Política
Carlos Calleja no aparece como concesionario del Estado salvadoreño según documentos en el CNR
Carlos Calleja, candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País, no es concesionario de ningún recurso del Estado salvadoreño de acuerdo a documentos públicos en el Centro de Registros Nacional de (CNR), Registro de Comercio, porque no forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Calleja.
Anteriormente algunos medios digitales manejaron que era concesionario de un bien público para la generación de energía con gas con la empresa Energía del Pacífico, donde el Grupo Calleja forma parte del conglomerado de empresas locales e internacionales socias.
Tras la consulta de documentos en el Registro de Comercio de El Salvador y Carlos Calleja no aparece en la Junta Directiva del Grupo Calleja, originalmente fue director, pero renunció en noviembre de 2017 para participar en un proceso de elecciones internas en el partido ARENA para obtener la candidatura presidencial.
De acuerdo a la credencial de elección de Junta Directiva de la Sociedad Calleja S.A. de C.V., en poder de este periódico, con fecha de ocho de noviembre de 2017 y presentada la misma fecha bajo asiento número 2017385434. La misma se encuentra inscrita en el Registro ce Comercio número 63 del libro 3817 del Registro de Propiedades del Folio 273 al folio 275 de inscripción con fecha 13 de noviembre de 2017, quien aparece como director presidente del Grupo es su padre, Francisco Javier Calleja Malaina, director secretario Carlos Quintanilla Schmidt, director propietario Juan Herbert Tobar Portillo, directores suplentes, Rocana de Los Ángeles Quinteros Álvarez, Maureen Theresa Hakker de Calleja y Ricardo Alfredo Velásquez Zepeda.
Calleja había estado dirigiendo la Fundación Calleja, el rostro humano de ese grupo empresarial desde su constitución, pero también renunció en febrero de 2018 para dedicarse a la contienda electoral, su lugar lo retomó su padre Francisco Calleja Malaina.
El artículo 127 de la Constitución de la República establece que uno de las objeciones para optar al cargo de diputado y presidente de la República, que son de elección popular, es el no ser concesionario del Estado. Inciso 6: “Los que tengan pendientes contratos o concesiones con el Estado para explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos, así como los que hayan aceptado ser representantes o apoderados administrativos de aquéllos, o de sociedades extranjeras que se hallen en los mismos casos”.
De acuerdo al Registro de Comercio, en la Sociedad Calleja no aparece en ningún puesto Carlos Calleja.
Las reacciones a través de las redes sociales no se han echo esperar, entre ellas la del exvicepresidente de la República, Carlos Quitanilla Schmindt, que publicó su cuenta de Twitter dae fe y legalidad que Carlos Calleja no es miembro, ni accionista de Grupo Calleja SA de SV.
Soy Director Secretario de la Junta Directiva de Calleja SA de CV; por ello puedo dar fe y garantizar que Carlos Calleja no es ni miembro de Junta Directiva, ni accionista de la sociedad. No hay más ciego que quien no quiere ver, ni más sordo que quien no quiere oír. Punto final. https://t.co/tMS8HnureP
— Carlos Quintanilla S (@CQSchmidt) 10 de enero de 2019
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
