Judicial
«Eran labores de trabajo asignados por el fiscal general” declaró Raúl Melara sobre los viajes que el ex fiscal Luis Martínez y otros jefes fiscales realizaron en aviones privados
De acuerdo a una entrevista publicada esta mañana en el periódico digital EL FARO, el actual Fiscal General de la República Raúl Melara, al ser cuestionado sobre los viajes que distintos jefes fiscales realizaron en los aviones del empresario Enrique Rais y otros reconocidos empresarios, afirmó que: “…eran labores de trabajo… ni de placer, ni mucho menos personales… eran labores de trabajo asignados por el fiscal general”.
Asi mismo aseveró que la investigación del caso corruptela fue dirigida por Douglas Meléndez, “…quien decidió a quien acusar y a quien no”, al grado que inclusive su propia mano derecha (Jorge Cortez) también viajó en los aviones del empresario Enrique Rais por motivos oficiales y nunca le fue presentado ningun requerimiento fiscal.
El caso corruptela se ha sustentado en la hipótesis que los viajes realizados por el Ex fiscal Luis Martinez en aviones privados eran parte de una serie de “dádivas” que le fueron concedidas para actuar de manera arbitraria. Sin embargo, en sorpresivas aseveraciones el actual Fiscal General Raul Melara, al ser nuevamente cuestionado por periodistas de EL FARO, reconoció que “…es muy difícil que solo con un testigo (refiriéndose aparentemente a las aseveraciones de un TESTIGO CRITERIARO identificado como Tobías Menjivar que EL FARO ha citado para intentar vincular a distintos jefes fiscales), pueda corroborar que un hecho es cierto, porque hay que tener los elementos periféricos que nos permitan obtener la certeza de que alguien está involucrado en un acto delictivo o no.”
Al ser cuestionado además si “cree” que los jefes fiscales viajaron en los aviones de reconocidos empresarios (Enrique Rais incluido) por cuestiones laborales, el máximo Jefe Fiscal contestó tajantemente: “…no tengo otros elementos que me digan lo contrario. Y no es que les crea que eran cuestiones laborales, es que así consta en los viajes que hicieron. Hay declaraciones, hay evidencia, dada no por ellos, sino por otros testigos de cual era el motivo del viaje al que iban. No es que iban solos verdad.”
El caso corruptela, ha sufrido una serie de vaibenes. En semanas anteriores, los testigos claves (empleados fiscales) usados por la fiscalía para intentar vincular al empresario Enrique Rais y otros imputados afirmaron en un tribunal haber sido -bajo la administracion de Douglas Meléndez- obligados, torturados y coaccionados para ser testigos de cargo y aceptar bajo amenazas haber cometido ilicitos, con la finalidad de armar el caso “corruptela”·
Por otro lado -segun fuentes cercanas al caso- obra en el expediente de la causa evidencia que el Fiscal Luis Martínez, y otros jefes fiscales viajaron en aviones de una multiplicidad de reconocidos empresarios, siendo esto una practica usual en las administraciones fiscales por la evidente amezana a la seguridad de las jefaturas del Ministerio Público, circunstancia que jamas fue vista como delictiva.
El Fiscal General además, refiriéndose a temas de interés nacional y casos sonados en los cuales el periodista de EL FARO le increpa si la Fiscalia: “…si no hay pruebas… quitará la acusacion?”, declaró que efectivamente ha identificado “…personas que han sido injustamente procesadas… y que este no se trata de un tema ideologico, sino mas bien un tema de hacer lo que la constitucion nos manda…”
En otra linea de preguntas, al ser consultado sobre “audios” publicados por un sitio web autodenominado como “Revista Digital Factum”, con los que se pretendió vincular a distintos políticos y empresarios a actos irregulares, el Jefe del Ministerio Público cautelosamente manifestó que “…para poder determinar la autenticidad del audio, tienen que contar con el equipo necesario, para ver que sea autentico y ver no haya sido alterado….” Y que se deberán “…buscar otros elementos alrededor” para determinar si los mencionados en la nota de Factum son resposables de los hechos que se les imputan.
Agregó además que muchos políticos han hecho afirmaciones públicas sobre posibles actos de corrupción, pero que al ser entrevistados en sede fiscal “…no hubo mayor información”
La Fiscalía General de la República ha solicitado el dia 15 de enero apoyo de la recien creada CICIES para la investigación de delitos complejos, lo cual aparentemente suma a la opinión generalizada que los casos relevantes y emblamáticos de la nacion no estan siendo investigados con la seriedad que ameritan, o que son presentados de manera abrupta y sin sustento legal suficiente.
La entrevista completa, por el medio digital El Faro, puede verla aquí:
https://elfaro.net/es/202001/el_salvador/23928/%E2%80%9CLos-anteriores-fiscales-se-equivocaron-al-no-investigar-la-corrupci%C3%B3n-de-Arena%E2%80%9D.htm
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
