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Enjuiciar a mareros como estructuras garantizará que no queden en libertad
La Ley contra el Crimen Organizado se ha convertido en la principal herramienta legal que golpea drásticamente a las pandillas como estructuras terroristas y que aborda el fenómeno bajo los preceptos de elevadas penas para más de 1,100 cabecillas detenidos y economía procesal (enjuiciarlos en grupos de hasta 900).
La reciente reforma de la normativa especial ordena a los jueces imponer condenas de 60 años de cárcel a los cabecillas de las pandillas que, según el análisis del Gabinete de Seguridad, están en una modalidad de «sobrevivencia» luego de la implementación de la fase V del Plan Control Territorial, denominada Extracción.
El 30 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó reformas para que las agrupaciones ilícitas fueran sancionadas con prisión de 20 a 45 años para integrantes y cabecillas de pandillas.
Pero el congreso, a petición del Ejecutivo, modificó la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar en un tercio la pena máxima para los cabecillas de las pandillas y elevarla de 45 a 60 años.
«En la solicitud de reformas de la Ley de Crimen Organizado lo que se hace es traerse un poco de la materia sustantiva que define ya el Código Penal, la autoría mediata», argumentó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El término de la autoría mediata no es más que sancionar con elevada pena a los cabecillas de los grupos terroristas por servirse de los integrantes de las pandillas para ejecutar hechos delictivos.
«La autoría mediata es un fenómeno que nace y que se conoce internacionalmente como el hombre de atrás, es decir aquel que da la orden, que dice “maten”, pero no aparece en la escena del delito», explicó Villatoro.
La Fiscalía, en los procesos penales, debe probar que los más de 1,100 cabecillas eran esos autores mediatos, que estaban dando las órdenes de cometer una serie de hechos delictivos.
«Que es lo que nosotros decimos en esta reforma. Como hay autoría mediata y esta organización criminal está demostrado que desde las 15 sillas se definía y luego iba bajando, bajando hasta llegar al territorio, o la organización clica o cancha que era la que ejecutaba la orden desde arriba», agregó el ministro.
Según el funcionario, con las reformas se golpea toda esta línea de mando desde la ranfla, corredores de programa, corredores de clica, palabreros y homeboys.
Desde que se instauró el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, más de 71,700 pandilleros y colaboradores han sido detenidos; entre ellos, más de 1,100 cabecillas y 11 de las 15 sillas (jefes) de la denominada ranfla que estaba en libertad ordenando delitos.
De todos los capturados durante el régimen de excepción, 12,500 están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), mientras que la ranfla histórica sigue en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Ese penal no ha perdido su nivel, dijo el ministro Villatoro.
Una medida transitoria con vigencia de dos años permitirá que los tribunales contra el crimen organizado procesen a los pandilleros de forma grupal, hasta con 900 integrantes en cada expediente en casos abordados como una estructura por el delito de agrupaciones ilícitas.
Los jueces ya no entrarán a conocer 3,137 expedientes en los que están incluidos los más de 71,700 detenidos en el régimen de excepción, sino que estarían diligenciando no más de 100 procesos.
Un usuario de redes sociales captó el instante en el que un sujeto que protagonizó una pelea durante un baile comenzó a llorar cuando las autoridades lo capturaron.
Según se aprecia en el video, el sujeto había protagonizado una pelea durante un carnaval callejero.
Sin embargo, todo el coraje mostrado durante la pelea parece que se desvaneció al verse rodeado por los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que procedieron a capturarlo por provocar desórdenes públicos.
El autor del video, quien se identifica con el usuario Rudy.SV, captó el instante cuando el sujeto comenzó a llorar tras darse cuenta que iría preso.
En el segundo día del año escolar, el Gobierno salvadoreño continúa la entrega de paquetes escolares en más de 5,000 centros educativos del país, y uno de ellos es el Centro Escolar Benjamín Sol Millet, ubicado en San Salvador Centro, donde los estudiantes recibieron uniformes, útiles y recursos tecnológicos.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, supervisó personalmente la jornada y afirmó que la distribución se mantendrá activa durante todo el mes, como parte de una logística nacional que beneficiará a más de 1.2 millones de estudiantes.
Entre los insumos entregados se incluyen tablets de 8 pulgadas para parvularia cuatro, tablets de 10 pulgadas para primer grado, computadoras portátiles para cuarto grado y para primer año de bachillerato. La funcionaria destacó que estos recursos buscan motivar a los estudiantes a continuar su formación académica.
«Son más de 5,000 escuelas, 1.2 millones de paquetes escolares, que vamos a entregar en todo este mes, es una logística inmensa, su paquete escolar va a llegar a su escuela, es gratuito, completo y con los implementos tecnológicos para los diferentes niveles educativos», recalcó Trigueros.
Durante la visita, la ministra y la directora del centro educativo, Blanca Guirola, dieron la bienvenida a los alumnos y promovieron la práctica de valores como el respeto, los buenos modales y la convivencia sana dentro de la comunidad educativa.
El Centro Escolar Benjamín Sol Millet atiende a una población de 309 estudiantes, desde parvularia cuatro hasta noveno grado, quienes iniciaron el año escolar con los insumos necesarios para su formación integral.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó, la noche del lunes, la captura de Christopher Josué Lazo Meléndez, de 18 años de edad y Juan Israel Lazo Martínez, de 26 años, quienes son los responsables de asesinar a un hombre de 33 años en el cantón El Rebelde, distrito de San Vicente, San Vicente Sur.
La policía detalló que la víctima mortal fue atacada con arma de fuego. «La investigación determinó que el móvil del crimen fue pasional ya que la víctima acosaba a uno de los detenidos», explicó la PNC.
Los dos hombres fueron ubicados y arrestados en Apastepeque, San Vicente Norte. Además, informaron que ambos serán remitidos por los delitos de homicidio y por tenencia, portación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
