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Indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar cárcel en Florida
Los inmigrantes indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar prisión en algunos casos, según la nueva ley SB 1718, la cual fue promulgada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
Esta norma es considerada la más estricta en asuntos migratorios en Estados Unidos, ya que podría perseguir penalmente, por ejemplo, a una madre que transporte a su hijo indocumentado a la escuela, o si el conductor de un autobús escolar sabe que el niño que traslada es indocumentado.
La norma tampoco reconoce las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados de otros estados, por lo que estas personas no podrán manejar en la entidad.
DeSantis firmó la polémica ley durante una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado, y bajo el lema “Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden”.
El republicano dijo que la ley que firmó hoy es en respuesta a lo que describió como “problema masivo en la frontera con México”.
El proyecto de ley de 43 páginas incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a “inmigrantes no autorizados”, entre muchas otras disposiciones que tratan de dificultar el asentamiento de personas sin autorización legal en ese territorio.
DeSantis arremetió contra la que definió como “dejadez” por parte de la Administración del presidente Joe Biden en materia migratoria, una “responsabilidad fallida desde el primer día de su gobierno”, dijo.
El gobernador, que en cualquier momento podría anunciar que participará en las primarias republicanas de las que saldrá el candidato presidencial en las elecciones de 2024, resaltó que Florida, desde el primer momento, ha tratado de “combatir los efectos de la política” de Biden.
Para contrarrestar esas políticas firmó el proyecto de ley SB 1718, una norma que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.
El gobernador señaló que ya es ilegal que los empleadores contraten a personas indocumentadas y que los nuevos requisitos contenidos en el proyecto de ley, particularmente el sistema E-Verify, ayudarán a fortalecer la aplicación de estas leyes.
E-Verify es un sistema basado en internet que permite a las empresas inscritas confirmar si sus potenciales empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
La norma establece también que transportar personas a Florida sin permiso migratorio es un delito punible con hasta 15 años de prisión, además de prohibir financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.
Elimina las exenciones de las matrículas educativas para estudiantes indocumentados, deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio (entre los que se incluye a los beneficiados con el programa federal DACA) y dota con 12 millones de dólares el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
Esta ley y sus disposiciones fueron hoy fuertemente criticadas por múltiples organizaciones comunitarias que las calificaron de “discriminatorias y potencialmente inconstitucionales”, cuyo “único propósito es infundir miedo en las comunidades de inmigrantes” de Florida.
“Florida está penalizando a los inmigrantes por tener la mala suerte de nacer en países que están en crisis y tener el coraje de buscar la paz y la prosperidad aquí”, dijo en un comunicado Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
“¿Realmente ha pensado el gobernador en lo que todo esto realmente le hará a las familias que solo intentan salir adelante?”, se preguntó Petit sobre una ley que una veintena de organizaciones tacharon de ser la normativa “antiinmigrante más extrema del país”.
Mariana Blanco, ejecutiva del Centro Maya-Guatemalteco, dijo, por su parte, que la mayor preocupación es “el temor que se le va a infundir a la población indocumentada a la hora de buscar y recibir servicios”. El gobernador “no debería jugar con la gente por su propia agenda política. Son personas. Esta es su mano de obra” y debería protegerla, agregó.
“Como alguien que llegó a EE.UU. como asilado político de Venezuela y luego se fue a Princeton y Oxford sé cuánto tienen para dar los inmigrantes a Florida y a la nación, si se nos da la oportunidad”, subrayó Samuel Vilchez, director en Florida de la American Business Inmigration Coalition.
DeSantis insistió en que el final del Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes, producirá un “tremendo desastre” en la frontera sur.
“El propio gobierno de Joe Biden ha señalado que se espera la llegada de cerca de 30.000 personas diarias”, apuntó el gobernador.
El director ejecutivo del Centro Comunitario Hope en Apopka (Florida), Felipe Souza-Lazaballet, dijo tras la firma de la norma que la agenda “antiinmigrante, antihumana y antilatina liderada por el gobernador Ron DeSantis supone una victoria sobre la vida de miles de floridanos que ahora tendrán que sufrir, e incluso pagar con sus vidas, por el bien de su carrera política”.
El presidente del complejo monumental de Versalles fue nombrado este miércoles al frente del museo del Louvre de París, tras la dimisión de Laurence des Cars cuatro meses después del espectacular robo de varias joyas.
Aunque en un primer momento se rechazó la renuncia de Des Cars, el presidente francés, Emmanuel Macron, acabó por aceptarla el martes para dar «calma» y un nuevo impulso fuerte a la pinacoteca, indicó su oficina.
