ENTREGA ESPECIAL
Guatemalteco relata trato de EEUU a deportados en medio de COVID-19: «Ni jabón nos llevaron»

Por Luis Brito y Haroldo Martínez
El ciudadano guatemalteco Marvin Canahuí ha vivido la pandemia de COVID-19 cautivo, primero en un colmado centro de detención para migrantes en Estados Unidos y después en su propio hogar en Guatemala tras su deportación.
El guatemalteco, de 38 años, es uno de los miles de migrantes que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha deportado a América Latina en medio de la pandemia, a pesar de que numerosos centros de custodia del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) de Estados Unidos han tenido brotes o cuando menos algún contagio.
«Ni jabón de manos para desinfectarse ni desinfectante nos llevaron nunca», dijo a Xinhua Marvin, en su casa en la aldea Santa Isabel, ubicada en una tropical zona del noreste guatemalteco, donde no había regresado desde hace 17 años que migró a Estados Unidos para trabajar.
Contó que en un centro del ICE se enteró por la televisión que la pandemia golpeaba al mundo, porque desde el 3 de enero de este año estuvo encerrado en distintas instalaciones, tras su arrestó en un autobús por ser indocumentado en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos.
Cuando el brote del virus aceleraba en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia a nivel global, Marvin estaba en un centro de detención en el estado estadounidense de Louisiana (sureste).
Dijo que él nunca observó que ahí se aplicaran medidas sanitarias básicas como distanciamiento o limpieza, salvo en las áreas de teléfonos o en el comedor.
Dormitorio, regaderas y baños los compartía con alrededor de 200 guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, algunos durmiendo en el piso sobre colchonetas, porque las literas estaban ocupadas por el constante ingreso de nuevos detenidos, según relató.
«Estaba repleto de gente, lleno totalmente, no cabía mas gente (…) llevaban y llevaban prisioneros, ahí estábamos totalmente apretados», describió.
Según el ICE, el centro correccional de Catahoula, Louisiana, donde Marvin dijo que pasó en abril las últimas semanas de su custodia, sumaba a la fecha 39 detenidos contagiados del virus, aunque cuando él preguntó a los oficiales le respondieron que no había ningún caso.
Antes de su deportación al país centroamericano, personal del centro le metió una paleta plástica a la boca que después guardó, sin explicarle si se trataba de una prueba para COVID-19, ni notificarle algún resultado.
Marvin describió su arresto, ocurrido cuando regresaba al estado de Carolina del Sur, tras pasar Navidad con un hermano en California, así como su detención por más de tres meses en centros de Texas, Nuevo México y Louisiana, como una experiencia humillante que lo hizo sentirse como basura.
Desde 2003, cuando cruzó la frontera de México con Estados Unidos por el estado de Arizona, el guatemalteco trabajó en la remodelación de casas en California, Nueva York, Massachussets y Carolina del Sur sin involucrarse en problemas, pero luego de su detención lo trasladaban esposado de pies y manos como un criminal.
A mediados de abril, le entregaron la ropa que vestía cuando fue arrestado, por lo que Marvin se alegró de que sería deportado a su país de origen, ya que anhelaba libertad debido a su encierro y al trato en algunos casos notoriamente racista de oficiales, según dijo.
Cuando el vuelo del ICE aterrizó en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala procedente de Estados Unidos, el 14 de abril pasado, Marvin y los otros deportados fueron confinados en un albergue cercano a la terminal, donde permaneció dos semanas.
Para esas fechas, varias decenas de deportados habían dado positivo al nuevo coronavirus, por lo que el gobierno de Guatemala lidiaba con Washington para que examinara a los repatriados antes de subirlos a los aviones y después suspendió temporalmente los vuelos.
Guatemala, cuyo gobierno ha señalado que posé un débil sistema de salud frente al COVID-19, registraba hasta el momento más de 1.300 casos con 29 decesos, en que según datos recogidos por la prensa local, 102 contagios correspondían a deportados por Estados Unidos.
En Colombia, Haití, Jamaica y México también se han reportado deportados contagiados, por lo que Médicos Sin Fronteras pidió a Estados Unidos el pasado 4 mayo suspender las devoluciones, al advertir que podrían exacerbar la crisis en países de la región con sistemas de salud frágiles.
Previamente, el director de la organización médico humanitaria para México y Centroamérica, Loïc Jaeger, calificó de «política criminal» que en medio de la pandemia se realizaran deportaciones sin revisión previa.
El Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, siglas en inglés), con sede en Washington, concluyó igualmente en un análisis, que el gobierno de Trump exportaba el coronavirus a la región con los vuelos del ICE y las deportaciones terrestres a México desde centros con brotes.
De acuerdo con cifras del ICE, sumaban 943 detenidos contagiados en 45 centros y se habían realizado un total de 1.788 pruebas, pese a que la población en todas las instalaciones era de 29.675 personas a finales de abril anterior.
Marvin pudo dejar el albergue, tras dos semanas en que dio negativo a igual número de pruebas a COVID-19 aplicadas por autoridades guatemaltecas, aunque le ordenaron seguir 14 días en cuarentena en su casa en Santa Isabel, en el departamento de Petén, cerca de la frontera con Belice.
Cuando llegó al hogar donde se crío, a siete horas en automóvil de la capital guatemalteca, su madre, Mónica, una mujer de 78 años casi ciega por diabetes, lo abrazó y lloraron juntos, ya que habían pasado 17 años de no verse.
Pero vecinos de la pequeña comunidad, que vive del ganado y del cultivo de frutas tropicales, temían verlo en la calle, incluso, hasta un amigo de su infancia le negó un abrazo, pese a que Marvin le aseguró que estaba sano.
El municipio de San Luis, donde está Santa Isabel, registraba solamente el contagio de un policía que contrajo el virus en otra localidad, pero la población está temerosa y le asusta la llegada de personas, según explicó a Xinhua la directora del centro de salud local, Elvia Watters.
«Espero que no tengamos que llegar a la situación de otros países, porque no sé como nos iría si eso sucede», expresó la médica.
Después de 130 días encerrado desde su arresto, Marvin pudo caminar por el poblado que prácticamente redescubrió tras dejarlo de joven, lejos de las bulliciosas ciudades estadounidenses donde remodelaba y pintaba casas.
Dijo que aunque está libre de COVID-19, entiende el riesgo de que otros deportados puedan causar contagios en pequeñas comunidades como la suya, porque vivió las condiciones de los centros del ICE, pese a que esa agencia asegure tomar medidas.
Para Marvin, el comportamiento del gobierno de Trump con las riesgosas deportaciones durante la pandemia es una «maldad», por lo que dirigió un mensaje al presidente estadounidense: «Arrepiéntase, Trump, arrepiéntase».
ENTREGA ESPECIAL
Ella es Rute Cardoso, la esposa del futbolista Diogo Jota y madre de sus tres hijos: así fue su historia de amor

