Política
Diputados de la Asamblea Legislativa suprimen fuero constitucional a Quijano
Con 66 votos a favor, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron eliminar el fuero constitucional a Norman Noel Quijano, quien actualmente representa a El Salvador como legislador del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
Ante la eliminación del fuero, el odontólogo de profesión podrá ser detenido y juzgado por las autoridades judiciales, pues el recinto legislativo emite la declaración de procedencia, pero no juzga. Es decir, solo elimina la protección constitucional del que goza el servidor público y este caso pasará a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro.
“Se ha hecho justicia”, dijo el Presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, luego de la decisión emitida y tras ello procedieron los aplausos por parte de los diputados, quienes esperaban el veredicto.
Los parlamentarios definieron, tras un largo proceso realizado por la Comisión Especial de Antejuicio, que hay formación de causa para desaforar a Quijano, quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de cometer los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Ambas faltas se originaron por estar implicado en una negociación hecha con miembros de estructuras criminales, a quienes les solicitó el apoyo para poder llegar a la presidencia de la República en las pasadas elecciones de 2014. Estas fueron ganadas por el ahora expresidente Salvador Sánchez Cerén, tras una segunda vuelta electoral.
“Lamentamos mucho por aquellos jóvenes que por ir a jugar a una cancha de alguna colonia fueron asesinados, lamentamos mucho por todas aquellas familias que perdieron a un familiar en manos de los pandilleros, lamentamos mucho por aquellos que se hincaron pidiendo perdón por haberse equivocado de dirección y que fueron asesinados…”, comentó la diputada Marcela Pineda, quien fungió como parte fiscal dentro de la Comisión de Antejuicio.
El delito de fraude electoral se encuentra en el artículo 295 del Código Penal; mientras que el de agrupaciones ilícitas, en el 345 de este mismo documento que establece las infracciones y las sanciones o penas que corresponden por cometerlos.
Hasta la fecha, Quijano contaba con el fuero constitucional del que gozan ciertos servidores públicos. Este privilegio había impedido con anterioridad que las autoridades pertinentes lo procesaran por haber negociado con pandillas.
El pasado 10 de diciembre, la Comisión Especial de Antejuicio emitió dictamen único favorable para que los 84 diputados decidieran si quitarle o no el fuero al Quijano, tras exponer los elementos probatorios presentados en las sesiones que fueron desarrolladas de manera pública.
Para determinar tal decisión, los legisladores citaron a testigos considerados como implicados en el hecho: Al presidente de la Red Nacional de Pastores Torre Fuerte de El Salvador, Nelson Valdez; a la perita fiscal, Ena Granados; al coordinador del plan de Gobierno de Quijano –denominado como “Plan País”– el empresario Miguel Ángel Simán.
Además, también fue convocado el periodista alemán Paolo Lüers y Ernesto Angulo Milla, este último tuvo una función dentro del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y ejecutó un papel activo en la tregua con pandilleros.
“El señor Norman Quijano pactó vidas por votos y esto quedó en evidencia con lo dicho por el testigo Paolo Lüers, con quien nos dimos cuenta de que no solo ARENA hizo tratos con pandillas, sino que también el FMLN”, dijo la diputada Pineda.
El pasado 1 de diciembre, el columnista de El Diario de Hoy indicó ante la comisión: “Yo me di cuenta de que los pandilleros estaban haciendo tratos con el FMLN y ARENA. Los líderes de las pandillas me contaron con orgullo que estaban a punto de bajarle pisto a los dos partidos”.
Legislatura anterior no quiso desaforar a Quijano
La FGR solicitó, en noviembre pasado, al Órgano Legislativo que iniciará un proceso de antejuicio a Norman Quijano y le retirara el fuero constitucional para acusarlo judicialmente penalmente por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
En 2020, el Ministerio Público hizo la misma petición a la legislatura pasada para procesar al entonces diputado de la Asamblea Legislativa por el mismo caso.
