Política
Carlos Calleja y Camen Aída Lazo anuncian que se eliminará el impuesto del 5% de la telefonía o contribución especial para seguridad ciudadana (CESC) en su gobierno
Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, tienen como mayor prioridad aliviar el bolsillo de los salvadoreños, es por eso que este día dieron dos anuncios relacionados a las finanzas públicas.
El anuncio de esta mañana, es un mensaje de tranquilidad para la población, siendo esto un reflejo de la visión del proyecto político que buscan construir en su gobierno, y como bien lo han demostrado, un gobierno cercano, transparente, basado en la meritocracia, centrado en la generación de oportunidades y que pone la dignidad de la persona al centro. Invertir en la población, esa es la prioridad de ambos candidatos sobre las finanzas públicas y, al mismo tiempo, enfocarse en hacer el mejor uso de los recursos del gobierno.
En línea con lo anterior, Carlos Calleja y Carmen Aída han definido los siguientes principios para el manejo de las finanzas públicas:
a) La gestión fiscal tendrá como fin aumentar la inversión y calidad del gasto en educación, salud y seguridad. Se trata de gastar mejor e invertir bien para construir oportunidades para todos.
b) Realizar una gestión fiscal eficiente, responsable y brindar estabilidad a las inversiones para que se creen más oportunidades de empleo y progreso para todos. El país requiere certidumbre y estabilidad.
c) Combatir de forma directa la corrupción y eliminar los fondos reservados, que han sido el epicentro de los actos de corrupción. El candidato se compromete a poner todos los fondos del Estado bajo escrutinio público y de las instituciones de fiscalización.
d) Recaudar más recursos sin nuevos impuestos o aumentos de tasas de impuestos existentes. En los últimos gobiernos se ha castigado a la población con nuevos impuestos, sin que ello se haya traducido en mejores servicios públicos.
e) Aumentar la inversión pública, la cual no es suficientemente alta para detonar mayores niveles de inversión privada.
Por otro lado, Carlos hizo un llamado a las fracciones legislativas a apoyar esfuerzos para dotar de estabilidad el país. A pesar de estar enfocados en la campaña y en la formulación de propuestas, los temas de coyuntura del país, son una prioridad, por ello el candidato a
la presidencia, ha solicitado a los diputados de las fracciones legislativas de la alianza que apoyen todos los esfuerzos para dar certeza sobre el rumbo del país. “En ese sentido, he
solicitado a los secretarios generales y presidente de partidos que agilicen las gestiones para la aprobación de los compromisos financieros del país en los próximos años. También hemos discutido la necesidad de llegar a acuerdos de país con todas las fuerzas políticas en la aprobación del Presupuesto General del próximo año, y los partidos se ha comprometido a continuar el análisis respectivo del Presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda”, Dijo el candidato a la presidencia, Carlos Calleja.
Compromisos específicos
Compromiso con derogación impuesto a la telefonía. “No es justo que el combate de la inseguridad sea financiado castigando a las familias salvadoreñas. Es por ello que al llegar a la Presidencia de la República derogaremos el impuesto a la telefonía que paga todo salvadoreño que usa celular. Este impuesto perjudica con mayor fuerza a las familias más pobres, que gastan un importante porcentaje de sus ingresos en este servicio. En nuestro país la comunicación no es un lujo, es una necesidad por la situación de inseguridad que se vive”, puntualizó Carlos Calleja.
Su compañera de fórmula, Carmen Aída Lazo lo secundó, “Los ingresos tributarios que se dejaran de percibir son cerca de $50 millones al año. Pero se recuperará más solamente cerrando la corrupción de Casa Presidencia, la que se ejecuta en contratos de obra pública y compra de bienes y servicios (por sobreprecios y otros). Adicionalmente, tenemos una apuesta clara por la digitalización y el uso masivo de la tecnología para mejorar la educación, para crear nuevas fuentes de trabajo, y el impuesto a la telefonía es una barrera incompatible con dicha visión”, dijo la candidata a la Vicepresidencia, Carmen Aída Lazo.
El candidato destacó que su mensaje debe ser claro en el gobierno, se buscará más eficiencia, menos burocracia y menos costos para las familias y empresas en sus actividades.
“Ordenar las finanzas públicas en el próximo quinquenio nos permitirá recaudar más, ahorrar dinero, mejorar la calidad del gasto y destinar más fondos a la inversión social. Mayor crecimiento implicará mayor recaudación de impuestos y la oportunidad de generar más soluciones a la población”, palabras de Carlos Calleja.
La candidata lo respaldó, “En nuestro plan se contemplan medidas para crear un espacio fiscal del 3% del PIB que financien las apuestas estratégicas y sienten las bases para un mayor crecimiento económico al invertir en educación y salud y seguridad. Modernizar el sistema de recaudación con tecnología e impulsar la factura digital y la facturación en línea para reducir la evasión fiscal. Con ello esperamos incrementar los ingresos en unos $250 millones adicionales en el tercer año de implementación de acuerdo a un estudio del BID”, Carmen Aída Lazo, Candidata a la Vicepresidencia.
Acciones especificas
a. Mejorar el sistema de adquisiciones y contrataciones del sector público por medio de compras en la bolsa de productos y compras on-line generaría también un 1% adicional del PIB en un período de 3 años. La finalidad es eliminar los sobreprecios asociados a compras públicas y eficiencia en compras.
b. Eliminar la fuente de corrupción de Casa Presidencial, así como la corrupción en contratos de obra pública y de bienes y servicios. Así como, recortar los gastos de lujo en el ejecutivo y la eliminación de plazas fantasmas significa un ahorro adicional de un 1% del PIB cada año ($250 millones).
Eliminar los gastos reservados, reducir al mínimo la OIE y combatir la corrupción en grandes obras de licitación dejará como mínimo un ahorro de $120 millones por año.
Recortar los gastos innecesarios en publicidad, viajes y viáticos dará un ahorro adicional de $60 millones por año.
Frenar la expansión acelerada de nuevas plazas en el sector público dará un ahorro al gobierno de $50 millones al año al contener a la mitad el crecimiento anual de remuneraciones programado por el Ministerio de Hacienda.
c. Ordenar las finanzas públicas permitirá mejorar la eficiencia y prioridades del gasto, bajo mayor solvencia y certidumbre fiscal. La apuesta es invertir más en las prioridades de la población y que se perciba los beneficios de gastar mejor y con calidad los fondos públicos.
El Gasto total del fisco se incrementó́ en $2,225 millones en los últimos 10 años (pasó de $4,415 millones en 2008 a $6,640 millones en 2018), pero esto no se tradujo en una mejora sustantiva del capital humano – educación y salud – ni en infraestructura y capital físico.
“Nuestro énfasis será en mejorar radicalmente la calidad del gasto. Según el Foro Económico Mundial El Salvador aparece entre los países con peor calidad del gasto, ubicándose con la segunda peor eficiencia en el gasto público, solamente superado por Venezuela. De acuerdo a un estudio del BID, El Salvador malgasta 6.5% del PIB, que son alrededor de $1,600 millones. Para ello, migraremos hacia un Presupuesto por Resultados, introduciremos una cultura de monitoreo y evaluación de impacto, llevaremos a cabo auditorías de gestión para mantener un enfoque orientado en identificar áreas de mejora. La contratación de funcionarios capaces y honrados es una pieza central para asegurar que el gobierno se enfocará en hacer el mejor uso posible de los recursos con una orientación de servicio”, puntualizó el candidato.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
