Política
Carlos Calleja no aparece como concesionario del Estado salvadoreño según documentos en el CNR
Carlos Calleja, candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País, no es concesionario de ningún recurso del Estado salvadoreño de acuerdo a documentos públicos en el Centro de Registros Nacional de (CNR), Registro de Comercio, porque no forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Calleja.
Anteriormente algunos medios digitales manejaron que era concesionario de un bien público para la generación de energía con gas con la empresa Energía del Pacífico, donde el Grupo Calleja forma parte del conglomerado de empresas locales e internacionales socias.
Tras la consulta de documentos en el Registro de Comercio de El Salvador y Carlos Calleja no aparece en la Junta Directiva del Grupo Calleja, originalmente fue director, pero renunció en noviembre de 2017 para participar en un proceso de elecciones internas en el partido ARENA para obtener la candidatura presidencial.
De acuerdo a la credencial de elección de Junta Directiva de la Sociedad Calleja S.A. de C.V., en poder de este periódico, con fecha de ocho de noviembre de 2017 y presentada la misma fecha bajo asiento número 2017385434. La misma se encuentra inscrita en el Registro ce Comercio número 63 del libro 3817 del Registro de Propiedades del Folio 273 al folio 275 de inscripción con fecha 13 de noviembre de 2017, quien aparece como director presidente del Grupo es su padre, Francisco Javier Calleja Malaina, director secretario Carlos Quintanilla Schmidt, director propietario Juan Herbert Tobar Portillo, directores suplentes, Rocana de Los Ángeles Quinteros Álvarez, Maureen Theresa Hakker de Calleja y Ricardo Alfredo Velásquez Zepeda.
Calleja había estado dirigiendo la Fundación Calleja, el rostro humano de ese grupo empresarial desde su constitución, pero también renunció en febrero de 2018 para dedicarse a la contienda electoral, su lugar lo retomó su padre Francisco Calleja Malaina.
El artículo 127 de la Constitución de la República establece que uno de las objeciones para optar al cargo de diputado y presidente de la República, que son de elección popular, es el no ser concesionario del Estado. Inciso 6: “Los que tengan pendientes contratos o concesiones con el Estado para explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos, así como los que hayan aceptado ser representantes o apoderados administrativos de aquéllos, o de sociedades extranjeras que se hallen en los mismos casos”.
De acuerdo al Registro de Comercio, en la Sociedad Calleja no aparece en ningún puesto Carlos Calleja.
Las reacciones a través de las redes sociales no se han echo esperar, entre ellas la del exvicepresidente de la República, Carlos Quitanilla Schmindt, que publicó su cuenta de Twitter dae fe y legalidad que Carlos Calleja no es miembro, ni accionista de Grupo Calleja SA de SV.
Soy Director Secretario de la Junta Directiva de Calleja SA de CV; por ello puedo dar fe y garantizar que Carlos Calleja no es ni miembro de Junta Directiva, ni accionista de la sociedad. No hay más ciego que quien no quiere ver, ni más sordo que quien no quiere oír. Punto final. https://t.co/tMS8HnureP
— Carlos Quintanilla S (@CQSchmidt) 10 de enero de 2019
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen para que el Número de Identificación Tributaria (NIT) sea digital y completamente gratuito.
La normativa también contempla que el NIT pueda tramitarse en línea y sin documentos físicos tanto para los salvadoreños dentro y fuera del país.
El objetivo de esta reforma es modernizar el sistema tributario mediante el uso de nuevas tecnologías.
De igual manera, la iniciativa responde a la necesidad de actualizar la ley vigente desde 1972 para adaptarla al avance tecnológico.
Una vez aprobada en el pleno legislativo entrará en vigencia ocho días después de publicado en el Diario Oficial.
Política
Fuerte cruce verbal entre diputadas Claudia Ortiz y Marcela Villatoro por aprobación del Presupuesto 2026
Un intenso intercambio de acusaciones entre las diputadas opositoras Claudia Ortiz (partido VAMOS) y Marcela Villatoro (ARENA) ha puesto en evidencia las fracturas recurrentes en la oposición salvadoreña, tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026 en la Asamblea Legislativa.
El desencadenante fue la conducta de la fracción de ARENA durante la votación.
Ortiz criticó duramente que los diputados areneros, pese a manifestarse en contra del presupuesto durante el debate, abandonaron el pleno legislativo justo antes de la votación, lo que calificó como una acción «contradictoria» e incoherente.
En respuesta, Villatoro rechazó las críticas y contraatacó acusando a Ortiz de ausentarse en discusiones clave, como las reformas constitucionales previas.
Además, la diputada de ARENA señaló que las posturas de Ortiz terminan «favoreciendo al oficialismo» y profundizando las divisiones dentro de la oposición.
El cruce se extendió a redes sociales, donde usuarios compartieron capturas y comentarios, calificándolo popularmente como una «pelea» entre las dos legisladoras.
Este no es el primer enfrentamiento público entre ambas
En marzo de 2025, durante una plenaria sobre minería metálica, surgió una fuerte polémica cuando Ortiz propuso una reforma constitucional para prohibir la actividad, apoyándose en firmas recolectadas por la Iglesia Católica.
Villatoro la acusó de politizar el tema y de intentar «deshacer» el esfuerzo eclesial, recordando que ARENA ya había presentado iniciativas similares meses antes.
El intercambio evidenció diferencias en estrategia y timing, con Villatoro criticando el enfoque «exprés» de Ortiz.Otros episodios incluyen críticas cruzadas sobre ausencias en debates clave, vínculos históricos de VAMOS con ARENA (expuestos por Villatoro en octubre de 2025) y percepciones de competencia política, donde Ortiz ha sido cuestionada por algunos sectores por sus posturas en seguridad y reformas.
Estas tensiones recurrentes resaltan las dificultades para un frente opositor unido en un Legislativo dominado por Nuevas Ideas.Analistas políticos señalan que estas divisiones debilitan la capacidad de la oposición para presentar alternativas coherentes frente al oficialismo.
