Internacionales
Indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar cárcel en Florida
Los inmigrantes indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar prisión en algunos casos, según la nueva ley SB 1718, la cual fue promulgada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
Esta norma es considerada la más estricta en asuntos migratorios en Estados Unidos, ya que podría perseguir penalmente, por ejemplo, a una madre que transporte a su hijo indocumentado a la escuela, o si el conductor de un autobús escolar sabe que el niño que traslada es indocumentado.
La norma tampoco reconoce las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados de otros estados, por lo que estas personas no podrán manejar en la entidad.
DeSantis firmó la polémica ley durante una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado, y bajo el lema “Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden”.
El republicano dijo que la ley que firmó hoy es en respuesta a lo que describió como “problema masivo en la frontera con México”.
El proyecto de ley de 43 páginas incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a “inmigrantes no autorizados”, entre muchas otras disposiciones que tratan de dificultar el asentamiento de personas sin autorización legal en ese territorio.
DeSantis arremetió contra la que definió como “dejadez” por parte de la Administración del presidente Joe Biden en materia migratoria, una “responsabilidad fallida desde el primer día de su gobierno”, dijo.
El gobernador, que en cualquier momento podría anunciar que participará en las primarias republicanas de las que saldrá el candidato presidencial en las elecciones de 2024, resaltó que Florida, desde el primer momento, ha tratado de “combatir los efectos de la política” de Biden.
Para contrarrestar esas políticas firmó el proyecto de ley SB 1718, una norma que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.
El gobernador señaló que ya es ilegal que los empleadores contraten a personas indocumentadas y que los nuevos requisitos contenidos en el proyecto de ley, particularmente el sistema E-Verify, ayudarán a fortalecer la aplicación de estas leyes.
E-Verify es un sistema basado en internet que permite a las empresas inscritas confirmar si sus potenciales empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
La norma establece también que transportar personas a Florida sin permiso migratorio es un delito punible con hasta 15 años de prisión, además de prohibir financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.
Elimina las exenciones de las matrículas educativas para estudiantes indocumentados, deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio (entre los que se incluye a los beneficiados con el programa federal DACA) y dota con 12 millones de dólares el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
Esta ley y sus disposiciones fueron hoy fuertemente criticadas por múltiples organizaciones comunitarias que las calificaron de “discriminatorias y potencialmente inconstitucionales”, cuyo “único propósito es infundir miedo en las comunidades de inmigrantes” de Florida.
“Florida está penalizando a los inmigrantes por tener la mala suerte de nacer en países que están en crisis y tener el coraje de buscar la paz y la prosperidad aquí”, dijo en un comunicado Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
“¿Realmente ha pensado el gobernador en lo que todo esto realmente le hará a las familias que solo intentan salir adelante?”, se preguntó Petit sobre una ley que una veintena de organizaciones tacharon de ser la normativa “antiinmigrante más extrema del país”.
Mariana Blanco, ejecutiva del Centro Maya-Guatemalteco, dijo, por su parte, que la mayor preocupación es “el temor que se le va a infundir a la población indocumentada a la hora de buscar y recibir servicios”. El gobernador “no debería jugar con la gente por su propia agenda política. Son personas. Esta es su mano de obra” y debería protegerla, agregó.
“Como alguien que llegó a EE.UU. como asilado político de Venezuela y luego se fue a Princeton y Oxford sé cuánto tienen para dar los inmigrantes a Florida y a la nación, si se nos da la oportunidad”, subrayó Samuel Vilchez, director en Florida de la American Business Inmigration Coalition.
DeSantis insistió en que el final del Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes, producirá un “tremendo desastre” en la frontera sur.
“El propio gobierno de Joe Biden ha señalado que se espera la llegada de cerca de 30.000 personas diarias”, apuntó el gobernador.
