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Indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar cárcel en Florida
Los inmigrantes indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar prisión en algunos casos, según la nueva ley SB 1718, la cual fue promulgada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
Esta norma es considerada la más estricta en asuntos migratorios en Estados Unidos, ya que podría perseguir penalmente, por ejemplo, a una madre que transporte a su hijo indocumentado a la escuela, o si el conductor de un autobús escolar sabe que el niño que traslada es indocumentado.
La norma tampoco reconoce las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados de otros estados, por lo que estas personas no podrán manejar en la entidad.
DeSantis firmó la polémica ley durante una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado, y bajo el lema “Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden”.
El republicano dijo que la ley que firmó hoy es en respuesta a lo que describió como “problema masivo en la frontera con México”.
El proyecto de ley de 43 páginas incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a “inmigrantes no autorizados”, entre muchas otras disposiciones que tratan de dificultar el asentamiento de personas sin autorización legal en ese territorio.
DeSantis arremetió contra la que definió como “dejadez” por parte de la Administración del presidente Joe Biden en materia migratoria, una “responsabilidad fallida desde el primer día de su gobierno”, dijo.
El gobernador, que en cualquier momento podría anunciar que participará en las primarias republicanas de las que saldrá el candidato presidencial en las elecciones de 2024, resaltó que Florida, desde el primer momento, ha tratado de “combatir los efectos de la política” de Biden.
Para contrarrestar esas políticas firmó el proyecto de ley SB 1718, una norma que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.
El gobernador señaló que ya es ilegal que los empleadores contraten a personas indocumentadas y que los nuevos requisitos contenidos en el proyecto de ley, particularmente el sistema E-Verify, ayudarán a fortalecer la aplicación de estas leyes.
E-Verify es un sistema basado en internet que permite a las empresas inscritas confirmar si sus potenciales empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
La norma establece también que transportar personas a Florida sin permiso migratorio es un delito punible con hasta 15 años de prisión, además de prohibir financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.
Elimina las exenciones de las matrículas educativas para estudiantes indocumentados, deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio (entre los que se incluye a los beneficiados con el programa federal DACA) y dota con 12 millones de dólares el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
Esta ley y sus disposiciones fueron hoy fuertemente criticadas por múltiples organizaciones comunitarias que las calificaron de “discriminatorias y potencialmente inconstitucionales”, cuyo “único propósito es infundir miedo en las comunidades de inmigrantes” de Florida.
“Florida está penalizando a los inmigrantes por tener la mala suerte de nacer en países que están en crisis y tener el coraje de buscar la paz y la prosperidad aquí”, dijo en un comunicado Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
“¿Realmente ha pensado el gobernador en lo que todo esto realmente le hará a las familias que solo intentan salir adelante?”, se preguntó Petit sobre una ley que una veintena de organizaciones tacharon de ser la normativa “antiinmigrante más extrema del país”.
Mariana Blanco, ejecutiva del Centro Maya-Guatemalteco, dijo, por su parte, que la mayor preocupación es “el temor que se le va a infundir a la población indocumentada a la hora de buscar y recibir servicios”. El gobernador “no debería jugar con la gente por su propia agenda política. Son personas. Esta es su mano de obra” y debería protegerla, agregó.
“Como alguien que llegó a EE.UU. como asilado político de Venezuela y luego se fue a Princeton y Oxford sé cuánto tienen para dar los inmigrantes a Florida y a la nación, si se nos da la oportunidad”, subrayó Samuel Vilchez, director en Florida de la American Business Inmigration Coalition.
DeSantis insistió en que el final del Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes, producirá un “tremendo desastre” en la frontera sur.
“El propio gobierno de Joe Biden ha señalado que se espera la llegada de cerca de 30.000 personas diarias”, apuntó el gobernador.
El director ejecutivo del Centro Comunitario Hope en Apopka (Florida), Felipe Souza-Lazaballet, dijo tras la firma de la norma que la agenda “antiinmigrante, antihumana y antilatina liderada por el gobernador Ron DeSantis supone una victoria sobre la vida de miles de floridanos que ahora tendrán que sufrir, e incluso pagar con sus vidas, por el bien de su carrera política”.
Indignados, temerosos y con calles semivacías, los guatemaltecos vivieron el lunes el primer día de un estado de sitio decretado por el gobierno tras el asesinato de diez policías a manos de pandilleros, para quienes exigen ahora el máximo castigo.
El miedo se disparó entre los habitantes de la capital y sus localidades vecinas, donde el domingo se registraron varios ataques contra instalaciones policiales y patrullas en represalia por la retoma de tres cárceles donde jefes pandilleros mantenían como rehenes a 46 personas.
«Es preocupante porque no se puede salir tranquilo sin que pase nada», dijo el lunes a la AFP Alondra Flores, estudiante universitaria de 26 años.
Diez agentes, entre ellos dos mujeres y varios de reciente graduación, fallecieron en estos ataques.
Las autoridades afirman que las agresiones a la policía y los motines en tres prisiones se dieron para presionar el traslado de Aldo Dupie alias «El Lobo», un líder de la temida pandilla Barrio 18, a una cárcel de menor seguridad.
Dupie es señalado de orquestar los motines. El domingo, este cabecilla fue mostrado en televisión rodeado de agentes con armas largas, jadeante, arrodillado y con manchas de sangre.
