Política
Corte de Cuentas, CEPA y ANDA exponen distribución de su presupuesto 2024
Desde el pasado 29 de septiembre que Jerson Posada entregara, por parte del Ministerio de Hacienda, el proyecto de Ley de General del Estado y la Ley de Salario para el ejercicio fiscal 2024, los diputados de la Comisión de Hacienda han laborado arduamente para el desarrollo del estudio del mismo.
Hoy, recibieron a tres funcionarios más para este fin: A Roxana Soriano, presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR); a Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA); y a Rubén Alemán, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Dicho presupuesto, que para el otro año asciende a $9,068.7 millones, es un instrumento que se utiliza para implementar las políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y mejoren el bienestar social de la población.
Este fue formulado de acuerdo con la visión del Presidente Nayib Bukele y contiene una asignación eficiente de los recursos, por lo que reafirma el compromiso de disciplina fiscal. Este año, Hacienda logró ejercer bien sus labores de recaudación de fondos con programas de anti evasión de impuestos y de anti corrupción.
CCR busca fiscalizar recursos públicos como lo mandata la Constitución
Para el próximo año, la Corte de Cuentas de la República (CCR) tendría destinado un total de $51, 754, 285 para que dicha institución pueda ejecutar los programas y proyectos que ha programado. Esto significa que ha tendido un aumento en su presupuesto, debido a que en este 2023 recibió $50, 448, 939.
De acuerdo a la presidenta del ente contralor, Roxana Soriano, dentro del plan anual operativo de dicha institución se encuentra el fortalecer la fiscalización institucional para el ejercicio 2024, mediante la optimización y modernización de los procesos misionales, continuar con la implementación de estándares internacionales en los procesos y apoyar el desarrollo de las competencias del talento humano.
Para el año entrante, la CCR tiene como meta auditar a todo el órgano Ejecutivo y a las 262 alcaldías que estarían finalizando su periodo como tal, puesto que tras las próximas elecciones estas serán reducidas por aprobación legislativa.
“Nunca se ha hecho una auditoría masiva a ese nivel, sin embargo considero que es posible y lo vamos a lograr”, explicó la funcionaria.
Informó que tienen la proyección de ejecutar 748 auditorías a instituciones que administren fondos públicos, aplicando la normativa técnica y legal y bajo la auditoría forense para garantizar el buen uso del dinero. Esto tendría un costo de $22, 815, 434, según lo estimado.
En esa misma línea, la directora Financiera de la CCR, Karla Guardado, dijo que el presupuesto destinado a esa cartera de Estado invierte, en su mayoría, en el área de las auditorías. Por ejemplo, este año el monto utilizado para ello fue de $22, 815, 434, lo que representa un 45% del total asignado.
Además, la titular Soriano comunicó a los legisladores que ha iniciado con un proceso de transformación interna, estamos modernizando todas las funciones, por lo que le hemos apostado a la digitalización, a la tecnología, a la capacitación de todo el talento humano, como los del área de auditoría y jurisdiccional.
“Esta nueva gestión está firmemente concentrada en garantizarles a todos los ciudadanos que la fiscalización se va a ejecutar de la manera como la misma Constitución de la República lo ordena”, aseguró Soriano.
Ante esto, el diputado Raúl Castillo dijo que la responsabilidad en la Corte de Cuentas es bastante grande y la percepción que ha tenido la población referente a ella es de corrupción, gracias a las malas gestiones que realizaron las anteriores administraciones.
“Esta nueva Corte de Cuentas está comprometida al rescate de la no corrupción. Estamos combatiendo todas las malas prácticas e incluso estamos colaborando con la Fiscalía General de la República en diferentes procesos”, le aseguró la presidenta Soriano.
CEPA: Desarrollo terrestre y aeroportuario del país
El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, también expuso sus propuestas de desarrollo para la entidad, la cual requiere de un presupuesto de $193,406,000 para el próximo año. La cifra representa un aumento de $10.7 millones.
Anliker explicó que el aumento del 6 % en el presupuesto 2024, en comparación al de 2023, justifica la inversión a los proyectos que permiten la rehabilitación de las defensas del muelle “B” en el Puerto de Acajutla, el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
“Esto implica un aumento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional y se prevé que para 2024 continúe en esta proyección”, dijo. La previsión de la autónoma para este año es tener un flujo de pasajeros que alcance los 4.2 millones y que se vería aumentada a 4.4 millones el próximo año.
“La carga marítima del Puerto de Acajutla ha ascendido y se espera lo mismo el próximo año, por ello vamos a modernizar y a ampliar toda la infraestructura”, añadió el presidente de CEPA.
