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El Salvador destaca por ser un país libre de malaria en las Américas
Uno de los logros en materia de salud pública de la gestión del presidente Nayib Bukele ha sido recibir por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la certificación de país libre de malaria, enfermedad causada por parásitos del género «Plasmodium» que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos infectados.
De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la malaria amenaza a 138 millones de personas en la región de las Américas, por lo que, en el marco del Día contra la Malaria en las Américas, la OPS hizo un llamado a enfocarse en la vigilancia y la respuesta a escala local para atacar la causa principal de la enfermedad.
«En los últimos cinco años, la Organización Mundial de la Salud [OMS] certificó a tres países como libres de malaria: Argentina, El Salvador y Paraguay. En 2021, Belice notificó cero casos de malaria por tercer año consecutivo, lo que sitúa al país en vías de solicitar la certificación de libre de malaria. Se espera que otros países de la región logren la eliminación para 2025», detalló la OPS en el marco del Día contra la Malaria en las Américas, el pasado 6 de noviembre.
En El Salvador, el Gobierno del presidente Bukele, a través del Ministerio de Salud (Minsal), desarrolla acciones preventivas contra esta enfermedad para garantizar que no haya casos de malaria.
El viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, Carlos Alvarenga, explicó a «Diario El Salvador» que se trabaja en la vigilancia y el control de la enfermedad por medio de diferentes profesionales de la salud.
«Ha habido una estructura en la que trabajan los equipos comunitarios, los promotores, y hemos generado un ejército de voluntarios de salud que trabajan en el control de la malaria. Esta y muchas estrategias que se están implementando de forma progresiva han permitido que el país se posicione como el primer país de Centroamérica en eliminar la malaria y el tercero en América», explicó el viceministro Alvarenga.
El avance en el manejo de la malaria también ha hecho que otros países recurran al ejemplo de El Salvador en el manejo de la malaria, como en el caso de Honduras, cuya viceministra de Salud, Nerza Paz, reconoció los avances que el país ha tenido y agradeció las ideas compartidas durante una visita que desarrolló para crear nuevas estrategias de prevención con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
«Tal es el efecto que hemos causado que otros países nos están viendo como modelo, hemos tenido la visita de las autoridades de Salud de Honduras, la viceministra Paz vino con su equipo de epidemiología y vectores a conocer las buenas prácticas que hemos estado implementando y hemos tenido intercambios y visitas a nivel local. Estamos trascendiendo fronteras y nuestra perspectiva es que, en la medida que fortalezcamos no solo nuestro sistema sanitario, sino también los sistemas sanitarios del entorno, vamos a tener mejores condiciones, porque son países hermanos, son nuestros hermanos», subrayó Alvarenga.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