También «deseaba que en el pabellón (donde estuviera preso) se instalara aire condicionado, que se dejara ingresar una cama «king size», que se dejara ingresar comida de ciertos restaurantes», denunció el ministro de gobernación, Marco Antonio Villeda.
Para el maestro Erwin Oliva, esos privilegios otorgados en el pasado por gobiernos «permisivos» envalentonaron a los criminales.
Se «está cosechando lo que se ha estado sembrando durante tantos años, con darles privilegios a los pandilleros, con tenerlos cómodos dentro de las cárceles», lamenta Oliva.
Dupie está condenado por varios homicidios y, según la prensa local, tiene estrechos vínculos con una familia de políticos.
Barrio 18 fue declarada el año pasado organización terrorista por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto con su enemiga la Mara Salvatrucha.
Ambas operan además en Honduras y El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha logrado someterlas con una estrategia de mano dura, aunque criticada por organizaciones de derechos humanos.
En medio de escenas desgarradoras, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presidió el lunes el funeral de siete de los policías acribillados en la sede del ministerio de Gobernación.
Abrazó a varios de los familiares y, visiblemente compungido, pronunció un discurso junto a los féretros de quienes llamó «héroes».
Hay «indignación por la crueldad en contra de quienes están dispuestos a matar a quemarropa, de forma traicionera. No vamos a descansar ni a escatimar recursos para castigar a los responsables», afirmó el mandatario, quien denuncia que detrás de las pandillas hay poderosas mafias políticas a las que promete derrotar.
Arévalo decretó el estado de sitio la noche del domingo por 30 días.
La medida, que fue ratificada este lunes por el Congreso, autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación, aunque no se observaba aún un aumento de los patrullajes.
El presidente también declaró tres días de luto nacional, por lo que la bandera guatemalteca lucía a media asta en Gobernación y demás edificios públicos. Los empleados del poder judicial tampoco trabajaron por orden gubernamental.
Como medidas preventivas, la Policía recomendó además a la población permanecer en casa, en tanto el ministerio de Educación suspendió clases en escuelas privadas (las públicas están en vacaciones) y la embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos.
Algunos colegios optaron por hacer clases virtuales.
Se estima que los operativos de seguridad aumenten en los próximos días con la coordinación de las fuerzas policiales y militares.
Sentado en una banca del centro histórico de Ciudad de Guatemala, un octogenario dice que apoya el estado de excepción, pero reclama medidas más radicales.
«Hay que volver a los tiempos de antes. Delincuente agarrado, delincuente muerto porque ya no hay de otra. Si no se le pone freno a esto, esto va a continuar», expresó el hombre, quien por temor prefirió reservarse su identidad.
Internacionales
España inicia tres días de luto por el accidente ferroviario que dejó al menos 41 muertos
En un nuevo balance difundido a primera hora de la mañana, el gobierno regional andaluz informó que se había hallado un nuevo cadáver entre los restos de uno de los trenes, con lo que el saldo de fallecidos subió a 41.
«La cifra de muertos se ha elevado a 41, tras recuperarse anoche el cuerpo sin vida de una persona de uno de los vagones» del tren de la compañía Iryo, informó el gobierno andaluz sobre el siniestro ocurrido en Adamuz, provincia de Córdoba, en un balance que aún podría aumentar porque siguen en curso las tareas de búsqueda.
Además, «en los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 39 personas, 35 adultos y cuatro niños. En UCI permanecen 13 pacientes, todos adultos», añadieron las autoridades.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, aventuró este martes que la cifra definitiva de fallecidos podría acabar asemejándose a las denuncias de desaparecidos, 43.
«Lo que hay que hacer es cruzar los desaparecidos o las denuncias por desaparición con los fallecidos y ayer, al menos a última hora, la cifra era más o menos coincidente», explicó en la radio Onda Cero.
El hombre surfeaba en la zona de Mid North Coast, en el noreste de Nueva Gales del Sur, cuando fue mordido por lo que las autoridades creen que fue un tiburón toro.
Logró escapar con heridas «menores», indicó el servicio de salvavidas de Nueva Gales del Sur.
«Un surfista reportó haber visto un tiburón y emergió del agua con heridas en la parte baja del cuerpo. Las heridas fueron reportadas como menores», indicaron los socorristas en un comunicado.
Se trata de la cuarta persona atacada por un tiburón en las últimos 48 horas en Nueva Gales del Sur.
Dos personas fueron atacadas el lunes cuando surfeaban en playas del norte de Sídney y uno de ellos quedó en condición crítica.
Horas antes, un niño de 11 años logró escapar ileso cuando un tiburón mordió su tabla de surf.
La tarde del domingo, un menor de 12 años fue herido de gravedad por un tiburón cuando nadaba en una playa del puerto de Sídney y se encuentra hospitalizado en condiciones críticas.
Todas las playas del norte de esa ciudad australiana fueron cerradas hasta nuevo aviso, indicaron las autoridades.
Las fuertes lluvias han enturbiado el agua en la zona, lo que según los salvavidas crea condiciones propicias para la presencia de tiburones toro.
«Mejor vayan a una piscina local porque en este momento estamos avisando que las playas son inseguras», dijeron en su comunicado.