El director ejecutivo del Centro Comunitario Hope en Apopka (Florida), Felipe Souza-Lazaballet, dijo tras la firma de la norma que la agenda “antiinmigrante, antihumana y antilatina liderada por el gobernador Ron DeSantis supone una victoria sobre la vida de miles de floridanos que ahora tendrán que sufrir, e incluso pagar con sus vidas, por el bien de su carrera política”.
Internacionales
Francia lanza un llamado a testigos tras encarcelar a un hombre por violar a 89 menores
La justicia francesa lanzó un llamado a testigos para encontrar posibles víctimas de un hombre de 79 años, encarcelado y acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores entre 1967 y 2022 en varios países, entre ellos Colombia.
El sobrino del hombre encontró en una memoria USB escritos de su tío en los que relataba «relaciones sexuales» con menores de 13 a 17 años, y se lo dió a las autoridades, indicó el fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, en rueda de prensa.
Las agresiones tuvieron lugar en Colombia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, Portugal e India, así como en el suroeste de Francia y el territorio francés de Nueva Caledonia, en el océano Pacífico, detalló.
«Recorrió esos distintos países y, en cada uno de esos lugares donde se instala para brindar apoyo escolar, ser docente, va a conocer a jóvenes y va a mantener relaciones sexuales con esos jóvenes», según el fiscal.
El examen de la memoria USB, que el sobrino halló cuando se interrogaba sobre la «vida afectiva y sexual» de su tío y que representa «15 tomos», permitió establecer el número de 89 menores agredidos, apuntó.
De estos, unos cuarenta pudieron ser identificados y presentaron una denuncia, pero los investigadores estiman que algunas víctimas quizás no figuran en los documentos encontrados.
Por ello, el fiscal hizo público el nombre del sospechoso, Jacques Leveugle, con el objetivo de que otras posibles víctimas se den a conocer, en el marco del llamado a testigos.
«Pensábamos que internamente lograríamos identificar a todas las víctimas», pero «nos dimos cuenta de que nos topábamos con un muro», apuntó Manteaux, precisando que algunas de las 89 aparecen citadas por su nombre o por su apodo.
«El tiempo apremia», agregó el fiscal, que espera concluir la investigación este año vista la edad avanzada del acusado y para evitar eventuales prescripciones de los delitos.
En el caso de Colombia, Leveugle habría viajado al país andino entre 1996 y 2023, según el llamado a testigos publicado por las autoridades, en el que aparece con bigote y gafas.
Aunque el caso se dio a conocer ahora, el hombre fue detenido y encarcelado en 2024, acusado de violaciones y agresiones sexuales agravadas.
El acusado también indicó en sus «memorias» haber matado «voluntariamente a dos personas», explicó el representante del ministerio público.
Durante la investigación, reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma de cáncer en fase terminal, en la década de 1970, y posteriormente a su tía, de 92 años, en la década de 1990, agregó.
Sobre su tía, el acusado indicó que la mató cuando este tenía previsto ir al sur de Francia, porque la mujer «le suplicaba que no se marchase».
El Ministerio Público indicó en su cuenta de la red social X que el funcionario fue arrestado en horas de la madrugada durante un operativo ejecutado de manera conjunta con la Policía Nacional en la provincia costera de Guayas (suroeste), cuya capital es Guayaquil.
La Fiscalía precisó que la acción forma parte del caso denominado «Goleada», dentro del cual se ejecutaron órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra un total de 11 personas investigadas. Entre los detenidos figuran Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde.
Asimismo, el organismo difundió imágenes de la detención del alcalde de Guayaquil, así como otras evidencias incautadas durante el operativo, entre ellas teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Añadió que el operativo se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre los resultados de las diligencias y el avance del proceso judicial.
Medios locales difundieron que Álvarez fue trasladado inicialmente al Cuartel Modelo de Guayaquil y posteriormente llevado a Quito, la capital del país, donde se prevé la realización de la audiencia correspondiente.
Aquiles Álvarez también es investigado en otro caso denominado «Triple A», por supuesto tráfico de combustibles.
La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.
«En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares», precisó Air Canada en un comunicado.
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.
