Política
Corte de Cuentas, CEPA y ANDA exponen distribución de su presupuesto 2024
Desde el pasado 29 de septiembre que Jerson Posada entregara, por parte del Ministerio de Hacienda, el proyecto de Ley de General del Estado y la Ley de Salario para el ejercicio fiscal 2024, los diputados de la Comisión de Hacienda han laborado arduamente para el desarrollo del estudio del mismo.
Hoy, recibieron a tres funcionarios más para este fin: A Roxana Soriano, presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR); a Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA); y a Rubén Alemán, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Dicho presupuesto, que para el otro año asciende a $9,068.7 millones, es un instrumento que se utiliza para implementar las políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y mejoren el bienestar social de la población.
Este fue formulado de acuerdo con la visión del Presidente Nayib Bukele y contiene una asignación eficiente de los recursos, por lo que reafirma el compromiso de disciplina fiscal. Este año, Hacienda logró ejercer bien sus labores de recaudación de fondos con programas de anti evasión de impuestos y de anti corrupción.
CCR busca fiscalizar recursos públicos como lo mandata la Constitución
Para el próximo año, la Corte de Cuentas de la República (CCR) tendría destinado un total de $51, 754, 285 para que dicha institución pueda ejecutar los programas y proyectos que ha programado. Esto significa que ha tendido un aumento en su presupuesto, debido a que en este 2023 recibió $50, 448, 939.
De acuerdo a la presidenta del ente contralor, Roxana Soriano, dentro del plan anual operativo de dicha institución se encuentra el fortalecer la fiscalización institucional para el ejercicio 2024, mediante la optimización y modernización de los procesos misionales, continuar con la implementación de estándares internacionales en los procesos y apoyar el desarrollo de las competencias del talento humano.
Para el año entrante, la CCR tiene como meta auditar a todo el órgano Ejecutivo y a las 262 alcaldías que estarían finalizando su periodo como tal, puesto que tras las próximas elecciones estas serán reducidas por aprobación legislativa.
“Nunca se ha hecho una auditoría masiva a ese nivel, sin embargo considero que es posible y lo vamos a lograr”, explicó la funcionaria.
Informó que tienen la proyección de ejecutar 748 auditorías a instituciones que administren fondos públicos, aplicando la normativa técnica y legal y bajo la auditoría forense para garantizar el buen uso del dinero. Esto tendría un costo de $22, 815, 434, según lo estimado.
En esa misma línea, la directora Financiera de la CCR, Karla Guardado, dijo que el presupuesto destinado a esa cartera de Estado invierte, en su mayoría, en el área de las auditorías. Por ejemplo, este año el monto utilizado para ello fue de $22, 815, 434, lo que representa un 45% del total asignado.
Además, la titular Soriano comunicó a los legisladores que ha iniciado con un proceso de transformación interna, estamos modernizando todas las funciones, por lo que le hemos apostado a la digitalización, a la tecnología, a la capacitación de todo el talento humano, como los del área de auditoría y jurisdiccional.
“Esta nueva gestión está firmemente concentrada en garantizarles a todos los ciudadanos que la fiscalización se va a ejecutar de la manera como la misma Constitución de la República lo ordena”, aseguró Soriano.
Ante esto, el diputado Raúl Castillo dijo que la responsabilidad en la Corte de Cuentas es bastante grande y la percepción que ha tenido la población referente a ella es de corrupción, gracias a las malas gestiones que realizaron las anteriores administraciones.
“Esta nueva Corte de Cuentas está comprometida al rescate de la no corrupción. Estamos combatiendo todas las malas prácticas e incluso estamos colaborando con la Fiscalía General de la República en diferentes procesos”, le aseguró la presidenta Soriano.
CEPA: Desarrollo terrestre y aeroportuario del país
El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, también expuso sus propuestas de desarrollo para la entidad, la cual requiere de un presupuesto de $193,406,000 para el próximo año. La cifra representa un aumento de $10.7 millones.
Anliker explicó que el aumento del 6 % en el presupuesto 2024, en comparación al de 2023, justifica la inversión a los proyectos que permiten la rehabilitación de las defensas del muelle “B” en el Puerto de Acajutla, el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
“Esto implica un aumento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional y se prevé que para 2024 continúe en esta proyección”, dijo. La previsión de la autónoma para este año es tener un flujo de pasajeros que alcance los 4.2 millones y que se vería aumentada a 4.4 millones el próximo año.
“La carga marítima del Puerto de Acajutla ha ascendido y se espera lo mismo el próximo año, por ello vamos a modernizar y a ampliar toda la infraestructura”, añadió el presidente de CEPA.
Anliker también se refirió al Aeropuerto Internacional del Pacífico, del que dijo que ya se hicieron algunas compras de los terrenos, y de una inversión de $3.1 millones correspondientes a la titularización para las obras.
Para el legislador de la bancada cyan, Edgardo Mulato, los avances realizados por CEPA en sus diferentes dependencias están siendo evidenciados en el turismo.
“Los avances son visibles. El Salvador está siendo considerado como un destino turístico atractivo gracias a las mejoras en el clima de seguridad y la capacidad instalada. Nuestra meta es ser un país de primer mundo”, acotó Mulato.
