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Nacionales

#INVESTIGACIÓN ESPECIAL – Pandilla controla centro comercial San José y la venta de droga

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Centro Comercial San José, San Salvador, controlado por pandillas.

Desde el 2017, un grupo de pandilleros de una de las alas de la 18 han logrado vulnerar y evadir las restricciones que tenían para poder acceder al centro comercial San José, frente al parque que lleva ese mismo nombre en el centro de San Salvador.

Es de recordar que en los alrededores del lugar durante mucho tiempo se habían registrado una serie de homicidios, debido a la disputa de territorio de parte de estos grupos delincuenciales.

La zona del parque San José era una zona no controlada por estos grupos y por eso se daban homicidios entre rivales.

A pesar de la seguridad privada en ese centro comercial, ahora un grupo de pandilleros se han hecho del alquiler de uno de los locales en el segundo nivel.

Para confirmar esta versión ingresé uno de estos días al lugar, observé uno de los bares y me ubiqué en uno de los locales para poder conocer el ambiente.

Eran pasadas las 10:00 de la noche y el ambiente era de música, mujeres y mucha bebida.

Al ingresar a uno de los locales veo que todo transcurre con normalidad, las meseras atienden con tranquilidad, quien no sabe de esta situación podría decir que no pasa nada en esa lugar.

Días atrás, los pandilleros exigieron copia de los DUI a las mujeres que ahí trabajan como meseras para poder determinar las zonas donde ellas residen.

Las que viven en zonas no controladas por este grupo fueron amenazadas que debían dejar de llegar al negocio.

Así, muchas debieron dejar de trabajar en el centro comercial por medida de seguridad o para resguardar su vida.

Todo indica que el principal objetivo de este grupo ha sido la venta de droga. Antes que este grupo lograra ingresar al centro comercial no había tráfico de droga.

En la medida que nos sentimos en confianza en uno de los bares, hicimos amistad con una persona que conoce sobre lo que está sucediendo en ese sitio.

En la medida en que las bebidas fueron elevando los niveles de confianza hubo el interés de saber si en el lugar había venta de droga a lo que obtuvimos una respuesta positiva.

Nuestro nuevo acompañante, a quien llamaremos “Pepe”, se puso a la disposición de comprar la droga. El precio, nos comentó, es de 6 dólares el “toque”.

Sin duda era una oportunidad para poder comprobar el tráfico de cocaína en el lugar.

Así fue, “Pepe” se levantó, esperamos unos minutos y pronto regresó. Alargó su mano y nos dio una pequeña porción de polvo blanco envuelto en plástico, la condición suya era que la compartiéramos con él, le dije que la tomara.

Se levantó y luego de unos minutos volvió a la mesa dio para dar el aval al producto.

Al regresar ya había otra persona más en la mesa. Se trataba de una mujer quien por motivos de seguridad no brindó su nombre.

Ella también quería consumir la droga, sin duda, era alguien conocido por “Pepe”. Se la cedí, no tardó mucho la mujer para irse al baño y consumirla.

Mientras tanto, “Pepe” me comentó que por la noche es cuando “mejor” se pone el ambiente en el negocio, en la medida transcurría el tiempo me di cuenta que muchas personas llegan de manera habitual allí.

La vida nocturna en el lugar ha sido la misma y aunque no vi a ningún pandillero me aseguraron las fuentes que ellos se cuidan de no parecer de esa estructura.

Sin duda, hombres y mujeres adultos no presentan riesgo en llegar al sitio, por eso es que no se ven jóvenes en el sitio.

Días atrás agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron al centro comercial en varias ocasiones, pero lo curioso es que no encuentran ilícitos en el local donde venden la droga. Tampoco ha habido detenciones.

A la medianoche el ambiente de fiesta sigue en el centro comercial San José, sin que los clientes imaginen que el sitio es controlado por uno de los grupos de pandillas que operan en el centro de la capital.

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BCIE aprueba financiamiento de US$155 millones para dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador

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Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.

Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva.

La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana. Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.

El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.

Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo integral de El Salvador. Este financiamiento representa una inversión de largo plazo en la competitividad, la conectividad territorial y el bienestar de la población salvadoreña.

