Judicial
Joven enfrentará juicio tras tirar a fosa séptica a su hija recién nacida
Por existir suficientes pruebas de que intentó asesinar a su hija recién nacida, lanzándola a una fosa séptica, Imelda Isabel Cortez Palacios, de 20 años, enfrentará un juicio.
Así lo decidió hoy, el Juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco, en la audiencia preliminar, con base a las evidencias ofrecidas por las fiscales del caso de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la oficina de Usulután.
El dictamen de acusación Fiscal, establece que el 17 de abril, del año pasado, a las 6:00 de la tarde, la joven buscó ayuda médica en el hospital nacional de Jiquilisco, por enfrentar un sangramiento excesivo.
Al ingresarla, una doctora, diagnosticó que la fémina había tenido un parto extra hospitalario, porque además habían llevado la placenta.
La profesional de la medicina, la interrogó sobre el lugar dónde había dado a luz, la imputada lo negó, pero posteriormente aceptó, justificando “que sintió que le salió algo cuando estaba en el servicio”.
El centro hospitalario, informó a la policía sobre el caso, por lo que agentes policiales y soldados inspeccionaron la fosa séptica en la vivienda de la incriminada, ubicada en el cantón El Paraíso de la jurisdicción del municipio de Jiquilisco.
Tras quitar la base de la fosa, logran escuchar el llanto de la recién nacida, y auxiliándose de una lámpara, logran ubicarla llena de heces y de un polvo blanco, al parecer cal.
La bebé fue trasladada inmediatamente al hospital y por fortuna logró sobrevivir.
La negativa de Imelda Isabel, de haber dado a luz, y posteriormente aceptar dar información donde se encontraba la recién nacida, así como justificar que no sabía que estaba embrazada durante nueve meses y tirar a la bebé a la fosa, son acciones, entre otras, que la FGR, considera que se configura el delito de homicidio agravado tentado.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
