Judicial
Abogado ambientalista: “una muestra que las instituciones funcionan, será que caiga sobre el señor Salume el peso de la ley, por la contaminación en su botadero de basura.”
El abogado Sergio Portillo, dedicado especialmente a los temas ambientales, presentó este día viernes 13 de septiembre una petición ante Fiscalía General de la República, reiterando que esa institución está obligada a ordenar una acusación penal, en contra de Nicolás Adriano Salume Pacas, como representante legal de la sociedad dueña del botadero de basura situado en el Puerto de La Libertad, por haber cometido el delito de Desobediencia de Particulares, al continuar incumpliendo la medida cautelar que le fue impuesta por un Juzgado Ambiental.
De acuerdo al profesional del derecho, a principios de junio de 2019, el Tribunal Ambiental, una vez comprobó que el botadero del Puerto de La Libertad, estaba recibiendo una cantidad de desechos sólidos entre 1,100 a 1,200 toneladas diarias, superior en más del 100 por ciento de la capacidad autorizada para disposición final, que según el permiso ambiental era de un máximo de 500 toneladas diarias a tratar; y ordenó medidas cautelares, entre la que se encontraba la inmediata suspensión de recepción de desechos sólidos por sobre la cantidad que tiene permitido ingresar al botadero para su disposición final. Además que por casi tres años el botadero estuvo operando sin permiso de funcionamiento, con la permisibilidad y tolerancia de la Ex Ministra Lina Pohl, quien todavía tiene pendiente enfrentar a la justicia por esos actos arbitrarios, recordó el abogado.
El hecho denunciado contra el señor Salume, surge en atención que el botadero de basura del Puerto de La Libertad, del cual es dueño el antes mencionado, incumple la medida cautelar y sigue recibiendo desechos sólidos en cantidades superiores a las contenidas en el permiso ambiental. Y recientemente, con el último informe dirigido por el Ministerio de Medio Ambiente, al Tribunal que dictó la medida, se ratifica que continúa desobedeciendo la orden judicial.
El citado abogado manifiesta que después de la batalla legal que ha llevado por detener la grave contaminación ambiental que comete el Botadero de Basura propiedad del señor Salume, entre la que se encuentra como más preocupante que el sitio de disposición final no está realizan la captación de gases emanados de la basura, a pesar que esa situación era un requisito obligatorio para otorgarles el permiso ambiental. Lo cual significa que gases altamente contaminantes y que pueden producir enfermedades, como el metano y otros metales pesados, no se están destruyendo en el Botadero, sino que están contaminando la atmósfera provocando el efecto invernadero y afectando la salud de los pobladores locales.
Finalmente resalta que espera que las instituciones como el MARN y la Fiscalía, actúen apegados a derecho, ya que le preocupa el tiempo transcurrido sin que se haya solucionado la situación de contaminación ambiental de dicho Botadero. Recordó que desde hace varios meses presentó la solicitud para que se le revoque definitivamente el permiso ambiental al Botadero, por la contaminación ambiental ocasionada en la zona, la cual afecta a los habitantes circunvecinos pero también daña el Ecosistema Marino Costero del principal corredor turístico en el litoral del país. En cuanto a la Fiscalía, confía que tratándose de un delito comprobado, se procederá pronto a presentar acusación contra Nicolás Adriano Salume Pacas, con la imposición de la medida que corresponda, inclusive la detención provisional, pues el Fiscal General de la República, en declaraciones recientes a recordado que “Nadie está por encima de la ley.”
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
