Política
Asamblea Legislativa crea nuevos tribunales contra el crimen organizado
El parlamento votó a favor de las reformas requeridas por la Corte Suprema de Justicia relativas a la conversación de juzgados de paz, creación de los juzgados de garantías y la competencia contra el crimen organizado.
Los votos a favor fueron 64 provenientes de Nuevas Ideas, Gana, PDC y PCN y el disidente arenero Carlos Reyes. Vamos, Nuestro Tiempo y FMLN votaron en contra. ARENA se abstuvo.
La comisión de legislación y puntos constitucionales del congreso emitió en la víspera el dictamen favorable tras escuchar en su seno al presidente de la CSJ,Óscar López Jeréz.
«Me siento satisfecho de estar trabajando de la mano con el Gobierno central en esta guerra contra las pandillas», dijo López Jeréz a los diputados.
La Corte Plena del máximo tribunal de justicia del país acordó impulsar al interior del congreso una iniciativa para reformar la legislación orgánica judicial en lo relativo a la competencia, organización, conversión de sedes judiciales e integración de Tribunales Contra el Crimen Organizado.
«Los tribunales deben ser imparciales y brindar la estructura para que los casos se resuelvan», destacó López Jeréz.
El proyecto de decreto establece que estos tribunales serán pluripersonales y estarán integrados por cuatro jueces propietarios, entre ellos un juez de menores para aquellos casos donde haya menores de edad en conflicto con la ley.
En la ciudad de San Salvador habrán seis tribunales contra el crimen organizado que conocerán de los delitos en los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cuscatlán, La Paz, Cabañas y Chalatenango.
Por su parte, en la ciudad de Santa Ana habrá tres sedes judiciales para conocer casos en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.
Mientras tanto, en la ciudad de San Miguel habrá dos tribunales para conocer de los delitos en los departamentos de San Miguel, La Unión, Usulután y Morazán.
La normativa también creará dos Cámaras contra el crimen organizado que tendrán su sede en la ciudad de San Salvador, pero su competencia será también a nivel nacional.
Los diputados también aprobaron otra reforma solicitada por la Corte Suprema de Justicia y que da vida a los juzgados Primero y Segundo de Garantía de San Salvador con competencia nacional, y cuya competencia estará centrada para conocer y avalar intervenciones a las telecomunicaciones requeridas por sede fiscal.
«Con las reformas que proponemos se pretende establecer permanentemente dos tribunales de garantías para las escuchas telefónicas», explicó López Jeréz a los diputados, en el marco de la discusión de las enmiendas.
La Fiscalía en la actualidad requiere que los jueces le avalen las escuchas telefónicas en los casos que requiere de esta diligencia; sin embargo, con la reforma estas dos judicaturas estarán solo para ello a tiempo completo.
Las reformas que dan vida a esta nueva institucionalidad en el Órgano Judicial estarán vigentes a partir del primero de enero del próximo año, establece el decreto votado por los legisladores.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
