Judicial
Abogados de Sigfrido Reyes presentan pruebas sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito
Los abogados del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, acudieron la mañana de este lunes a la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador para presentar pruebas sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito hechas en su contra por la Fiscalía.
El abogado, Pedro Cruz, explicó que han recopilado toda la información financiera de la familia Reyes de los últimos diez años la cual fue detallada en 15,000 páginas y aseguró que con esta documentación las acusaciones de la Fiscalía se romperán como un “cascarón”.
“A lo largo de estos meses hemos podido recopilar toda la documentación, cuentas bancarias y una serie de transacciones financieras, operaciones pequeñas, grandes para poder desarmar de manera contundente y completa la demanda civil que ha hecho la Fiscalía”, dijo Cruz.
“Pudimos realizar un peritaje minucioso a cargo de especialistas en auditoría y contabilidad quienes nos han reconfirmado lo que nosotros sabíamos por la lectura de los documentos: que no existe ningún indicio de enriquecimiento ilícito, que todas las cuentas están en orden. El pago de viáticos se realizó de conformidad a la ley y que la demanda y las acusaciones de la Fiscalía son un cascaron que este día se empieza romper de manera definitiva”, aseguró el defensor.
En febrero de este año la Fiscalía presentó una demanda por enriquecimiento ilícito en contra del exdiputado del FMLN y su grupo familiar por un monto de $472,464.04 que no pudieron justificar de su patrimonio de los cuales $12,000 fueron asignados de su esposa, Susy Melba Rodríguez de Reyes, y $750 a su hijo Luis Damián Reyes Rodríguez.
A estos señalamientos el defensor de Reyes dijo que han presentado informes detallados del patrimonio de la familia Reyes.
“Tenemos justificado cada centavo que fue cancelado en compra de inmuebles y también los que se deben porque los inmuebles se adquieren a plazos muchas veces”, dijo.
Abogado niega que Reyes tenga «propiedades lujosas»
Negó que su cliente tenga propiedades ostentosas como se había mencionado en redes sociales en las que fueron compartidas imágenes de lujosas residencias.
“No son grandes cantidades de inmuebles, son inmuebles sencillos, por ahí circularon unas fotos de una finca es falso no es de él ni siquiera es del país esa propiedad. Al ver en Google Maps dónde queda ubicado ese mueble se van a dar cuenta que no es en El Salvador. Él no tiene propiedades ostentosas, entonces se descarta cualquier anomalía con relación a los bienes”, mencionó.
Cruz dijo que parte de la documentación que este lunes presentaron en la Cámara también fue mostrada en México para que las autoridades de ese país otorgaran asilo político a su cliente.
“Parte de la documentación que nosotros estamos presentan aquí también se presentó al estado de México, y México de manera independiente y objetiva definió que no había asidero legal para una persecución judicial en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa y con esos parámetros le otorgó asilo político”, aseguró.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento contra el ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, tras atropellar a una niña de nueve años en Ahuachapán.
Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el pasado 4 de julio en el kilómetro 114 de la carretera a Las Chinamas, cuando la menor cruzaba la vía para dirigirse a su centro escolar. Tras el atropello, el imputado intentó huir hacia Guatemala.
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán ha programado la audiencia inicial para el próximo 21 de julio.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