El hasta ahora responsable del Palacio de Versalles, Christophe Leribault, de 62 años, liderará esta nueva etapa al frente del Louvre, anunció la vocera del gobierno, Maud Bregeon, tras su nombramiento.
Tendrá la misión de «dar seguridad» y «modernizar» el museo, así como de llevar a cabo su ambicioso plan de renovación bautizado Louvre-Nuevo Renacimiento, precisó.
El martes, Des Cars presentó su dimisión a Macron. La funcionaria dijo al diario Le Figaro que «ya no se daban las condiciones para avanzar».
El Louvre se encuentra sumido en la polémica desde el 19 de octubre, cuando se produjo el sonado robo de las joyas, así como por problemas estructurales, huelgas de personal y casos de fraude en los boletos de entrada.
Aunque su ya expresidenta había alertado desde inicios 2025 del estado del museo, que alberga obras maestras como «La Gioconda» o la «Venus de Milo», el ‘modus operandi’ del robo aumentó la presión sobre ella.
Los ladrones irrumpieron a plena luz del día en el museo con ayuda de un montacargas y escaparon en menos de ocho minutos con el botín, que todavía no se ha localizado. Varios sospechosos fueron detenidos.
El Louvre también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de antigüedades egipcias.
Leribault, historiador del arte y conservador general del patrimonio, presidía el palacio de Versalles desde febrero de 2024. Antes de ese complejo monumental, dirigió los museos parisinos de Orsay y de la Orangerie.
La corte suprema de Brasil decide este miércoles la condena o absolución de dos políticos acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, ocho años después de este crimen que expuso los vínculos entre la política y las milicias de Río.
Ícono de la causa negra y LGBT, Franco fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años, mientras viajaba en su auto por el centro de Río de Janeiro, ciudad de la que era concejala.
Murió en el acto, al igual que su chofer Anderson Gomes. El tirador y un cómplice ya fueron condenados a largas penas de cárcel en 2024.
La fiscalía acusó el martes al exdiputado Chiquinho Brazao y a su hermano Domingos, exlegislador de Río, de haber ideado el asesinato.
La defensa clamó su inocencia, pero admitió abiertamente los vínculos del poder local con el crimen.
«Quien hace política en Río y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra», dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao.
Cuatro jueces de la corte votarán sobre esa acusación, en una sesión que inició a las 9H00 locales (12H00 GMT) en Brasilia.
La fiscalía afirma que los hermanos Brazao ordenaron el crimen por la oposición de Franco en el concejo municipal a propuestas que facilitarían la apropiación de tierras por milicias.
Estos grupos criminales controlan zonas enteras de barrios populares de Río.
Formadas en Río hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
La acusación pidió que los Brazao sean condenados por doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.
De ser hallados culpables, se exponen a penas que podrían superar 90 años de prisión.
Los hermanos niegan los hechos que se les imputan y cuestionan la validez de un acuerdo de colaboración entre la justicia y el pistolero condenado a 78 años de cárcel por haber cometido el crimen, el expolicía Ronnie Lessa.
«Marielle se perfiló como un riesgo para los intereses de los hermanos Brazao», apuntó el vicefiscal Hindenburgo Chateaubriand en la sesión del martes.
Procedente de una favela y referente izquierdista, Franco defendía además los derechos de los habitantes de barrios pobres, sobre todo de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGBT.
Mientras la corte decide sobre el caso Franco, el Congreso brasileño aprobó en la noche del lunes una ley que endurece la lucha contra organizaciones criminales.
El presidente Donald Trump aseguró el martes que Irán busca desarrollar misiles que podrían golpear a Estados Unidos, una tecnología de armamento de largo alcance que solo un número limitado de países posee.
«Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos», declaró Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión.
En 2025, la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos señaló que Irán podría potencialmente desarrollar un misil balístico intercontinental viable desde el punto de vista militar para 2035, «si Teherán decidiera perseguir esa capacidad», pero no indicó si se había tomado tal decisión.
Washington y Teherán han concluido dos rondas de conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní que reemplace el pacto que Trump rompió durante su primer mandato en el cargo.
Durante su discurso a la nación, Trump también dijo que quería resolver la confrontación con Irán «a través de la diplomacia», pero advirtió que nunca permitirá que Teherán desarrolle armas nucleares.
«Estamos en negociaciones con ellos, quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado esas palabras secretas: ‘Nunca tendremos un arma nuclear’», dijo Trump en el discurso.
Estados Unidos ha pedido repetidamente a Irán mantener en cero el enriquecimiento de uranio, pero también ha buscado discutir su programa de misiles balísticos y su apoyo a grupos armados en la región.
