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#INVESTIGACIÓN ESPECIAL – Pandilla controla centro comercial San José y la venta de droga
Desde el 2017, un grupo de pandilleros de una de las alas de la 18 han logrado vulnerar y evadir las restricciones que tenían para poder acceder al centro comercial San José, frente al parque que lleva ese mismo nombre en el centro de San Salvador.
Es de recordar que en los alrededores del lugar durante mucho tiempo se habían registrado una serie de homicidios, debido a la disputa de territorio de parte de estos grupos delincuenciales.
La zona del parque San José era una zona no controlada por estos grupos y por eso se daban homicidios entre rivales.
A pesar de la seguridad privada en ese centro comercial, ahora un grupo de pandilleros se han hecho del alquiler de uno de los locales en el segundo nivel.
Para confirmar esta versión ingresé uno de estos días al lugar, observé uno de los bares y me ubiqué en uno de los locales para poder conocer el ambiente.
Eran pasadas las 10:00 de la noche y el ambiente era de música, mujeres y mucha bebida.
Al ingresar a uno de los locales veo que todo transcurre con normalidad, las meseras atienden con tranquilidad, quien no sabe de esta situación podría decir que no pasa nada en esa lugar.
Días atrás, los pandilleros exigieron copia de los DUI a las mujeres que ahí trabajan como meseras para poder determinar las zonas donde ellas residen.
Las que viven en zonas no controladas por este grupo fueron amenazadas que debían dejar de llegar al negocio.
Así, muchas debieron dejar de trabajar en el centro comercial por medida de seguridad o para resguardar su vida.
Todo indica que el principal objetivo de este grupo ha sido la venta de droga. Antes que este grupo lograra ingresar al centro comercial no había tráfico de droga.
En la medida que nos sentimos en confianza en uno de los bares, hicimos amistad con una persona que conoce sobre lo que está sucediendo en ese sitio.
En la medida en que las bebidas fueron elevando los niveles de confianza hubo el interés de saber si en el lugar había venta de droga a lo que obtuvimos una respuesta positiva.
Nuestro nuevo acompañante, a quien llamaremos “Pepe”, se puso a la disposición de comprar la droga. El precio, nos comentó, es de 6 dólares el “toque”.
Sin duda era una oportunidad para poder comprobar el tráfico de cocaína en el lugar.
Así fue, “Pepe” se levantó, esperamos unos minutos y pronto regresó. Alargó su mano y nos dio una pequeña porción de polvo blanco envuelto en plástico, la condición suya era que la compartiéramos con él, le dije que la tomara.
Se levantó y luego de unos minutos volvió a la mesa dio para dar el aval al producto.
Al regresar ya había otra persona más en la mesa. Se trataba de una mujer quien por motivos de seguridad no brindó su nombre.
Ella también quería consumir la droga, sin duda, era alguien conocido por “Pepe”. Se la cedí, no tardó mucho la mujer para irse al baño y consumirla.
Mientras tanto, “Pepe” me comentó que por la noche es cuando “mejor” se pone el ambiente en el negocio, en la medida transcurría el tiempo me di cuenta que muchas personas llegan de manera habitual allí.
La vida nocturna en el lugar ha sido la misma y aunque no vi a ningún pandillero me aseguraron las fuentes que ellos se cuidan de no parecer de esa estructura.
Sin duda, hombres y mujeres adultos no presentan riesgo en llegar al sitio, por eso es que no se ven jóvenes en el sitio.
Días atrás agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron al centro comercial en varias ocasiones, pero lo curioso es que no encuentran ilícitos en el local donde venden la droga. Tampoco ha habido detenciones.
A la medianoche el ambiente de fiesta sigue en el centro comercial San José, sin que los clientes imaginen que el sitio es controlado por uno de los grupos de pandillas que operan en el centro de la capital.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
