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Internacionales

El Vaticano investiga transferencias millonarias a fondo de inversión

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El Vaticano intenta aclarar cómo el exdirector de su oficina de recaudación de fondos misioneros en Estados Unidos autorizó la transferencia de al menos 17 millones de dólares de sus recursos y donaciones a una nueva organización benéfica y un fondo de inversión privado que él creó y aún administra actualmente.

La nueva dirección de las Sociedades de Misiones Pontificias en Estados Unidos (TPMS-US), que recauda dinero para las iniciativas de la Iglesia católica en países en desarrollo, ha amortizado la mayor parte de ese dinero, los 10,2 millones invertidos en el fondo privado, ya que “no hay plazos ni garantía de recuperación de la inversión”, según su declaración financiera más reciente.

El dinero fue transferido desde TPMS-US a una organización neoyorquina sin fines de lucro, Missio Corp., y el fondo privado de inversión MISIF LLC creado por el reverendo Andrew Small cuando era director nacional de TPMS-US.

Los dos mecanismos financieros aspiran a reunir capital para ofrecer préstamos a bajo interés e inversiones en iniciativas agrícolas administradas por la Iglesia en África.

La mayor parte del dinero se transfirió en 2021, justo antes de que Small completara su mandato de 10 años en TPMS-US. Small, un sacerdote de los misioneros oblatos de la Beata Virgen María Inmaculada nacido en Gran Bretaña, sigue siendo director general de Missio Corp., que administra MISIF, al mismo tiempo que sirve de forma interina como número dos de la junta asesora de protección de menores en el Vaticano.

En una serie de respuestas enviadas por email, Small defendió con firmeza las transferencias de dinero, afirmando que estaban totalmente autorizadas e iban en el mejor interés de la Iglesia y de TPMS-US. Proporcionó cartas de agradecimiento de obispos y monjas en África que se beneficiaron de los préstamos de bajo interés de Missio Corp., así como misivas de dos cardenales del Vaticano expresando su interés en sus iniciativas de inversión de impacto.

Sin embargo, esas transferencias redujeron al menos de forma temporal los fondos de TPMS-US en un cuarto y parecían haber desviado dinero que se había recaudado en nombre del papa para organizaciones benéficas y proyectos aprobados por el Vaticano en África, Asia y América Latina.

La pérdida es el un nuevo dolor de cabeza financiero para la Santa Sede, que durante décadas ha registrado sucesivos casos de inversiones a pérdidas, métodos de contabilidad opacos, presupuestos poco rigurosos y conflictos de interés que han socavado su reputación financiera.

“La Santa Sede está al tanto de la situación y en este momento está investigando los detalles de lo sucedido”, indicó a AP el portavoz vaticano Matteo Bruni.

Según los documentos fiscales y declaraciones financieras disponibles de forma pública, entre las partidas transferidas hay 7 millones de dólares en “reembolsos”, “contribuciones” sin definir y “apoyo” de TPMS-US a Missio Corp. entre 2019 y 2021, así como una inversión de 10,2 millones de dólares en MISIF, de los que 7,5 millones de dólares procedían de un fondo asignado a TPMS-US.

Las transferencias se aprobaron en la junta de TPMS-US, lo que hace prácticamente imposible recuperarlas en litigios.

Pero según representantes de TPMS-US, sigue sin estar claro si la junta fue informada por completo sobre las transparencias y la opinión del Vaticano sobre las iniciativas, como las preocupaciones expresadas por el entonces prefecto de la oficina misionera del Vaticano, el cardenal Fernando Filoni.

El reverendo Robert Gahl, teólogo moral que dirige un programa de gestión y administración eclesiástica en la Universidad Católica de Estados Unidos, dijo que el énfasis evangélico de las donaciones de TPMS-US es diferente de la estrategia de desarrollo de MISIF de préstamos que deben devolverse.

“¿Cómo puede garantizarse la intención de los donantes si los objetivos de las dos son tan diferentes?”, preguntó. “La intención del donante está defendida tanto en el derecho civil como en el canónico”, añadió.

Lloyd Mayer, un profesor especializado en derecho de organizaciones sin fines de lucro en la Facultad de Derecho de Notre Dame, dijo que no veía ninguna infracción grave en las transferencias, pero sí algunos indicios preocupantes.

