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Indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar cárcel en Florida
Los inmigrantes indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar prisión en algunos casos, según la nueva ley SB 1718, la cual fue promulgada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
Esta norma es considerada la más estricta en asuntos migratorios en Estados Unidos, ya que podría perseguir penalmente, por ejemplo, a una madre que transporte a su hijo indocumentado a la escuela, o si el conductor de un autobús escolar sabe que el niño que traslada es indocumentado.
La norma tampoco reconoce las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados de otros estados, por lo que estas personas no podrán manejar en la entidad.
DeSantis firmó la polémica ley durante una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado, y bajo el lema “Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden”.
El republicano dijo que la ley que firmó hoy es en respuesta a lo que describió como “problema masivo en la frontera con México”.
El proyecto de ley de 43 páginas incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a “inmigrantes no autorizados”, entre muchas otras disposiciones que tratan de dificultar el asentamiento de personas sin autorización legal en ese territorio.
DeSantis arremetió contra la que definió como “dejadez” por parte de la Administración del presidente Joe Biden en materia migratoria, una “responsabilidad fallida desde el primer día de su gobierno”, dijo.
El gobernador, que en cualquier momento podría anunciar que participará en las primarias republicanas de las que saldrá el candidato presidencial en las elecciones de 2024, resaltó que Florida, desde el primer momento, ha tratado de “combatir los efectos de la política” de Biden.
Para contrarrestar esas políticas firmó el proyecto de ley SB 1718, una norma que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.
El gobernador señaló que ya es ilegal que los empleadores contraten a personas indocumentadas y que los nuevos requisitos contenidos en el proyecto de ley, particularmente el sistema E-Verify, ayudarán a fortalecer la aplicación de estas leyes.
E-Verify es un sistema basado en internet que permite a las empresas inscritas confirmar si sus potenciales empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
La norma establece también que transportar personas a Florida sin permiso migratorio es un delito punible con hasta 15 años de prisión, además de prohibir financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.
Elimina las exenciones de las matrículas educativas para estudiantes indocumentados, deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio (entre los que se incluye a los beneficiados con el programa federal DACA) y dota con 12 millones de dólares el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
Esta ley y sus disposiciones fueron hoy fuertemente criticadas por múltiples organizaciones comunitarias que las calificaron de “discriminatorias y potencialmente inconstitucionales”, cuyo “único propósito es infundir miedo en las comunidades de inmigrantes” de Florida.
“Florida está penalizando a los inmigrantes por tener la mala suerte de nacer en países que están en crisis y tener el coraje de buscar la paz y la prosperidad aquí”, dijo en un comunicado Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
“¿Realmente ha pensado el gobernador en lo que todo esto realmente le hará a las familias que solo intentan salir adelante?”, se preguntó Petit sobre una ley que una veintena de organizaciones tacharon de ser la normativa “antiinmigrante más extrema del país”.
Mariana Blanco, ejecutiva del Centro Maya-Guatemalteco, dijo, por su parte, que la mayor preocupación es “el temor que se le va a infundir a la población indocumentada a la hora de buscar y recibir servicios”. El gobernador “no debería jugar con la gente por su propia agenda política. Son personas. Esta es su mano de obra” y debería protegerla, agregó.
“Como alguien que llegó a EE.UU. como asilado político de Venezuela y luego se fue a Princeton y Oxford sé cuánto tienen para dar los inmigrantes a Florida y a la nación, si se nos da la oportunidad”, subrayó Samuel Vilchez, director en Florida de la American Business Inmigration Coalition.
DeSantis insistió en que el final del Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes, producirá un “tremendo desastre” en la frontera sur.
“El propio gobierno de Joe Biden ha señalado que se espera la llegada de cerca de 30.000 personas diarias”, apuntó el gobernador.
El director ejecutivo del Centro Comunitario Hope en Apopka (Florida), Felipe Souza-Lazaballet, dijo tras la firma de la norma que la agenda “antiinmigrante, antihumana y antilatina liderada por el gobernador Ron DeSantis supone una victoria sobre la vida de miles de floridanos que ahora tendrán que sufrir, e incluso pagar con sus vidas, por el bien de su carrera política”.
Ochenta y seis personas fueron detenidas por supuesta intrusión después de que un grupo de manifestantes irrumpiera en el recinto de una cárcel londinense en apoyo a un preso en huelga de hambre, indicó la policía británica este domingo.
El grupo «protestaba en apoyo a un prisionero de Palestine Action en huelga del hambre» el sábado y rechazó dejar el recinto de la cárcel cuando se le ordenó, escribió la policía metropolitana de Londres en X.
«Al parecer, impidieron la entrada y salida del personal penitenciario, amenazaron a los policías y algunos lograron entrar en la zona reservada al personal de un edificio de la prisión», precisó la policía. Todas las personas implicadas fueron arrestadas, añadió.
Un portavoz del Ministerio de Justicia calificó el incidente de «profundamente preocupante».
La intrusión se produjo en la prisión HMP Wormwood Scrubs, en el oeste de la capital británica, donde Muhammad Umer Jalid permanece detenido y lleva más de dos semanas en huelga de hambre, según la asociación Prisoners for Palestine.
