Política
Diputados de la Asamblea Legislativa suprimen fuero constitucional a Quijano
Con 66 votos a favor, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron eliminar el fuero constitucional a Norman Noel Quijano, quien actualmente representa a El Salvador como legislador del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
Ante la eliminación del fuero, el odontólogo de profesión podrá ser detenido y juzgado por las autoridades judiciales, pues el recinto legislativo emite la declaración de procedencia, pero no juzga. Es decir, solo elimina la protección constitucional del que goza el servidor público y este caso pasará a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro.
“Se ha hecho justicia”, dijo el Presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, luego de la decisión emitida y tras ello procedieron los aplausos por parte de los diputados, quienes esperaban el veredicto.
Los parlamentarios definieron, tras un largo proceso realizado por la Comisión Especial de Antejuicio, que hay formación de causa para desaforar a Quijano, quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de cometer los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Ambas faltas se originaron por estar implicado en una negociación hecha con miembros de estructuras criminales, a quienes les solicitó el apoyo para poder llegar a la presidencia de la República en las pasadas elecciones de 2014. Estas fueron ganadas por el ahora expresidente Salvador Sánchez Cerén, tras una segunda vuelta electoral.
“Lamentamos mucho por aquellos jóvenes que por ir a jugar a una cancha de alguna colonia fueron asesinados, lamentamos mucho por todas aquellas familias que perdieron a un familiar en manos de los pandilleros, lamentamos mucho por aquellos que se hincaron pidiendo perdón por haberse equivocado de dirección y que fueron asesinados…”, comentó la diputada Marcela Pineda, quien fungió como parte fiscal dentro de la Comisión de Antejuicio.
El delito de fraude electoral se encuentra en el artículo 295 del Código Penal; mientras que el de agrupaciones ilícitas, en el 345 de este mismo documento que establece las infracciones y las sanciones o penas que corresponden por cometerlos.
Hasta la fecha, Quijano contaba con el fuero constitucional del que gozan ciertos servidores públicos. Este privilegio había impedido con anterioridad que las autoridades pertinentes lo procesaran por haber negociado con pandillas.
El pasado 10 de diciembre, la Comisión Especial de Antejuicio emitió dictamen único favorable para que los 84 diputados decidieran si quitarle o no el fuero al Quijano, tras exponer los elementos probatorios presentados en las sesiones que fueron desarrolladas de manera pública.
Para determinar tal decisión, los legisladores citaron a testigos considerados como implicados en el hecho: Al presidente de la Red Nacional de Pastores Torre Fuerte de El Salvador, Nelson Valdez; a la perita fiscal, Ena Granados; al coordinador del plan de Gobierno de Quijano –denominado como “Plan País”– el empresario Miguel Ángel Simán.
Además, también fue convocado el periodista alemán Paolo Lüers y Ernesto Angulo Milla, este último tuvo una función dentro del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y ejecutó un papel activo en la tregua con pandilleros.
“El señor Norman Quijano pactó vidas por votos y esto quedó en evidencia con lo dicho por el testigo Paolo Lüers, con quien nos dimos cuenta de que no solo ARENA hizo tratos con pandillas, sino que también el FMLN”, dijo la diputada Pineda.
El pasado 1 de diciembre, el columnista de El Diario de Hoy indicó ante la comisión: “Yo me di cuenta de que los pandilleros estaban haciendo tratos con el FMLN y ARENA. Los líderes de las pandillas me contaron con orgullo que estaban a punto de bajarle pisto a los dos partidos”.
Legislatura anterior no quiso desaforar a Quijano
La FGR solicitó, en noviembre pasado, al Órgano Legislativo que iniciará un proceso de antejuicio a Norman Quijano y le retirara el fuero constitucional para acusarlo judicialmente penalmente por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
En 2020, el Ministerio Público hizo la misma petición a la legislatura pasada para procesar al entonces diputado de la Asamblea Legislativa por el mismo caso.
Los legisladores acordaron crear una comisión especial que determinó que sí existía lugar a formación de causa, es decir que encontraron indicios de que Quijano hizo negociaciones ilegales con pandilleros y emitieron un dictamen favorable para que se le retirara la inmunidad.
Sin embargo, cuando la iniciativa fue llevada al pleno, la mayoría de diputados no dio sus votos para que se le quitara ese beneficio al funcionario arenero.
“Hace catorce meses, en este mismo pleno, se estaba ventilando el desafuero para el mismo señor involucrado, Norman Quijano. Y los mismos diputados que se levantaron ahora (de ARENA) son los que votaron para no desaforarlo”, señaló la diputada Rebeca Santos, quien ejerció la función de fiscal en el actual proceso de antejuicio.
La parlamentaria enfatizó que como nueva Asamblea Legislativa existe un compromiso firme con el pueblo salvadoreño de no permitir más actos de corrupción e impunidad en las instancias de Gobierno, especialmente si estas acciones van en detrimento de la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.
“Estamos demostrando que a esta nueva Asamblea no le va a temblar la mano para aplicar la ley. Esta es una diferencia sustancial, le demostramos al pueblo salvadoreño que somos diferentes, pero también estamos generando un precedente: la ley se va a aplicar a quien sea”, sostuvo el legislador Jorge Castro.
Él recordó que se ha respetado el proceso respectivo, que implica el derecho de audiencia y el derecho de defensa, donde se han recogido elementos de juicio que determinan la vinculación de Quijano con las pandillas.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
