Judicial
«Eran labores de trabajo asignados por el fiscal general” declaró Raúl Melara sobre los viajes que el ex fiscal Luis Martínez y otros jefes fiscales realizaron en aviones privados
De acuerdo a una entrevista publicada esta mañana en el periódico digital EL FARO, el actual Fiscal General de la República Raúl Melara, al ser cuestionado sobre los viajes que distintos jefes fiscales realizaron en los aviones del empresario Enrique Rais y otros reconocidos empresarios, afirmó que: “…eran labores de trabajo… ni de placer, ni mucho menos personales… eran labores de trabajo asignados por el fiscal general”.
Asi mismo aseveró que la investigación del caso corruptela fue dirigida por Douglas Meléndez, “…quien decidió a quien acusar y a quien no”, al grado que inclusive su propia mano derecha (Jorge Cortez) también viajó en los aviones del empresario Enrique Rais por motivos oficiales y nunca le fue presentado ningun requerimiento fiscal.
El caso corruptela se ha sustentado en la hipótesis que los viajes realizados por el Ex fiscal Luis Martinez en aviones privados eran parte de una serie de “dádivas” que le fueron concedidas para actuar de manera arbitraria. Sin embargo, en sorpresivas aseveraciones el actual Fiscal General Raul Melara, al ser nuevamente cuestionado por periodistas de EL FARO, reconoció que “…es muy difícil que solo con un testigo (refiriéndose aparentemente a las aseveraciones de un TESTIGO CRITERIARO identificado como Tobías Menjivar que EL FARO ha citado para intentar vincular a distintos jefes fiscales), pueda corroborar que un hecho es cierto, porque hay que tener los elementos periféricos que nos permitan obtener la certeza de que alguien está involucrado en un acto delictivo o no.”
Al ser cuestionado además si “cree” que los jefes fiscales viajaron en los aviones de reconocidos empresarios (Enrique Rais incluido) por cuestiones laborales, el máximo Jefe Fiscal contestó tajantemente: “…no tengo otros elementos que me digan lo contrario. Y no es que les crea que eran cuestiones laborales, es que así consta en los viajes que hicieron. Hay declaraciones, hay evidencia, dada no por ellos, sino por otros testigos de cual era el motivo del viaje al que iban. No es que iban solos verdad.”
El caso corruptela, ha sufrido una serie de vaibenes. En semanas anteriores, los testigos claves (empleados fiscales) usados por la fiscalía para intentar vincular al empresario Enrique Rais y otros imputados afirmaron en un tribunal haber sido -bajo la administracion de Douglas Meléndez- obligados, torturados y coaccionados para ser testigos de cargo y aceptar bajo amenazas haber cometido ilicitos, con la finalidad de armar el caso “corruptela”·
Por otro lado -segun fuentes cercanas al caso- obra en el expediente de la causa evidencia que el Fiscal Luis Martínez, y otros jefes fiscales viajaron en aviones de una multiplicidad de reconocidos empresarios, siendo esto una practica usual en las administraciones fiscales por la evidente amezana a la seguridad de las jefaturas del Ministerio Público, circunstancia que jamas fue vista como delictiva.
El Fiscal General además, refiriéndose a temas de interés nacional y casos sonados en los cuales el periodista de EL FARO le increpa si la Fiscalia: “…si no hay pruebas… quitará la acusacion?”, declaró que efectivamente ha identificado “…personas que han sido injustamente procesadas… y que este no se trata de un tema ideologico, sino mas bien un tema de hacer lo que la constitucion nos manda…”
En otra linea de preguntas, al ser consultado sobre “audios” publicados por un sitio web autodenominado como “Revista Digital Factum”, con los que se pretendió vincular a distintos políticos y empresarios a actos irregulares, el Jefe del Ministerio Público cautelosamente manifestó que “…para poder determinar la autenticidad del audio, tienen que contar con el equipo necesario, para ver que sea autentico y ver no haya sido alterado….” Y que se deberán “…buscar otros elementos alrededor” para determinar si los mencionados en la nota de Factum son resposables de los hechos que se les imputan.
Agregó además que muchos políticos han hecho afirmaciones públicas sobre posibles actos de corrupción, pero que al ser entrevistados en sede fiscal “…no hubo mayor información”
La Fiscalía General de la República ha solicitado el dia 15 de enero apoyo de la recien creada CICIES para la investigación de delitos complejos, lo cual aparentemente suma a la opinión generalizada que los casos relevantes y emblamáticos de la nacion no estan siendo investigados con la seriedad que ameritan, o que son presentados de manera abrupta y sin sustento legal suficiente.
La entrevista completa, por el medio digital El Faro, puede verla aquí:
https://elfaro.net/es/202001/el_salvador/23928/%E2%80%9CLos-anteriores-fiscales-se-equivocaron-al-no-investigar-la-corrupci%C3%B3n-de-Arena%E2%80%9D.htm
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento contra el ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, tras atropellar a una niña de nueve años en Ahuachapán.
Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el pasado 4 de julio en el kilómetro 114 de la carretera a Las Chinamas, cuando la menor cruzaba la vía para dirigirse a su centro escolar. Tras el atropello, el imputado intentó huir hacia Guatemala.
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán ha programado la audiencia inicial para el próximo 21 de julio.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
