Opinet
¿Debemos confiar nuestra vida cívica al mercado?- Lisandro Prieto Femenía
«Hemos pasado de tener una economía de mercado a ser una sociedad de mercado», Michael Sandel
Hoy quisiera invitarlos a reflexionar sobre una realidad que nos atraviesa a todos, pero no por igual: en el mundo contemporáneo, los mercados ocupan un lugar central en nuestras vidas, en tanto que no sólo determinan lo que compramos o vendemos, sino que también influyen en áreas fundamentales como la educación, la salud, la justicia e incluso las relaciones humanas. Esta «omnipresencia» nos obliga a preguntarnos ¿deberíamos permitir que los mercados guíen todos los aspectos de nuestra vida cívica? Este razonamiento es explicado con magistral claridad y profundidad por Michael Sandel, en su disertación titulada «¿Por qué no deberíamos confiar nuestra vida cívica al mercado?», en la cual argumenta que esta tendencia erosiona los valores cívicos y democráticos, sustituyéndolos por una lógica mercantil que socava la justicia, la dignidad y la igualdad.
«Cuando los valores de mercado se infiltran en áreas de la vida que no deberían ser gobernadas por ellos, corremos el riesgo de perder algo importante: nuestra capacidad para debatir sobre el bien común.»
Comencemos el análisis brindando un pequeño bosquejo del contexto epistémico de Sandel, quien plantea que en las últimas décadas hemos pasado de tener economías de mercado a convertirnos en sociedades de mercado, donde casi todo se encuentra disponible para venderse. Según nuestro autor, esto no sólo genera desigualdad económica, sino que también corrompe los valores esenciales de cada comunidad.
«La educación no es simplemente un vehículo para el crecimiento económico individual, sino un bien público que debe fomentar la igualdad de oportunidades y la ciudadanía activa.»
Para comprender en profundidad este planteo, es necesario que ahondemos en los ejemplos que el mismo Sandel desarrolla. En primer lugar, plantea cómo la educación se ha convertido en un bien de consumo. En muchos países, la educación privada de calidad tiene costos prohibitivos, lo que refuerza las desigualdades sociales: universidades prestigiosas como Harvard o Stanford en Estados Unidos, tienen tasas de matrícula extremadamente altas, accesibles sólo para una élite económica, dejando a estudiantes de menores recursos con opciones limitadas. Paralelamente, la mercantilización de la educación también se observa en la proliferación de préstamos estudiantiles, que endeudan a millones de jóvenes al tratar la formación como una inversión financiera en lugar de un derecho.
«En la Universidad de California en Berkeley, que es una universidad pública, los estudiantes de fuera del estado pagan una matrícula más alta que los estudiantes del estado. Y en algunas universidades públicas, los estudiantes de fuera del estado pueden pagar una prima para inscribirse en clases populares que de otro modo estarían llenas».
En segundo lugar, y ésto lo podemos vivir casi todos los países occidentales, la conversión de la salud a un lujo para pocos. Los sistemas de salud privatizados, domo el de Estados Unidos, muestran cómo el acceso a tratamientos de calidad depende directamente del poder adquisitivo de las personas. Según el informe del año 2022 de la Fundación Commonwealth, más del 40% de los norteamericanos no puede pagar atención médica básica, sin incurrir en deudas. En contraste, podemos ver países con sistemas de salud pública sólidos, como los escandinavos, que promueven la salud como un derecho para todos sus ciudadanos, sin importar sus ingresos, evidenciando la tensión entre los valores cívicos y la lógica mercantil.
«Cuando permitimos que los mercados decidan quién tiene acceso a recursos esenciales, dejamos que la desigualdad económica determine la dignidad humana.»
Un último ejemplo podemos evidenciarlo en el vínculo del concepto de democracia y el ejercicio del poder político. Bien sabemos que en la política postmoderna, el dinero juega un papel fundamental: las campañas electorales dependen de donaciones privadas, lo que otorga a los grandes capitales una influencia desproporcionada sobre las políticas públicas. Pues bien, en este aspecto particular, Sandel critica cómo el financiamiento privado crea una democracia esencialmente desigual, en la que las voces de quienes no tienen recursos del cabildeo quedan marginadas frente a los intereses de corporaciones y élites económicas: bajo esta lógica, ningún trabajador común podría llegar a ocupar lugares de poder si no se «moja» con los financistas de la política.
