Política
Henry Campos: “Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker podrían ser llamados por Fiscalía española a juicio o proceso especial”
El expresidente de la República Alfredo Cristiani y el diputado democristiano Rodolfo Parker podrían ser llamados a juicio en España si la justicia de ese país los requiere por ser involucrados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras el 16 de noviembre de 1989, asegura el abogado Henry Campos.
Los nombres de Cristiani y de Parker saltaron en el juicio que en España se sigue contra el coronel Inocente Orlando Montano, único militar salvadoreño que está en el banquillo de los acusados por el crimen de los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amando López, del cura salvadoreño Joaquín López y López, como también de Elba Ramos y su hija Celina Ramos, de 16 años de edad.
En entrevista de Radio YSUCA 91.7, el profesional en derecho se refirió a que Cristiani y Parker podrían ser requeridos por la Fiscalía española ya que han sido señalados como responsables directos en algunos de los hechos que sucedieron antes y después del asesinato de los sacerdotes y sus dos colaboradoras.
En ese sentido, Campos explicó que por lo que se ha conocido en el juicio contra Inocente Montano, “Alfredo Cristiani ha tenido alguna responsabilidad por haber sido el comandante general de la Fuerza Armada y que por ello la justicia de España le puede instalar una audiencia en su contra”.
En el juicio ha desfilado suficiente información de testigos que también involucran como responsables directos a los militares René Emilio Ponce, Carlos Humberto Larios y Juan Orlando Zepeda, quienes también son señalados como violadores de los derechos humanos en la época del conflicto armado.
Henry Campos manifestó que el general y actual diputado del partido ARENA Mauricio Ernesto Vargas, ha declarado a favor de la parte interesada porque perteneció al Ejército y busca encubrir a sus compañeros de armas, de las actuaciones que realizó La Tandona y en particular, las acciones que cometió el coronel Inocente Orlando Montano, que de resultar culpable puede recibir una condena de 150 años de cárcel.
En esa misma línea, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), José María Tojeira, recalcó que las declaraciones del general Vargas no coinciden con las declaraciones de los testigos, y está a favor de los acusados
“Por todos es conocido que un buen número de La Tandona eran violadores de derechos humanos. Los responsables fueron los del alto mando de la Fuerza Armada y el proceso contra el coronel Montano por la masacre de la UCA es un estímulo para lograr justicia por ese caso”, sentenció Tojeira.
También manifestó, que es necesario que exista una Ley de Justicia Transicional que implique la persecución del delito, la verdad de los hechos y finalmente una condena contra los implicados.
Sin embargo, detalló que los gobiernos les temen a los militares y que por ese motivo no se abren los archivos, aunque reconoce que hoy día hay un menor abuso de los militares en comparación de los cometidos en el pasado.
Concluyó diciendo que un paso fundamental dentro de la Fuerza Armada sería que un civil estuviera al frente del Ministerio de Defensa.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.
«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
