La Ley contra el Crimen Organi­zado se ha convertido en la prin­cipal herramienta legal que gol­pea drásticamente a las pandillas como estructuras terroristas y que aborda el fenómeno bajo los precep­tos de elevadas penas para más de 1,100 cabecillas detenidos y economía procesal (enjuiciarlos en grupos de hasta 900).

La reciente reforma de la normativa especial ordena a los jueces imponer con­denas de 60 años de cárcel a los cabeci­llas de las pandillas que, según el análisis del Gabinete de Seguridad, están en una modalidad de «sobrevivencia» luego de la implementación de la fase V del Plan Con­trol Territorial, denominada Extracción.

El 30 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó reformas para que las agrupaciones ilícitas fueran sancio­nadas con prisión de 20 a 45 años para integrantes y cabecillas de pandillas.

Pero el congreso, a petición del Eje­cutivo, modificó la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar en un tercio la pena máxima para los cabecillas de las pandillas y elevarla de 45 a 60 años.

«En la solicitud de reformas de la Ley de Crimen Organizado lo que se hace es traerse un poco de la materia sustantiva que define ya el Código Penal, la autoría mediata», argumentó el ministro de Jus­ticia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

El término de la autoría mediata no es más que sancionar con elevada pena a los cabecillas de los grupos terroristas por servirse de los integrantes de las pandillas para ejecutar hechos delictivos.

«La autoría mediata es un fenómeno que nace y que se conoce internacional­mente como el hombre de atrás, es decir aquel que da la orden, que dice “maten”, pero no aparece en la escena del delito», explicó Villatoro.

La Fiscalía, en los procesos penales, debe probar que los más de 1,100 cabe­cillas eran esos autores mediatos, que es­taban dando las órdenes de cometer una serie de hechos delictivos.

«Que es lo que nosotros decimos en esta reforma. Como hay autoría mediata y esta organización criminal está demostrado que desde las 15 sillas se definía y luego iba bajando, bajando hasta llegar al territorio, o la organización clica o cancha que era la que ejecutaba la orden desde arriba», agregó el ministro.

Según el funcionario, con las reformas se golpea toda esta línea de mando desde la ranfla, corredores de programa, co­rredores de clica, palabreros y homeboys.

Desde que se instauró el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, más de 71,700 pandilleros y colaboradores han sido detenidos; entre ellos, más de 1,100 cabecillas y 11 de las 15 sillas (jefes) de la denominada ranfla que estaba en libertad ordenando delitos.

De todos los capturados durante el régimen de excepción, 12,500 están recluidos en el Centro de Confinamiento del Te­rrorismo (Cecot), mientras que la ranfla histórica sigue en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Ese penal no ha perdido su nivel, dijo el ministro Villatoro.

Una medida transitoria con vigencia de dos años permitirá que los tribunales contra el crimen organizado procesen a los pan­dilleros de forma grupal, hasta con 900 integrantes en cada ex­pediente en casos abordados como una estructura por el delito de agrupaciones ilícitas.

Los jueces ya no entrarán a conocer 3,137 expedientes en los que están inclui­dos los más de 71,700 detenidos en el ré­gimen de excepción, sino que estarían diligenciando no más de 100 procesos.