«La idea de que el mercado puede distribuir de manera justa los recursos y las oportunidades es una falacia. Cuando el dinero puede comprar acceso y poder político, la democracia se ve comprometida»
Como pueden apreciar, amigos míos, el problema no es sólo la desigualdad que los mercados generan, sino el daño moral que causan al mercantilizar aspectos de la vida cotidiana que deberían estar regidos por valores cívicos, es decir, una moral y una ética compartida por todos los habitantes de una nación, ricos y pobres, en pos de la equidad, la solidaridad y el bien común, los cuales son muy rentables, pero no tanto como la exclusión y la eliminación sistemática de posibilidades para una gran mayoría.
«Uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo es decidir dónde pertenecen los mercados y dónde no. No todo debe estar en venta.»
En términos filosóficos, el planteo que Sandel nos trae resuena bastante con el concepto de alienación que vimos de Karl Marx, quien advirtió que el capitalismo transforma todas las relaciones humanas en relaciones de intercambio. En este sentido, no debemos olvidar que Marx alertó sobre cómo el mercado deshumaniza a las personas, convirtiéndolas en meras mercancías, motivo por el cual podríamos darnos cuenta de que este proceso no sólo afecta la economía, sino también la capacidad de los individuos para relacionarse de manera auténtica y solidaria.
Por su parte, Hannah Arendt también nos recuerda cuán importante es la esfera pública como espacio de deliberación y acción colectiva (no como oportunidad espuria para fundar curros para amigos del partido de turno). Para Arendt, la privatización de lo público a través de la lógica mercantil amenaza la esencia misma de la política y del compromiso cívico, reduciendo a los ciudadanos a meros consumidores que, dependiendo de cuánto ganen, dependerá también su poder de participación en el destino de cada comunidad.
«Cuando el dinero puede comprar el acceso a los políticos, deja de ser un medio de intercambio y se convierte en un medio de influencia.»
En contraste con lo previamente descrito, tenemos a John Stuart Mill, que defendía la libertad individual, pero reconocía que ésta debía equilibrarse con el bienestar colectivo. Pues bien, Sandel retoma esta idea al señalar que permitir que los mercados dominen todos los aspectos cívicos socava ese equilibrio, favoreciendo a unos pocos a expensas de la mayoría: ¿les suena conocida esa canción?
Volviendo a nuestra situación actual, es preciso afirmar que la influencia de los mercados en la vida cotidiana es innegable. La privatización de los servicios esenciales como la educación y la salud no ha hecho otra cosa que reforzar las desigualdades sociales preexistentes. Ya lo dijimos previamente, pero tal vez es necesario repetirlo: el acceso a una educación de calidad o a tratamientos médicos complejos depende cada vez más de la capacidad económica, relegando a un segundo plano el derecho universal al acceso a estas necesidades básicas.
Complementariamente, no podemos dejar de lado el impacto de las redes sociales, cuyo modelo de negocio basado en datos personales mercantiliza nuestras relaciones y comportamientos, fomentando la polarización y el aislamiento de las personas. Este fenómeno no hace otra cosa que reforzar lo que Sandel llama «la erosión de lo cívico», ya que las plataformas se dedican a priorizar el lucro sobre el verdadero diálogo y la cohesión social.
Como habrán podido apreciar, queridos lectores, queda claro que la mercantilización de la vida cívica no sólo genera desigualdad de índole económica, sino que también pone en peligro los valores que sostienen una sociedad justa, equitativa, honesta y solidaria. Tal como señala Sandel, sería fantástico que nos replanteemos qué aspectos de nuestras vidas queremos que estén regidos por la lógica del mercado y cuáles deben protegerse como bienes comunes para todos por igual.
«Reaprender a debatir sobre el bien común es el primer paso para recuperar la integridad de nuestras instituciones públicas.»
