Nacionales
DOM registra más de 183,800 casas fumigadas y abatizadas a nivel nacional en el marco de la alerta roja por el dengue
Más de 183,800 viviendas a nivel nacional han sido fumigadas por la Dirección de Obras Municipales como parte de la estrategia del Gobierno del Presidente Nayib Bukele por contrarrestar el dengue, zika y chikungunya.
Las acciones contra el vector que arrancaron desde el 4 de julio y que se mantienen a la fecha, también han permitido la destrucción de más de 183,800 criaderos de zancudo y entrega de abate en los hogares, con el objetivo de eliminar larvas en pilas y otros recipientes utilizados para almacenamiento de agua y que sin el adecuado tratamiento favorecen al nacimiento y la proliferación del vector.
Más de 3.200 miembros que conforman las cuadrillas operativas de la DOM, personal del Departamento de Socialización, graduados de la Escuela de Especialización para la Construcción y privados de libertad se mantienen en el territorio realizando las acciones necesarias para salvaguardar la salud y la vida de los salvadoreños.
Solo en el departamento de San Salvador, la DOM en coordinación con delegados del Ministerio de Salud fumigaron más de 123,700 hogares, y se colocó dosis de abate en pilas, barriles y todo tipo de depósito para almacenamiento de agua para erradicar larvas que proliferan el zancudo.
Destaca a la fecha el municipio de San Salvador Este con 41,039 acciones antidengue a nivel departamental, seguido por San Salvador Centro con 31,020, San Salvador Sur con 19,633 y San Salvador Norte con 19,633 casas intervenidas.
La Campanera situada en Soyapango con 2.418 es una de las colonias con más fumigaciones, seguido por Ciudad Futura de Cuscatancingo con 2.365 y urbanización Santísima Trinidad (3 etapas) situada en Ayutuxtepeque, San Salvador Centro con 2.236 casas intervenidas; la comunidad Iberia (entre los límites de San Salvador y Soyapango) en San Salvador Centro han sido abordadas 2,000 casas.
La más reciente jornada antivectorial se llevó a cabo este lunes en colonia Gallegos 1, 2 y El Carmen dentro del barrio La Vega, al sur de San Salvador, donde las cuadrillas de la DOM junto a los internos de la fase de confianza realizaron una intensa jornada de limpieza, fumigación y abatización.
Los residentes facilitaron las condiciones para que las cuadrillas ingresaran a sus viviendas y realizaron su trabajo preventivo y de combate del zancudo, peinaron matorrales y recolectaron todo objeto que pudiera retener el agua y así evitar la propagación de la plaga.
Martha Hernández, afirmó que a sus 80 años de vida nunca había visto acciones tan contundentes como las que estaba desarrollando el Gobierno del Presidente Nayib Bukele a través de la DOM en el barrio y agradeció ese esfuerzo por contener otra enfermedad grave en el país.
Las intervenciones del DOM no han tenido límites geográficos, han llegado a lo más recóndito del país como la isla de Meanguera del Golfo en La Unión Sur, La Pirraya, San Sebastián, Rancho Viejo y Punta Arena en Usulután.
La DOM continuará el tiempo que sea necesario y como lo indique el mandatario para prevenir y combatir el mosquito transmisor del dengue y así garantizar la vida y la salud de los salvadoreños.
A 20 años de cárcel fue condenado Francis Guadalupe Cruz Aguilar, por el delito de homicidio agravado cometido el 24 de diciembre de 2013, en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte.
La pena se la impuso el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, tras revisar la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en el juicio y con la cual demostró que el prófugo asesinó a José Eladio Franco Moreno.
En la acusación expuesta por el ministerio público, Cruz Aguilar fue parte de un grupo de siete pandilleros que interceptó a la víctima para privarla de libertad en El Paisnal.
Fue hasta el 27 de diciembre que encontraron cuerpo de Franco Moreno, desmembrado a la orilla del río Acelhuate, en la jurisdicción de ese distrito.
Para probar la participación que Cruz Aguilar tuvo en el crimen, la Fiscalía presentó al tribunal la declaración de un testigo quien presenció el hecho, su declaración fue clave para que se emitiera la condena.
El testigo dijo que el ahora condenado hizo labores de vigilancia mientras los demás miembros de la pandilla estaban asesinando a la víctima, se apostó en lugar para alertar a los criminales sobre la presencia de autoridades policiales.
Al momento del fallo el tribunal dio validez y credibilidad a la declaración del testigo quien identificó a Cruz Aguilar como parte del grupo criminal y su participación fue activa y clave para ejecutar el crimen.
Por intento de homicidio, la Policía Nacional Civil (PNC), informó que capturó a dos hombres en Aguilares y Chalatenango.
Los arrestados son: Brandon Omar Castillo Rivera quien protagonizó una pelea con Juan Carlos Zamorano Callejas, propietario del bar donde ocurrió el incidente la madrugada del domingo.
Según el informe oficial, cuando la víctima los intentó separar, lo golpearon y apuñalaron de gravedad, tras lo ocurrido huyeron, pero las autoridades luego de llegar a verificar lo ocurrido comenzaron a investigarlos para detenerlos.
Castillo Rivera fue ubicado por agentes de Inteligencia Policial en la calle principal de la colonia Reubicación 2, de Chalatenango Centro.
«Juan Carlos Zamorano Callejas, dueño del local también se dio a la fuga, pero nuestras Fuerzas Especiales lo ubicaron en Aguilares, San Salvador Norte», destacó la PNC.
Los dos capturados serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos 15 días sean acusados en el juzgado de Paz de Aguilares, por el delito de homicidio tentado.
A siete años de cárcel fueron condenados Wilmer Munguía, Julio Guzmán, Fernando Cruz, Oswaldo Rivera y Carlos Rodezno, por el delito de privación de libertad.
La pena se las impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, al encontrarlos responsables de la desaparición de dos personas el 13 de abril de 2018, en el cantón El Triunfo, distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República, las víctimas se encontraban comprando verduras cuando fueron interceptadas por los ahora condenados, tras amenazarlas las sometieron y obligaron a bajar de su vehículo para privarlas de libertad.
El tribunal fundamentó la condena tras valorar la prueba anexada al expediente, sobre todo la declaración de un testigo con régimen de protección, quien señaló a los imputados y dijo la participación que tuvieron en el hecho.
