Judicial
Abogado ambientalista: “una muestra que las instituciones funcionan, será que caiga sobre el señor Salume el peso de la ley, por la contaminación en su botadero de basura.”
El abogado Sergio Portillo, dedicado especialmente a los temas ambientales, presentó este día viernes 13 de septiembre una petición ante Fiscalía General de la República, reiterando que esa institución está obligada a ordenar una acusación penal, en contra de Nicolás Adriano Salume Pacas, como representante legal de la sociedad dueña del botadero de basura situado en el Puerto de La Libertad, por haber cometido el delito de Desobediencia de Particulares, al continuar incumpliendo la medida cautelar que le fue impuesta por un Juzgado Ambiental.
De acuerdo al profesional del derecho, a principios de junio de 2019, el Tribunal Ambiental, una vez comprobó que el botadero del Puerto de La Libertad, estaba recibiendo una cantidad de desechos sólidos entre 1,100 a 1,200 toneladas diarias, superior en más del 100 por ciento de la capacidad autorizada para disposición final, que según el permiso ambiental era de un máximo de 500 toneladas diarias a tratar; y ordenó medidas cautelares, entre la que se encontraba la inmediata suspensión de recepción de desechos sólidos por sobre la cantidad que tiene permitido ingresar al botadero para su disposición final. Además que por casi tres años el botadero estuvo operando sin permiso de funcionamiento, con la permisibilidad y tolerancia de la Ex Ministra Lina Pohl, quien todavía tiene pendiente enfrentar a la justicia por esos actos arbitrarios, recordó el abogado.
El hecho denunciado contra el señor Salume, surge en atención que el botadero de basura del Puerto de La Libertad, del cual es dueño el antes mencionado, incumple la medida cautelar y sigue recibiendo desechos sólidos en cantidades superiores a las contenidas en el permiso ambiental. Y recientemente, con el último informe dirigido por el Ministerio de Medio Ambiente, al Tribunal que dictó la medida, se ratifica que continúa desobedeciendo la orden judicial.
El citado abogado manifiesta que después de la batalla legal que ha llevado por detener la grave contaminación ambiental que comete el Botadero de Basura propiedad del señor Salume, entre la que se encuentra como más preocupante que el sitio de disposición final no está realizan la captación de gases emanados de la basura, a pesar que esa situación era un requisito obligatorio para otorgarles el permiso ambiental. Lo cual significa que gases altamente contaminantes y que pueden producir enfermedades, como el metano y otros metales pesados, no se están destruyendo en el Botadero, sino que están contaminando la atmósfera provocando el efecto invernadero y afectando la salud de los pobladores locales.
Finalmente resalta que espera que las instituciones como el MARN y la Fiscalía, actúen apegados a derecho, ya que le preocupa el tiempo transcurrido sin que se haya solucionado la situación de contaminación ambiental de dicho Botadero. Recordó que desde hace varios meses presentó la solicitud para que se le revoque definitivamente el permiso ambiental al Botadero, por la contaminación ambiental ocasionada en la zona, la cual afecta a los habitantes circunvecinos pero también daña el Ecosistema Marino Costero del principal corredor turístico en el litoral del país. En cuanto a la Fiscalía, confía que tratándose de un delito comprobado, se procederá pronto a presentar acusación contra Nicolás Adriano Salume Pacas, con la imposición de la medida que corresponda, inclusive la detención provisional, pues el Fiscal General de la República, en declaraciones recientes a recordado que “Nadie está por encima de la ley.”
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Centros Judiciales El Salvador informó que Claudia Margarita Juárez, integrante de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13, fue condenada a 245 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según el reporte, Juárez cobraba extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en La Paz Este.
Asimismo, Manuel Antonio Martínez Mena, alias “Yegua”, también miembro de la misma estructura, recibió una condena de 240 años de cárcel por extorsión agravada.
De acuerdo con CJES, el tribunal acreditó 24 casos de extorsión cometidos entre 2018 y 2019, en los que las víctimas entregaron dinero bajo amenazas.
