Internacionales
VIDEOS: Nicolás Maduro presenta pruebas del atentado fallido contra su persona
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho declaraciones y ha mencionado pruebas sobre el atentado fallido perpetrado contra su persona el pasado sábado, cuando daba un discurso en el marco de una celebración castrense en la capital venezolana.
Según el mandatario, los autores del atentado «eligieron la avenida Bolívar como el mejor lugar para hacer un atentado de estas características, donde se sabe que es un acto donde asisten el presidente de la República» y las altas autoridades.
El mandatario aseguró que «detrás de estos asesinos» hay «una estructura logística y de apoyo financiero político de la oligarquía bogotana y de todos sus grupos paramilitares que llevan sus zonas de influencia hasta las fronteras con Venezuela».
Asimismo, afirmó que el dron utilizado en el ataque «fue ubicado en el centro empresarial Cipreses» y recorrió «desde el Cipreses frente al Teatro Nacional y frente a la Iglesia Sta Teresa». «Fue levantado desde el piso 10 por un grupo entrenado en Colombia, en el Norte de Santander», agregó.
Cronología del atentado
El mandatario ha compartido un video que recoge la cronología detallada y muestra imágenes inéditas del atentado. Según Maduro, las investigaciones han determinado como posibles autores intelectuales a Rayder Alexander Russo Márquez, protegido en Colombia, y a Osman Alexis Delgado Tabosky, residenciado en EE.UU.
El jefe de los operativos habría sido Juan Carlos Monasterio Vanegas, un sargento retirado de la Guardia Nacional. Según un testimonio de Monasterio, el plan inicial pasaba por perpetrar el atentado el 5 de julio, pero no se llevó a cabo porque los drones no habían llegado a Venezuela, por lo que la operación se aplazó hasta el 4 de agosto.
Para manejar los drones y perpetrar el atentado, se armaron dos equipos. El primer operó en una avenida paralela a la avenida Bolívar, mientras que el segundo actuó desde una oficina alquilada en el centro empresarial Cipreses.
Ambos aparatos fueron levantados y dirigidos hacia la avenida Bolívar, a la tribuna presidencial, con la intención de realizar dos explosiones: una en la parte superior de la tarima y otra en la zona frontal, lo que habría de causar la muerte de todas las autoridades presentes, explica el video.
Sin embargo, gracias a los inhibidores de señal, los pilotos de los drones perdieron el control. El primer aparato detonó frente a la tribuna presidencial, hiriendo a siete guardias nacionales, y el segundo chocó contra un edificio mientras buscaba retornar al punto de partida.
El presidente venezolano ha adelantado que en los próximos días seguirán dando a conocer «todos los detalles de quiénes participaron, cuánto dinero se puso, cómo y dónde se entrenaron y qué grupos políticos están involucrados» en la operación.
Asimismo, ha anunciado que se solicitará a EE.UU. y a Colombia la extradición de «todos los responsables que financiaron, dirigieron y llevaron a cabo» el atentado.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
