Judicial
«Eran labores de trabajo asignados por el fiscal general” declaró Raúl Melara sobre los viajes que el ex fiscal Luis Martínez y otros jefes fiscales realizaron en aviones privados
De acuerdo a una entrevista publicada esta mañana en el periódico digital EL FARO, el actual Fiscal General de la República Raúl Melara, al ser cuestionado sobre los viajes que distintos jefes fiscales realizaron en los aviones del empresario Enrique Rais y otros reconocidos empresarios, afirmó que: “…eran labores de trabajo… ni de placer, ni mucho menos personales… eran labores de trabajo asignados por el fiscal general”.
Asi mismo aseveró que la investigación del caso corruptela fue dirigida por Douglas Meléndez, “…quien decidió a quien acusar y a quien no”, al grado que inclusive su propia mano derecha (Jorge Cortez) también viajó en los aviones del empresario Enrique Rais por motivos oficiales y nunca le fue presentado ningun requerimiento fiscal.
El caso corruptela se ha sustentado en la hipótesis que los viajes realizados por el Ex fiscal Luis Martinez en aviones privados eran parte de una serie de “dádivas” que le fueron concedidas para actuar de manera arbitraria. Sin embargo, en sorpresivas aseveraciones el actual Fiscal General Raul Melara, al ser nuevamente cuestionado por periodistas de EL FARO, reconoció que “…es muy difícil que solo con un testigo (refiriéndose aparentemente a las aseveraciones de un TESTIGO CRITERIARO identificado como Tobías Menjivar que EL FARO ha citado para intentar vincular a distintos jefes fiscales), pueda corroborar que un hecho es cierto, porque hay que tener los elementos periféricos que nos permitan obtener la certeza de que alguien está involucrado en un acto delictivo o no.”
Al ser cuestionado además si “cree” que los jefes fiscales viajaron en los aviones de reconocidos empresarios (Enrique Rais incluido) por cuestiones laborales, el máximo Jefe Fiscal contestó tajantemente: “…no tengo otros elementos que me digan lo contrario. Y no es que les crea que eran cuestiones laborales, es que así consta en los viajes que hicieron. Hay declaraciones, hay evidencia, dada no por ellos, sino por otros testigos de cual era el motivo del viaje al que iban. No es que iban solos verdad.”
El caso corruptela, ha sufrido una serie de vaibenes. En semanas anteriores, los testigos claves (empleados fiscales) usados por la fiscalía para intentar vincular al empresario Enrique Rais y otros imputados afirmaron en un tribunal haber sido -bajo la administracion de Douglas Meléndez- obligados, torturados y coaccionados para ser testigos de cargo y aceptar bajo amenazas haber cometido ilicitos, con la finalidad de armar el caso “corruptela”·
Por otro lado -segun fuentes cercanas al caso- obra en el expediente de la causa evidencia que el Fiscal Luis Martínez, y otros jefes fiscales viajaron en aviones de una multiplicidad de reconocidos empresarios, siendo esto una practica usual en las administraciones fiscales por la evidente amezana a la seguridad de las jefaturas del Ministerio Público, circunstancia que jamas fue vista como delictiva.
El Fiscal General además, refiriéndose a temas de interés nacional y casos sonados en los cuales el periodista de EL FARO le increpa si la Fiscalia: “…si no hay pruebas… quitará la acusacion?”, declaró que efectivamente ha identificado “…personas que han sido injustamente procesadas… y que este no se trata de un tema ideologico, sino mas bien un tema de hacer lo que la constitucion nos manda…”
En otra linea de preguntas, al ser consultado sobre “audios” publicados por un sitio web autodenominado como “Revista Digital Factum”, con los que se pretendió vincular a distintos políticos y empresarios a actos irregulares, el Jefe del Ministerio Público cautelosamente manifestó que “…para poder determinar la autenticidad del audio, tienen que contar con el equipo necesario, para ver que sea autentico y ver no haya sido alterado….” Y que se deberán “…buscar otros elementos alrededor” para determinar si los mencionados en la nota de Factum son resposables de los hechos que se les imputan.
Agregó además que muchos políticos han hecho afirmaciones públicas sobre posibles actos de corrupción, pero que al ser entrevistados en sede fiscal “…no hubo mayor información”
La Fiscalía General de la República ha solicitado el dia 15 de enero apoyo de la recien creada CICIES para la investigación de delitos complejos, lo cual aparentemente suma a la opinión generalizada que los casos relevantes y emblamáticos de la nacion no estan siendo investigados con la seriedad que ameritan, o que son presentados de manera abrupta y sin sustento legal suficiente.
La entrevista completa, por el medio digital El Faro, puede verla aquí:
https://elfaro.net/es/202001/el_salvador/23928/%E2%80%9CLos-anteriores-fiscales-se-equivocaron-al-no-investigar-la-corrupci%C3%B3n-de-Arena%E2%80%9D.htm
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
