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Indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar cárcel en Florida
Los inmigrantes indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar prisión en algunos casos, según la nueva ley SB 1718, la cual fue promulgada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
Esta norma es considerada la más estricta en asuntos migratorios en Estados Unidos, ya que podría perseguir penalmente, por ejemplo, a una madre que transporte a su hijo indocumentado a la escuela, o si el conductor de un autobús escolar sabe que el niño que traslada es indocumentado.
La norma tampoco reconoce las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados de otros estados, por lo que estas personas no podrán manejar en la entidad.
DeSantis firmó la polémica ley durante una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado, y bajo el lema “Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden”.
El republicano dijo que la ley que firmó hoy es en respuesta a lo que describió como “problema masivo en la frontera con México”.
El proyecto de ley de 43 páginas incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a “inmigrantes no autorizados”, entre muchas otras disposiciones que tratan de dificultar el asentamiento de personas sin autorización legal en ese territorio.
DeSantis arremetió contra la que definió como “dejadez” por parte de la Administración del presidente Joe Biden en materia migratoria, una “responsabilidad fallida desde el primer día de su gobierno”, dijo.
El gobernador, que en cualquier momento podría anunciar que participará en las primarias republicanas de las que saldrá el candidato presidencial en las elecciones de 2024, resaltó que Florida, desde el primer momento, ha tratado de “combatir los efectos de la política” de Biden.
Para contrarrestar esas políticas firmó el proyecto de ley SB 1718, una norma que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.
El gobernador señaló que ya es ilegal que los empleadores contraten a personas indocumentadas y que los nuevos requisitos contenidos en el proyecto de ley, particularmente el sistema E-Verify, ayudarán a fortalecer la aplicación de estas leyes.
E-Verify es un sistema basado en internet que permite a las empresas inscritas confirmar si sus potenciales empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
La norma establece también que transportar personas a Florida sin permiso migratorio es un delito punible con hasta 15 años de prisión, además de prohibir financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.
Elimina las exenciones de las matrículas educativas para estudiantes indocumentados, deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio (entre los que se incluye a los beneficiados con el programa federal DACA) y dota con 12 millones de dólares el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
Esta ley y sus disposiciones fueron hoy fuertemente criticadas por múltiples organizaciones comunitarias que las calificaron de “discriminatorias y potencialmente inconstitucionales”, cuyo “único propósito es infundir miedo en las comunidades de inmigrantes” de Florida.
“Florida está penalizando a los inmigrantes por tener la mala suerte de nacer en países que están en crisis y tener el coraje de buscar la paz y la prosperidad aquí”, dijo en un comunicado Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
“¿Realmente ha pensado el gobernador en lo que todo esto realmente le hará a las familias que solo intentan salir adelante?”, se preguntó Petit sobre una ley que una veintena de organizaciones tacharon de ser la normativa “antiinmigrante más extrema del país”.
Mariana Blanco, ejecutiva del Centro Maya-Guatemalteco, dijo, por su parte, que la mayor preocupación es “el temor que se le va a infundir a la población indocumentada a la hora de buscar y recibir servicios”. El gobernador “no debería jugar con la gente por su propia agenda política. Son personas. Esta es su mano de obra” y debería protegerla, agregó.
“Como alguien que llegó a EE.UU. como asilado político de Venezuela y luego se fue a Princeton y Oxford sé cuánto tienen para dar los inmigrantes a Florida y a la nación, si se nos da la oportunidad”, subrayó Samuel Vilchez, director en Florida de la American Business Inmigration Coalition.
DeSantis insistió en que el final del Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes, producirá un “tremendo desastre” en la frontera sur.
“El propio gobierno de Joe Biden ha señalado que se espera la llegada de cerca de 30.000 personas diarias”, apuntó el gobernador.
El director ejecutivo del Centro Comunitario Hope en Apopka (Florida), Felipe Souza-Lazaballet, dijo tras la firma de la norma que la agenda “antiinmigrante, antihumana y antilatina liderada por el gobernador Ron DeSantis supone una victoria sobre la vida de miles de floridanos que ahora tendrán que sufrir, e incluso pagar con sus vidas, por el bien de su carrera política”.
La comisión de investigación del accidente ferroviario que dejó 45 muertos en el sur de España el pasado domingo cree que existe la posibilidad de que un carril presentara una fractura a la altura de una soldadura, reveló un informe publicado este viernes.
La hipótesis proviene del hecho de que las ruedas de varios trenes de alta velocidad que pasaron por la estación de Adamuz justo antes del descarrilamiento inicial que desató la tragedia presentaban «muescas».
«Estas muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado», afirmó la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), dependiente del Ministerio de Transportes.
