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Enjuiciar a mareros como estructuras garantizará que no queden en libertad
La Ley contra el Crimen Organizado se ha convertido en la principal herramienta legal que golpea drásticamente a las pandillas como estructuras terroristas y que aborda el fenómeno bajo los preceptos de elevadas penas para más de 1,100 cabecillas detenidos y economía procesal (enjuiciarlos en grupos de hasta 900).
La reciente reforma de la normativa especial ordena a los jueces imponer condenas de 60 años de cárcel a los cabecillas de las pandillas que, según el análisis del Gabinete de Seguridad, están en una modalidad de «sobrevivencia» luego de la implementación de la fase V del Plan Control Territorial, denominada Extracción.
El 30 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó reformas para que las agrupaciones ilícitas fueran sancionadas con prisión de 20 a 45 años para integrantes y cabecillas de pandillas.
Pero el congreso, a petición del Ejecutivo, modificó la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar en un tercio la pena máxima para los cabecillas de las pandillas y elevarla de 45 a 60 años.
«En la solicitud de reformas de la Ley de Crimen Organizado lo que se hace es traerse un poco de la materia sustantiva que define ya el Código Penal, la autoría mediata», argumentó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El término de la autoría mediata no es más que sancionar con elevada pena a los cabecillas de los grupos terroristas por servirse de los integrantes de las pandillas para ejecutar hechos delictivos.
«La autoría mediata es un fenómeno que nace y que se conoce internacionalmente como el hombre de atrás, es decir aquel que da la orden, que dice “maten”, pero no aparece en la escena del delito», explicó Villatoro.
La Fiscalía, en los procesos penales, debe probar que los más de 1,100 cabecillas eran esos autores mediatos, que estaban dando las órdenes de cometer una serie de hechos delictivos.
«Que es lo que nosotros decimos en esta reforma. Como hay autoría mediata y esta organización criminal está demostrado que desde las 15 sillas se definía y luego iba bajando, bajando hasta llegar al territorio, o la organización clica o cancha que era la que ejecutaba la orden desde arriba», agregó el ministro.
Según el funcionario, con las reformas se golpea toda esta línea de mando desde la ranfla, corredores de programa, corredores de clica, palabreros y homeboys.
Desde que se instauró el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, más de 71,700 pandilleros y colaboradores han sido detenidos; entre ellos, más de 1,100 cabecillas y 11 de las 15 sillas (jefes) de la denominada ranfla que estaba en libertad ordenando delitos.
De todos los capturados durante el régimen de excepción, 12,500 están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), mientras que la ranfla histórica sigue en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Ese penal no ha perdido su nivel, dijo el ministro Villatoro.
Una medida transitoria con vigencia de dos años permitirá que los tribunales contra el crimen organizado procesen a los pandilleros de forma grupal, hasta con 900 integrantes en cada expediente en casos abordados como una estructura por el delito de agrupaciones ilícitas.
Los jueces ya no entrarán a conocer 3,137 expedientes en los que están incluidos los más de 71,700 detenidos en el régimen de excepción, sino que estarían diligenciando no más de 100 procesos.
Dos personas fallecieron la madrugada de este día luego de ser atropelladas en el kilómetro 83 de la carretera que de Ahuachapán conduce hacia Santa Ana, en el distrito de Atiquizaya, Ahuachapán Norte.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el responsable fue identificado como Óscar Esaú Rivas Aguirre, quien conducía un microbús cuando perdió el control del vehículo debido a una velocidad inadecuada, se salió de la carretera y embistió a un hombre y a una mujer que se encontraban en una parada de buses. Las víctimas murieron al instante a causa del impacto.
Las autoridades verificaron que el conductor tenía la licencia de conducir vencida y acumulaba varias infracciones de tránsito pendientes. Además, el microbús que manejaba era utilizado para el traslado de pasajeros sin contar con los permisos correspondientes.
Rivas Aguirre será remitido por el delito de homicidio culposo, mientras las autoridades continúan con el proceso correspondiente para deducir responsabilidades.
