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Indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar cárcel en Florida
Los inmigrantes indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar prisión en algunos casos, según la nueva ley SB 1718, la cual fue promulgada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
Esta norma es considerada la más estricta en asuntos migratorios en Estados Unidos, ya que podría perseguir penalmente, por ejemplo, a una madre que transporte a su hijo indocumentado a la escuela, o si el conductor de un autobús escolar sabe que el niño que traslada es indocumentado.
La norma tampoco reconoce las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados de otros estados, por lo que estas personas no podrán manejar en la entidad.
DeSantis firmó la polémica ley durante una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado, y bajo el lema “Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden”.
El republicano dijo que la ley que firmó hoy es en respuesta a lo que describió como “problema masivo en la frontera con México”.
El proyecto de ley de 43 páginas incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a “inmigrantes no autorizados”, entre muchas otras disposiciones que tratan de dificultar el asentamiento de personas sin autorización legal en ese territorio.
DeSantis arremetió contra la que definió como “dejadez” por parte de la Administración del presidente Joe Biden en materia migratoria, una “responsabilidad fallida desde el primer día de su gobierno”, dijo.
El gobernador, que en cualquier momento podría anunciar que participará en las primarias republicanas de las que saldrá el candidato presidencial en las elecciones de 2024, resaltó que Florida, desde el primer momento, ha tratado de “combatir los efectos de la política” de Biden.
Para contrarrestar esas políticas firmó el proyecto de ley SB 1718, una norma que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.
El gobernador señaló que ya es ilegal que los empleadores contraten a personas indocumentadas y que los nuevos requisitos contenidos en el proyecto de ley, particularmente el sistema E-Verify, ayudarán a fortalecer la aplicación de estas leyes.
E-Verify es un sistema basado en internet que permite a las empresas inscritas confirmar si sus potenciales empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
La norma establece también que transportar personas a Florida sin permiso migratorio es un delito punible con hasta 15 años de prisión, además de prohibir financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.
Elimina las exenciones de las matrículas educativas para estudiantes indocumentados, deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio (entre los que se incluye a los beneficiados con el programa federal DACA) y dota con 12 millones de dólares el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
Esta ley y sus disposiciones fueron hoy fuertemente criticadas por múltiples organizaciones comunitarias que las calificaron de “discriminatorias y potencialmente inconstitucionales”, cuyo “único propósito es infundir miedo en las comunidades de inmigrantes” de Florida.
“Florida está penalizando a los inmigrantes por tener la mala suerte de nacer en países que están en crisis y tener el coraje de buscar la paz y la prosperidad aquí”, dijo en un comunicado Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
“¿Realmente ha pensado el gobernador en lo que todo esto realmente le hará a las familias que solo intentan salir adelante?”, se preguntó Petit sobre una ley que una veintena de organizaciones tacharon de ser la normativa “antiinmigrante más extrema del país”.
Mariana Blanco, ejecutiva del Centro Maya-Guatemalteco, dijo, por su parte, que la mayor preocupación es “el temor que se le va a infundir a la población indocumentada a la hora de buscar y recibir servicios”. El gobernador “no debería jugar con la gente por su propia agenda política. Son personas. Esta es su mano de obra” y debería protegerla, agregó.
“Como alguien que llegó a EE.UU. como asilado político de Venezuela y luego se fue a Princeton y Oxford sé cuánto tienen para dar los inmigrantes a Florida y a la nación, si se nos da la oportunidad”, subrayó Samuel Vilchez, director en Florida de la American Business Inmigration Coalition.
DeSantis insistió en que el final del Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes, producirá un “tremendo desastre” en la frontera sur.
“El propio gobierno de Joe Biden ha señalado que se espera la llegada de cerca de 30.000 personas diarias”, apuntó el gobernador.
El director ejecutivo del Centro Comunitario Hope en Apopka (Florida), Felipe Souza-Lazaballet, dijo tras la firma de la norma que la agenda “antiinmigrante, antihumana y antilatina liderada por el gobernador Ron DeSantis supone una victoria sobre la vida de miles de floridanos que ahora tendrán que sufrir, e incluso pagar con sus vidas, por el bien de su carrera política”.
Dos personas resultaron heridas el jueves en un tiroteo en una universidad del estado de Virginia, sur de Estados Unidos, en el que murió el atacante, según informó la institución.
La Universidad Old Dominion afirmó en un comunicado que un hombre armado abrió fuego en un edificio en el campus en Norfolk, momento en el que hirió a dos personas. Las víctimas fueron trasladadas al hospital.
