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Enjuiciar a mareros como estructuras garantizará que no queden en libertad
La Ley contra el Crimen Organizado se ha convertido en la principal herramienta legal que golpea drásticamente a las pandillas como estructuras terroristas y que aborda el fenómeno bajo los preceptos de elevadas penas para más de 1,100 cabecillas detenidos y economía procesal (enjuiciarlos en grupos de hasta 900).
La reciente reforma de la normativa especial ordena a los jueces imponer condenas de 60 años de cárcel a los cabecillas de las pandillas que, según el análisis del Gabinete de Seguridad, están en una modalidad de «sobrevivencia» luego de la implementación de la fase V del Plan Control Territorial, denominada Extracción.
El 30 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó reformas para que las agrupaciones ilícitas fueran sancionadas con prisión de 20 a 45 años para integrantes y cabecillas de pandillas.
Pero el congreso, a petición del Ejecutivo, modificó la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar en un tercio la pena máxima para los cabecillas de las pandillas y elevarla de 45 a 60 años.
«En la solicitud de reformas de la Ley de Crimen Organizado lo que se hace es traerse un poco de la materia sustantiva que define ya el Código Penal, la autoría mediata», argumentó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El término de la autoría mediata no es más que sancionar con elevada pena a los cabecillas de los grupos terroristas por servirse de los integrantes de las pandillas para ejecutar hechos delictivos.
«La autoría mediata es un fenómeno que nace y que se conoce internacionalmente como el hombre de atrás, es decir aquel que da la orden, que dice “maten”, pero no aparece en la escena del delito», explicó Villatoro.
La Fiscalía, en los procesos penales, debe probar que los más de 1,100 cabecillas eran esos autores mediatos, que estaban dando las órdenes de cometer una serie de hechos delictivos.
«Que es lo que nosotros decimos en esta reforma. Como hay autoría mediata y esta organización criminal está demostrado que desde las 15 sillas se definía y luego iba bajando, bajando hasta llegar al territorio, o la organización clica o cancha que era la que ejecutaba la orden desde arriba», agregó el ministro.
Según el funcionario, con las reformas se golpea toda esta línea de mando desde la ranfla, corredores de programa, corredores de clica, palabreros y homeboys.
Desde que se instauró el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, más de 71,700 pandilleros y colaboradores han sido detenidos; entre ellos, más de 1,100 cabecillas y 11 de las 15 sillas (jefes) de la denominada ranfla que estaba en libertad ordenando delitos.
De todos los capturados durante el régimen de excepción, 12,500 están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), mientras que la ranfla histórica sigue en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Ese penal no ha perdido su nivel, dijo el ministro Villatoro.
Una medida transitoria con vigencia de dos años permitirá que los tribunales contra el crimen organizado procesen a los pandilleros de forma grupal, hasta con 900 integrantes en cada expediente en casos abordados como una estructura por el delito de agrupaciones ilícitas.
Los jueces ya no entrarán a conocer 3,137 expedientes en los que están incluidos los más de 71,700 detenidos en el régimen de excepción, sino que estarían diligenciando no más de 100 procesos.
Como parte del mantenimiento necesario para los sistemas de agua, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) realiza la limpieza del pozo de la planta de bombeo de Tutultepeque, en Nejapa. Por lo que, el servicio presentará deficiencia desde el miércoles 11 al sábado 14 de febrero de este año.
De acuerdo con la autónoma, el servicio será irregular en los caseríos: Cabral, San Luis, Potrerito, Amate, Gramal, Chirrinal, Las Vegas, Hacienda, Ceiba y aledaños.
Por ello, la ANDA implementará un plan de contingencia para abastecer con agua potable a las familias afectadas, mientras se ejecutan los trabajos. «Contaremos con rutas de abastecimiento con camiones cisterna para minimizar las afectaciones, mientras duren los trabajos y el servicio de reestablece gradualmente», indicó.
Por otra parte, las cuadrillas de ANDA trabajan en la reparación de una fuga de agua potable en el pasaje 2 de la colonia Santa Úrsula, en San Salvador Centro. La falla se originó por el colapso de una tubería antigua.
Para reparar la fuga, los técnicos cortaron el tubo dañado y colocaron uno nuevo, sustituyendo un tramo de 1.50 metros con dos uniones que permitirán restablecer el servicio de forma segura.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, este miércoles, las temperaturas se mantendrán calurosas durante el día, con máximas entre los 36 y 37 grados Celsius, especialmente en los departamentos de La Union y san Miguel.
Para este día el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de lluvias. El Viento rondará velocidades promedio entre los 10 y 20 kilómetros por hora.
Medio Ambiente también indicó que las temperaturas continuarán disminuidas durante la noche y madrugada.
El meteorólogo Jonathan Hernández explicó que partir del jueves se prevé un nuevo ingreso de vientos nortes sobre territorio nacional.
«El flujo del este y noreste dominará las condiciones en la región», agregó el Marn sobre las condiciones climáticas que influyen al país.
Wilfredo Carabantes Hernández recibió una pena de 17 años de cárcel por los delitos de tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, receptación y disparos al aire sin justificación.
En su resolución, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, destacó que Carabantes Hernández fue sentenciado en el 2010 por similares delitos.
Según el informe judicial, los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2025 en la colonia Las Margaritas, Distrito de Quezaltepeque, en el municipio de La Libertad Norte. Ese día, el imputado realizó múltiples disparos injustificados en la vía pública, generando alerta y pánico entre los residentes de la zona, quienes denunciaron los actos a la policía.
Durante la inspección en la escena, los agentes recolectaron 11 casquillos. Al realizar la captura, detectaron que Carabantes no poseía licencia ni la documentación legal para el uso de armas de fuego.
En su resolución, el Tribunal aplicó una pena de 12 años por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, cuatro años por receptación y un año y medio por disparos con arma de fuego sin justificación.