Los legisladores acordaron crear una comisión especial que determinó que sí existía lugar a formación de causa, es decir que encontraron indicios de que Quijano hizo negociaciones ilegales con pandilleros y emitieron un dictamen favorable para que se le retirara la inmunidad.
Sin embargo, cuando la iniciativa fue llevada al pleno, la mayoría de diputados no dio sus votos para que se le quitara ese beneficio al funcionario arenero.
“Hace catorce meses, en este mismo pleno, se estaba ventilando el desafuero para el mismo señor involucrado, Norman Quijano. Y los mismos diputados que se levantaron ahora (de ARENA) son los que votaron para no desaforarlo”, señaló la diputada Rebeca Santos, quien ejerció la función de fiscal en el actual proceso de antejuicio.
La parlamentaria enfatizó que como nueva Asamblea Legislativa existe un compromiso firme con el pueblo salvadoreño de no permitir más actos de corrupción e impunidad en las instancias de Gobierno, especialmente si estas acciones van en detrimento de la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.
“Estamos demostrando que a esta nueva Asamblea no le va a temblar la mano para aplicar la ley. Esta es una diferencia sustancial, le demostramos al pueblo salvadoreño que somos diferentes, pero también estamos generando un precedente: la ley se va a aplicar a quien sea”, sostuvo el legislador Jorge Castro.
Él recordó que se ha respetado el proceso respectivo, que implica el derecho de audiencia y el derecho de defensa, donde se han recogido elementos de juicio que determinan la vinculación de Quijano con las pandillas.
Política
Presidente Nayib Bukele envía una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa
El presidente Nayib Bukele anunció que este miércoles envió una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa, con la que buscará reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante «medidas claras y contundentes», según informó en su cuenta oficial de X.
Esta ley tiene el objetivo de «obligar a los servidores públicos y a sus familiares a presentar una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta», de forma anual, y que será publicada y accesible para cualquier ciudadano.
El presidente Bukele también propone crear una nueva categoría de delito sancionado con prisión para el testaferrato, es decir, uso de prestanombres. Esta ley busca endurecer las penas por delitos de corrupción entre los funcionarios públicos.
La ley también propone crear un Centro Nacional Anticorrupción que estará encargado de realizar tareas relacionadas a «inteligencia con tecnología avanzada» a cargo de la Fiscalía General de la República. Asimismo, este centro tendría acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos de propiedades, vehículos, entre otros, para detectar actividades sospechosas de forma inmediata.
Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador.
Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes.… pic.twitter.com/9ZEwL92fwE
— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 30, 2025
El presidente Bukele también pretende, bajo esta ley, establecer un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas, con vínculo directo a la Fiscalía General de la República, con el objetivo de «perseguir» a los funcionarios acusados de corrupción desde las auditorías.
La de Ley Anticorrupción también propone habilitar ventanillas de denuncia para fomentar la participación activa de la ciudadanía.
«Esta ley es solo el comienzo de un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia, que han quedado en el pasado de nuestro país», concluyó el presidente Nayib Bukele.
La Asamblea Legislativa aprobó la reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de República, lo que permitirá que una misma legislatura apruebe y ratifique las modificaciones a la Carta Magna.
Con 57 votos a favor fue aprobado esta reforma, que se coloca como un primer paso para la eliminación de la deuda política en el país.
De aprobarse la eliminación de la deuda política en el país, los partidos políticos ya no recibieran fondos públicos para realizar sus campañas electorales, los cuales provenían de una asignación fija en el Presupuesto General de la Nación.
Al eliminarse la deuda política los partidos tendrán que buscar mecanismos para el autofinanciamiento de sus campañas, tal como lo hizo en su momento Nuevas Ideas.
«Prometimos eliminar la deuda política. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa. Nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo», dijo el presidente Nayib Bukele.
La deuda política está contemplada en la Constitución de la República, en el artículo 210 que establece que es un mecanismo de financiamiento encaminado a promover la libertad e independencia de los partidos que compiten en una elección.