Otros activistas han llevado a cabo huelgas de hambre en los últimos meses a la espera de ser juzgados por allanamiento y actos de vandalismo cometidos en nombre de la organización Palestine Action, antes de que esta fuera prohibida en Reino Unido en virtud de la legislación antiterrorista. Jalid y los demás niegan estas acusaciones y piden que se retiren.
China y Canadá alcanzaron acuerdos específicos para abordar debidamente asuntos comerciales relacionados con vehículos eléctricos, productos de acero y aluminio, canola, y productos agrícolas y acuáticos, según el Ministerio de Comercio de China.
Para implementar los importantes consensos alcanzados por los líderes de China y Canadá, ambas partes sostuvieron recientemente varias rondas de intensas consultas a diversos niveles, enfocadas en asuntos económicos y comerciales clave de preocupación mutua, indicó el ministerio en una declaración.
Las dos partes alcanzaron consensos positivos sobre incrementar los vuelos directos, mejorar el entorno de negocios y la inspección y cuarentena de productos agrícolas, destaca el documento.
Durante la visita a China del primer ministro canadiense, Mark Carney, ambos países firmaron una hoja de ruta de cooperación económica y comercial, lo que constituye un logro importante en el marco de la nueva asociación estratégica entre China y Canadá, declaró un funcionario del ministerio en el comunicado.
China y Canadá deberían ser socios con un respeto mutuo, desarrollo común, confianza y colaboración, afirmó el presidente chino, Xi Jinping.
Ambas partes acordaron fortalecer el mecanismo de la Comisión Económica y Comercial Conjunta China-Canadá y ampliar integralmente la cooperación económica y comercial pragmática en todos los ámbitos. También alcanzaron un consenso positivo sobre la cooperación en marcos multilaterales y regionales, según la hoja de ruta.
Canadá realizará ajustes positivos a sus medidas unilaterales contra los vehículos eléctricos chinos, así como contra los productos de acero y aluminio, y también en casos específicos relacionados con la inversión y operación de empresas chinas en el país, de acuerdo con la misma fuente.
China ha tomado nota de la reciente declaración de Canadá de que permitirá la entrada de un cupo anual de 49,000 vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense con el arancel de nación más favorecido del 6.1 %, eximiéndolos del impuesto adicional del 100 % aplicado en 2024, manifestó el funcionario.
Considerando dicha declaración como «un paso positivo en la dirección correcta y una buena noticia para las empresas chinas de vehículos eléctricos que exploran el mercado canadiense», el funcionario afirmó que China espera que Canadá cumpla activamente sus compromisos y continúe trabajando con China para crear un entorno justo, estable y no discriminatorio que permita ampliar aún más la cooperación comercial y de inversión en el sector de los vehículos eléctricos mediante consultas amistosas.
China también ajustará sus medidas «antidumping» sobre la colza y las medidas antidiscriminatorias con respecto a ciertas importaciones agrícolas y acuáticas canadienses, de conformidad con la normativa pertinente. Se espera que estos acuerdos impulsen la cooperación industrial bilateral y beneficien a los pueblos de ambas naciones, afirmó el funcionario. Las dos partes aprovecharán plenamente el mecanismo de la Comisión Económica y Comercial Conjunta China Canadá para seguir aumentando la cooperación, resolver problemas, gestionar las diferencias y promover el desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales China-Canadá, añadió la entidad.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó el sábado a «alcanzar acuerdos» con la oposición para lograr la «paz» en el país, que Estados Unidos dice controlar tras la incursión militar que depuso al mandatario Nicolás Maduro.
Antes vicepresidenta de Maduro, Rodríguez asumió funciones de forma temporal luego de la captura del izquierdista el 3 de enero en un ataque militar que dejó cerca de un centenar de muertos.
La mandataria dio un giro en la maltrecha relación entre Caracas y Washington, al tiempo que se comprometió a liberar un «número importante» de presos políticos.
«No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela», dijo Rodríguez desde el costero estado La Guaira a la televisora estatal VTV.
«Desde las diferencias tenemos que hablarnos con respeto. Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos», agregó.
La víspera, la presidenta pidió al jefe del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, un encuentro con los diferentes sectores políticos en el país con «resultados concretos, inmediatos».
«Que sea un diálogo político venezolano donde no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington ni desde Bogotá o Madrid, un dialogo político nacionalizado (…) que sea por el bien común de Venezuela», dijo el viernes.
Su gobierno asegura haber llevado a cabo un total de 626 excarcelaciones desde diciembre, aunque la cifra contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas, contabiliza 269 en el mismo periodo.
Más de 700 personas siguen detenidas por motivos políticos, según esa organización.
Los familiares, en tanto, denuncian un proceso a cuentagotas desde el 8 de enero, cuando se anunció oficialmente un «número importante» de liberaciones.
Venezuela ha vivido años de un férreo control estatal. Las protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas.
Además, rige un estado de conmoción que castiga con prisión a quien apoye el ataque estadounidense.