En definitiva, el desafío está propuesto en la recuperación del valor de lo público y lo cívico como eje fundamental de una política menos corrupta que apunte a construir un futuro más equitativo y humano. Esto implicaría reforzar instituciones que prioricen el bien común y fomentar una cultura que valore la justicia, la solidaridad y la participación política por encima del beneficio económico. Lo sé, parece una utopía, o tal vez lo sea, pero aunque el desafío es grande, la posibilidad de cambio real radica en nuestra capacidad colectiva para re-imaginar una sociedad donde los mercados sean herramientas para el bienestar y no los dueños de la totalidad de nuestra vida cívica.
Enlace de la disertación: https://youtu.be/3nsoN-LS8RQ
Lisandro Prieto Femenía.
Docente. Escritor. Filósofo
San Juan – Argentina
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Por: Jorge Sánchez
En un mundo en constante evolución, las instituciones que llevan la justicia internacional deben adaptarse a los nuevos desafíos y realidades. La Corte Penal Internacional (CPI), creada con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, enfrenta críticas que apuntan a su eficacia y relevancia en el contexto actual. Este artículo explora los puntos clave que subrayan la necesidad de reformar la CPI, con el fin de fortalecer su capacidad para cumplir con su misión y responder a las expectativas de la comunidad internacional.
Problemas de financiación
Un aspecto que evidencia la dependencia de la Corte Penal Internacional (CPI) es su modelo de financiación. Según los informes del organismo, el Tribunal se sostiene a través de las aportaciones de los Estados Partes, así como de contribuciones voluntarias provenientes de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y donaciones. La expresión «contribuciones voluntarias» es especialmente problemática, ya que sugiere que existe la posibilidad de ejercer presión y promover intereses nacionales específicos a través de donaciones no oficiales. Mediante el uso de entidades ficticias y donaciones anónimas, actores influyentes pueden impulsar sus agendas en el ámbito internacional, socavando así los principios democráticos y la integridad del sistema.
Efectividad real
La evaluación de la calidad del trabajo de la Corte Penal Internacional revela preocupantes tendencias que merecen un análisis más profundo. Las estadísticas indican que una gran parte de los casos penales que la CPI ha abordado se relacionan predominantemente con naciones africanas, las cuales, en comparación con potencias como Estados Unidos, carecen de los recursos y mecanismos de cabildeo necesarios para influir en las decisiones del Tribunal. Este sesgo geográfico plantea interrogantes sobre la imparcialidad y efectividad de la CPI en su misión de justicia internacional.
Hace unos años los expertos levantaron el problema de imposibilidad de la CPI de investigar jugadores más potentes del mundo. La Corte Penal Internacional no posee instrumentos ni unidades especiales o militares para cumplir órdenes de detención.
La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra líderes de Rusia e Israel, lo que ha generado un intenso debate sobre las motivaciones detrás de estas decisiones. Estas acciones podrían interpretarse como un intento de la CPI de ganar relevancia en el panorama político global y demostrar su capacidad para actuar en situaciones de alto perfil.
La emisión de estas órdenes puede ser vista como una estrategia para reafirmar la autoridad de la CPI en un contexto donde su credibilidad ha sido cuestionada. Al dirigirse a figuras prominentes en el ámbito internacional, la CPI busca enviar un mensaje claro sobre su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas, independientemente de la influencia política de los países involucrados.
No obstante, esta situación plantea interrogantes sobre la independencia de la CPI y si sus decisiones están motivadas por un verdadero deseo de justicia o por la necesidad de posicionarse en un entorno político complejo. La percepción de que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para mantener la relevancia en el sistema internacional podría influir en cómo se percibe a la CPI y su capacidad para cumplir con su mandato fundamental.
Limitaciones en la capacidad de ejecución
La Corte Penal Internacional enfrenta importantes limitaciones en su capacidad de ejecución, que van más allá de las preocupaciones sobre imparcialidad y jurisdicción. Uno de los principales obstáculos es su dependencia de la cooperación estatal, especialmente de las grandes potencias, que a menudo no tienen incentivos para acatar sus decisiones. Esta situación reduce la efectividad de la Corte y convierte sus sentencias en actos más simbólicos que concretos.
