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Enjuiciar a mareros como estructuras garantizará que no queden en libertad
La Ley contra el Crimen Organizado se ha convertido en la principal herramienta legal que golpea drásticamente a las pandillas como estructuras terroristas y que aborda el fenómeno bajo los preceptos de elevadas penas para más de 1,100 cabecillas detenidos y economía procesal (enjuiciarlos en grupos de hasta 900).
La reciente reforma de la normativa especial ordena a los jueces imponer condenas de 60 años de cárcel a los cabecillas de las pandillas que, según el análisis del Gabinete de Seguridad, están en una modalidad de «sobrevivencia» luego de la implementación de la fase V del Plan Control Territorial, denominada Extracción.
El 30 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó reformas para que las agrupaciones ilícitas fueran sancionadas con prisión de 20 a 45 años para integrantes y cabecillas de pandillas.
Pero el congreso, a petición del Ejecutivo, modificó la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar en un tercio la pena máxima para los cabecillas de las pandillas y elevarla de 45 a 60 años.
«En la solicitud de reformas de la Ley de Crimen Organizado lo que se hace es traerse un poco de la materia sustantiva que define ya el Código Penal, la autoría mediata», argumentó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El término de la autoría mediata no es más que sancionar con elevada pena a los cabecillas de los grupos terroristas por servirse de los integrantes de las pandillas para ejecutar hechos delictivos.
«La autoría mediata es un fenómeno que nace y que se conoce internacionalmente como el hombre de atrás, es decir aquel que da la orden, que dice “maten”, pero no aparece en la escena del delito», explicó Villatoro.
La Fiscalía, en los procesos penales, debe probar que los más de 1,100 cabecillas eran esos autores mediatos, que estaban dando las órdenes de cometer una serie de hechos delictivos.
«Que es lo que nosotros decimos en esta reforma. Como hay autoría mediata y esta organización criminal está demostrado que desde las 15 sillas se definía y luego iba bajando, bajando hasta llegar al territorio, o la organización clica o cancha que era la que ejecutaba la orden desde arriba», agregó el ministro.
Según el funcionario, con las reformas se golpea toda esta línea de mando desde la ranfla, corredores de programa, corredores de clica, palabreros y homeboys.
Desde que se instauró el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, más de 71,700 pandilleros y colaboradores han sido detenidos; entre ellos, más de 1,100 cabecillas y 11 de las 15 sillas (jefes) de la denominada ranfla que estaba en libertad ordenando delitos.
De todos los capturados durante el régimen de excepción, 12,500 están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), mientras que la ranfla histórica sigue en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Ese penal no ha perdido su nivel, dijo el ministro Villatoro.
Una medida transitoria con vigencia de dos años permitirá que los tribunales contra el crimen organizado procesen a los pandilleros de forma grupal, hasta con 900 integrantes en cada expediente en casos abordados como una estructura por el delito de agrupaciones ilícitas.
Los jueces ya no entrarán a conocer 3,137 expedientes en los que están incluidos los más de 71,700 detenidos en el régimen de excepción, sino que estarían diligenciando no más de 100 procesos.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
