Política
Diputados de la Asamblea Legislativa suprimen fuero constitucional a Quijano
Con 66 votos a favor, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron eliminar el fuero constitucional a Norman Noel Quijano, quien actualmente representa a El Salvador como legislador del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
Ante la eliminación del fuero, el odontólogo de profesión podrá ser detenido y juzgado por las autoridades judiciales, pues el recinto legislativo emite la declaración de procedencia, pero no juzga. Es decir, solo elimina la protección constitucional del que goza el servidor público y este caso pasará a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro.
“Se ha hecho justicia”, dijo el Presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, luego de la decisión emitida y tras ello procedieron los aplausos por parte de los diputados, quienes esperaban el veredicto.
Los parlamentarios definieron, tras un largo proceso realizado por la Comisión Especial de Antejuicio, que hay formación de causa para desaforar a Quijano, quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de cometer los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Ambas faltas se originaron por estar implicado en una negociación hecha con miembros de estructuras criminales, a quienes les solicitó el apoyo para poder llegar a la presidencia de la República en las pasadas elecciones de 2014. Estas fueron ganadas por el ahora expresidente Salvador Sánchez Cerén, tras una segunda vuelta electoral.
“Lamentamos mucho por aquellos jóvenes que por ir a jugar a una cancha de alguna colonia fueron asesinados, lamentamos mucho por todas aquellas familias que perdieron a un familiar en manos de los pandilleros, lamentamos mucho por aquellos que se hincaron pidiendo perdón por haberse equivocado de dirección y que fueron asesinados…”, comentó la diputada Marcela Pineda, quien fungió como parte fiscal dentro de la Comisión de Antejuicio.
El delito de fraude electoral se encuentra en el artículo 295 del Código Penal; mientras que el de agrupaciones ilícitas, en el 345 de este mismo documento que establece las infracciones y las sanciones o penas que corresponden por cometerlos.
Hasta la fecha, Quijano contaba con el fuero constitucional del que gozan ciertos servidores públicos. Este privilegio había impedido con anterioridad que las autoridades pertinentes lo procesaran por haber negociado con pandillas.
El pasado 10 de diciembre, la Comisión Especial de Antejuicio emitió dictamen único favorable para que los 84 diputados decidieran si quitarle o no el fuero al Quijano, tras exponer los elementos probatorios presentados en las sesiones que fueron desarrolladas de manera pública.
Para determinar tal decisión, los legisladores citaron a testigos considerados como implicados en el hecho: Al presidente de la Red Nacional de Pastores Torre Fuerte de El Salvador, Nelson Valdez; a la perita fiscal, Ena Granados; al coordinador del plan de Gobierno de Quijano –denominado como “Plan País”– el empresario Miguel Ángel Simán.
Además, también fue convocado el periodista alemán Paolo Lüers y Ernesto Angulo Milla, este último tuvo una función dentro del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y ejecutó un papel activo en la tregua con pandilleros.
“El señor Norman Quijano pactó vidas por votos y esto quedó en evidencia con lo dicho por el testigo Paolo Lüers, con quien nos dimos cuenta de que no solo ARENA hizo tratos con pandillas, sino que también el FMLN”, dijo la diputada Pineda.
El pasado 1 de diciembre, el columnista de El Diario de Hoy indicó ante la comisión: “Yo me di cuenta de que los pandilleros estaban haciendo tratos con el FMLN y ARENA. Los líderes de las pandillas me contaron con orgullo que estaban a punto de bajarle pisto a los dos partidos”.
Legislatura anterior no quiso desaforar a Quijano
La FGR solicitó, en noviembre pasado, al Órgano Legislativo que iniciará un proceso de antejuicio a Norman Quijano y le retirara el fuero constitucional para acusarlo judicialmente penalmente por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
En 2020, el Ministerio Público hizo la misma petición a la legislatura pasada para procesar al entonces diputado de la Asamblea Legislativa por el mismo caso.
Los legisladores acordaron crear una comisión especial que determinó que sí existía lugar a formación de causa, es decir que encontraron indicios de que Quijano hizo negociaciones ilegales con pandilleros y emitieron un dictamen favorable para que se le retirara la inmunidad.
Sin embargo, cuando la iniciativa fue llevada al pleno, la mayoría de diputados no dio sus votos para que se le quitara ese beneficio al funcionario arenero.
“Hace catorce meses, en este mismo pleno, se estaba ventilando el desafuero para el mismo señor involucrado, Norman Quijano. Y los mismos diputados que se levantaron ahora (de ARENA) son los que votaron para no desaforarlo”, señaló la diputada Rebeca Santos, quien ejerció la función de fiscal en el actual proceso de antejuicio.
La parlamentaria enfatizó que como nueva Asamblea Legislativa existe un compromiso firme con el pueblo salvadoreño de no permitir más actos de corrupción e impunidad en las instancias de Gobierno, especialmente si estas acciones van en detrimento de la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.
“Estamos demostrando que a esta nueva Asamblea no le va a temblar la mano para aplicar la ley. Esta es una diferencia sustancial, le demostramos al pueblo salvadoreño que somos diferentes, pero también estamos generando un precedente: la ley se va a aplicar a quien sea”, sostuvo el legislador Jorge Castro.
Él recordó que se ha respetado el proceso respectivo, que implica el derecho de audiencia y el derecho de defensa, donde se han recogido elementos de juicio que determinan la vinculación de Quijano con las pandillas.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
