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#INVESTIGACIÓN ESPECIAL – Pandilla controla centro comercial San José y la venta de droga
Desde el 2017, un grupo de pandilleros de una de las alas de la 18 han logrado vulnerar y evadir las restricciones que tenían para poder acceder al centro comercial San José, frente al parque que lleva ese mismo nombre en el centro de San Salvador.
Es de recordar que en los alrededores del lugar durante mucho tiempo se habían registrado una serie de homicidios, debido a la disputa de territorio de parte de estos grupos delincuenciales.
La zona del parque San José era una zona no controlada por estos grupos y por eso se daban homicidios entre rivales.
A pesar de la seguridad privada en ese centro comercial, ahora un grupo de pandilleros se han hecho del alquiler de uno de los locales en el segundo nivel.
Para confirmar esta versión ingresé uno de estos días al lugar, observé uno de los bares y me ubiqué en uno de los locales para poder conocer el ambiente.
Eran pasadas las 10:00 de la noche y el ambiente era de música, mujeres y mucha bebida.
Al ingresar a uno de los locales veo que todo transcurre con normalidad, las meseras atienden con tranquilidad, quien no sabe de esta situación podría decir que no pasa nada en esa lugar.
Días atrás, los pandilleros exigieron copia de los DUI a las mujeres que ahí trabajan como meseras para poder determinar las zonas donde ellas residen.
Las que viven en zonas no controladas por este grupo fueron amenazadas que debían dejar de llegar al negocio.
Así, muchas debieron dejar de trabajar en el centro comercial por medida de seguridad o para resguardar su vida.
Todo indica que el principal objetivo de este grupo ha sido la venta de droga. Antes que este grupo lograra ingresar al centro comercial no había tráfico de droga.
En la medida que nos sentimos en confianza en uno de los bares, hicimos amistad con una persona que conoce sobre lo que está sucediendo en ese sitio.
En la medida en que las bebidas fueron elevando los niveles de confianza hubo el interés de saber si en el lugar había venta de droga a lo que obtuvimos una respuesta positiva.
Nuestro nuevo acompañante, a quien llamaremos “Pepe”, se puso a la disposición de comprar la droga. El precio, nos comentó, es de 6 dólares el “toque”.
Sin duda era una oportunidad para poder comprobar el tráfico de cocaína en el lugar.
Así fue, “Pepe” se levantó, esperamos unos minutos y pronto regresó. Alargó su mano y nos dio una pequeña porción de polvo blanco envuelto en plástico, la condición suya era que la compartiéramos con él, le dije que la tomara.
Se levantó y luego de unos minutos volvió a la mesa dio para dar el aval al producto.
Al regresar ya había otra persona más en la mesa. Se trataba de una mujer quien por motivos de seguridad no brindó su nombre.
Ella también quería consumir la droga, sin duda, era alguien conocido por “Pepe”. Se la cedí, no tardó mucho la mujer para irse al baño y consumirla.
Mientras tanto, “Pepe” me comentó que por la noche es cuando “mejor” se pone el ambiente en el negocio, en la medida transcurría el tiempo me di cuenta que muchas personas llegan de manera habitual allí.
La vida nocturna en el lugar ha sido la misma y aunque no vi a ningún pandillero me aseguraron las fuentes que ellos se cuidan de no parecer de esa estructura.
Sin duda, hombres y mujeres adultos no presentan riesgo en llegar al sitio, por eso es que no se ven jóvenes en el sitio.
Días atrás agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron al centro comercial en varias ocasiones, pero lo curioso es que no encuentran ilícitos en el local donde venden la droga. Tampoco ha habido detenciones.
A la medianoche el ambiente de fiesta sigue en el centro comercial San José, sin que los clientes imaginen que el sitio es controlado por uno de los grupos de pandillas que operan en el centro de la capital.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
