Judicial
Condenan a 13 años con 4 meses de prisión a Nicola Angelucci en caso Infocentros
Este lunes 13 de diciembre, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 13 años y cuatro meses de cárcel a Nicola Ernesto Angelucci Silva, expresidente del extinto Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) por los delitos de negociaciones ilícitas y peculado.
Por unanimidad los tres jueces han dicho que el exfuncionario cometió los delitos en concurso ideal, es decir que a raíz de las negociaciones ilícitas permitió que se diera el peculado [apropiarse de fondos del Estado] y se diera la apropiación de $6,193,293.88.
En el delito de negociaciones ilícitas, el ministerio Público expuso en el juicio que Angelucci Silva tuvo un dolo directo y existió en él, ese interés de ser parte de Infocentros y del BMI, que actualmente es Bandesal.
Por lo que, al tener conocimiento de lo que ocurría en las dos instituciones, facilitó la participación de Infocentros en la suscripción de la “Red del Desarrollo” también conocido como el convenido madre.
El ministerio público probó el dolo y la voluntad de Angelucci Silva de querer realizar una conducta contraria a la norma, un empleado del exBMI que declaró en la vista pública, dijo que el exfuncionario le instruyó contactarse con el director ejecutivo de Infocentros para hablar sobre la suscripción del convenio madre.
Que Angelucci Silva tenía interés de la suscripción de dicho convenio obviando la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), al final el exBMI terminó invirtiendo en la “Red del Desarrollo” pese a que Infocentros no tenía la capacidad para ejecutar el proyecto, por lo que realizó una conducta típica, antijurídica y culpable.
En cuanto al delito de peculado el tribunal ha dejado claro que el imputado tuvo la intensión de sustraer fondos públicos provenientes del extinto Banco Multisectorial de Inversiones y trasladarlos a Infocentros, una asociación privada de la que el mismo Angelucci era presidente, y que según acta del 14 de agosto del año 2018, acordó su disolución y liquidación voluntaria.
Pese a que Infocentros ya había dejado de operar, Angelucci Silva suscribió un convenio sustrayendo del referido banco $240,000 para ser trasladados a la cuenta de la entidad privada bajo su dirección.
El artículo 4 de la ley de creación del exBMI no facultaba suscribir convenios, posteriormente hubo una reforma y para implementar proyectos como “Red del Desarrollo”, se debió seguir un proceso de licitación para adjudicarlo, pero la UACI del Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal en informe enviado a la Fiscalía ha dicho que no tuvo ninguna participación en la adjudicación y contratación de Infocentros.
Bandesal, ha confirmado al Ministerio Público que no existe en los archivos de la institución un plan de trabajo seguido por Infocentros y que no había forma de controlar si se cumplieron las obligaciones adquiridas en los siete convenios suscritos.
Tampoco el Banco Central de Reserva y la Corte de Cuentas de la República auditaron los fondos erogados, se le perdió completamente el rastro a los más de $6.1 millones, nunca se supo en que se gastaron.
Las anomalías no solo consistieron en transferir fondos, sino que el exBMI asumió incluso pagos y gastos de Infocentros, las licencias de los servidores que la asociación privada utilizaba, eran cancelados por la institución presidida por Angelucci Silva.
Durante el juicio los fiscales definieron el interés de Angelucci Silva en tener un monopolio en el exBMI e Infocentros, esta última institución de carácter privada en sus estatutos definía que una junta directiva solo podía estar dos años consecutivos al frente, pero Angelucci Silva, se mantuvo por tiempo indefinido porque nunca se hizo una nueva elección.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
