La Economist Intelligence Unit (EIU) otorgó a El Salvador una nota de 8.33 en una escala del 1 al 10 al evaluar el indicador «proceso electoral y pluralismo», por desarrollar elecciones democráticas que incluyen la participación de diversos grupos sociales respetando la transparencia y la voluntad de la población en todos los procesos.

El indicador fue presentado dentro de la última investigación de «Índice de democracia 2022», que elaboró la EIU, de la que Noel Orellana, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó que es una «fundación [que] califica los trabajos que realizan los organismos electorales del mundo. Se nos dio una calificación de 8.33, valorando el trabajo que se hizo en las elecciones pasadas [2021]. Creo que para el Tribunal Supremo Electoral es satisfactorio este logro».

La nota obtenida por El Salvador en el indicador de procesos electorales y pluralismo político sobrepasa a las otorgadas a países como Guatemala y México, que recibieron calificaciones de 6.92 por la organización y ejecución de sus comicios.

Además, el TSE superó la calificación que recibió por parte del Barómetro de las Américas, un instrumento patrocinado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y que se emplea para evaluar las experiencias de los ciudadanos en cuanto a la gobernabilidad, donde se le otorgó al TSE 66 % en el nivel de confianza de las elecciones de 2021.

«Esta vez contamos con una calificación alta de parte de una instancia de prestigio, y estamos trabajando por elevar a calidad en cada evento electoral», publicó la institución colegiada en redes sociales.

Los magistrados del TSE han reiterado que trabajarán por mantener la confianza de los electores en los comicios generales de 2024, que se llevarán a cabo el 4 de febrero para elegir al presidente y a los diputados de la Asamblea Legislativa, y el 3 de marzo para elegir concejos municipales y diputaciones del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Dora Esmeralda Martínez, presidenta del TSE, ha explicado que el organismo decidió desarrollar las elecciones generales en dos fechas, precisamente
para garantizar que los resultados que se les brinden a los salvadoreños sean confiables y que se anule cualquier posibilidad de referirse a un fraude electoral, como ya intentan hacer creer ciertos grupos de la oposición política.

Por ello, tanto el TSE, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración y Extranjería, entre otros actores estatales involucrados en los procesos electorales, comenzaron el pasado 17 de enero a trabajar en conjunto para establecer convenios que garanticen que el voto se emita de manera segura por parte de los salvadoreños que viven tanto dentro como fuera del país.

La presidenta del TSE asegura que el trabajo articulado con instituciones del Estado fortalecerá la ejecución del Plan General de Elecciones (Plagel).
En cambio, la oposición política ha tratado de deslegitimar el trabajo del organismo colegiado; incluso el magistrado por el FMLN en el TSE, Julio Olivo, ha buscado generar dudas sobre el proceso relacionado con el voto en el exterior.

Algunos sectores opositores han ido más allá al afirmar que en el país no hay democracia porque se viola la Constitución, pero el embajador de Estados
Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Francisco Mora, manifestó recientemente en conversación con periodistas que «en El Salvador no ha habido interrupción en el orden constitucional».