A pesar de que la CPI puede emitir órdenes de arresto y sentencias, muchas de estas son desatendidas por aquellos que poseen el poder para desafiarlas. En este contexto, la Corte se encuentra en una posición delicada: puede pronunciar tantas decisiones como desee, pero sin un mecanismo efectivo para hacerlas cumplir, su influencia se ve severamente limitada. Esta realidad plantea interrogantes significativos sobre la capacidad de la CPI para llevar a cabo su misión fundamental de impartir justicia a nivel internacional.
EE.UU. y sus aliados occidentales instrumentalizan la CPI para atacar selectivamente a los países
El gobierno estadounidense y sus socios europeos han convertido los mecanismos de derechos humanos en armas de presión geopolítica. Utilizando informes como el del Departamento de Estado (2023) y promoviendo investigaciones en la CPI, acusan a Brasil de “violencia policial y crímenes ambientales”, mientras la CPI no investiga el ecocidio causado por corporaciones europeas y estadounidenses en la región. Con Irán, el cinismo es aún más evidente. Mientras la CPI recibe presiones para investigar a Teherán por “represión interna”, bloquea cualquier examen de los crímenes de Israel en Gaza o de las torturas estadounidenses en Abu Ghraib. Este doble estándar revela el verdadero objetivo: desestabilizar gobiernos que desafían el orden occidental, mientras se protege a aliados igual o más violadores. La CPI actúa como instrumento de dominación, no de justicia universal.
¿Reforma o fin?
La Corte Penal Internacional enfrenta una crisis de legitimidad. Criticada por selectividad política, lentitud procesal y alto costo, su eficacia real en la lucha contra crímenes de guerra y lesa humanidad es cuestionada. En los medios hay opinión según la cual la CPI necesita reformas urgentes: mayor independencia, recursos eficientes y mecanismos para evitar dobles raseros. Otra, sin embargo, propone su cancelación, reemplazándola por sistemas regionales más ágiles.
Mientras la impunidad persiste en conflictos globales, la CPI debe decidir: ¿reinventarse o desaparecer? Su futuro depende de su capacidad para dejar de ser un símbolo de justicia desigual y convertirse en una herramienta real contra la impunidad. Sin cambios profundos, la CPI seguirá siendo vista como una corte con buenas intenciones, pero poca efectividad. ¿Vale la pena mantenerla?
Jorge Sánchez
Periodista especializado en la política internacional
Lisandro Prieto Femenía
Preocúpate si te da miedo emitir juicio sobre algo en particular
(No importa cuándo leas ésto)
Hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre una teoría puntual, que se ha vuelto clave para comprender el funcionamiento de los mecanismos sociales que sofocan la libre expresión: la espiral del silencio. En 1974, la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann expresó una hipótesis, que parte de una observación inquietante: los individuos, al percibir que su opinión es minoritaria o mal vista socialmente, tienden a guardar silencio por temor al rechazo y/o aislamiento. En sus palabras, sostiene que «la opinión pública es el comportamiento que uno debe mostrar para evitar el aislamiento» (Noelle-Neumann, 1974, p. 50), indicando con esta aparente definición inocente un sofisticado mecanismo de control social, profundamente efectivo, incluso y sobre todo en estos últimos tiempos, en democracias formales.
Lo notable de esta teoría es que describe un mecanismo de censura sin la necesidad de contar con censores. No hace falta que el Estado silencie con violencia a los disidentes con represión directa: basta que la estructura mediática, cultural o política construya una narrativa de consenso incuestionable. Entonces, quienes osen pensar críticamente o disentir, se verán compelidos al silencio, no por coerción externa, sino por el miedo a ser marginados por la agenda imperante de lo políticamente correcto. Así, la censura se vuelve entonces internalizada, más eficaz aún porque las víctimas del silenciamiento lo acatan sin chistar.
Ahora bien, en las sociedades contemporáneas, este fenómeno se agrava con la lógica de las redes sociales, donde la validación (likes, retuits, seguidores) reemplaza completamente al razonamiento complejo. Al respecto, Byung-Chul Han advirtió que «el infierno de lo igual se impone como la repetición de lo mismo en todas partes» (Han, «La expulsión de lo distinto, 2017, p. 16). En este ecosistema, quien disiente de las corrientes dominantes no sólo es ignorado, sino que es expulsado simbólicamente de la conversación pública, tachado de tóxico, extremista o ignorante. Así, el silencio no representa una pasividad, sino un acto perverso de supervivencia social: la moda te obliga a callar para permanecer entre los demás.
