Política
Henry Campos: “Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker podrían ser llamados por Fiscalía española a juicio o proceso especial”
El expresidente de la República Alfredo Cristiani y el diputado democristiano Rodolfo Parker podrían ser llamados a juicio en España si la justicia de ese país los requiere por ser involucrados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras el 16 de noviembre de 1989, asegura el abogado Henry Campos.
Los nombres de Cristiani y de Parker saltaron en el juicio que en España se sigue contra el coronel Inocente Orlando Montano, único militar salvadoreño que está en el banquillo de los acusados por el crimen de los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amando López, del cura salvadoreño Joaquín López y López, como también de Elba Ramos y su hija Celina Ramos, de 16 años de edad.
En entrevista de Radio YSUCA 91.7, el profesional en derecho se refirió a que Cristiani y Parker podrían ser requeridos por la Fiscalía española ya que han sido señalados como responsables directos en algunos de los hechos que sucedieron antes y después del asesinato de los sacerdotes y sus dos colaboradoras.
En ese sentido, Campos explicó que por lo que se ha conocido en el juicio contra Inocente Montano, “Alfredo Cristiani ha tenido alguna responsabilidad por haber sido el comandante general de la Fuerza Armada y que por ello la justicia de España le puede instalar una audiencia en su contra”.
En el juicio ha desfilado suficiente información de testigos que también involucran como responsables directos a los militares René Emilio Ponce, Carlos Humberto Larios y Juan Orlando Zepeda, quienes también son señalados como violadores de los derechos humanos en la época del conflicto armado.
Henry Campos manifestó que el general y actual diputado del partido ARENA Mauricio Ernesto Vargas, ha declarado a favor de la parte interesada porque perteneció al Ejército y busca encubrir a sus compañeros de armas, de las actuaciones que realizó La Tandona y en particular, las acciones que cometió el coronel Inocente Orlando Montano, que de resultar culpable puede recibir una condena de 150 años de cárcel.
En esa misma línea, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), José María Tojeira, recalcó que las declaraciones del general Vargas no coinciden con las declaraciones de los testigos, y está a favor de los acusados
“Por todos es conocido que un buen número de La Tandona eran violadores de derechos humanos. Los responsables fueron los del alto mando de la Fuerza Armada y el proceso contra el coronel Montano por la masacre de la UCA es un estímulo para lograr justicia por ese caso”, sentenció Tojeira.
También manifestó, que es necesario que exista una Ley de Justicia Transicional que implique la persecución del delito, la verdad de los hechos y finalmente una condena contra los implicados.
Sin embargo, detalló que los gobiernos les temen a los militares y que por ese motivo no se abren los archivos, aunque reconoce que hoy día hay un menor abuso de los militares en comparación de los cometidos en el pasado.
Concluyó diciendo que un paso fundamental dentro de la Fuerza Armada sería que un civil estuviera al frente del Ministerio de Defensa.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
