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Judicial

Denuncian penalmente a la expresidenta del BFA y Banco Hipotecario Nora Miranda de López, por embargo ilegal

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La expresidenta del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y del Banco Hipotecario durante los Gobiernos del FMLN, Nora Mercedes Miranda de López, ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) que la Expresidenta por presuntamente cometer los delitos de Desobediencia de Particulares y Falsedad Ideológica.

De acuerdo a los abogados del empresario salvadoreño, Enrique Rais, la exfuncionaria introdujo documentos falsos, todo para evadir responsabilidad penal en el caso del embargo ilegal del Ingenio El Carmen, propiedad de Rais, quien por 21 años ha estado luchando para demostrar las fraudulentas acciones que cometieron los dirigentes de Arena y FMLN con fines políticos y económicos.

Según la demanda presentada el pasado 21 de mayo del presente año, los hechos se habrían registrado en el curso del proceso penal que las empresas dueñas del Ingenio “El Carmen”, llevan en contra de la imputada Nora Miranda de López y la persona que ejercía como Interventor de Caja del ingenio El Carmen Oscar Girón Ulloa por orden de la entidad bancaria gubernamental.

De acuerdo a los abogados, la señora Nora Miranda fue citada en calidad de acusada a la audiencia inicial, a la cual no compareció y solamente envió una constancia médica, sin embargo, la diligencia se instaló. Decretándose por el juez de paz que el caso pasara a la fase de instrucción, así como ordenando medidas sustitutivas a la detención para Nora Miranda, principalmente no cambiar de domicilio, no salir del país y llegar al juzgado a firmar los día
siete de cada mes. Todo eso le fue notificado por medio de su abogado defensor el 07 de febrero de 2022.

Sin embargo, consta en la denuncia a la cual este medio tuvo acceso que Nora Miranda no compareció a cumplir con la firma en el juzgado el 07 de marzo de este año, en su lugar el abogado Miguel Amador, su defensor particular presentó un escrito alegando razones médicas y presentando como prueba una constancia médica expedida por un médico guatemalteco en la ciudad de Mixco, Guatemala, a fecha 04 de marzo de 2022, es decir en tiempo que tenía restricción activa par salir del país.

Nuevamente la situación se repitió el 07 de abril de 2022, cuando el abogado defensor volvió a presentar escrito de justificación que acompaña de otra constancia de fecha 1º de abril de 2022 emitida por el mismo médico guatemalteco en la que recomienda que Nora Miranda no viaje por vía terrestre, aérea o marítima por mostrar secuelas desde su primera revisión los días 8 y 12 de enero de 2022, en que supuestamente dio positivo a COVID-19, en ambas fechas.

Entrevistado uno de los abogados denunciantes, dice que al confrontar las fechas advirtieron el incumplimiento de las medidas, ya que Nora Miranda tuvo restricción activa de salir del país desde el 07 de febrero al 19 de abril (ambas fechas de 2022); sin embargo presentó como causa de no poder asistir a cumpli con la firma en sede judicial constancias médicas expedidas en Guatemala, por un médico de ese país, en concreto el Dr. David Gordillo Quintana, de fechas 04 de marzo y 1º de abril (ambas fechas 2022) es decir que estaba incumpliendo las medidas vigentes en ese momento, lo que hicimos de conocimiento al juzgado de instrucción que lleva la causa.

De acuerdo al denunciante, luego que ellos advirtieron la situación, la Sra. Miranda de López compareció a firmar el 07 de mayo del presente año por primera vez, lo cual no borra los incumplimientos previos, sobre todo que se está hablando de fraudes en el expediente judicial, de confirmarse que desobedeció una orden judicial y que además presentó constancias falsas, ya que no se encontraba en la situación que en las mismas se manifiestan, sino que habrían sido elaboradas insertando información falsa para evadir su comparecencia.

Consta en la denuncia, que los hechos vertidos en la constancia no encajan en la realidad, pues de acuerdo al médico guatemalteco, David Gordillo Quintana, la Sra. Miranda de López dio positivo a COVID-19 en dos pruebas los días 08 y 12 de enero de 2022, manteniendo una situación grave en su salud que requería continuar con medidas preventivas de salud y exámenes complementarios por problemas de hipertensión arterial; no obstante, el documento es tan contradictorio con la realidad, que no advirtió Nora Miranda, que en el mismo expediente consta una Escritura de Poder Judicial otorgado por parte de ella en la ciudad de Charlotte, en los Estados Unidos de América, el 23 de enero de 2022.

¿Cómo es que estando en una grave crisis de COVID-19 que le imposibilitó estar en su audiencia y firmar en el juzgado en los meses de febrero, marzo y abril, no le dio problema para estar 11 días después de supuestamente haber dado positivo a COVID-19 en los Estados Unidos de América? Se preguntan los denunciantes.

Finalmente reiteran que la razón de hacer estas denuncias públicas, es evitar con la práctica de personas que antes como fueron parte de las estructuras de poder durante los gobiernos del FMLN, creen que pueden seguir manteniéndose en la impunidad, sobre todo cuando el actual caso donde Nora Miranda está acusada por los delitos de Administración Fraudulenta, Apropiación o Retención Indebida, Daños y Actos Arbitrarios, intentó ser engavetado por los Ex fiscales generales Douglas Meléndez y Raúl Melara, quienes omitieron la investigación con el fin de cerrarlo definitivamente, delito por los cuales se presentarán demandas penales en contra de ambos ex fiscales. Situación que se logró revertir después de ocho años de batalla legal.

Nora Miranda Mercedes de López, fungió como Presidenta del BFA, durante gran parte del Gobierno de Mauricio Funes y posteriormente durante el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén fue nombrada Presidenta del Banco Hipotecario. Este último Banco fue señalado dentro de las investigaciones de los casos de desfalco y corrupción en los que se vincula al Expresidente de la República Mauricio Funes, de facilitar el retiro de millonarias cantidades de dinero por una suma próxima a los US $351 Millones de dólares, por diversos mecanismos entre los que se encontraba el cambio de cheque en efectivo por fuertes sumas de dinero que eran retirados por empleados de Casa Presidencial en “bolsas negras de basura”. Por estos hechos ha sido procesado uno de los Expresidentes del Banco Hipotecario y se confirma una vez más que esta señora ex presidente de bancos estatales está acostumbrada a este tipo de prácticas fraudulentas, desafortunadamente para ella, los tiempos han cambiado y ahora se respeta la ley y se hace justicia en los tribunales.

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Condenan a mujer por tráfico de marihuana en Soyapango

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El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.

De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.

Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.

Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.

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En juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, declararán 130 testigos

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En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.

El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.

Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).

La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.

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Condenan por enriquecimiento ilícito al exdiputado Rodolfo Parker y su familia

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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.

El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76

En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.

En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.

Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.

En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.

Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.

Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.

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