Internacionales
Indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar cárcel en Florida
Los inmigrantes indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar prisión en algunos casos, según la nueva ley SB 1718, la cual fue promulgada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
Esta norma es considerada la más estricta en asuntos migratorios en Estados Unidos, ya que podría perseguir penalmente, por ejemplo, a una madre que transporte a su hijo indocumentado a la escuela, o si el conductor de un autobús escolar sabe que el niño que traslada es indocumentado.
La norma tampoco reconoce las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados de otros estados, por lo que estas personas no podrán manejar en la entidad.
DeSantis firmó la polémica ley durante una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado, y bajo el lema “Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden”.
El republicano dijo que la ley que firmó hoy es en respuesta a lo que describió como “problema masivo en la frontera con México”.
El proyecto de ley de 43 páginas incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a “inmigrantes no autorizados”, entre muchas otras disposiciones que tratan de dificultar el asentamiento de personas sin autorización legal en ese territorio.
DeSantis arremetió contra la que definió como “dejadez” por parte de la Administración del presidente Joe Biden en materia migratoria, una “responsabilidad fallida desde el primer día de su gobierno”, dijo.
El gobernador, que en cualquier momento podría anunciar que participará en las primarias republicanas de las que saldrá el candidato presidencial en las elecciones de 2024, resaltó que Florida, desde el primer momento, ha tratado de “combatir los efectos de la política” de Biden.
Para contrarrestar esas políticas firmó el proyecto de ley SB 1718, una norma que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.
El gobernador señaló que ya es ilegal que los empleadores contraten a personas indocumentadas y que los nuevos requisitos contenidos en el proyecto de ley, particularmente el sistema E-Verify, ayudarán a fortalecer la aplicación de estas leyes.
E-Verify es un sistema basado en internet que permite a las empresas inscritas confirmar si sus potenciales empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
La norma establece también que transportar personas a Florida sin permiso migratorio es un delito punible con hasta 15 años de prisión, además de prohibir financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.
Elimina las exenciones de las matrículas educativas para estudiantes indocumentados, deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio (entre los que se incluye a los beneficiados con el programa federal DACA) y dota con 12 millones de dólares el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
Esta ley y sus disposiciones fueron hoy fuertemente criticadas por múltiples organizaciones comunitarias que las calificaron de “discriminatorias y potencialmente inconstitucionales”, cuyo “único propósito es infundir miedo en las comunidades de inmigrantes” de Florida.
“Florida está penalizando a los inmigrantes por tener la mala suerte de nacer en países que están en crisis y tener el coraje de buscar la paz y la prosperidad aquí”, dijo en un comunicado Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
“¿Realmente ha pensado el gobernador en lo que todo esto realmente le hará a las familias que solo intentan salir adelante?”, se preguntó Petit sobre una ley que una veintena de organizaciones tacharon de ser la normativa “antiinmigrante más extrema del país”.
Mariana Blanco, ejecutiva del Centro Maya-Guatemalteco, dijo, por su parte, que la mayor preocupación es “el temor que se le va a infundir a la población indocumentada a la hora de buscar y recibir servicios”. El gobernador “no debería jugar con la gente por su propia agenda política. Son personas. Esta es su mano de obra” y debería protegerla, agregó.
“Como alguien que llegó a EE.UU. como asilado político de Venezuela y luego se fue a Princeton y Oxford sé cuánto tienen para dar los inmigrantes a Florida y a la nación, si se nos da la oportunidad”, subrayó Samuel Vilchez, director en Florida de la American Business Inmigration Coalition.
DeSantis insistió en que el final del Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes, producirá un “tremendo desastre” en la frontera sur.
“El propio gobierno de Joe Biden ha señalado que se espera la llegada de cerca de 30.000 personas diarias”, apuntó el gobernador.
El director ejecutivo del Centro Comunitario Hope en Apopka (Florida), Felipe Souza-Lazaballet, dijo tras la firma de la norma que la agenda “antiinmigrante, antihumana y antilatina liderada por el gobernador Ron DeSantis supone una victoria sobre la vida de miles de floridanos que ahora tendrán que sufrir, e incluso pagar con sus vidas, por el bien de su carrera política”.
El ejército de Israel aseguró este sábado que ya había llevado a cabo unos 3,400 ataques en territorio iraní desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra contra Irán, hace una semana.
El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, señaló que se habían lanzado aproximadamente 7,500 municiones contra objetivos en Irán durante la operación.
Por separado, el ejército de Israel informó el sábado por la noche que había comenzado una nueva «ola de ataques» en la capital iraní.
Ataque en depósito de petróleo
Estados Unidos e Israel bombardearon ese sábado un depósito de petróleo en Teherán, informó la prensa iraní, en el que sería el primer ataque reportado contra la infraestructura petrolera de la República Islámica.
«Un depósito de petróleo en el sur de Teherán fue atacado por Estados Unidos y el régimen sionista», señaló la agencia oficial de noticias IRNA.
El depósito se encontraba en una zona cercana a una importante refinería de petróleo.
Otra agencia noticiosa iraní, ILNA, informó de que las instalaciones de la refinería «no resultaron dañadas en los ataques».
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este sábado a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, y destacó la relación entre ambos países durante la cumbre regional «Shield of the Americas», celebrada en Miami.