La PNC reiteró el llamado a respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad para evitar tragedias en las carreteras del país.
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La embajada de Japón en El Salvador celebró el 66 aniversario del natalicio del emperador Naruhito
La embajada de Japón en El Salvador llevó a cabo ayer en la noche la Fiesta Nacional en conmemoración del 66 aniversario del natalicio de su majestad el emperador Naruhito.
Esta celebración es en honor al emperador Naruhito quien nació el 23 de febrero de 1960 y ascendió al trono en mayo de 2019, con lo cual dio inicio la era «Reiwa» en Japón, que se traduce como «bella armonía», explicó la embajada de la nación asiática.
Además, esta Fiesta Nacional es una tradición significativa en Japón y simboliza la unidad y la identidad nacional.
En ese sentido, la embajada de Japón en El Salvador organiza cada febrero, desde 2020, una elegante recepción que se convierte en una oportunidad para compartir y disfrutar de la cultura japonesa, la gastronomía y la música.
Este año, la Fiesta Nacional se llevó a cabo en un hotel capitalino y asistió el cuerpo diplomático acreditado en el país, así como el Nuncio Apostólico en El Salvador, monseñor Luigi Roberto Cona, y funcionarios de diferentes carteras del Estado, entre ellos, la vicecanciller Adriana Mira, y la ministra de vivienda, Michelle Sol.
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el embajador designado del Japón en El Salvador, Sano Taketoshi, quien en su discurso también destacó las sólidas relaciones diplomáticas entre el país asiático y El Salvador.
«El año pasado, El Salvador y Japón celebraron el 90 ° aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas, se pudieron llevar a cabo diversas actividades conmemorativas que fortalecieron nuestros lazos de amistad. Este año, es el primer paso para la década rumbo al centenario. Japón es el primer país asiático con el que El Salvador estableció relaciones diplomáticas», expresó el embajador designado del Japón en el país.
En la Fiesta Nacional, los invitados degustaron de comida japonesa y también pudieron conocer información de la cooperación económica que brinda Japón a El Salvador en un stand que fue colocado en el salón y en el cual los especialistas de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en el inglés) brindaron boletines, degustaciones y promocionales referentes de los proyectos que ejecutan en el país.
Ángel Antonio Rodríguez fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar con un corvo a su expareja, una mujer de la tercera edad, en su vivienda ubicada en el Barrio Lordes de San Salvador.
El crimen fue perpetrado el 31 de enero de 2025, después de que la víctima había expresado a Rodríguez su deseo de terminar la relación sentimental. De acuerdo a la Fiscalía, el sujeto planeó el asesinato de su expareja y la siguió durante su rutina matutina hasta llegar a la casa de habitación de la afectada, donde la asesinó.
Con toda la prueba recabada, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador aplicó la pena máxima por el delito de feminicidio agravado.
El día de los hechos, alrededor de las 8 de la mañana, cámaras de videovigilancia captaron al imputado, con una mochila mientras perseguía a la víctima desde las inmediaciones del mercado ex Cuartel hasta la vivienda de ella. El informe judicial detalla que las imágenes muestran cómo Rodríguez ingresa a la casa y, casi media hora después, sale vistiendo ropa diferente. Al mediodía fue encontrado el cuerpo de la víctima, con múltiples heridas provocadas con arma blanca.
El sujeto fue arrestado el mismo día de los hechos. En su vivienda fue encontrada la ropa, el calzado y el arma que utilizó en el feminicidio. También el celular de la víctima, la mochila que portaba. En estos objetos la Policía detectó rastros de sangre cuyo ADN coincidía con el de la víctima.
En su resolución, la jueza del caso identificó «la misoginia en el nivel de barbarie con que el ahora condenado le quitó la vida a la víctima en su vivienda, a la que ingresó aprovechando la relación de confianza que mantenían, así como la premeditación evidenciada al llevarse el teléfono de ella», informó Centros Judiciales.