Por su parte, su colega, Raúl Castillo, añadió que desde el inicio de gestión del Presidente Nayib Bukele la visión del país ha cambiado para mejorar, ya que se invierte en desarrollo para El Salvador, algo que durante décadas no se hizo. “El dinero que se apruebe en la Asamblea está llegando a las instituciones correspondientes para beneficiar a la población”.
Con respecto a los logros de este año, el presidente de CEPA destacó que en diciembre se espera poner la primera piedra para la terminal de registros y chequeos del Aeropuerto Internacional de El Salvador, la cual tendrá una inversión de $12 millones. “Con esto estaremos creciendo y desarrollándonos para un Aeropuerto Internacional de primer mundo”, acotó Anliker.
Para el cierre de 2023, la autónoma aseguró que espera un crecimiento del 4.5 % sobre las operaciones de las nuevas tarifas en el Puerto de Acajutla, además, un 10.2 % sobre las operaciones en el tarifario vigente en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Fortalecimiento del sector agua potable y saneamiento
El primer funcionario en presentar los proyectos a desarrollar en 2024, fue Rubén Alemán, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), quien indicó que el presupuesto para el próximo año será de $325,536,260. Este año le fueron asignados $295,680,350.
El presidente de esa institución detalló que el otro año, gracias al financiamiento de $100 millones del Banco Mundial, se llevará a cabo el “Programa de Resiliencia del Sector Hídrico de El Salvador”, el cual tiene por objetivo mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de suministro de agua diversas áreas del país.
Con dicho programa, 720,000 personas serán beneficiadas con mejoras en el sistema. Además aseguró que se aumentará el volumen de agua generada, cuya pérdida alcanza el 60 %; igualmente se busca una mejor gestión administrativa, la respuesta inmediata ante emergencias y el fortalecimiento institucional.
“El presupuesto brindará mejoras en el sistema de saneamiento y el acceso al agua para la población, el cambio gradual de las tuberías en algunas zonas del país, donde estas datan de hace 60 años”, mencionó el presidente de ANDA.
Alemán añadió que, en un promedio de cinco años, se tendrá una mejora en el sistema de agua en el país lo que beneficiará 450,000 salvadoreños que tendrán acceso al agua, y un 30 % de mejora en la cobertura en el área de San Salvador, que beneficiará a 120,000 hogares.
En el presupuesto para el próximo año también se prevé la incorporación de $46 millones para el pago de deuda adquirida en 2015 por gobiernos anteriores.
Por su parte, el diputado de Nuevas Ideas, Raúl Castillo destacó que dicha deuda ha sido el reflejo del por qué el sistema de agua en el país no ha mejorado en décadas.
“Esos $46 millones se debieron de haber visto reflejado en la nueva apertura de pozos, pero no se hizo nada y esto significa que los salvadoreños vamos a pagar ese dinero que se robó el FMLN, y es dinero que no se puede inyectar a educación, a salud”, añadió el parlamentario.
El presidente de ANDA destacó que, pese al despilfarro realizado por administraciones anteriores, con la visión del Presidente Nayib Bukele, “hoy, la institución está trabajando para solventar la demanda de agua potable del pueblo salvadoreño y continuamos con más proyectos”.
“En 2023, vamos a cerrar muy bien en lugares donde hay un estrés hídrico muy demandante y que se espera solucionar para el próximo año. Habrá un incremento en producción, ya que se han perforado y rehabilitado pozos beneficiando a más de 53,000 familias”, dijo Alemán.
El funcionario destacó que el 4 de diciembre se colocará la primera piedra en la planta potabilizadora del lago de Ilopango, que tendrá un costo de $40 millones y es una donación del gobierno de China.
ANDA está presente en 168 de 264 distritos del país, esto equivale al 64 % de cobertura y 900 mil acometidas, “pero hay mucho que hacer, principalmente en el sector rural, donde por décadas hubo un abandono total”, explicó.
Foto: Cortesía
El concejo municipal de San Miguel Centro aprobó un incremento en los salarios de sus miembros y de cinco de los seis jefes de los distritos que lo conforman, a partir de 2025, según confirmó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la alcaldía.
El alcalde Alex Torres, del partido PDC, ha visto un aumento de su salario de $4,200 a $6,000, lo que representa un incremento de $1,800. Sin embargo, en una publicación de Facebook del 3 de mayo de 2024, Torres había prometido que no habría aumentos salariales para él, el síndico ni los concejales, afirmando que era necesario actuar con responsabilidad y coherencia. “Ese fue un acuerdo que tomé junto a mis concejales y mi equipo técnico desde la campaña”, declaró en ese momento.
El síndico también experimentó un aumento significativo, pasando de $2,500 a $4,000, un incremento de $1,500. Por su parte, los concejales, que recibían $328.57 por reunión, ahora obtendrán $500, pasando de $1,314.29 a $2,000 mensuales, con un máximo de cuatro sesiones al mes.