«No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo», añadió el mandatario salvadoreño.
El debate sobre la deuda política en El Salvador ha cobrado fuerza en los últimos días, impulsado por las declaraciones del presidente Nayib Bukele y la reciente iniciativa del diputado Christian Guevara, jefe de la bancada Nuevas Ideas.
Según el parlamentario, la eliminación de este mecanismo de financiamiento es una necesidad urgente para responder al clamor popular que exige una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
#CRONIO Diputado @ChrisGuevaraG jefe de la bancada @nuevasideas informa que ha solicitado a la @AsambleaSV la respectiva reforma para eliminar la deuda políticahttps://t.co/LJ1g0JVJeW
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 29, 2025
«Es un honor, en nombre de la @BancadaCyan y del pueblo salvadoreño, solicitar la modificación de agenda para que este pleno, ELIMINE LA DEUDA POLÍTICA y que el #RégimenDeExcepción, siga para proteger a los buenos salvadoreños», dijo Guevara.
#CRONIO Diputado @ChrisGuevaraG jefe de la bancada @nuevasideas informa que ha solicitado a la @AsambleaSV la respectiva reforma para eliminar la deuda política https://t.co/gkdTkuRXFq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 29, 2025
De acuerdo con datos publicados en los portales de Transparencia del Ministerio de Hacienda y de la Corte de Cuentas de la República (CCR), los partidos ARENA y FMLN manejaron $57,952,913.16 de deuda política entre 2012 y 2018.
Estos recursos fueron entregados a los partidos que gobernaron por 30 años para que financiaran sus campañas presidenciales, de concejos municipales, diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
A detalle, el instituto tricolor recibió en total $32,443,460.05, mientras que para el FMLN fueron $25,509,453.11. El Ministerio de Hacienda transfirió en 2018 de deuda política para ARENA $5,354,777.18, mientras que $4,818,470.77 fueron para el FMLN. Ese año los ciudadanos eligieron diputados y alcaldes para el trienio 2018-2021.
Un año antes, en 2017, al tricolor le fueron transferidos $3,143,284.19 y al FMLN $2,930,749.19. De 2016 no hay reporte de erogaciones para ambos partidos, mientras que en 2015 (año en que se desarrollaron las elecciones de alcaldes y diputados legislativos) ARENA obtuvo $6,777,205.24 y el FMLN $3,799,383.33.
Las elecciones presidenciales de 2014, que dieron como ganador a Salvador Sánchez Cerén, segundo presidente del FMLN y ahora prófugo de la justicia, significaron inicialmente para el partido de izquierda $5,722,760.56 y para el instituto de derecha $4,581,694.32, según datos de Transparencia del Ministerio de Hacienda.
Un informe de la Dirección de Auditoría Uno de la CCR puntualiza que el monto final transferido en concepto de deuda política al FMLN, del 1.° de enero de 2014 al 31 de diciembre de ese año, fue de $8,469,320.90; y para el tricolor -según auditoría de la misma dirección- $9,176,665.60.
En 2013 ARENA percibió $3,694,971.28 y el FMLN $4,843,258.00, mientras que el año anterior, para las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales para el trienio 2012-2015, Hacienda dio $4,296,556.56 para ARENA y $648,270.92 al FMLN.
La deuda política es reconocida por la Constitución de la República y leyes secundarias. En el artículo 210 de la Carta Magna el Estado reconoce la deuda como un mecanismo de financiamiento «encaminado a promover su libertad e independencia» de los partidos que compiten en una elección.
Mientras que la Ley de Partidos Políticos determina en su artículo 55 que cada instituto o coalición contendiente tendrá derecho a un anticipo del 75 % según los votos obtenidos en la elección anterior del mismo tipo en la que haya participado; en el caso de los partidos o coaliciones que participan por primera vez en un tipo de elección reciben $50,000 de anticipo.
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