“Y para mí, la cuestión legal es, ¿ha violado alguien un derecho legal, o es esto básicamente una disputa de política interna?”, comentó.

crear una fuente sostenible de ingresos para la Iglesia y, en principio, hacerlas menos dependientes de las donaciones anuales extranjeras, que habían demostrado ser cada vez más precarias”, dijo Small.

Small dijo que la junta de TPMS-US fue informada sobre todos los detalles y aprobó todas las transferencias, y que él hacía presentaciones al menos una vez al año a la oficina misionera del Vaticano.

Robert Warren, investigador penal retirado del Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) y que ahora enseña contabilidad en la Universidad de Radford en Virginia, dijo que la relación entre TPOMS-US y Missio Corp. parecía problemática porque Small dirigía las dos instituciones. Esas relaciones solapadas, señaló, requieren un escrutinio adicional de auditores y directivos.

“Siempre les digo a mis alumnos: tienen que determinar si hay una transacción con distancia suficiente. Si tienen partes relacionadas, eso significa por definición que no tienen una transacción con suficiente distancia”, explicó. Si una organización benéfica hace contribuciones considerables para mantener otra a flote, “ahora tiene una parte interrelacionada y todas esas transacciones requieren un escrutinio adicional de los auditores y la dirección”.

Cuando terminó el mandato de Small en 2021, TPMS-US, bajo el mandato de su nuevo director nacional, el monseñor Kieran Harrington, contrató a una firma legal para investigar. Small no respondió a las preguntas de los abogados.

“El análisis independiente concluyó que la junta de TPMS había aprobado las transferencias de fondos de una forma acorde a sus poderes y los reglamentos de TPMS”, señaló un comunicado de TPMS-US a AP.

Harrington sustituyó después a la junta por personas de más rango y supervisión vaticana. Entre ellos están el embajador del papa ante Estados Unidos, el arzobispo Cristophe Pierre, así como otros cardenales y arzobispos destacados, como el cardenal de Boston Sean O’Malley, que como responsable de la junta de protección de menores del Vaticano es el jefe actual de Small.

“La nueva junta trabaja para evaluar las estructuras de gobernanza del TPMS y pronto recomendará nuevos estatutos eclesiásticos y votará sobre el reglamento de la corporación civil”, indicó la sociedad en un mensaje a AP.

Con Harrington al mando, la institución pidió a Missio Corp. que devolviera la inversión de 10,2 millones de dólares en MISIF, pero la solicitud fue denegada, según la declaración financiera auditada de TPMS-US.

“La dirección de la organización trabaja con diligencia para recuperar la inversión, sin embargo no hay plazos ni garantía de recuperación de la inversión”, señaló el comunicado.

Small criticó esa declaración de pérdidas como “corta de vista” y dijo que no había base para ello dados los resultados del fondo. Dijo que era “desafortunado” que TPMS-US tuviera tan poca confianza en la capacidad de la misión eclesiástica de pagar sus préstamos.

“Si no creemos en nuestros colegas misioneros, ¿cómo lo harán los bancos y otros mercados de capital?”, preguntó.

Sin embargo, ni siquiera los propios auditores de Small pudieron verificar los cálculos de su fondo sobre el valor de su catálogo de inversiones en diciembre de 2021, y declinaron expresar una opinión sobre sus declaraciones financieras para ese año.

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Internacionales

Exembajador británico en EE. UU. arrestado tras revelaciones de caso Epstein

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La policía de Londres arrestó al exembajador británico en Reino Unido Peter Mandelson por acusaciones de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras la publicación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein que muestran sus vínculos con el fallecido delincuente.

«Los agentes han detenido a un hombre de 72 años por sospecha de incumplimientos en el ejercicio de la función pública», informó la policía metropolitana de Londres en un comunicado, tras los registros previos en el domicilio de Mandelson y después de que dos cadenas británica mostraran al exfuncionario saliendo de su residencia escoltado.

«Fue llevado a comisaría para ser interrogado», agregó.

