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Enjuiciar a mareros como estructuras garantizará que no queden en libertad
La Ley contra el Crimen Organizado se ha convertido en la principal herramienta legal que golpea drásticamente a las pandillas como estructuras terroristas y que aborda el fenómeno bajo los preceptos de elevadas penas para más de 1,100 cabecillas detenidos y economía procesal (enjuiciarlos en grupos de hasta 900).
La reciente reforma de la normativa especial ordena a los jueces imponer condenas de 60 años de cárcel a los cabecillas de las pandillas que, según el análisis del Gabinete de Seguridad, están en una modalidad de «sobrevivencia» luego de la implementación de la fase V del Plan Control Territorial, denominada Extracción.
El 30 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó reformas para que las agrupaciones ilícitas fueran sancionadas con prisión de 20 a 45 años para integrantes y cabecillas de pandillas.
Pero el congreso, a petición del Ejecutivo, modificó la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar en un tercio la pena máxima para los cabecillas de las pandillas y elevarla de 45 a 60 años.
«En la solicitud de reformas de la Ley de Crimen Organizado lo que se hace es traerse un poco de la materia sustantiva que define ya el Código Penal, la autoría mediata», argumentó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El término de la autoría mediata no es más que sancionar con elevada pena a los cabecillas de los grupos terroristas por servirse de los integrantes de las pandillas para ejecutar hechos delictivos.
«La autoría mediata es un fenómeno que nace y que se conoce internacionalmente como el hombre de atrás, es decir aquel que da la orden, que dice “maten”, pero no aparece en la escena del delito», explicó Villatoro.
La Fiscalía, en los procesos penales, debe probar que los más de 1,100 cabecillas eran esos autores mediatos, que estaban dando las órdenes de cometer una serie de hechos delictivos.
«Que es lo que nosotros decimos en esta reforma. Como hay autoría mediata y esta organización criminal está demostrado que desde las 15 sillas se definía y luego iba bajando, bajando hasta llegar al territorio, o la organización clica o cancha que era la que ejecutaba la orden desde arriba», agregó el ministro.
Según el funcionario, con las reformas se golpea toda esta línea de mando desde la ranfla, corredores de programa, corredores de clica, palabreros y homeboys.
Desde que se instauró el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, más de 71,700 pandilleros y colaboradores han sido detenidos; entre ellos, más de 1,100 cabecillas y 11 de las 15 sillas (jefes) de la denominada ranfla que estaba en libertad ordenando delitos.
De todos los capturados durante el régimen de excepción, 12,500 están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), mientras que la ranfla histórica sigue en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Ese penal no ha perdido su nivel, dijo el ministro Villatoro.
Una medida transitoria con vigencia de dos años permitirá que los tribunales contra el crimen organizado procesen a los pandilleros de forma grupal, hasta con 900 integrantes en cada expediente en casos abordados como una estructura por el delito de agrupaciones ilícitas.
Los jueces ya no entrarán a conocer 3,137 expedientes en los que están incluidos los más de 71,700 detenidos en el régimen de excepción, sino que estarían diligenciando no más de 100 procesos.
Como parte de un esfuerzo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC), esta madrugada se realizó un operativo que permitió desmantelar una estructura dedicada a la venta de drogas en Santa Tecla, Lourdes y Soyapango.
En esos lugares se realizaron 24 allanamientos en donde fue posible capturar a los miembros de la red.
Los sujetos operaban a través de plataformas en las que simulaban ser un negocio de paquetería y de esa forma movían la droga, con la intención de no ser detectados por las autoridades.
El cabecilla de esta organización es José Antonio Pérez Montoya, quien era apoyado y respaldado por otros sujetos, incluyendo sus familiares quienes también han sido detenidos.
Otros de los detenidos fueron identificados como Edwin Edgardo Martínez Alvarado, Juan Manuel Reyes Flores, alias pelón; Christian Enrique Mirón Noyola, alias, tatuado; William Alexander Rivera Huezo, Pamela Sarai Acevedo Guevara, José Ezequiel Sosa Rodríguez Julio Enrique Morales Quintanilla, Gloria América Gil, Maykol Francisco Pichinte Alvarado, Orlando Francisco Díaz, Bryan Moisés Pérez Valladares, Bryan David Sánchez Molina, Josué Edenilson Bonilla Rivas, Miguel Ángel González, Guillermo Enrique Orellana Benítez, Bryan David Sánchez Molina y Brenda Guadalupe Leones Navarrete.
A los imputados se les procesará por el delito de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.
Como resultado de los registros, se han decomisado 19 porciones de cocaína y crack listas para su venta, 18 teléfonos celulares con información que robustecerá la investigación y más de $3,000 en efectivo.
Un momento de tensión se vivió sobre la 49 Avenida, en San Salvador, cuando un hombre amenazó a un joven con un corvo, obligándolo a descender de un taxi.
Según información preliminar, el joven se encontraba a bordo del vehículo cuando el sujeto se acercó portando el arma blanca y lo intimidó hasta hacerlo bajar.
Las autoridades se encuentran investigando el hecho para determinar las circunstancias y dar con el responsable del incidente.
Un hombre perdió la vida y otro más resultó gravemente lesionado tras un accidente de tránsito registrado sobre el bulevar del Ejército, frente a Coplasa, en el municipio de Soyapango.
De acuerdo con la información preliminar, la motocicleta en la que se conducían ambas personas fue impactada por un vehículo en la referida arteria, lo que provocó que los ocupantes salieran expulsados y sufrieran lesiones de gravedad.
La víctima mortal fue identificada como Melvin Arévalo, de 25 años de edad, quien, al momento de ser atendido por socorristas, ya no presentaba signos vitales. El conductor de la motocicleta fue trasladado a un centro asistencial con heridas de consideración.
Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el percance para determinar responsabilidades.
