Política
Asamblea Legislativa crea nuevos tribunales contra el crimen organizado
El parlamento votó a favor de las reformas requeridas por la Corte Suprema de Justicia relativas a la conversación de juzgados de paz, creación de los juzgados de garantías y la competencia contra el crimen organizado.
Los votos a favor fueron 64 provenientes de Nuevas Ideas, Gana, PDC y PCN y el disidente arenero Carlos Reyes. Vamos, Nuestro Tiempo y FMLN votaron en contra. ARENA se abstuvo.
La comisión de legislación y puntos constitucionales del congreso emitió en la víspera el dictamen favorable tras escuchar en su seno al presidente de la CSJ,Óscar López Jeréz.
«Me siento satisfecho de estar trabajando de la mano con el Gobierno central en esta guerra contra las pandillas», dijo López Jeréz a los diputados.
La Corte Plena del máximo tribunal de justicia del país acordó impulsar al interior del congreso una iniciativa para reformar la legislación orgánica judicial en lo relativo a la competencia, organización, conversión de sedes judiciales e integración de Tribunales Contra el Crimen Organizado.
«Los tribunales deben ser imparciales y brindar la estructura para que los casos se resuelvan», destacó López Jeréz.
El proyecto de decreto establece que estos tribunales serán pluripersonales y estarán integrados por cuatro jueces propietarios, entre ellos un juez de menores para aquellos casos donde haya menores de edad en conflicto con la ley.
En la ciudad de San Salvador habrán seis tribunales contra el crimen organizado que conocerán de los delitos en los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cuscatlán, La Paz, Cabañas y Chalatenango.
Por su parte, en la ciudad de Santa Ana habrá tres sedes judiciales para conocer casos en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.
Mientras tanto, en la ciudad de San Miguel habrá dos tribunales para conocer de los delitos en los departamentos de San Miguel, La Unión, Usulután y Morazán.
La normativa también creará dos Cámaras contra el crimen organizado que tendrán su sede en la ciudad de San Salvador, pero su competencia será también a nivel nacional.
Los diputados también aprobaron otra reforma solicitada por la Corte Suprema de Justicia y que da vida a los juzgados Primero y Segundo de Garantía de San Salvador con competencia nacional, y cuya competencia estará centrada para conocer y avalar intervenciones a las telecomunicaciones requeridas por sede fiscal.
«Con las reformas que proponemos se pretende establecer permanentemente dos tribunales de garantías para las escuchas telefónicas», explicó López Jeréz a los diputados, en el marco de la discusión de las enmiendas.
La Fiscalía en la actualidad requiere que los jueces le avalen las escuchas telefónicas en los casos que requiere de esta diligencia; sin embargo, con la reforma estas dos judicaturas estarán solo para ello a tiempo completo.
Las reformas que dan vida a esta nueva institucionalidad en el Órgano Judicial estarán vigentes a partir del primero de enero del próximo año, establece el decreto votado por los legisladores.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