La BBC y SkyNews difundieron imágenes de Peter Mandelson dejando su domicilio, en Londres, junto a dos policías vestidos de civil que lo escoltaron hasta un vehículo camuflado.

La detención del que fuera un barón del partido Laborista se produjo cuatro días después del arresto del expríncipe Andrés, otro sospechoso a raíz del caso Epstein.

El hermano del rey Carlos III es sospechoso de haber transmitido información confidencial al delincuente sexual estadounidense cuando era representante especial del Reino Unido para el comercio, de 2001 a 2011.

La policía londinense había anunciado el 3 de febrero la apertura de una investigación contra Mandelson, por unos documentos de los archivos de Epstein, divulgados a finales de enero por las autoridades de Washington.

Según esos archivos, el exembajador habría transmitido informaciones susceptibles de influir en los mercados al financiero estadounidense, especialmente durante su etapa de ministro en el gobierno de Gordon Brown (2008-2010).

Tres días después, la policía afirmó que había allanado dos residencias suyas, en el distrito londinense de Candem y en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.

Unos sucesos que debilitaron al gobierno laborista de Keir Starmer, acusado de haber nombrado a finales de 2024 a Peter Mandelson embajador en Washington, pese a que sabía que éste no se había distanciado de Epstein tras su condena por delitos sexuales.

Tanto el jefe de gabinete de Starmer como su director de comunicación dimitieron a raíz de este escándalo.

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Al menos nueve muertos dejan dos ataques armados simultáneos en Ecuador

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Al menos nueve personas fueron asesinadas hoy lunes en dos ataques armados casi simultáneos registrados en la provincia de Manabí, ubicada en la costa del Pacífico de Ecuador, una de las zonas más golpeadas por la violencia en el país, informó la Policía Nacional.

El primer ataque dejó siete víctimas mortales y se registró en Camarones, una zona rural del cantón (municipio) de Jama, mientras que el segundo ocurrió en el sector conocido como La Y, en el balneario de Canoa, perteneciente al cantón de San Vicente, donde dos personas perdieron la vida.

De acuerdo con informes preliminares, ambos hechos violentos se registraron la madrugada de este lunes cuando hombres armados interceptaron a las víctimas, mientras que las causas de los ataques aún están bajo investigación policial.

El ataque en Camarones se produjo alrededor de las 01:15 hora local, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en una hacienda del sector y las autoridades aún no han identificado a las víctimas mortales.

En tanto, el ataque en la localidad de Canoa se registró unos 15 minutos después, según informaron medios locales, luego de que dos hombres que se movilizaban en moto-taxi fueron interceptados por sujetos armados en motocicletas y atacados a balazos.

Una de las víctimas corresponde a un joven de 28 años que viajaba como pasajero, mientras que su acompañante aún no ha sido identificado.

Estos ataques armados se producen días después de otro homicidio múltiple, ocurrido el pasado 12 de febrero en una hacienda de San Juan de las Cucarachas, una zona rural del cantón Santa Ana, en Manabí, que dejó seis personas asesinadas.

Los hechos se registran en un contexto de creciente inseguridad en Manabí, provincia afectada por disputas del crimen organizado, incluido el narcotráfico y conflictos por el control territorial, razón por la que el Gobierno decretó desde agosto pasado un «estado de excepción» para enfrentar la escalada de violencia atribuida a estas bandas.

 

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Internacionales

Nuevo ataque de Estados Unidos contra presunta narcolancha en el Caribe deja tres muertos

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Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones supuestamente cargadas de drogas a principios de septiembre, y el último ataque eleva la cifra de muertos de la campaña a por lo menos 150.

«La embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico», señaló el Comando Sur, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región, en una publicación en X que incluye un video de una lancha inmóvil siendo destruida por una explosión.

El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con lo que denomina «narcoterroristas» que operan en América Latina, pero no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que ataca estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha desatado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Washington invoca la misma legislación estadounidense que permitió durante más de dos décadas los ataques contra grupos yihadistas, como Al Qaeda, en África o Asia, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El Pentágono ha desplegado una gran fuerza naval en el Caribe, donde en los últimos meses sus fuerzas han atacado presuntas embarcaciones de contrabando de drogas, incautado petroleros y llevado a cabo la captura del líder izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro.

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