La institución indicó que la policía y personal de emergencia «respondieron de inmediato» y «el atacante falleció».
Las clases fueron suspendidas por el resto del día.
Los tiroteos escolares son frecuentes en Estados Unidos, donde el número de armas supera al de personas y las regulaciones incluso para comprar rifles de estilo militar son laxas.
El precio del petróleo opera este jueves cerca de los 100 dólares por barril y los mercados siguen incrementando sus pérdidas en la decimotercera jornada de guerra en Oriente Medio, marcada por nuevos ataques contra objetivos energéticos en el Golfo.
Hacia las 13H50 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte subía un 8,6% hasta los $99,89, tras haberse disparado a más de 100 USD durante la sesión en Asia.
Su equivalente estadounidense, el WTI, ganaba un 8,57% hasta los $94,73.
Los precios del petróleo siguen al alza pese al anuncio, el miércoles, de los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre ellos Estados Unidos, de liberar en el mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una cifra récord, para calmar la inquietud por la falta de suministro.
«En el lenguaje de los parqués, la liberación de reservas por parte de la AIE equivale a apuntar con una manguera de jardín hacia el incendio de una refinería», apunta Stephen Innes, gestor de SPI AM.
«El mercado cede brevemente y luego vuelve de inmediato a la valoración del verdadero problema», asegura el analista.
Irán lanzó este jueves una nueva oleada de ataques contra infraestructuras petroleras de los países del Golfo, tras haber atacado la víspera a dos petroleros.
Además, el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, pidió este jueves que se mantenga cerrado el estrecho de Ormuz durante su primera intervención pública.
En este contexto, las bolsas están bajo presión. En Wall Street, en las primeras operaciones tras la apertura, el Nasdaq perdía un 0,80%, el S&P 500 cedía un 0,80% y el Dow Jones un 1,25%.
En Europa, hacia las 13H40 GMT, la Bolsa de París perdía un 0,58%, Fráncfort un 0,40%, Londres retrocedía un 0,45% y Milán un 1,02%.
La guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ha tomado una dimensión regional, y amenaza el suministro mundial de petróleo al perturbar el tráfico en el estrecho de Ormuz, un punto de paso estratégico de crudo y gas.
Según la AIE, los países del Golfo han reducido su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios por el bloqueo de Ormuz, «la mayor perturbación» de suministro de la historia, indicó este jueves la agencia con sede en París.
España vivió sus meses de enero y febrero más lluviosos en casi medio siglo, con precipitaciones que dejaron varios muertos y obligaron el desalojo de un pueblo completo, informó este jueves la agencia estatal de meteorología Aemet.
«El conjunto de enero y febrero de 2026 ha sido el más lluvioso de los últimos 47 años, lo que indica el carácter extraordinario de estas lluvias», indicó en videoconferencia con periodistas el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.
Desde los últimos días de diciembre hasta «mediados de febrero», «tuvimos once borrascas con gran impacto que fueron llegando una tras otra a España, una cada cuatro o cinco días en promedio, y dejaron gran cantidad de lluvia y otros impactos como nevadas, viento intenso, temporal marítimo», señaló Del Campo.
Una de las más potentes fue la borrasca Leonardo, que afectó con dureza al municipio de Grazalema, donde cayó en solo unos días más lluvia de la que suele registrarse en un año, provocando que la localidad tuviera que ser totalmente evacuada ante el riesgo de derrumbes.
Dos personas murieron a causa de Leonardo.
La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas, que empiezan incluso antes del verano, y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.
De hecho, Del Campo dijo que detrás de la dureza de Leonardo puede verse «la huella del cambio climático», ya que un océano más caliente tiene más evaporación y una atmósfera igual más cálida retiene «mayor cantidad de vapor de agua», y, por ende, las lluvias son «más abundantes».
El portavoz recordó el informe publicado en febrero por la red de científicos de la World Weather Attribution (WWA), que sostuvo que el cambio climático intensificó las lluvias torrenciales que causaron decenas de muertos y miles de evacuados en España, Portugal y Marruecos en enero y febrero.
Portugal vivió su febrero más lluvioso de los últimos 47 años, indicó el martes la agencia meteorológica portuguesa (IPMA).
En España, este invierno fue «el octavo invierno consecutivo cálido o muy cálido (…) con temperaturas superiores a las normales», algo para lo que «no hay precedentes» en los registros de la Aemet, dijo Del Campo.
Por otro lado, el portavoz pronosticó «de un 50% a un 70% de probabilidad» de que la primavera que empieza este mes sea más cálida «de lo normal».
