Judicial
INSÓLITO: Absuelven a una pareja de novios acusados de extorsionar a un empresario que terminó huyendo del país
Ambos enamorados se abrazaron y sonrieron luego de saber que la sentencia fue favorable.
Absuelven a una pareja de novios acusados de extorsionar a un empresario que terminó huyendo del país
Entre coqueteos, miradas fugaces y risas disimuladas, una pareja de novios pasó el juicio del que salieron bien librados por el caso de una extorsión a un empresario en el centro de San Salvador.
Dinora y Geovanny fueron capturados el 11 de septiembre del 2017, ambos eran señalados de extorsionar por dos años al propietario de un establecimiento ubicado sobre la avenida España, en el centro capitalino.
Durante varios años la pareja estuvo trabajando en el comercio informal de San Salvador, algo con lo que les alcanzaba para suplir los gastos de la vivienda que compartían en el municipio de Ilopango.
La relación fue mucho más allá de lo amoroso cuando ambos decidieron entrar al mundo del crimen induciendo también a una compañera de trabajo de Dinora quien les ayudó a cometer ilícitos a cambio de un pago.
Según el testimonio de la víctima, el 4 de septiembre de 2017 un grupo de supuestos pandilleros le pidieron $1,000 a cambio de no atentar contra su vida. Algo que dejó desconcertado a la víctima quien ya era extorsionado por otros delincuentes.
El empresario pidió a los delincuentes un plazo de siete días para darles el dinero, pero el 6 de septiembre decidió interponer una denuncia para acabar de una vez con las amenazas y desembolsos.
Mediante un operativo, montado 5 días después de la denuncia, los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron a la pareja y su amiga luego de haber recibido el paquete con el supuesto dinero producto de la extorsión.
Desde el día que fueron capturados, los enamorados no volvieron a estar juntos, hasta el pasado 27 de febrero de 2019 cuando se celebró el juicio por el caso en el que también estuvo presente la cómplice de ambos.
El incómodo reencuentro
Esposados de manos y pies, y bajo custodia policial, los imputados llegaron hasta la sala de audiencias, durante el recorrido la pareja comentaba cosas en susurros para luego reírse de forma discreta sin llamar la atención.
Una vez dentro de la sala, las miradas y sonrisas seguían, era tanta la emoción de los imputados que los policías comenzaron a incomodarse y los cambiaron de lugar.
La acusación de los fiscales del caso pasó por inadvertida para la pareja, ambos movían la cabeza negando todo y lanzaban carcajadas silenciosas, al mismo tiempo que zapateaban como quien se muere de risa.
De pronto, un custodio que estaba a dos metros de ellos se aproximó velozmente y con su dedo índice levando les dijo que se callaran y que bajaran las cabezas, tal cual padre furioso regaña a sus hijos por su mal comportamiento.
Esto sirvió de escarmiento por un rato, pero cuando los testigos comenzaron a pasar la escena se volvió a repetir una vez más sin advertir que todos sus movimientos eran observados por el juez que se esperó hasta el último momento para llamar su atención.
“Vamos a ver, vos que te has estado riendo, ¿Tienes algo que decir?”, preguntó con un tono serio el juez antes de dar por cerrado el juicio. “No, no tengo nada que decir”, contestó Dinora mientras soltaba una gran sonrisa.
La víctima huyó del país
La sonrisa llegó hasta la tercer imputada cuando se conoció que el principal testigo y víctima en el caso no había compadecido al juicio ya que había huido del país; elemento del cual la defensa se valió para desquebrajar a la FGR.
“Si no tenemos a la víctima a la Fiscalía se le derrumbó el edificio del caso. No se ha podido demostrar este ilícito porque llegar a retirar un paquete no es delito, no se sabe en qué condiciones”, señaló uno de los abogados defensores.
La parte acusadora explicó que la víctima no era necesaria ya que se cuenta con su declaración y con el testimonio de los cuatro policías que realizaron el procedimiento; sin embargo, dentro del proceso judicial no fue incorporado el álbum fotográfico donde demostraba claramente la participación de los tres imputados.
Ante esto el juzgador del Tribunal Quinto de Sentencia decidió absolver a dos de los tres imputados ya que Dinora fue condenada a tres años de prisión, con reemplazo, por el delito de portación ilegal de armas.
Nota tomada de El Salvador Times
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