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Hacienda reformará préstamo BID por $84 millones para modernizar aduanas

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La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para modificar el contrato de préstamo No. 5851/OC-ES, suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de fortalecer el sistema aduanero y consolidar al país como un referente regional en infraestructura logística y facilitación del comercio.

El empréstito, por un monto de hasta $84 millones, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2024 y ratificado el 22 de mayo del mismo año. Inicialmente, los fondos estaban destinados al Programa de Facilitación Comercial y Modernización de la Operación Portuaria en El Salvador, enfocado principalmente en la reducción de tiempos de espera del transporte de carga en los puertos y en mejorar la eficiencia operativa portuaria.

Sin embargo, el Ejecutivo identificó la necesidad de ampliar el alcance del programa y redirigir las inversiones hacia una modernización más integral de las aduanas y los controles fronterizos del país. Como resultado, el pasado 29 de abril, el Ministerio de Hacienda y el BID firmaron una modificación al contrato de préstamo para adecuar el proyecto a las nuevas prioridades estratégicas del Gobierno.

Durante la sesión de la comisión legislativa, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que uno de los cambios principales será la actualización del nombre del proyecto, que pasará a denominarse Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador.

Según Herrera, esta modificación permitirá incorporar nuevas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física en las aduanas del país, así como la modernización de puestos fronterizos estratégicos, entre ellos la frontera El Poy, ubicada en Chalatenango, uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre con Honduras.

Asimismo, el funcionario detalló que el programa contempla fortalecer el Centro de Control Integrado ubicado en el recinto de San Bartolo, una instalación clave para la supervisión y control de mercancías en el comercio exterior salvadoreño.

La propuesta también incluye la adquisición e implementación de tecnología para mejorar los controles aduaneros y agilizar el manejo de mercancías. Herrera señaló que esto permitirá avanzar en la digitalización y simplificación de los trámites vinculados al comercio exterior, reduciendo tiempos y costos logísticos para empresas importadoras y exportadoras.

Entre las iniciativas previstas se encuentra el desarrollo del Portal de Comercio Exterior, una plataforma digital que centralizará diversos procesos relacionados con importaciones, exportaciones y trámites aduaneros. El proyecto incluye además la compra de equipo informático, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento necesario para mejorar la operatividad de las instituciones involucradas.

De acuerdo con el representante del Ministerio de Hacienda, todas estas acciones buscan incrementar la competitividad del país y generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fortalecer el comercio regional y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas.

Otro de los cambios relevantes dentro de la modificación al préstamo es la sustitución de la entidad ejecutora del programa. En la versión original, la ejecución estaba a cargo del Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), debido a que el enfoque principal se encontraba en las operaciones portuarias.

Con la reestructuración aprobada en comisión, la Dirección General de Aduanas (DGA) asumirá el rol de entidad ejecutora junto al Ministerio de Economía, mientras que CEPA dejará de participar directamente en la administración del programa.

Las autoridades justificaron esta decisión argumentando que la DGA es la institución que actualmente lidera las acciones relacionadas con controles fronterizos, facilitación comercial y modernización aduanera, por lo que su incorporación permitirá una ejecución más eficiente y alineada con las necesidades actuales del país.

Los diputados de la Comisión de Hacienda respaldaron la iniciativa al considerar que fortalecer la infraestructura aduanera y agilizar los procesos comerciales contribuirá a dinamizar la economía nacional y mejorar la posición de El Salvador en materia de comercio internacional.

Además, destacaron que la modernización tecnológica y la digitalización de trámites representan herramientas fundamentales para reducir la burocracia y aumentar la transparencia en los procesos de importación y exportación.

Con esta reforma al préstamo, el Gobierno apuesta por fortalecer la conectividad logística y mejorar las capacidades institucionales vinculadas al comercio exterior, en un contexto donde la competitividad regional depende cada vez más de la eficiencia en los sistemas aduaneros y de transporte de mercancías.

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Detención provisional para joven de 19 años por agredir a su bebé hasta la muerte

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El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.

De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.

Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.

Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.

Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.

Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.

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