Uno de los mentores ideológicos de la decadencia moral e ideológica reinante de las agendas actuales, Michel Foucault, nos explicó perfectamente cómo el poder moderno no se manifiesta principalmente a través de la represión directa, sino mediante la producción de discursos legítimos y la exclusión de los considerados inaceptables: «No hay enunciado que no esté en relación con un conjunto de reglas que definen lo que es admisible o no en una determinada época» («La arqueología del saber», 1969, p.40). En este sentido, la espiral del silencio opera precisamente en esa frontera: lo dicho se convierte en lo único decible, y lo demás, en tabú.
El resultado de este mecanismo es un escenario donde la libertad de expresión no está formalmente restringida, pero sí está prácticamente anulada. Hannah Arendt sí comprendió con agudeza el valor político real que tiene el discurso público al indicar que «la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y si no se respetan las opiniones divergentes» («La crisis de la cultura», 1961, p. 269). Desde esta perspectiva, la espiral del silencio no elimina la opinión divergente, pero la convierte en un gesto temerario, un riesgo personal que muchos no están dispuestos a correr.
Este fenómeno también fue analizado en detalle por el sociólogo Pierre Bourdieu, quien advirtió que «la opinión pública no existe» en tanto categoría homogénea, sino que se trata de una construcción dominada por quienes tienen el poder de imponer los temas y las formas legítimas de hablar sobre ellos («La opinión pública no existe», en Les temps modernes, n.º 318, 1972). En este marco teórico, la espiral del silencio no revela una mayoría verdadera, sino una clara imposición de un marco de enunciabilidad sostenido por quienes defienden qué puede y qué no puede ser dicho.
En la actualidad, la espiral del silencio se manifiesta en torno a una serie de tabúes sociales que, si bien no está expresamente prohibidos legalmente, se vuelven prácticamente imposibles de expresar sin consecuencias de marginación o linchamiento social. El primero de ellos es la crítica abierta a ciertos consensos progresistas, como cuestionar las políticas de identidad de género, poner en duda el alcance de ciertos movimientos sociales, o expresar reservas sobre cómo algunos gobiernos europeos populistas decadentes están gestionando las migraciones masivas. Incluso plantear matices en temas como el cambio climático, la globalización o modelos económicos imperantes puede colocar a un individuo bajo sospecha moral.
En muchos círculos académicos y mediáticos, cuestionar los discursos dominantes sobre diversidad, inclusión o justicia social se interpreta automáticamente como un acto de violencia simbólica. Como señala el filósofo Mark Lilla, «la política de la identidad anima a los individuos a pensar más en sus heridas particulares que en el bien común» («The Once and Future Liberal, 2017, p. 14.). Quien critique esta tendencia corre el riesgo de ser catalogado retrógrado, insensible, reaccionario, independientemente de la calidad de sus argumentos.
Ahora bien, en el otro extremo del espectro ideológico, sucede lo mismo: en ciertos contextos conservadores o nacionalistas, manifestar apoyo a políticas de inclusión, migración o derechos sociales es también motivo de exclusión o estigmatización. Así, la espiral del silencio no responde únicamente a una única corriente, sino que se adapta camaleónicamente a la hegemonía del entorno en cada momento dado.
Esta situación demuestra que el problema no es el debate entre posturas distintas, sino la clausura anticipada del debate mediante la demonización de ciertas opiniones. Como señaló proféticamente George Orwell en su prefacio censurado de «Rebelión en la granja», «La libertad es derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír» (Orwell, 1945/1972, p.7). Cuando la arquitectura social suprime ese derecho en nombre de cualquier causa- por justa que parezca-, lo que se pierde no es sólo la pluralidad de voces, sino la posibilidad misma de pensar críticamente. Y vaya que es rentable, para dos o tres listillos que manejan los hilos, que seamos cada vez más idiotas.
