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#INVESTIGACIÓN ESPECIAL – Pandilla controla centro comercial San José y la venta de droga
Desde el 2017, un grupo de pandilleros de una de las alas de la 18 han logrado vulnerar y evadir las restricciones que tenían para poder acceder al centro comercial San José, frente al parque que lleva ese mismo nombre en el centro de San Salvador.
Es de recordar que en los alrededores del lugar durante mucho tiempo se habían registrado una serie de homicidios, debido a la disputa de territorio de parte de estos grupos delincuenciales.
La zona del parque San José era una zona no controlada por estos grupos y por eso se daban homicidios entre rivales.
A pesar de la seguridad privada en ese centro comercial, ahora un grupo de pandilleros se han hecho del alquiler de uno de los locales en el segundo nivel.
Para confirmar esta versión ingresé uno de estos días al lugar, observé uno de los bares y me ubiqué en uno de los locales para poder conocer el ambiente.
Eran pasadas las 10:00 de la noche y el ambiente era de música, mujeres y mucha bebida.
Al ingresar a uno de los locales veo que todo transcurre con normalidad, las meseras atienden con tranquilidad, quien no sabe de esta situación podría decir que no pasa nada en esa lugar.
Días atrás, los pandilleros exigieron copia de los DUI a las mujeres que ahí trabajan como meseras para poder determinar las zonas donde ellas residen.
Las que viven en zonas no controladas por este grupo fueron amenazadas que debían dejar de llegar al negocio.
Así, muchas debieron dejar de trabajar en el centro comercial por medida de seguridad o para resguardar su vida.
Todo indica que el principal objetivo de este grupo ha sido la venta de droga. Antes que este grupo lograra ingresar al centro comercial no había tráfico de droga.
En la medida que nos sentimos en confianza en uno de los bares, hicimos amistad con una persona que conoce sobre lo que está sucediendo en ese sitio.
En la medida en que las bebidas fueron elevando los niveles de confianza hubo el interés de saber si en el lugar había venta de droga a lo que obtuvimos una respuesta positiva.
Nuestro nuevo acompañante, a quien llamaremos “Pepe”, se puso a la disposición de comprar la droga. El precio, nos comentó, es de 6 dólares el “toque”.
Sin duda era una oportunidad para poder comprobar el tráfico de cocaína en el lugar.
Así fue, “Pepe” se levantó, esperamos unos minutos y pronto regresó. Alargó su mano y nos dio una pequeña porción de polvo blanco envuelto en plástico, la condición suya era que la compartiéramos con él, le dije que la tomara.
Se levantó y luego de unos minutos volvió a la mesa dio para dar el aval al producto.
Al regresar ya había otra persona más en la mesa. Se trataba de una mujer quien por motivos de seguridad no brindó su nombre.
Ella también quería consumir la droga, sin duda, era alguien conocido por “Pepe”. Se la cedí, no tardó mucho la mujer para irse al baño y consumirla.
Mientras tanto, “Pepe” me comentó que por la noche es cuando “mejor” se pone el ambiente en el negocio, en la medida transcurría el tiempo me di cuenta que muchas personas llegan de manera habitual allí.
La vida nocturna en el lugar ha sido la misma y aunque no vi a ningún pandillero me aseguraron las fuentes que ellos se cuidan de no parecer de esa estructura.
Sin duda, hombres y mujeres adultos no presentan riesgo en llegar al sitio, por eso es que no se ven jóvenes en el sitio.
Días atrás agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron al centro comercial en varias ocasiones, pero lo curioso es que no encuentran ilícitos en el local donde venden la droga. Tampoco ha habido detenciones.
A la medianoche el ambiente de fiesta sigue en el centro comercial San José, sin que los clientes imaginen que el sitio es controlado por uno de los grupos de pandillas que operan en el centro de la capital.
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
