Judicial
Condenan a 13 años con 4 meses de prisión a Nicola Angelucci en caso Infocentros
Este lunes 13 de diciembre, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 13 años y cuatro meses de cárcel a Nicola Ernesto Angelucci Silva, expresidente del extinto Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) por los delitos de negociaciones ilícitas y peculado.
Por unanimidad los tres jueces han dicho que el exfuncionario cometió los delitos en concurso ideal, es decir que a raíz de las negociaciones ilícitas permitió que se diera el peculado [apropiarse de fondos del Estado] y se diera la apropiación de $6,193,293.88.
En el delito de negociaciones ilícitas, el ministerio Público expuso en el juicio que Angelucci Silva tuvo un dolo directo y existió en él, ese interés de ser parte de Infocentros y del BMI, que actualmente es Bandesal.
Por lo que, al tener conocimiento de lo que ocurría en las dos instituciones, facilitó la participación de Infocentros en la suscripción de la “Red del Desarrollo” también conocido como el convenido madre.
El ministerio público probó el dolo y la voluntad de Angelucci Silva de querer realizar una conducta contraria a la norma, un empleado del exBMI que declaró en la vista pública, dijo que el exfuncionario le instruyó contactarse con el director ejecutivo de Infocentros para hablar sobre la suscripción del convenio madre.
Que Angelucci Silva tenía interés de la suscripción de dicho convenio obviando la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), al final el exBMI terminó invirtiendo en la “Red del Desarrollo” pese a que Infocentros no tenía la capacidad para ejecutar el proyecto, por lo que realizó una conducta típica, antijurídica y culpable.
En cuanto al delito de peculado el tribunal ha dejado claro que el imputado tuvo la intensión de sustraer fondos públicos provenientes del extinto Banco Multisectorial de Inversiones y trasladarlos a Infocentros, una asociación privada de la que el mismo Angelucci era presidente, y que según acta del 14 de agosto del año 2018, acordó su disolución y liquidación voluntaria.
Pese a que Infocentros ya había dejado de operar, Angelucci Silva suscribió un convenio sustrayendo del referido banco $240,000 para ser trasladados a la cuenta de la entidad privada bajo su dirección.
El artículo 4 de la ley de creación del exBMI no facultaba suscribir convenios, posteriormente hubo una reforma y para implementar proyectos como “Red del Desarrollo”, se debió seguir un proceso de licitación para adjudicarlo, pero la UACI del Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal en informe enviado a la Fiscalía ha dicho que no tuvo ninguna participación en la adjudicación y contratación de Infocentros.
Bandesal, ha confirmado al Ministerio Público que no existe en los archivos de la institución un plan de trabajo seguido por Infocentros y que no había forma de controlar si se cumplieron las obligaciones adquiridas en los siete convenios suscritos.
Tampoco el Banco Central de Reserva y la Corte de Cuentas de la República auditaron los fondos erogados, se le perdió completamente el rastro a los más de $6.1 millones, nunca se supo en que se gastaron.
Las anomalías no solo consistieron en transferir fondos, sino que el exBMI asumió incluso pagos y gastos de Infocentros, las licencias de los servidores que la asociación privada utilizaba, eran cancelados por la institución presidida por Angelucci Silva.
Durante el juicio los fiscales definieron el interés de Angelucci Silva en tener un monopolio en el exBMI e Infocentros, esta última institución de carácter privada en sus estatutos definía que una junta directiva solo podía estar dos años consecutivos al frente, pero Angelucci Silva, se mantuvo por tiempo indefinido porque nunca se hizo una nueva elección.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
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