judicial
Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión
Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.
Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.
Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.
Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.
#CRONIO Entre lágrimas y abrazos, familiares despidieron a los 13 miembros de la Barra Brava del Alianza F.C., trasladados a un centro penal tras la audiencia inicial por los delitos de daños y desórdenes públicos, relacionados con los disturbios ocurridos el pasado 25 de… pic.twitter.com/KKTWssq0if
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 12, 2025
Judicial
14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS
Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.
Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.
Este hecho dejó a varias personas lesionadas.
Hemos procedido a la captura de los responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS.
Todos los detenidos son aficionados del Alianza.
El hecho se registró esta tarde sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en… pic.twitter.com/08PMLBQbdF
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 26, 2025
Todos son procesados por los siguientes delitos:
Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones
La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.
Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.
Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.
En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.
Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.
