Política
Diputados de la Asamblea Legislativa suprimen fuero constitucional a Quijano
Con 66 votos a favor, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron eliminar el fuero constitucional a Norman Noel Quijano, quien actualmente representa a El Salvador como legislador del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
Ante la eliminación del fuero, el odontólogo de profesión podrá ser detenido y juzgado por las autoridades judiciales, pues el recinto legislativo emite la declaración de procedencia, pero no juzga. Es decir, solo elimina la protección constitucional del que goza el servidor público y este caso pasará a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro.
“Se ha hecho justicia”, dijo el Presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, luego de la decisión emitida y tras ello procedieron los aplausos por parte de los diputados, quienes esperaban el veredicto.
Los parlamentarios definieron, tras un largo proceso realizado por la Comisión Especial de Antejuicio, que hay formación de causa para desaforar a Quijano, quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de cometer los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Ambas faltas se originaron por estar implicado en una negociación hecha con miembros de estructuras criminales, a quienes les solicitó el apoyo para poder llegar a la presidencia de la República en las pasadas elecciones de 2014. Estas fueron ganadas por el ahora expresidente Salvador Sánchez Cerén, tras una segunda vuelta electoral.
“Lamentamos mucho por aquellos jóvenes que por ir a jugar a una cancha de alguna colonia fueron asesinados, lamentamos mucho por todas aquellas familias que perdieron a un familiar en manos de los pandilleros, lamentamos mucho por aquellos que se hincaron pidiendo perdón por haberse equivocado de dirección y que fueron asesinados…”, comentó la diputada Marcela Pineda, quien fungió como parte fiscal dentro de la Comisión de Antejuicio.
El delito de fraude electoral se encuentra en el artículo 295 del Código Penal; mientras que el de agrupaciones ilícitas, en el 345 de este mismo documento que establece las infracciones y las sanciones o penas que corresponden por cometerlos.
Hasta la fecha, Quijano contaba con el fuero constitucional del que gozan ciertos servidores públicos. Este privilegio había impedido con anterioridad que las autoridades pertinentes lo procesaran por haber negociado con pandillas.
El pasado 10 de diciembre, la Comisión Especial de Antejuicio emitió dictamen único favorable para que los 84 diputados decidieran si quitarle o no el fuero al Quijano, tras exponer los elementos probatorios presentados en las sesiones que fueron desarrolladas de manera pública.
Para determinar tal decisión, los legisladores citaron a testigos considerados como implicados en el hecho: Al presidente de la Red Nacional de Pastores Torre Fuerte de El Salvador, Nelson Valdez; a la perita fiscal, Ena Granados; al coordinador del plan de Gobierno de Quijano –denominado como “Plan País”– el empresario Miguel Ángel Simán.
Además, también fue convocado el periodista alemán Paolo Lüers y Ernesto Angulo Milla, este último tuvo una función dentro del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y ejecutó un papel activo en la tregua con pandilleros.
“El señor Norman Quijano pactó vidas por votos y esto quedó en evidencia con lo dicho por el testigo Paolo Lüers, con quien nos dimos cuenta de que no solo ARENA hizo tratos con pandillas, sino que también el FMLN”, dijo la diputada Pineda.
El pasado 1 de diciembre, el columnista de El Diario de Hoy indicó ante la comisión: “Yo me di cuenta de que los pandilleros estaban haciendo tratos con el FMLN y ARENA. Los líderes de las pandillas me contaron con orgullo que estaban a punto de bajarle pisto a los dos partidos”.
Legislatura anterior no quiso desaforar a Quijano
La FGR solicitó, en noviembre pasado, al Órgano Legislativo que iniciará un proceso de antejuicio a Norman Quijano y le retirara el fuero constitucional para acusarlo judicialmente penalmente por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
En 2020, el Ministerio Público hizo la misma petición a la legislatura pasada para procesar al entonces diputado de la Asamblea Legislativa por el mismo caso.
Los legisladores acordaron crear una comisión especial que determinó que sí existía lugar a formación de causa, es decir que encontraron indicios de que Quijano hizo negociaciones ilegales con pandilleros y emitieron un dictamen favorable para que se le retirara la inmunidad.
Sin embargo, cuando la iniciativa fue llevada al pleno, la mayoría de diputados no dio sus votos para que se le quitara ese beneficio al funcionario arenero.
“Hace catorce meses, en este mismo pleno, se estaba ventilando el desafuero para el mismo señor involucrado, Norman Quijano. Y los mismos diputados que se levantaron ahora (de ARENA) son los que votaron para no desaforarlo”, señaló la diputada Rebeca Santos, quien ejerció la función de fiscal en el actual proceso de antejuicio.
La parlamentaria enfatizó que como nueva Asamblea Legislativa existe un compromiso firme con el pueblo salvadoreño de no permitir más actos de corrupción e impunidad en las instancias de Gobierno, especialmente si estas acciones van en detrimento de la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.
“Estamos demostrando que a esta nueva Asamblea no le va a temblar la mano para aplicar la ley. Esta es una diferencia sustancial, le demostramos al pueblo salvadoreño que somos diferentes, pero también estamos generando un precedente: la ley se va a aplicar a quien sea”, sostuvo el legislador Jorge Castro.
Él recordó que se ha respetado el proceso respectivo, que implica el derecho de audiencia y el derecho de defensa, donde se han recogido elementos de juicio que determinan la vinculación de Quijano con las pandillas.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
