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Ministerio de Salud ha realizado unas 400,000 pruebas PCR para diagnosticar el COVID-19
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Salud, lleva contabilizadas 395,921 PCR (Pruebas de Reacción de la Polimerasa, por sus siglas en inglés) para diagnosticar el COVID-19. El Salvador es de los países centroamericanos con el mayor número de exámenes practicados.
La PCR es un examen nasofaríngeo y el resultado en la detección del COVID-19 es del 99.99% de efectividad.
Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno del Presidente Bukele se ha enfocado en prevenir los contagios de la enfermedad y ayudar oportunamente en el tratamiento médico de los pacientes que la padecen.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, expresó que las personas que requieran hacerse el examen, gratis, pueden acudir a los tamizajes comunitarios que se organizan todos los días en diferentes zonas del país.
Además, el Ministerio de Salud ha autorizado, a esta fecha, a dos laboratorios privados para hacer las pruebas, y el costo por el examen es de $165.00, aproximadamente.
Los grupos prioritarios para hacerse la prueba son el personal que está trabajando en primera línea contra la pandemia, así como los adultos mayores o que padecen enfermedades crónicas. Los resultados son entregados a pacientes, en el caso que hayan salido positivos, para determinar el procedimiento de su recuperación.
“Cerca del 80 % de las personas es asintomático, el resto registra sintomatología leve y solo un 5 % se complica”, explicó Alabi.
La importancia de hacer las pruebas PCR es que se puede seguir el hilo conductor de los contagios y permite tomar acciones sanitarias para desacelerar el ritmo de la transmisión del virus por localidades.
Con respecto a las 3 mil pruebas tomadas en San Salvador, el resultado reveló un 4 % de contagio, por lo que no será instalado un cerco sanitario por el momento.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos.
: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
