Judicial
Abogado ambientalista: “una muestra que las instituciones funcionan, será que caiga sobre el señor Salume el peso de la ley, por la contaminación en su botadero de basura.”
El abogado Sergio Portillo, dedicado especialmente a los temas ambientales, presentó este día viernes 13 de septiembre una petición ante Fiscalía General de la República, reiterando que esa institución está obligada a ordenar una acusación penal, en contra de Nicolás Adriano Salume Pacas, como representante legal de la sociedad dueña del botadero de basura situado en el Puerto de La Libertad, por haber cometido el delito de Desobediencia de Particulares, al continuar incumpliendo la medida cautelar que le fue impuesta por un Juzgado Ambiental.
De acuerdo al profesional del derecho, a principios de junio de 2019, el Tribunal Ambiental, una vez comprobó que el botadero del Puerto de La Libertad, estaba recibiendo una cantidad de desechos sólidos entre 1,100 a 1,200 toneladas diarias, superior en más del 100 por ciento de la capacidad autorizada para disposición final, que según el permiso ambiental era de un máximo de 500 toneladas diarias a tratar; y ordenó medidas cautelares, entre la que se encontraba la inmediata suspensión de recepción de desechos sólidos por sobre la cantidad que tiene permitido ingresar al botadero para su disposición final. Además que por casi tres años el botadero estuvo operando sin permiso de funcionamiento, con la permisibilidad y tolerancia de la Ex Ministra Lina Pohl, quien todavía tiene pendiente enfrentar a la justicia por esos actos arbitrarios, recordó el abogado.
El hecho denunciado contra el señor Salume, surge en atención que el botadero de basura del Puerto de La Libertad, del cual es dueño el antes mencionado, incumple la medida cautelar y sigue recibiendo desechos sólidos en cantidades superiores a las contenidas en el permiso ambiental. Y recientemente, con el último informe dirigido por el Ministerio de Medio Ambiente, al Tribunal que dictó la medida, se ratifica que continúa desobedeciendo la orden judicial.
El citado abogado manifiesta que después de la batalla legal que ha llevado por detener la grave contaminación ambiental que comete el Botadero de Basura propiedad del señor Salume, entre la que se encuentra como más preocupante que el sitio de disposición final no está realizan la captación de gases emanados de la basura, a pesar que esa situación era un requisito obligatorio para otorgarles el permiso ambiental. Lo cual significa que gases altamente contaminantes y que pueden producir enfermedades, como el metano y otros metales pesados, no se están destruyendo en el Botadero, sino que están contaminando la atmósfera provocando el efecto invernadero y afectando la salud de los pobladores locales.
Finalmente resalta que espera que las instituciones como el MARN y la Fiscalía, actúen apegados a derecho, ya que le preocupa el tiempo transcurrido sin que se haya solucionado la situación de contaminación ambiental de dicho Botadero. Recordó que desde hace varios meses presentó la solicitud para que se le revoque definitivamente el permiso ambiental al Botadero, por la contaminación ambiental ocasionada en la zona, la cual afecta a los habitantes circunvecinos pero también daña el Ecosistema Marino Costero del principal corredor turístico en el litoral del país. En cuanto a la Fiscalía, confía que tratándose de un delito comprobado, se procederá pronto a presentar acusación contra Nicolás Adriano Salume Pacas, con la imposición de la medida que corresponda, inclusive la detención provisional, pues el Fiscal General de la República, en declaraciones recientes a recordado que “Nadie está por encima de la ley.”
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143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.
Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.
Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.
67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.
El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.
Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.
Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar», Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y Elmer Shunico Shunico.
El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.
Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.
Milton Osmín Bonilla Romero fue condenado a 40 años de prisión por el delito de extorsión.
Según la acusación fiscal, entre abril y septiembre de 2011, la víctima fue amenazada de muerte por miembros de la MS-13. Por temor a las amenazas, la víctima denunció el hecho el 2 de agosto de ese mismo año ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Para ubicar al responsable, se realizaron dos entregas controladas de dinero el 11 y el 29 de septiembre de 2011, en el interior de un centro comercial de la ciudad de San Miguel, donde identificaron y capturaron a Bonilla Romero.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel lo condenó a 20 años de cárcel por cada entrega de dinero en la que participó el procesado.
