Política
Exdiputada de ARENA, Mariela Peña Pinto, se desliga de organización que fundó y recibió $559,100 de fondos públicos
Con frescura y aludiendo desconocimiento, la exdiputada de ARENA, Mariela Peña Pinto, se desligó de haber pertenecido a la Junta Directiva de la Fundación Nacional de Arqueología (FUNDAR), organización que creó en 1996 y que en cinco años recibió $559,100 provenientes de fondos públicos.
“Los parques estaban tirados, había qué hacer algo por ellos”, comentó Peña Pinto, ante los diputados de la Comisión Especial que investiga el destino final de los fondos entregados a diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG). “Yo fui fundadora y una vez se fundó me olvidé (de la organización)”, agregó la exlegisladora, quien representó al departamento de San Salvador durante 18 años bajo la bandera del tricolor.
La secretaria de profesión integró durante varios periodos la Comisión de Hacienda, específicamente de 2009 a 2015. En esa junta de labores, Peña Pinto desempeñó el papel de vocal y el de secretaria.
De acuerdo a los registros, FUNDAR (que se encargaría de conservar los Parques arqueológicos de Cihuatán, Joya de Cerén, San Andrés, Tazumal y Casa Blanca) recibió un monto total de $559,100, mismos que se detallan de la siguiente manera:
En el año 2005, la organización recibió $85 mil; en 2006, $92,700; mientras que en 2007, $100, 700; en 2008,$100, 700; y en 2009, la fundación obtuvo un incremento monetario proveniente de fondos público al recibir$180 mil.
En ese año (2009), Peña Pinto votó por el Presupuesto General de la Nación -que se erogó en el 2010- “sin saber” que iban los $180 mil directos a FUNDAR, debido a que “no puso atención” a la distribución monetaria, según argumentó ante el diputado Caleb Navarro.
“No le puse atención (al presupuesto)”, aseveró la exdiputada. “Además, según yo ya no pertenecía a la fundación”, dijo, pese a que legalmente estaba inscrita como protesorera. Es decir, como la persona que colabora estrechamente con el tesorero y que incluso puede sustituirlo en sus funciones.
“Pertenecí como fundadora, pero nunca volví a regresar. Nunca fungí (como protesorera)”, indicó Peña Pinto. “Acabo de saber que estaba en una Junta Directiva y por no llegar me sacaron”, comentó.
Ante esto, la diputada de la Comisión Especial Lorena Fuentes determinó que estas acciones de la emisión monetaria por parte de las anteriores legislaturas formaron parte de un conflicto de interés.
Además de la hoy exdiputada del tricolor, FUNDAR era integrado por miembros fundadores de alto renombre en el país, como el dueño de El Diario de Hoy, Enrique Altamirano, y el exministro de Economía del gobierno de Francisco Flores, Miguel Lacayo.
Peña Pinto ingresó a la Asamblea Legislativa en 1992, como asesora de quien era el presidente de esa institución pública, Roberto Angulo. En 1997, ella inició sus labores como diputada y finalizó su papel como tal en 2015.
A lo largo de ese extenso periodo, la integrante de ARENA perteneció a diversas juntas: A la Comisión de Hacienda, a la de la Mujer y la Niñez, a la de Reformas Electorales y Constitucionales y a la de Asuntos Municipales.
La llamada extraña del extécnico de la Comisión de Hacienda
A unos minutos de haber iniciado la sesión de la Comisión Especial, Mariela Peña Pinto recibió una llamada a su celular del extécnico de la Comisión de Hacienda, Noel Orellana. Misma que no fue recibida por la exdiputada de ARENA.
El hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien también fue gerente legislativo, fue citado el pasado 23 de junio para comparecer ante los diputados que investigan la emisión de fondos a las ONG y en esa sesión declaró que se hacían negociaciones fuera de las juntas de trabajo, en los pasillos precisamente.
En ese momento, Orellana reconoció que les advirtió a cuatro expresidentes de esa instancia legislativa sobre la ilegalidad de que se les transfirieran fondos públicos a Organizaciones No Gubernamentales.
El extécnico aseguró que esa advertencia le fue hecha a los entonces presidentes de la comisión de Hacienda: Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, (ARENA); Julio Gamero, (ARENA); Gerson Martínez (FMLN) y Lorena Peña (FMLN).
“El nombre de Lorena Peña sale a relucir por manejar las colas presupuestarias, porque no se manejaba un criterio legal para la inversión de los mismos”, comentó la diputada Rivas, a quien le pareció curiosa la llamada telefónica.
El exempleado legislativo, quien laboró por más de 30 años en la institución, también reconoció en ese momento que no había un orden jurídico que avalará las acciones de recursos a las onegés.
Los salvatajes bancarios para Funes y Cerén
Mariela Peña Pinto no puso atención a la distribución del presupuesto, pero levantó su mano para aprobarlo e incluso –aseguró- en ese momento se le otorgó un salvataje bancario al gobierno del expresidente de la República, Mauricio Funes.
“Se le dio el salvataje al gobierno de Funes y también al de (Salvador) Sánchez Cerén”, comentó la miembro del partido ARENA a los diputados de la Comisión Especial.
Esas palabras fueron cuestionadas por la presidenta de la junta, Alexia Rivas, debido a que la legislatura anterior le negó apoyo al actual mandatario, Nayib Bukele, cuando solicitó ayuda por diversas temáticas, como la aprobación de fondos para las diversas etapas del “Plan Control Territorial” y para apalear la pandemia generada por la COVID-19.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
