Judicial
Condenan a 13 años con 4 meses de prisión a Nicola Angelucci en caso Infocentros
Este lunes 13 de diciembre, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 13 años y cuatro meses de cárcel a Nicola Ernesto Angelucci Silva, expresidente del extinto Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) por los delitos de negociaciones ilícitas y peculado.
Por unanimidad los tres jueces han dicho que el exfuncionario cometió los delitos en concurso ideal, es decir que a raíz de las negociaciones ilícitas permitió que se diera el peculado [apropiarse de fondos del Estado] y se diera la apropiación de $6,193,293.88.
En el delito de negociaciones ilícitas, el ministerio Público expuso en el juicio que Angelucci Silva tuvo un dolo directo y existió en él, ese interés de ser parte de Infocentros y del BMI, que actualmente es Bandesal.
Por lo que, al tener conocimiento de lo que ocurría en las dos instituciones, facilitó la participación de Infocentros en la suscripción de la “Red del Desarrollo” también conocido como el convenido madre.
El ministerio público probó el dolo y la voluntad de Angelucci Silva de querer realizar una conducta contraria a la norma, un empleado del exBMI que declaró en la vista pública, dijo que el exfuncionario le instruyó contactarse con el director ejecutivo de Infocentros para hablar sobre la suscripción del convenio madre.
Que Angelucci Silva tenía interés de la suscripción de dicho convenio obviando la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), al final el exBMI terminó invirtiendo en la “Red del Desarrollo” pese a que Infocentros no tenía la capacidad para ejecutar el proyecto, por lo que realizó una conducta típica, antijurídica y culpable.
En cuanto al delito de peculado el tribunal ha dejado claro que el imputado tuvo la intensión de sustraer fondos públicos provenientes del extinto Banco Multisectorial de Inversiones y trasladarlos a Infocentros, una asociación privada de la que el mismo Angelucci era presidente, y que según acta del 14 de agosto del año 2018, acordó su disolución y liquidación voluntaria.
Pese a que Infocentros ya había dejado de operar, Angelucci Silva suscribió un convenio sustrayendo del referido banco $240,000 para ser trasladados a la cuenta de la entidad privada bajo su dirección.
El artículo 4 de la ley de creación del exBMI no facultaba suscribir convenios, posteriormente hubo una reforma y para implementar proyectos como “Red del Desarrollo”, se debió seguir un proceso de licitación para adjudicarlo, pero la UACI del Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal en informe enviado a la Fiscalía ha dicho que no tuvo ninguna participación en la adjudicación y contratación de Infocentros.
Bandesal, ha confirmado al Ministerio Público que no existe en los archivos de la institución un plan de trabajo seguido por Infocentros y que no había forma de controlar si se cumplieron las obligaciones adquiridas en los siete convenios suscritos.
Tampoco el Banco Central de Reserva y la Corte de Cuentas de la República auditaron los fondos erogados, se le perdió completamente el rastro a los más de $6.1 millones, nunca se supo en que se gastaron.
Las anomalías no solo consistieron en transferir fondos, sino que el exBMI asumió incluso pagos y gastos de Infocentros, las licencias de los servidores que la asociación privada utilizaba, eran cancelados por la institución presidida por Angelucci Silva.
Durante el juicio los fiscales definieron el interés de Angelucci Silva en tener un monopolio en el exBMI e Infocentros, esta última institución de carácter privada en sus estatutos definía que una junta directiva solo podía estar dos años consecutivos al frente, pero Angelucci Silva, se mantuvo por tiempo indefinido porque nunca se hizo una nueva elección.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de cárcel por haber abusado sexualmente de una menor de edad en repetidas ocasiones, en el 2023.
«Este sujeto aprovechó que la menor estaba jugando con otras niñas y tenía la puerta de su casa abierta, cuando la víctima estuvo un momento a solas Pérez ingresó a la casa y la violó», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
De acuerdo con las autoridades, al siguiente día ingreso nuevamente a la vivienda de la niña y abusó de ella, la amenazó y la golpeó en la cara para que no contara lo sucedido.
La fiscalía detalló que por estos hechos fue sentenciado a 20 años de prisión, la cual fue impuesta por el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
