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$58,000 en telefonía e internet se gastó Mario Ponce, 49 días antes de concluir su gestión en la A.L.
Cuarenta y nueve días antes de concluir su gestión como presidente de la anterior Asamblea Legislativa, Mario Ponce, del PCN, gastó $58,860.66 en cinco contratos que suscribió en marzo de 2021 para el suministro del servicio de cable, telefonía e internet dedicado a ese órgano del Estado.
Ponce suscribió los contratos después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer públicamente los resultados de los comicios del 28 de febrero de 2021, sabiendo que quedaba fuera como diputado propietario del PCN por la circunscripción de Cuscatlán.
La gestión presidencial de Ponce —puesto que ocupó gracias a la venia de ARENA y del FMLN— concluyó el 30 de abril de 2021, pero los contratos los suscribió para un plazo de nueve meses, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
Es decir, el exlegislador dejó comprometidos fondos que serían ejecutados por la nueva presidencia y la nueva junta directiva de la Asamblea Legislativa que asumió funciones el 1.° de mayo del año pasado.
Los cinco contratos suscritos por Ponce fueron con la modalidad de libre gestión. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) define en el artículo 40, literal b, que podrá utilizarse la figura de libre gestión «cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a 160 salarios mínimos mensuales para el sector comercio»; sin embargo, «debe dejarse constancia de haberse generado competencia» para la prestación del servicio y el contratante; en este caso, la Asamblea Legislativa debe haber «solicitado al menos tres cotizaciones».
El primero de los cinco contratos fue suscrito el 12 de marzo de 2021 con la empresa Escucha Panamá, S. A., sucursal El Salvador, por un monto de $18,000. La empresa se comprometió a suministrar el servicio de telefonía fija en las oficinas del Palacio Legislativo —en el Centro de Gobierno—, en las 13 oficinas departamentales y en el Centro Cívico Cultural Legislativo, conocido como Villa Dueñas.
El contrato explica que el servicio únicamente consistía en permitir «el tráfico de llamadas sin costo» y «sin límite de tiempo» entre teléfonos fijo y fijo, fijo y móvil, móvil y fijo, y móvil y móvil, pero se debía pagar además una cuota mensual fija por el servicio telefónico. Todas las llamadas que no estuvieran incluidas en estas cuatro modalidades y se hicieran hacia un número de una compañía telefónica distinta de la que prestaba el servicio generaría «un costo adicional para la institución contratante», es decir, la Asamblea.
Según la cláusula séptima del contrato —que fue hecho por libre gestión con el código LG-31/2021—, la empresa se comprometía a brindar el servicio a partir del 14 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2021.
El 22 de marzo del año pasado, Ponce suscribió el segundo contrato también con la empresa Escucha Panamá, S. A., sucursal El Salvador, esta vez por un monto de $13,221. La empresa se comprometió a proporcionar el «servicio de enlace de datos» para «interconectar a nivel de red informática las oficinas del Palacio Legislativo con las oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa».
El plazo y la vigencia del contrato —por libre gestión con el código LG26/2021— comenzó el 1.º de abril y finalizó el 31 de diciembre de 2021, refleja la copia del documento publicada en el Portal de Transparencia de la Asamblea Legislativa.
Por: DES.
La Fiscalía General de la República de El Salvador informó que, en coordinación con la Policía Nacional Civil de El Salvador, ejecutó un operativo para desarticular una estructura dedicada al narcomenudeo en la zona oriental del país.
De acuerdo con las autoridades, la operación es resultado de un año de investigaciones, periodo durante el cual se logró identificar a cada uno de los integrantes de la red criminal, incluyendo a los responsables del abastecimiento de droga y a los redistribuidores que operaban en distintos sectores.
Las indagaciones determinaron que la estructura mantenía presencia en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron diferentes porciones de droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos que servirán como evidencia para fortalecer el proceso investigativo.
Según el reporte fiscal, los implicados serán procesados por los delitos de tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas, mientras continúan las diligencias para determinar la posible participación de otras personas vinculadas a la estructura.
Personal de Comandos de Salvamento atendió un fuerte accidente vial en horas del mediodía de este martes, sobre el kilómetro 25 de la carretera a Comalapa departamento de La Paz.
Los rescatistas indicaron que producto del accidente, cinco personas resultaron lesionadas, entre ellos dos menores de edad.
Lamentablemente una mujer y uno de los menores fallecieron cuando eran trasladados hacia diferentes unidades médicas.
De acuerdo con el reporte de los paramédicos, el accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo en el que se conducían las víctimas se estrelló contra un árbol tras intentar no atropellar a una mujer que cruzaba la calle.
El Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) confirmó que la Oficina de Planeación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) mantiene actualizados todos sus instrumentos normativos, lo que favorece el desarrollo inmobiliario y la construcción en la zona de mayor concentración urbana del país.
El informe, denominado Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025, confirma que estos instrumentos son coincidentes con las tendencias de crecimiento habitacional del Gran San Salvador, un aspecto que favorece las proyecciones de las empresas desarrolladoras y le da al sector construcción certeza y predictibilidad para sus proyectos.
«Los instrumentos normativos metropolitanos que la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) se encuentra actualizando y son coincidentes con las tendencias de crecimiento habitacional en tipología, densidad y ubicación», indica el estudio, preparado por el CAF junto con el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo de Estados Unidos.
Asimismo, resalta que dichos instrumentos ayudan a prever herramientas urbanísticas para desarrollos habitacionales sociales y de otras modalidades.
En ese sentido, la Opamss, bajo la dirección ejecutiva de Luis Rodríguez, impulsa políticas que facilitan a todos los sectores relacionados con la construcción y el rubro inmobiliario herramientas para que los proyectos puedan ejecutarse cumpliendo la normativa nacional, reduciendo los trámites y construyendo así al crecimiento económico de El Salvador.
Por otra parte, las estadísticas de la institución destacan que, en el inicio de 2026, la inversión total de la construcción en el país supera los $5,100 millones, con una proyección de ejecución cercana a los $3,000 millones en el curso de los próximos meses. De esta cifra, el sector habitacional concentra un 53 % de los proyectos en desarrollo, seguido del logístico con un 12.9 % y el turístico con un 12.4 %.