Rute Cardoso, esposa del futbolista portugués Diogo Jota y madre de sus tres hijos, ha sido una figura clave en la vida del jugador del Liverpool, con quien compartió más de una década de relación. La pareja comenzó su historia de amor en 2013, cuando ambos eran estudiantes en Portugal, y desde entonces construyeron una sólida relación basada en el apoyo mutuo.
En 2017, Rute se trasladó con Jota a Inglaterra tras su fichaje por el Wolverhampton Wanderers, acompañándolo en su carrera profesional. Tras nueve años de relación, el futbolista le propuso matrimonio en 2022 y, finalmente, se casaron en junio de 2025, apenas unas semanas antes de la tragedia que acabó con su vida.
La pareja ya había formado una familia: su primer hijo nació en 2021, el segundo en 2023 y una hija en noviembre de 2024. A pesar de sus compromisos deportivos, Diogo Jota se destacó por su dedicación como padre y esposo. En una de sus últimas publicaciones, compartió un video con imágenes de su boda, acompañado por el mensaje: “Un día que nunca olvidaremos”.
El futbolista falleció este jueves 3 de julio, a los 28 años, en un accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Zamora, España, donde también perdió la vida su hermano menor, André Silva. La noticia ha conmocionado al mundo del deporte y ha dejado un vacío profundo en su familia y seguidores.
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FOTOS | Se cumplen 17 años de la tragedia de la Málaga que cobró la vida de 32 personas de la iglesia Elim

Este 3 de julio se conmemoran 17 años de una de las tragedias más dolorosas provocadas por la naturaleza en la historia reciente de El Salvador: el arrastre de un autobús por la repunta del río Arenal de Monserrat, en las cercanías de la colonia La Málaga, que dejó 32 víctimas mortales.
El suceso ocurrió la noche del jueves 3 de julio de 2008, cuando un autobús con 33 miembros de la Iglesia Misión Cristiana Elim retornaba a sus hogares tras una actividad religiosa. Cerca de las 8:00 p. m., la repentina crecida del río alcanzó al vehículo, provocando que el motor se apagara y quedara a merced de la corriente.
En el bus viajaban niños, mujeres y adultos mayores. En medio del caos, dos jóvenes intentaron escapar trepando al techo del autobús, pero solo uno de ellos, Fabricio Montoya, logró sobrevivir gracias a un lazo que un vecino le lanzó desde un punto seguro.
El resto de los ocupantes fueron arrastrados por la fuerte corriente. El primer día solo se recuperaron la mitad de los cuerpos, mientras que las demás víctimas fueron encontradas en los días siguientes, en distintos puntos a lo largo del cauce del río y sus afluentes.
La tragedia de La Málaga se convirtió en un símbolo del riesgo que representan las lluvias intensas para comunidades asentadas cerca de ríos y quebradas. Años después, sigue siendo un recordatorio de la importancia de la prevención y la respuesta rápida ante emergencias de origen natural.
ENTREGA ESPECIAL
15 años del horror en Mejicanos: la masacre del microbús que marcó a El Salvador

