Judicial
INSÓLITO: Absuelven a una pareja de novios acusados de extorsionar a un empresario que terminó huyendo del país
Ambos enamorados se abrazaron y sonrieron luego de saber que la sentencia fue favorable.
Absuelven a una pareja de novios acusados de extorsionar a un empresario que terminó huyendo del país
Entre coqueteos, miradas fugaces y risas disimuladas, una pareja de novios pasó el juicio del que salieron bien librados por el caso de una extorsión a un empresario en el centro de San Salvador.
Dinora y Geovanny fueron capturados el 11 de septiembre del 2017, ambos eran señalados de extorsionar por dos años al propietario de un establecimiento ubicado sobre la avenida España, en el centro capitalino.
Durante varios años la pareja estuvo trabajando en el comercio informal de San Salvador, algo con lo que les alcanzaba para suplir los gastos de la vivienda que compartían en el municipio de Ilopango.
La relación fue mucho más allá de lo amoroso cuando ambos decidieron entrar al mundo del crimen induciendo también a una compañera de trabajo de Dinora quien les ayudó a cometer ilícitos a cambio de un pago.
Según el testimonio de la víctima, el 4 de septiembre de 2017 un grupo de supuestos pandilleros le pidieron $1,000 a cambio de no atentar contra su vida. Algo que dejó desconcertado a la víctima quien ya era extorsionado por otros delincuentes.
El empresario pidió a los delincuentes un plazo de siete días para darles el dinero, pero el 6 de septiembre decidió interponer una denuncia para acabar de una vez con las amenazas y desembolsos.
Mediante un operativo, montado 5 días después de la denuncia, los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron a la pareja y su amiga luego de haber recibido el paquete con el supuesto dinero producto de la extorsión.
Desde el día que fueron capturados, los enamorados no volvieron a estar juntos, hasta el pasado 27 de febrero de 2019 cuando se celebró el juicio por el caso en el que también estuvo presente la cómplice de ambos.
El incómodo reencuentro
Esposados de manos y pies, y bajo custodia policial, los imputados llegaron hasta la sala de audiencias, durante el recorrido la pareja comentaba cosas en susurros para luego reírse de forma discreta sin llamar la atención.
Una vez dentro de la sala, las miradas y sonrisas seguían, era tanta la emoción de los imputados que los policías comenzaron a incomodarse y los cambiaron de lugar.
La acusación de los fiscales del caso pasó por inadvertida para la pareja, ambos movían la cabeza negando todo y lanzaban carcajadas silenciosas, al mismo tiempo que zapateaban como quien se muere de risa.
De pronto, un custodio que estaba a dos metros de ellos se aproximó velozmente y con su dedo índice levando les dijo que se callaran y que bajaran las cabezas, tal cual padre furioso regaña a sus hijos por su mal comportamiento.
Esto sirvió de escarmiento por un rato, pero cuando los testigos comenzaron a pasar la escena se volvió a repetir una vez más sin advertir que todos sus movimientos eran observados por el juez que se esperó hasta el último momento para llamar su atención.
“Vamos a ver, vos que te has estado riendo, ¿Tienes algo que decir?”, preguntó con un tono serio el juez antes de dar por cerrado el juicio. “No, no tengo nada que decir”, contestó Dinora mientras soltaba una gran sonrisa.
La víctima huyó del país
La sonrisa llegó hasta la tercer imputada cuando se conoció que el principal testigo y víctima en el caso no había compadecido al juicio ya que había huido del país; elemento del cual la defensa se valió para desquebrajar a la FGR.
“Si no tenemos a la víctima a la Fiscalía se le derrumbó el edificio del caso. No se ha podido demostrar este ilícito porque llegar a retirar un paquete no es delito, no se sabe en qué condiciones”, señaló uno de los abogados defensores.
La parte acusadora explicó que la víctima no era necesaria ya que se cuenta con su declaración y con el testimonio de los cuatro policías que realizaron el procedimiento; sin embargo, dentro del proceso judicial no fue incorporado el álbum fotográfico donde demostraba claramente la participación de los tres imputados.
Ante esto el juzgador del Tribunal Quinto de Sentencia decidió absolver a dos de los tres imputados ya que Dinora fue condenada a tres años de prisión, con reemplazo, por el delito de portación ilegal de armas.
Nota tomada de El Salvador Times
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
