Política
Exdiputada de ARENA, Mariela Peña Pinto, se desliga de organización que fundó y recibió $559,100 de fondos públicos
Con frescura y aludiendo desconocimiento, la exdiputada de ARENA, Mariela Peña Pinto, se desligó de haber pertenecido a la Junta Directiva de la Fundación Nacional de Arqueología (FUNDAR), organización que creó en 1996 y que en cinco años recibió $559,100 provenientes de fondos públicos.
“Los parques estaban tirados, había qué hacer algo por ellos”, comentó Peña Pinto, ante los diputados de la Comisión Especial que investiga el destino final de los fondos entregados a diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG). “Yo fui fundadora y una vez se fundó me olvidé (de la organización)”, agregó la exlegisladora, quien representó al departamento de San Salvador durante 18 años bajo la bandera del tricolor.
La secretaria de profesión integró durante varios periodos la Comisión de Hacienda, específicamente de 2009 a 2015. En esa junta de labores, Peña Pinto desempeñó el papel de vocal y el de secretaria.
De acuerdo a los registros, FUNDAR (que se encargaría de conservar los Parques arqueológicos de Cihuatán, Joya de Cerén, San Andrés, Tazumal y Casa Blanca) recibió un monto total de $559,100, mismos que se detallan de la siguiente manera:
En el año 2005, la organización recibió $85 mil; en 2006, $92,700; mientras que en 2007, $100, 700; en 2008,$100, 700; y en 2009, la fundación obtuvo un incremento monetario proveniente de fondos público al recibir$180 mil.
En ese año (2009), Peña Pinto votó por el Presupuesto General de la Nación -que se erogó en el 2010- “sin saber” que iban los $180 mil directos a FUNDAR, debido a que “no puso atención” a la distribución monetaria, según argumentó ante el diputado Caleb Navarro.
“No le puse atención (al presupuesto)”, aseveró la exdiputada. “Además, según yo ya no pertenecía a la fundación”, dijo, pese a que legalmente estaba inscrita como protesorera. Es decir, como la persona que colabora estrechamente con el tesorero y que incluso puede sustituirlo en sus funciones.
“Pertenecí como fundadora, pero nunca volví a regresar. Nunca fungí (como protesorera)”, indicó Peña Pinto. “Acabo de saber que estaba en una Junta Directiva y por no llegar me sacaron”, comentó.
Ante esto, la diputada de la Comisión Especial Lorena Fuentes determinó que estas acciones de la emisión monetaria por parte de las anteriores legislaturas formaron parte de un conflicto de interés.
Además de la hoy exdiputada del tricolor, FUNDAR era integrado por miembros fundadores de alto renombre en el país, como el dueño de El Diario de Hoy, Enrique Altamirano, y el exministro de Economía del gobierno de Francisco Flores, Miguel Lacayo.
Peña Pinto ingresó a la Asamblea Legislativa en 1992, como asesora de quien era el presidente de esa institución pública, Roberto Angulo. En 1997, ella inició sus labores como diputada y finalizó su papel como tal en 2015.
A lo largo de ese extenso periodo, la integrante de ARENA perteneció a diversas juntas: A la Comisión de Hacienda, a la de la Mujer y la Niñez, a la de Reformas Electorales y Constitucionales y a la de Asuntos Municipales.
La llamada extraña del extécnico de la Comisión de Hacienda
A unos minutos de haber iniciado la sesión de la Comisión Especial, Mariela Peña Pinto recibió una llamada a su celular del extécnico de la Comisión de Hacienda, Noel Orellana. Misma que no fue recibida por la exdiputada de ARENA.
El hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien también fue gerente legislativo, fue citado el pasado 23 de junio para comparecer ante los diputados que investigan la emisión de fondos a las ONG y en esa sesión declaró que se hacían negociaciones fuera de las juntas de trabajo, en los pasillos precisamente.
En ese momento, Orellana reconoció que les advirtió a cuatro expresidentes de esa instancia legislativa sobre la ilegalidad de que se les transfirieran fondos públicos a Organizaciones No Gubernamentales.
El extécnico aseguró que esa advertencia le fue hecha a los entonces presidentes de la comisión de Hacienda: Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, (ARENA); Julio Gamero, (ARENA); Gerson Martínez (FMLN) y Lorena Peña (FMLN).
“El nombre de Lorena Peña sale a relucir por manejar las colas presupuestarias, porque no se manejaba un criterio legal para la inversión de los mismos”, comentó la diputada Rivas, a quien le pareció curiosa la llamada telefónica.
El exempleado legislativo, quien laboró por más de 30 años en la institución, también reconoció en ese momento que no había un orden jurídico que avalará las acciones de recursos a las onegés.
Los salvatajes bancarios para Funes y Cerén
Mariela Peña Pinto no puso atención a la distribución del presupuesto, pero levantó su mano para aprobarlo e incluso –aseguró- en ese momento se le otorgó un salvataje bancario al gobierno del expresidente de la República, Mauricio Funes.
“Se le dio el salvataje al gobierno de Funes y también al de (Salvador) Sánchez Cerén”, comentó la miembro del partido ARENA a los diputados de la Comisión Especial.
Esas palabras fueron cuestionadas por la presidenta de la junta, Alexia Rivas, debido a que la legislatura anterior le negó apoyo al actual mandatario, Nayib Bukele, cuando solicitó ayuda por diversas temáticas, como la aprobación de fondos para las diversas etapas del “Plan Control Territorial” y para apalear la pandemia generada por la COVID-19.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.
«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