«De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento», añadió la CIAF. Esta fractura estaría a la altura de «una soldadura».
Se trata de una «hipótesis de trabajo» que deberá ser «corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores», concluyó.
Las muescas en las ruedas del costado derecho se observaron en tres trenes que pasaron por Adamuz antes de que lo hiciera el de la compañía italiana Iryo cuyos últimos vagones descarrilaron justo cuando venía otro tren en dirección contraria que no pudo evitarlos y descarriló también.
Ambos trenes, que transportaban a un total de 480 personas, iban a una velocidad por encima de los 200 km/h, dentro de lo establecido para ese tramo, y se ha descartado un error humano de los maquinistas.
El actual gobierno se ha trazado la misión de erigir dos prisiones que aporten a la lucha contra las peligrosas pandillas.
Uno de los dos primeros penales de alta seguridad que se construirán en Guatemala está previsto que sea edificado en un plazo menor a un año y entregado durante 2026, según declaraciones del presidente Bernardo Arévalo. Para lograr tal objetivo se ha destinado que sea el Cuerpo de Ingenieros del Ejército el encargado de su construcción. Esto ayudaría a que se entregue en un plazo más corto que si se somete a una licitación.
La primera prisión será edificada en Izabal (al nororiente del país). Se estima que la obra tenga una inversión de 1 mil 400 millones de quetzales, aproximadamente 182 millones de dólares estadounidenses. Su financiación estaba prevista en el Presupuesto General de la Nación 2026, pero debido a la suspensión provisional de la Corte de Constitucionalidad, al admitir diversos amparos por vicios formales en su aprobación, Arévalo comunicó que someterán a una ampliación el presupuesto actual.
La segunda cárcel estará en Masagua, y se hará por licitación, con fecha prevista de ejecución en 2027 y financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La división especializada de las Fuerzas Armadas de Guatemala trabaja en la revisión de planos, con la asesoría de expertos en prisiones del gobierno de Estados Unidos, informó el mandatario.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala tiene dos batallones: de Ingenieros de Construcción (BIC) y de Ingenieros de Combate (Zapadores). Entra las actividades que realizan están: mantenimiento vial, topografía, construcción, apoyo logístico, manejo de explosivos, instalación de puentes de emergencia, demolición de material pétreo y de pistas clandestinas.
El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Sáenz, ha asegurado que la división cuenta con el equipo humano y maquinaria necesaria para materializar este recinto penitenciario. En abril pasado, Prensa Libre publicó que Defensa autorizó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército un presupuesto de 147 millones 940 mil quetzales, unos 18 millones de dólares estadounidenses, en la adquisición de: 24 camiones de volteo, 16 pick-ups, 12 excavadoras, 12 retroexcavadoras, 12 motoniveladoras, 12 compactadoras, y 12 camiones cisterna, entre otros.
Una explosión en un laboratorio de cocaína dejó nueve muertos y ocho heridos en el Pacífico colombiano, en una zona cercana a la frontera con Ecuador, informó el gobierno regional.
Según las primeras investigaciones, un cilindro de gas explotó mientras cocinaban la droga en el territorio indígena awá, a unos 60 km del municipio de Tumaco, departamento de Nariño (suroeste), zona de producción de cocaína y con fuerte presencia de grupos armados ilegales.
El laboratorio artesanal «no es legal», «pero siempre se deben respetar los derechos humanos y a la vida», dijo Fredy Andrés Gámez, secretario del gobierno regional de Nariño.
Los sobrevivientes presentan severas quemaduras.
Las víctimas trabajaban para una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que no se acogió al Acuerdo de Paz de 2016 y que dialoga con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro.
«Por fallas humanas y al manipular unos cilindros de gas (…) el lugar se incendió en cuestión de segundos», escribió el grupo ilegal en un comunicado.
El departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, ha sido por décadas crucial en la producción de coca y en el tráfico de la droga hacia Estados Unidos.
Allí los grupos dedicados al narcotráfico ejercen un fuerte control con el apoyo de los carteles mexicanos.
«¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?», reclamó este viernes el presidente Petro desde Tumaco, en un discurso contra los cultivos ilícitos.
El presidente de Ecuador, el conservador Daniel Noboa, inició el miércoles una guerra comercial con Colombia con un arancel del 30% tras acusar al gobierno de Petro de no hacer suficiente contra el narcotráfico en la frontera común.
Petro aplicó la misma tarifa al país vecino y defendió su lucha contra los grupos ilegales.
Tras un año de acusaciones similares por parte de Estados Unidos, el presidente colombiano viajará a Washington y se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 3 de febrero para hablar sobre cómo combatir al narcotráfico conjuntamente.
