Política
Diputados autorizan emisión de títulos valores para obtener hasta $1,000 millones con los que se saldará mora vial
Con 64 votos, la Asamblea Legislativa autorizó al Fondo de Inversión Vial (FOVIAL) la emisión de títulos valores en el mercado nacional o internacional hasta por mil millones de dólares, para el mantenimiento y construcción de carreteras en todo el país.
“Esta herramienta va para varios ejes, por ejemplo, mantenimiento rutinario, puentes, obras de paso y señalización. Es un trabajo articulado de la mano con el MOP y con las municipalidades para buscar, por primera vez, darle prioridad a la ciudadanía”, mencionó el diputado de Nuevas Ideas, Salvador Chacón.
Con ello se busca obtener financiamiento para la ejecución de al menos 45 proyectos de construcción y mantenimiento de caminos, y así solventar la mora vial heredada por pasados Gobiernos.
Son alrededor de 45 las obras a realizar, entre ellas, el reemplazo de 778 puentes provisionales, así como la construcción de ciclo rutas y señalización.
También se plantea atender el problema de inundación en la 49 avenida norte, San Salvador, situación que durante años ha dejado afectaciones en los vehículos que transitan por este paso.
Asimismo, se proyecta construir un retorno en la carretera a Nahulingo, acceso a Sonsonate, debido al alto índice de accidentabilidad reportado en la zona. También se hará un retorno en la carretera de El Congo, Santa Ana, en el kilómetro 55.
Entre las rutas a rehabilitar se encuentra la de Santa Rosa de Lima con la frontera El Amatillo, en La Unión; carretera Longitudinal del Norte, en vías de San Salvador, así como Jocoro y Perquín, en Morazán, e Ilobasco – San Isidro – Sensuntepeque, en Cabañas.
Además, en San Francisco Gotera hacia Agua Salada (Morazán), conocida como Ruta Militar; mejoramiento del acceso a San Vicente y calle al lago de Coatepeque (Santa Ana), y en el tramo del Sitio del Niño (San Juan Opico, La Libertad).
El diputado de la bancada cyan, Raúl Castillo, dijo que en el pasado unos $1,159 millones fueron desfalcados al Estado por los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y por decretos para evadir impuestos abanderados por el exdiputado Rodolfo Parker.
«Cuando hablamos de este financiamiento debemos ser objetivos, porque casa centavo se debe invertir a favor de la población», aseveró.
El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, destacó que esta autorización significa una inversión que durante décadas no se ha hecho, y que llevará desarrollo y beneficio no solo a las comunidades, sino a todo el país.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
