Judicial
Abogados de Sigfrido Reyes presentan pruebas sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito
Los abogados del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, acudieron la mañana de este lunes a la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador para presentar pruebas sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito hechas en su contra por la Fiscalía.
El abogado, Pedro Cruz, explicó que han recopilado toda la información financiera de la familia Reyes de los últimos diez años la cual fue detallada en 15,000 páginas y aseguró que con esta documentación las acusaciones de la Fiscalía se romperán como un “cascarón”.
“A lo largo de estos meses hemos podido recopilar toda la documentación, cuentas bancarias y una serie de transacciones financieras, operaciones pequeñas, grandes para poder desarmar de manera contundente y completa la demanda civil que ha hecho la Fiscalía”, dijo Cruz.
“Pudimos realizar un peritaje minucioso a cargo de especialistas en auditoría y contabilidad quienes nos han reconfirmado lo que nosotros sabíamos por la lectura de los documentos: que no existe ningún indicio de enriquecimiento ilícito, que todas las cuentas están en orden. El pago de viáticos se realizó de conformidad a la ley y que la demanda y las acusaciones de la Fiscalía son un cascaron que este día se empieza romper de manera definitiva”, aseguró el defensor.
En febrero de este año la Fiscalía presentó una demanda por enriquecimiento ilícito en contra del exdiputado del FMLN y su grupo familiar por un monto de $472,464.04 que no pudieron justificar de su patrimonio de los cuales $12,000 fueron asignados de su esposa, Susy Melba Rodríguez de Reyes, y $750 a su hijo Luis Damián Reyes Rodríguez.
A estos señalamientos el defensor de Reyes dijo que han presentado informes detallados del patrimonio de la familia Reyes.
“Tenemos justificado cada centavo que fue cancelado en compra de inmuebles y también los que se deben porque los inmuebles se adquieren a plazos muchas veces”, dijo.
Abogado niega que Reyes tenga «propiedades lujosas»
Negó que su cliente tenga propiedades ostentosas como se había mencionado en redes sociales en las que fueron compartidas imágenes de lujosas residencias.
“No son grandes cantidades de inmuebles, son inmuebles sencillos, por ahí circularon unas fotos de una finca es falso no es de él ni siquiera es del país esa propiedad. Al ver en Google Maps dónde queda ubicado ese mueble se van a dar cuenta que no es en El Salvador. Él no tiene propiedades ostentosas, entonces se descarta cualquier anomalía con relación a los bienes”, mencionó.
Cruz dijo que parte de la documentación que este lunes presentaron en la Cámara también fue mostrada en México para que las autoridades de ese país otorgaran asilo político a su cliente.
“Parte de la documentación que nosotros estamos presentan aquí también se presentó al estado de México, y México de manera independiente y objetiva definió que no había asidero legal para una persecución judicial en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa y con esos parámetros le otorgó asilo político”, aseguró.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
