Política
Henry Campos: “Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker podrían ser llamados por Fiscalía española a juicio o proceso especial”
El expresidente de la República Alfredo Cristiani y el diputado democristiano Rodolfo Parker podrían ser llamados a juicio en España si la justicia de ese país los requiere por ser involucrados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras el 16 de noviembre de 1989, asegura el abogado Henry Campos.
Los nombres de Cristiani y de Parker saltaron en el juicio que en España se sigue contra el coronel Inocente Orlando Montano, único militar salvadoreño que está en el banquillo de los acusados por el crimen de los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amando López, del cura salvadoreño Joaquín López y López, como también de Elba Ramos y su hija Celina Ramos, de 16 años de edad.
En entrevista de Radio YSUCA 91.7, el profesional en derecho se refirió a que Cristiani y Parker podrían ser requeridos por la Fiscalía española ya que han sido señalados como responsables directos en algunos de los hechos que sucedieron antes y después del asesinato de los sacerdotes y sus dos colaboradoras.
En ese sentido, Campos explicó que por lo que se ha conocido en el juicio contra Inocente Montano, “Alfredo Cristiani ha tenido alguna responsabilidad por haber sido el comandante general de la Fuerza Armada y que por ello la justicia de España le puede instalar una audiencia en su contra”.
En el juicio ha desfilado suficiente información de testigos que también involucran como responsables directos a los militares René Emilio Ponce, Carlos Humberto Larios y Juan Orlando Zepeda, quienes también son señalados como violadores de los derechos humanos en la época del conflicto armado.
Henry Campos manifestó que el general y actual diputado del partido ARENA Mauricio Ernesto Vargas, ha declarado a favor de la parte interesada porque perteneció al Ejército y busca encubrir a sus compañeros de armas, de las actuaciones que realizó La Tandona y en particular, las acciones que cometió el coronel Inocente Orlando Montano, que de resultar culpable puede recibir una condena de 150 años de cárcel.
En esa misma línea, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), José María Tojeira, recalcó que las declaraciones del general Vargas no coinciden con las declaraciones de los testigos, y está a favor de los acusados
“Por todos es conocido que un buen número de La Tandona eran violadores de derechos humanos. Los responsables fueron los del alto mando de la Fuerza Armada y el proceso contra el coronel Montano por la masacre de la UCA es un estímulo para lograr justicia por ese caso”, sentenció Tojeira.
También manifestó, que es necesario que exista una Ley de Justicia Transicional que implique la persecución del delito, la verdad de los hechos y finalmente una condena contra los implicados.
Sin embargo, detalló que los gobiernos les temen a los militares y que por ese motivo no se abren los archivos, aunque reconoce que hoy día hay un menor abuso de los militares en comparación de los cometidos en el pasado.
Concluyó diciendo que un paso fundamental dentro de la Fuerza Armada sería que un civil estuviera al frente del Ministerio de Defensa.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
