Judicial
Abogados de Sigfrido Reyes presentan pruebas sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito
Los abogados del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, acudieron la mañana de este lunes a la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador para presentar pruebas sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito hechas en su contra por la Fiscalía.
El abogado, Pedro Cruz, explicó que han recopilado toda la información financiera de la familia Reyes de los últimos diez años la cual fue detallada en 15,000 páginas y aseguró que con esta documentación las acusaciones de la Fiscalía se romperán como un “cascarón”.
“A lo largo de estos meses hemos podido recopilar toda la documentación, cuentas bancarias y una serie de transacciones financieras, operaciones pequeñas, grandes para poder desarmar de manera contundente y completa la demanda civil que ha hecho la Fiscalía”, dijo Cruz.
“Pudimos realizar un peritaje minucioso a cargo de especialistas en auditoría y contabilidad quienes nos han reconfirmado lo que nosotros sabíamos por la lectura de los documentos: que no existe ningún indicio de enriquecimiento ilícito, que todas las cuentas están en orden. El pago de viáticos se realizó de conformidad a la ley y que la demanda y las acusaciones de la Fiscalía son un cascaron que este día se empieza romper de manera definitiva”, aseguró el defensor.
En febrero de este año la Fiscalía presentó una demanda por enriquecimiento ilícito en contra del exdiputado del FMLN y su grupo familiar por un monto de $472,464.04 que no pudieron justificar de su patrimonio de los cuales $12,000 fueron asignados de su esposa, Susy Melba Rodríguez de Reyes, y $750 a su hijo Luis Damián Reyes Rodríguez.
A estos señalamientos el defensor de Reyes dijo que han presentado informes detallados del patrimonio de la familia Reyes.
“Tenemos justificado cada centavo que fue cancelado en compra de inmuebles y también los que se deben porque los inmuebles se adquieren a plazos muchas veces”, dijo.
Abogado niega que Reyes tenga «propiedades lujosas»
Negó que su cliente tenga propiedades ostentosas como se había mencionado en redes sociales en las que fueron compartidas imágenes de lujosas residencias.
“No son grandes cantidades de inmuebles, son inmuebles sencillos, por ahí circularon unas fotos de una finca es falso no es de él ni siquiera es del país esa propiedad. Al ver en Google Maps dónde queda ubicado ese mueble se van a dar cuenta que no es en El Salvador. Él no tiene propiedades ostentosas, entonces se descarta cualquier anomalía con relación a los bienes”, mencionó.
Cruz dijo que parte de la documentación que este lunes presentaron en la Cámara también fue mostrada en México para que las autoridades de ese país otorgaran asilo político a su cliente.
“Parte de la documentación que nosotros estamos presentan aquí también se presentó al estado de México, y México de manera independiente y objetiva definió que no había asidero legal para una persecución judicial en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa y con esos parámetros le otorgó asilo político”, aseguró.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