Anliker también se refirió al Aeropuerto Internacional del Pacífico, del que dijo que ya se hicieron algunas compras de los terrenos, y de una inversión de $3.1 millones correspondientes a la titularización para las obras.
Para el legislador de la bancada cyan, Edgardo Mulato, los avances realizados por CEPA en sus diferentes dependencias están siendo evidenciados en el turismo.
“Los avances son visibles. El Salvador está siendo considerado como un destino turístico atractivo gracias a las mejoras en el clima de seguridad y la capacidad instalada. Nuestra meta es ser un país de primer mundo”, acotó Mulato.
Por su parte, su colega, Raúl Castillo, añadió que desde el inicio de gestión del Presidente Nayib Bukele la visión del país ha cambiado para mejorar, ya que se invierte en desarrollo para El Salvador, algo que durante décadas no se hizo. “El dinero que se apruebe en la Asamblea está llegando a las instituciones correspondientes para beneficiar a la población”.
Con respecto a los logros de este año, el presidente de CEPA destacó que en diciembre se espera poner la primera piedra para la terminal de registros y chequeos del Aeropuerto Internacional de El Salvador, la cual tendrá una inversión de $12 millones. “Con esto estaremos creciendo y desarrollándonos para un Aeropuerto Internacional de primer mundo”, acotó Anliker.
Para el cierre de 2023, la autónoma aseguró que espera un crecimiento del 4.5 % sobre las operaciones de las nuevas tarifas en el Puerto de Acajutla, además, un 10.2 % sobre las operaciones en el tarifario vigente en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Fortalecimiento del sector agua potable y saneamiento
El primer funcionario en presentar los proyectos a desarrollar en 2024, fue Rubén Alemán, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), quien indicó que el presupuesto para el próximo año será de $325,536,260. Este año le fueron asignados $295,680,350.
El presidente de esa institución detalló que el otro año, gracias al financiamiento de $100 millones del Banco Mundial, se llevará a cabo el “Programa de Resiliencia del Sector Hídrico de El Salvador”, el cual tiene por objetivo mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de suministro de agua diversas áreas del país.
Con dicho programa, 720,000 personas serán beneficiadas con mejoras en el sistema. Además aseguró que se aumentará el volumen de agua generada, cuya pérdida alcanza el 60 %; igualmente se busca una mejor gestión administrativa, la respuesta inmediata ante emergencias y el fortalecimiento institucional.
“El presupuesto brindará mejoras en el sistema de saneamiento y el acceso al agua para la población, el cambio gradual de las tuberías en algunas zonas del país, donde estas datan de hace 60 años”, mencionó el presidente de ANDA.
Alemán añadió que, en un promedio de cinco años, se tendrá una mejora en el sistema de agua en el país lo que beneficiará 450,000 salvadoreños que tendrán acceso al agua, y un 30 % de mejora en la cobertura en el área de San Salvador, que beneficiará a 120,000 hogares.
En el presupuesto para el próximo año también se prevé la incorporación de $46 millones para el pago de deuda adquirida en 2015 por gobiernos anteriores.
Por su parte, el diputado de Nuevas Ideas, Raúl Castillo destacó que dicha deuda ha sido el reflejo del por qué el sistema de agua en el país no ha mejorado en décadas.
“Esos $46 millones se debieron de haber visto reflejado en la nueva apertura de pozos, pero no se hizo nada y esto significa que los salvadoreños vamos a pagar ese dinero que se robó el FMLN, y es dinero que no se puede inyectar a educación, a salud”, añadió el parlamentario.
El presidente de ANDA destacó que, pese al despilfarro realizado por administraciones anteriores, con la visión del Presidente Nayib Bukele, “hoy, la institución está trabajando para solventar la demanda de agua potable del pueblo salvadoreño y continuamos con más proyectos”.
“En 2023, vamos a cerrar muy bien en lugares donde hay un estrés hídrico muy demandante y que se espera solucionar para el próximo año. Habrá un incremento en producción, ya que se han perforado y rehabilitado pozos beneficiando a más de 53,000 familias”, dijo Alemán.
El funcionario destacó que el 4 de diciembre se colocará la primera piedra en la planta potabilizadora del lago de Ilopango, que tendrá un costo de $40 millones y es una donación del gobierno de China.
ANDA está presente en 168 de 264 distritos del país, esto equivale al 64 % de cobertura y 900 mil acometidas, “pero hay mucho que hacer, principalmente en el sector rural, donde por décadas hubo un abandono total”, explicó.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