«Nayib Bukele es un hombre con quien nos hemos acercado mucho. Lo vi como un joven en mi primer mandato», afirmó Trump al referirse al mandatario salvadoreño durante el encuentro con líderes del continente.
El presidente estadounidense aseguró que Bukele «dirige bien la operación», en referencia a su gestión al frente del Gobierno salvadoreño, y añadió que ese desempeño es «todo lo que me importa».
Durante su intervención, el mandatario estadounidense agregó: «Eras joven y guapo; ahora eres mayor y guapo», antes de concluir que Bukele «ha sido un gran presidente» y que Estados Unidos «aprecia mucho la relación» con El Salvador.
Entre los asistentes figuran el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el de Argentina, Javier Milei; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; el de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el de República Dominicana, Luis Abinader; y el presidente de Honduras, Nasry Asfura, entre otros.
Internacionales
Bernardo Arévalo pierde batalla clave por renovar el sistema de justicia en Guatemala
La reelección de un magistrado acusado de favorecer a delincuentes en la máxima Corte de Guatemala postergó una vez más la aspiración de desbaratar un presunto entramado judicial en el que confluyen intereses políticos, económicos y criminales.
Roberto Molina Barreto fue elegido en el marco de un proceso para renovar a los miembros de las más altas instancias judiciales, incluida la Corte de Constitucionalidad, cuyos fallos son inapelables.
Molina fue seleccionado el viernes por el Congreso -adverso al presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo-, en medio de denuncias de que la embajada de Estados Unidos cabildeó a su favor.
Con él ya fueron elegidos ocho de los diez magistrados. Solo restan los que designará el presidente, quien llegó al poder con la promesa de enfrentar la corrupción.
Arévalo pidió a Washington que aclarara su supuesta intervención, al anunciar que podría afectar las relaciones bilaterales.
El mandatario no fue invitado a la reunión que sostendrán este sábado en Florida la mayoría de sus vecinos con el presidente Donald Trump.
¿Quién es Molina Barreto?
Abogado de extrema derecha de 70 años, Molina Barreto ha integrado tres veces el máximo tribunal.
Es visto como agente de la patronal Cacif, parte de la élite que ha gobernado el país y señalada de conformar el «llamado pacto de corruptos», un supuesto entramado que perpetúa ese dominio y la corrupción.
El 60% de los 18 millones de habitantes de Guatemala vive en la pobreza.
En 2013, Molina anuló una sentencia por genocidio de indígenas mayas al exdictador Efraín Ríos Montt (1981-1982), fallecido cinco años más tarde.
También avaló el traslado de Aldo Ochoa, alias «El Lobo», jefe de la pandilla Barrio 18, a una prisión con menos controles. Ochoa es señalado de auspiciar motines y el asesinato de 11 policías el pasado 18 de enero, lo que forzó a Arévalo a declarar el estado de excepción.
Además, grupos humanitarios vinculan al magistrado con adopciones ilegales de niños cuando fue procurador general entre 2005 y 2006, un delito que también salpica a la fiscal general, Consuelo Porras, enemiga número uno de Arévalo.
Diputados oficialistas acusaron a la embajada estadounidense de pedir a congresistas que votaran por Molina.
El presidente, quien asegura que estas elecciones judiciales son determinantes para la democracia, denunció «presiones externas» sin detallar el origen. Mientras, medios locales mencionaron un cabildeo de políticos y empresarios guatemaltecos en Estados Unidos a favor de Molina.
¿Cómo quedó la balanza?
Los analistas consideran que la reelección de Molina fue el golpe de gracia a los planos de sanear el sistema de justicia, que el fiscal general ha intentado usar contra Arévalo.
Porras, sancionada durante el gobierno de Joe Biden, pretendió impedir la posesión de Arévalo hace dos años por supuestas anomalías y ha buscado su destitución.
También ha empujado al exilio a varios de sus críticos, que la señalan como una de las principales operadoras del «pacto de corruptos».
La nueva Corte es «adversa a los intereses en la recuperación de la institucionalidad» porque va a «continuar esa captura, cooptación y control institucional», dijo a la AFP el politólogo Renzo Rosal.
Según este catedrático, las fuerzas que han dominado normalmente seguirán teniendo el 60 % de los magistrados.
Sin embargo, Luis Miguel Reyes, de la Fundación Libertad y Desarrollo, considera que hay dos magistrados «bisagras» que podrían inclinar la balanza para uno u otro lado.
Con la elección de la Corte, el país «se estaba jugando el futuro político institucional» para los próximos cinco años, declaró Reyes a la prensa.
Arévalo afirmó sin embargo que «la batalla por recuperar las instituciones de justicia continúa».
El mandatario tiene la potestad de elegir en mayo al sucesor de Porras, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla «corrupta» y «antidemocrática».
¿Cómo impactará la nueva Corte?
Según los analistas, la nueva Corte podría complicar la gestión de Arévalo en los dos años que le restan.
Podría «generar condiciones adversas» en las elecciones generales de 2027 si se decide bloquear la participación de ciertos partidos y candidatos, señaló Reyes.
Incluso podría «interferir» en la elección del nuevo fiscal, agregó.
Este año el Congreso también debe elegir a los integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), máxima autoridad durante el proceso para relevar a Arévalo, cuya gestión desaprueban el 60 % de los ciudadanos, según encuestas.
