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El Salvador ha desarrollado más de 50 operaciones internacionales en el régimen de excepción
Llevar tras las rejas a todos los integrantes de pandillas y otros delincuentes es la misión que tienen las autoridades salvadoreñas, sin importar donde hayan huido serán buscados, por eso, han coordinado con policías de otros países para efectuar operativos y capturar a quienes infringen la ley. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dice que hasta ahora han desarrollado más de 50 operaciones internacionales bajo el régimen de excepción.
«Hemos hecho más de 50 operaciones fuera del territorio salvadoreño con el objetivo de traer a los asesinos terroristas que cobardemente han huido de nuestras fronteras», afirmó el funcionario, el día que solicitó ampliación del régimen de excepción ante los diputados de la Asamblea Legislativa.
Honduras, Guatemala, Belice, México, Colombia e incluso Estados Unidos son algunos de los países con los que las autoridades salvadoreñas han trabajado para ubicar y traer a pandilleros que se habían escondido en esos lugares.
El Centro Antipandillas Transnacional juega un papel fundamental en este tipo de operaciones que combinan cruce de información de inteligencia con policías de la región para ir tras pandilleros.
El funcionario dice que seguirán ejecutando estas acciones y coordinando con los países vecinos, «estos terroristas tienen muchos crímenes por los que tienen que responder en El Salvador».
Uno de los pandilleros capturados afuera de fronteras salvadoreñas es Eduardo Pérez, alias «Scooby», quien según las investigaciones es uno de los responsables del incremento de homicidios cometida en marzo del año pasado y de otros miles de asesinatos más en los últimos años.
«Se creían intocables y ahora intentan escapar cobardemente de la fuerza del Estado salvadoreño», dijo Villatoro. Este pandillero migró a Guatemala en octubre pasado en su intento cobarde por escapar de la justicia, sin embargo, fue ubicado el 8 de diciembre.
Se creían intocables y ahora intentan escapar cobardemente de la fuerza del Estado salvadoreño.
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) December 8, 2022
Eduardo Pérez, alias “Scooby”, décima silla de la MS13, es uno de los responsables del alza de homicidios de marzo y de miles de asesinatos más en los últimos años. pic.twitter.com/zKRcGY0ygM
«Este criminal ordenaba homicidios, extorsiones y se dedicaba a la venta de droga para financiar esta estructura terrorista. Agradecemos el trabajo articulado de las autoridades de seguridad de Guatemala con nuestra Policía para ejecutar la captura de este terrorista», mencionó Villatoro.
Entre otros casos, autoridades de Seguridad reportaron el pasado 24 de diciembre la captura del criminal Julio César Pineda, alias Zarco, de quien se informó fue interceptado en Honduras tras huir de la guerra contra las pandillas que las autoridades salvadoreñas mantienen vigente para encarcelar a todos los criminales. Villatoro explicó que este peligroso terrorista pertenece al Programa Vía Satélite, de la estructura criminal MS13.
En noviembre, autoridades mexicanas deportaron a Darwin Said Girón Carballo, alias Miloro o Blazer, responsable de un séxtuple homicidio ocurrido en 2020. El sujeto fue deportado de dicho país al que huyó para evadir la guerra contra las pandillas.
Capturamos al cabecilla de la 18R, identificado como Darwin Said Girón Carballo, alias Miloro o Blazer, responsable de un séxtuple homicidio ocurrido en octubre del 2020, en las cercanías del redondel La Isla, San Salvador. pic.twitter.com/JJ8UURImDd
— PNC El Salvador (@PNCSV) November 17, 2022
Las pandillas en El Salvador han sido desarticuladas en más del 75%, esto gracias al Plan Control Territorial y al régimen de excepción.
Estas estrategias, según el Gabinete de Seguridad son lo que ha permitido «que 10 de las 15 sillas [jefes nacionales] de las pandillas ya estén sometidas». En el siglo pasado, sillas eran asignadas a los jefes de la mafia italiana que tenían tentáculos en diversos rubros delictivos.
Hasta ahora, Seguridad ha informado que ya se ha capturado a 10 de las 15 «sillas» [jefes] de la Mara Salvatrucha. La última captura de uno de estos mandos es la Eduardo Pérez, era buscado por homicidio en El Salvador y otros delitos.
El ministro de Seguridad asegura que los 5 jefes que aún están pendientes de capturar, ya se tiene la identificación de los criminales, «pero unos están en otros países es por ello por lo que se está trabajando articuladamente con otros países», manifestó.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
