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$58,000 en telefonía e internet se gastó Mario Ponce, 49 días antes de concluir su gestión en la A.L.
Cuarenta y nueve días antes de concluir su gestión como presidente de la anterior Asamblea Legislativa, Mario Ponce, del PCN, gastó $58,860.66 en cinco contratos que suscribió en marzo de 2021 para el suministro del servicio de cable, telefonía e internet dedicado a ese órgano del Estado.
Ponce suscribió los contratos después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer públicamente los resultados de los comicios del 28 de febrero de 2021, sabiendo que quedaba fuera como diputado propietario del PCN por la circunscripción de Cuscatlán.
La gestión presidencial de Ponce —puesto que ocupó gracias a la venia de ARENA y del FMLN— concluyó el 30 de abril de 2021, pero los contratos los suscribió para un plazo de nueve meses, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
Es decir, el exlegislador dejó comprometidos fondos que serían ejecutados por la nueva presidencia y la nueva junta directiva de la Asamblea Legislativa que asumió funciones el 1.° de mayo del año pasado.
Los cinco contratos suscritos por Ponce fueron con la modalidad de libre gestión. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) define en el artículo 40, literal b, que podrá utilizarse la figura de libre gestión «cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a 160 salarios mínimos mensuales para el sector comercio»; sin embargo, «debe dejarse constancia de haberse generado competencia» para la prestación del servicio y el contratante; en este caso, la Asamblea Legislativa debe haber «solicitado al menos tres cotizaciones».
El primero de los cinco contratos fue suscrito el 12 de marzo de 2021 con la empresa Escucha Panamá, S. A., sucursal El Salvador, por un monto de $18,000. La empresa se comprometió a suministrar el servicio de telefonía fija en las oficinas del Palacio Legislativo —en el Centro de Gobierno—, en las 13 oficinas departamentales y en el Centro Cívico Cultural Legislativo, conocido como Villa Dueñas.
El contrato explica que el servicio únicamente consistía en permitir «el tráfico de llamadas sin costo» y «sin límite de tiempo» entre teléfonos fijo y fijo, fijo y móvil, móvil y fijo, y móvil y móvil, pero se debía pagar además una cuota mensual fija por el servicio telefónico. Todas las llamadas que no estuvieran incluidas en estas cuatro modalidades y se hicieran hacia un número de una compañía telefónica distinta de la que prestaba el servicio generaría «un costo adicional para la institución contratante», es decir, la Asamblea.
Según la cláusula séptima del contrato —que fue hecho por libre gestión con el código LG-31/2021—, la empresa se comprometía a brindar el servicio a partir del 14 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2021.
El 22 de marzo del año pasado, Ponce suscribió el segundo contrato también con la empresa Escucha Panamá, S. A., sucursal El Salvador, esta vez por un monto de $13,221. La empresa se comprometió a proporcionar el «servicio de enlace de datos» para «interconectar a nivel de red informática las oficinas del Palacio Legislativo con las oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa».
El plazo y la vigencia del contrato —por libre gestión con el código LG26/2021— comenzó el 1.º de abril y finalizó el 31 de diciembre de 2021, refleja la copia del documento publicada en el Portal de Transparencia de la Asamblea Legislativa.
Por: DES.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.
Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.
La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.
Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.