El problema de fondo en esta cuestión no es que ciertos discursos sean rechazados por ser infundados, sino que la presión del entorno es tan fuerte que se termina anulando la posibilidad misma del debate. Esta maquinaria social no requiere de un Estado autoritario ni de leyes mordaza, sino que basta con un conjunto de voces hegemónicas (rentadas, por supuesto), una narrativa dominante y un contexto de temor al aislamiento. Como explicó Noeelle-Neumann, «no es necesario que se reprima a las personas para que ellas se repriman a sí mismas» (1974, p. 52).
Esta autocensura generalizada genera una falsa percepción de consenso que refuerza la hegemonía ideológica y desactiva cualquier atisbo de transformación social real. Las mayorías aparentes se consolidan no por su fuerza argumentativa, sino por el silenciamiento de las disidencias, convirtiendo perversamente a la espiral del silencio en una trampa silenciosa y eficaz que opera bajo la lógica de la persuasión disfrazada de «normalidad», del consentimiento disfrazado de acuerdo espontáneo.
Para concluir, tenemos que resaltar que lo más inquietante de este asunto es que esta estrategia macabra puede ser utilizada por cualquier posicionamiento político o ideología: no es patrimonio de un sector específico, sino que es un dispositivo que sirve tanto al totalitarismo como al progresismo intolerante, tanto al mercado como al nacionalismo conservador. Cuando una sociedad aprende a quedarse callada por temor, el pensamiento crítico se convierte en una actividad clandestina. En nombre de la corrección política, de la salud pública, de la moral o del progreso, la espiral del silencio termina siendo el rostro amable de una sumisión pervertida que no debería suceder en una democracia realmente libre.
Lisandro Prieto Femenía.
Docente. Escritor. Filósofo
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La edición número 11 de la revista Con-Secuencias, publicada por el Foro de Reflexión sobre la Realidad Salvadoreña (FORES) en el período mayo-agosto de 2025, presenta un análisis profundo titulado «El Salvador: El país donde debes invertir». Este artículo examina las condiciones actuales del país para atraer inversión extranjera, destacando tanto los avances como los desafíos en el entorno económico y político salvadoreño.
El artículo inicia destacando los esfuerzos del gobierno salvadoreño por mejorar el clima de inversión. Se enfatiza la implementación de políticas públicas orientadas a la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica, factores clave para atraer capital extranjero.
Se resalta la inversión en infraestructura como un pilar fundamental para el desarrollo económico. Proyectos como la modernización de puertos y la expansión de la red vial son presentados como iniciativas que mejoran la conectividad y facilitan el comercio.
La mejora en los índices de seguridad es otro aspecto destacado. El artículo señala que la reducción de la criminalidad ha generado un ambiente más propicio para los negocios, aunque también advierte sobre la necesidad de mantener el respeto a los derechos humanos y las libertades civiles.
El autor subraya la importancia de la estabilidad macroeconómica como un atractivo para los inversionistas. Se menciona el control de la inflación y el manejo responsable de las finanzas públicas como señales positivas para el mercado.
Se analiza la reforma del sistema legal y su impacto en la inversión. El artículo destaca la necesidad de un marco jurídico transparente y predecible que brinde confianza a los inversionistas nacionales e internacionales.
La formación de capital humano es presentada como un desafío pendiente. El autor enfatiza la necesidad de invertir en educación y capacitación para contar con una fuerza laboral calificada que responda a las demandas del mercado global.
El artículo aborda la importancia de fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico. Se sugiere la creación de incentivos para la investigación y el desarrollo, así como la promoción de startups y empresas tecnológicas.
Se destaca la necesidad de incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en los proyectos de inversión. El autor señala que la protección del medio ambiente debe ser una prioridad en la agenda económica del país.
El artículo analiza el papel de El Salvador en la integración regional. Se menciona la participación en tratados comerciales y alianzas estratégicas como mecanismos para ampliar los mercados y atraer inversión.
La transparencia y la lucha contra la corrupción son presentadas como elementos esenciales para un entorno de negocios saludable. El autor aboga por fortalecer las instituciones y garantizar la rendición de cuentas.
Para una lectura completa y detallada, puede acceder al texto original: https://revistacon-secuencias.com/index.php/rcs_sv/issue/view/32/46
