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El Salvador ha desarrollado más de 50 operaciones internacionales en el régimen de excepción
Llevar tras las rejas a todos los integrantes de pandillas y otros delincuentes es la misión que tienen las autoridades salvadoreñas, sin importar donde hayan huido serán buscados, por eso, han coordinado con policías de otros países para efectuar operativos y capturar a quienes infringen la ley. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dice que hasta ahora han desarrollado más de 50 operaciones internacionales bajo el régimen de excepción.
«Hemos hecho más de 50 operaciones fuera del territorio salvadoreño con el objetivo de traer a los asesinos terroristas que cobardemente han huido de nuestras fronteras», afirmó el funcionario, el día que solicitó ampliación del régimen de excepción ante los diputados de la Asamblea Legislativa.
Honduras, Guatemala, Belice, México, Colombia e incluso Estados Unidos son algunos de los países con los que las autoridades salvadoreñas han trabajado para ubicar y traer a pandilleros que se habían escondido en esos lugares.
El Centro Antipandillas Transnacional juega un papel fundamental en este tipo de operaciones que combinan cruce de información de inteligencia con policías de la región para ir tras pandilleros.
El funcionario dice que seguirán ejecutando estas acciones y coordinando con los países vecinos, «estos terroristas tienen muchos crímenes por los que tienen que responder en El Salvador».
Uno de los pandilleros capturados afuera de fronteras salvadoreñas es Eduardo Pérez, alias «Scooby», quien según las investigaciones es uno de los responsables del incremento de homicidios cometida en marzo del año pasado y de otros miles de asesinatos más en los últimos años.
«Se creían intocables y ahora intentan escapar cobardemente de la fuerza del Estado salvadoreño», dijo Villatoro. Este pandillero migró a Guatemala en octubre pasado en su intento cobarde por escapar de la justicia, sin embargo, fue ubicado el 8 de diciembre.
Se creían intocables y ahora intentan escapar cobardemente de la fuerza del Estado salvadoreño.
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) December 8, 2022
Eduardo Pérez, alias “Scooby”, décima silla de la MS13, es uno de los responsables del alza de homicidios de marzo y de miles de asesinatos más en los últimos años. pic.twitter.com/zKRcGY0ygM
«Este criminal ordenaba homicidios, extorsiones y se dedicaba a la venta de droga para financiar esta estructura terrorista. Agradecemos el trabajo articulado de las autoridades de seguridad de Guatemala con nuestra Policía para ejecutar la captura de este terrorista», mencionó Villatoro.
Entre otros casos, autoridades de Seguridad reportaron el pasado 24 de diciembre la captura del criminal Julio César Pineda, alias Zarco, de quien se informó fue interceptado en Honduras tras huir de la guerra contra las pandillas que las autoridades salvadoreñas mantienen vigente para encarcelar a todos los criminales. Villatoro explicó que este peligroso terrorista pertenece al Programa Vía Satélite, de la estructura criminal MS13.
En noviembre, autoridades mexicanas deportaron a Darwin Said Girón Carballo, alias Miloro o Blazer, responsable de un séxtuple homicidio ocurrido en 2020. El sujeto fue deportado de dicho país al que huyó para evadir la guerra contra las pandillas.
Capturamos al cabecilla de la 18R, identificado como Darwin Said Girón Carballo, alias Miloro o Blazer, responsable de un séxtuple homicidio ocurrido en octubre del 2020, en las cercanías del redondel La Isla, San Salvador. pic.twitter.com/JJ8UURImDd
— PNC El Salvador (@PNCSV) November 17, 2022
Las pandillas en El Salvador han sido desarticuladas en más del 75%, esto gracias al Plan Control Territorial y al régimen de excepción.
Estas estrategias, según el Gabinete de Seguridad son lo que ha permitido «que 10 de las 15 sillas [jefes nacionales] de las pandillas ya estén sometidas». En el siglo pasado, sillas eran asignadas a los jefes de la mafia italiana que tenían tentáculos en diversos rubros delictivos.
Hasta ahora, Seguridad ha informado que ya se ha capturado a 10 de las 15 «sillas» [jefes] de la Mara Salvatrucha. La última captura de uno de estos mandos es la Eduardo Pérez, era buscado por homicidio en El Salvador y otros delitos.
El ministro de Seguridad asegura que los 5 jefes que aún están pendientes de capturar, ya se tiene la identificación de los criminales, «pero unos están en otros países es por ello por lo que se está trabajando articuladamente con otros países», manifestó.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