Foto: Cortesía
Este 20 de junio se cumplen 15 años de la masacre del microbús en Mejicanos, uno de los ataques más atroces perpetrados por las pandillas en la historia moderna de El Salvador. En la tarde de 2010, miembros de la Mara 18 secuestraron la ruta 47, la desviaron hacia la colonia Jardín, dispararon contra los pasajeros y luego incendiaron el vehículo con gasolina, dejando a decenas atrapados.

Carlos Oswaldo Alvarado, uno de los pandilleros que incendió el microbús de la ruta 47 para vengar el asesinato de uno de sus hermanos, fue condenado a 410 años de prisión, en marzo de 2016. Foto EDH/ Archivo
La tarde se tiñó de horror: al menos 17 personas murieron calcinadas, 15 quedaron heridas —muchas con quemaduras severas de tercer grado— y otras huyeron baleadas mientras intentaban escapar. Testimonios desgarradores narran el sacrificio de madres intentando salvar a sus hijos, solo para que los agresores les dispararan impunemente .

En septiembre de 2013, el pandillero Gustavo Ernesto López Huezo fue condenado a 66 años por ser el autor intelectual de la quema del microbús con 17 personas adentro. Foto EDH/ Archivo

Foto: Cortesía
El presidente de entonces, Mauricio Funes, calificó los hechos como “terrorismo puro” y subrayó la necesidad de reforzar la seguridad nacional. Las autoridades apresaron a ocho pandilleros, incluido el autor intelectual, y tras largos juicios fueron condenados a penas mayores de 66 a 400 años de cárcel.

Foto: Cortesía

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Este ataque no ocurrió en el vacío, sino dentro de un ciclo de violencia entre pandillas —Mara 18 y MS‑13— que marcó a El Salvador desde los años 90, cuando esos grupos se afianzaron tras la guerra civil y las deportaciones desde Estados Unidos.

Foto: Cortesía

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En los últimos 30 años, las pandillas han dejado una enorme huella de dolor: se estima que entre 1992 y 2022, El Salvador sufrió cientos de miles de asesinatos violentos, muchos directamente relacionados con estas estructuras criminales. La tasa de homicidios alcanzó un pico de más de 140 por cada 100 000 habitantes en 1995 y luego un segundo pico en 2015 con 105 por cada 100 000, sumando alrededor de 7 977 y 6 656 homicidios en esos años, respectivamente.
Hoy se cumplen 15 años de uno de los peores atentados terroristas de las maras. Les dejo el testimonio de este milagro de vida de 3 sobrevivientes. 💙
Porque hoy es tiempo de ver, oír y hablar para nunca regresar al pasado.
🔗 Video completo 👇https://t.co/J0s5znBt9b pic.twitter.com/vxsx980QE6
— Christian Guevara 🇸🇻 (@ChrisGuevaraG) June 20, 2025

Foto: Cortesía
Desde 2019, bajo la gestión de Nayib Bukele con el Plan de Control Territorial y regímenes de excepción, las cifras de homicidios se desplomaron: de 52 por 100 000 en 2018 a menos de 8 en 2022, y un récord histórico de 114 homicidios totales en 2024 (1.9 por 100 000), el menor nivel desde los Acuerdos de Paz.
Sin embargo, el contraste entre la actualidad y aquel pasado atroz no debe ocultar que la violencia estructural persiste. La imposición de Estados de excepción ha implicado arrestos masivos (más de 78 000 sospechosos detenidos entre 2022 y 2024), y ha habido denuncias por derechos humanos . La derrota visible de las pandillas plantea ahora el desafío de una seguridad sostenible y respetuosa del Estado de Derecho.
Hoy, la conciencia social exige recordar el horror de Mejicanos no como un capítulo aislado, sino como una advertencia: sin inversión en educación, reconciliación comunitaria y oportunidades, la estructura delincuencial podría resurgir. El dolor de aquellas familias –en algunos casos apelando al perdón, en otros pidiendo justicia– vive en nuestra memoria colectiva .
A 15 años, las heridas siguen abiertas. Los rostros de los 17 muertos y de sus seres cercanos piden nuevas generaciones de salvadoreños que no se acostumbren a un ambiente de miedo. La esperanza radica en un país que vea la seguridad no solo como la ausencia de violencia, sino como la presencia de oportunidades para todos.
Que este aniversario renueve el compromiso: no solo con la memoria, sino con una sociedad que impida que hechos iguales o peores vuelvan a repetirse.