En cuanto a los salarios de los directores de distrito, el director de Chirilagua pasó de $1,200 a $1,700, mientras que el de Moncagua aumentó de $1,200 a $1,600. Los directores de Comacarán y Uluazapa, que recibían $900, ahora ganan $1,000, y el de Quelepa pasó a $1,300. Cabe destacar que el director del distrito de San Miguel no recibió aumento, manteniendo un salario de $2,000.
La administración municipal emitió un comunicado de prensa el 14 de marzo de 2025, donde se justificó el aumento salarial con la promesa de reducir gastos del concejo anterior para destinar esos fondos a obras y proyectos comunitarios. Se mencionó que el concejo anterior gastaba $28,000 anuales en alimentación y otros costos asociados, mientras que la nueva administración ha eliminado estos gastos, así como el uso de vehículos y combustibles municipales por parte de los funcionarios.
La polémica sobre los aumentos salariales en el concejo municipal de San Miguel Centro continúa generando reacciones entre la ciudadanía y los partidos políticos.
El Consejo Nacional del Partido Político Nuevas Ideas ha decidido expulsar de forma inmediata al alcalde José María Chicas, medida respaldada por su Comité de Ética. La decisión responde a la mala administración del edil y a su inacción frente a problemas urgentes en el municipio, destacando la insatisfactoria gestión del refugio en Ilopango, calificada como inaceptable.
A raíz de esta situación, el partido solicita urgentemente al Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador Este la destitución inmediata de Chicas de su cargo. Nuevas Ideas reitera su compromiso con la transformación de las comunidades y el bienestar de la ciudadanía, subrayando que continuará supervisando que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente y transparente.
Nacionales -deportes
Ley para prevenir dopaje en el deporte garantizará competiciones en igualdad de condiciones
La salud de los deportistas y las prácticas éticas en las distintas disciplinas son un tema prioritario para el Órgano Legislativo.
Por esa razón, los legisladores aprobaron la creación de la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje, cuyo objetivo es establecer el marco legal para la prevención y lucha contra el dopaje en el deporte nacional.
La normativa está ligada a los compromisos internacionales asumidos por El Salvador para garantizar el desarrollo de competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptación a las capacidades naturales de los participantes, evitando su adulteración mediante el uso de sustancias o métodos prohibidos.
Las disposiciones plasmadas en la normativa se interpretarán de acuerdo con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje, los estándares internacionales aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), así como cualquier otro reglamento internacional, aplicable en esta materia.
“Estamos aquí para respaldar este esfuerzo con leyes que protejan a nuestros deportistas y promuevan un ambiente de sana competencia. Tener una Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje es crucial para garantizar que nuestros atletas puedan competir de una manera justa, saludable y en igualdad de condiciones”, afirmó la diputada Sharon Salazar.
Agregó que valores como la ética deportiva, la igualdad de condiciones de los atletas y su integridad rigen esta normativa.
Por su parte, el parlamentario Raúl Chamagua destacó la importancia de contar con esta ley, porque El Salvador no tenía regulado el tema del dopaje deportivo, pese a que el país se encuentra suscrito a acuerdos internacionales en este tema y corría el riesgo de ser sancionado.
El legislador señaló que con la nueva ley se protegerá la salud de los atletas, se reafirmará la posición del país en contra de cualquier acción que atente contra la esencia del deporte, se envía un mensaje de cambio y compromiso y sobre todo se fomenta una cultura de prevención.
Organización Nacional Antidopaje de El Salvador
La nueva ley contempla la creación de la Organización Nacional Antidopaje de El Salvador (ONAD-ESA) como el máximo órgano técnico nacional con competencias en la prevención, control y sanción del dopaje en el deporte nacional.
La ONAD-ESA estará compuesta por un Comité Supervisor; un gerente general; un Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia, responsable de conocer los procedimientos sobre el cometimiento de las infracciones a las normas antidopaje y garantizar el debido proceso, así como por una Comisión de Atletas que colaborará en la formulación de políticas de prevención y antidopaje en el deporte.
Esta será una entidad desconcentrada del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), con independencia técnica, administrativa y operativa, con el propósito de promover acciones destinadas a garantizar el cumplimiento del principio de juego limpio, el respeto a las normas que rigen el deporte, a los demás competidores y la protección de la salud de quienes participan directa o indirectamente en torneos o eventos deportivos.
Entre sus principales funciones se encuentran las de prevenir, controlar y sancionar el dopaje a escala nacional, además de emitir los reglamentos internos que considere necesarios para garantizar su correcto funcionamiento; promover la investigación antidopaje y la implementación de programas educativos y campañas de divulgación sobre los peligros de esta práctica negativa que atenta la salud y los valores éticos y morales del deporte.
Violaciones de las normas antidopaje
Entre las violaciones a las normas antidopaje se encuentran la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista; el uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido; así como el evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la toma de muestras.
También se considerará una falta la manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje que haga un deportista u otra persona; además de la posesión de una sustancia o método prohibido del deportista o de su personal de apoyo.
Entre otras de las faltas se incluyen el tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia o método prohibido; la administración, o intento de esto, a un deportista durante o fuera de una competición y cualquier tipo de complicidad o intento de esta.
