Internacionales
El Vaticano investiga transferencias millonarias a fondo de inversión
El Vaticano intenta aclarar cómo el exdirector de su oficina de recaudación de fondos misioneros en Estados Unidos autorizó la transferencia de al menos 17 millones de dólares de sus recursos y donaciones a una nueva organización benéfica y un fondo de inversión privado que él creó y aún administra actualmente.
La nueva dirección de las Sociedades de Misiones Pontificias en Estados Unidos (TPMS-US), que recauda dinero para las iniciativas de la Iglesia católica en países en desarrollo, ha amortizado la mayor parte de ese dinero, los 10,2 millones invertidos en el fondo privado, ya que “no hay plazos ni garantía de recuperación de la inversión”, según su declaración financiera más reciente.
El dinero fue transferido desde TPMS-US a una organización neoyorquina sin fines de lucro, Missio Corp., y el fondo privado de inversión MISIF LLC creado por el reverendo Andrew Small cuando era director nacional de TPMS-US.
Los dos mecanismos financieros aspiran a reunir capital para ofrecer préstamos a bajo interés e inversiones en iniciativas agrícolas administradas por la Iglesia en África.
La mayor parte del dinero se transfirió en 2021, justo antes de que Small completara su mandato de 10 años en TPMS-US. Small, un sacerdote de los misioneros oblatos de la Beata Virgen María Inmaculada nacido en Gran Bretaña, sigue siendo director general de Missio Corp., que administra MISIF, al mismo tiempo que sirve de forma interina como número dos de la junta asesora de protección de menores en el Vaticano.
En una serie de respuestas enviadas por email, Small defendió con firmeza las transferencias de dinero, afirmando que estaban totalmente autorizadas e iban en el mejor interés de la Iglesia y de TPMS-US. Proporcionó cartas de agradecimiento de obispos y monjas en África que se beneficiaron de los préstamos de bajo interés de Missio Corp., así como misivas de dos cardenales del Vaticano expresando su interés en sus iniciativas de inversión de impacto.
Sin embargo, esas transferencias redujeron al menos de forma temporal los fondos de TPMS-US en un cuarto y parecían haber desviado dinero que se había recaudado en nombre del papa para organizaciones benéficas y proyectos aprobados por el Vaticano en África, Asia y América Latina.
La pérdida es el un nuevo dolor de cabeza financiero para la Santa Sede, que durante décadas ha registrado sucesivos casos de inversiones a pérdidas, métodos de contabilidad opacos, presupuestos poco rigurosos y conflictos de interés que han socavado su reputación financiera.
“La Santa Sede está al tanto de la situación y en este momento está investigando los detalles de lo sucedido”, indicó a AP el portavoz vaticano Matteo Bruni.
Según los documentos fiscales y declaraciones financieras disponibles de forma pública, entre las partidas transferidas hay 7 millones de dólares en “reembolsos”, “contribuciones” sin definir y “apoyo” de TPMS-US a Missio Corp. entre 2019 y 2021, así como una inversión de 10,2 millones de dólares en MISIF, de los que 7,5 millones de dólares procedían de un fondo asignado a TPMS-US.
Las transferencias se aprobaron en la junta de TPMS-US, lo que hace prácticamente imposible recuperarlas en litigios.
Pero según representantes de TPMS-US, sigue sin estar claro si la junta fue informada por completo sobre las transparencias y la opinión del Vaticano sobre las iniciativas, como las preocupaciones expresadas por el entonces prefecto de la oficina misionera del Vaticano, el cardenal Fernando Filoni.
El reverendo Robert Gahl, teólogo moral que dirige un programa de gestión y administración eclesiástica en la Universidad Católica de Estados Unidos, dijo que el énfasis evangélico de las donaciones de TPMS-US es diferente de la estrategia de desarrollo de MISIF de préstamos que deben devolverse.
“¿Cómo puede garantizarse la intención de los donantes si los objetivos de las dos son tan diferentes?”, preguntó. “La intención del donante está defendida tanto en el derecho civil como en el canónico”, añadió.
Lloyd Mayer, un profesor especializado en derecho de organizaciones sin fines de lucro en la Facultad de Derecho de Notre Dame, dijo que no veía ninguna infracción grave en las transferencias, pero sí algunos indicios preocupantes.
“Y para mí, la cuestión legal es, ¿ha violado alguien un derecho legal, o es esto básicamente una disputa de política interna?”, comentó.
crear una fuente sostenible de ingresos para la Iglesia y, en principio, hacerlas menos dependientes de las donaciones anuales extranjeras, que habían demostrado ser cada vez más precarias”, dijo Small.
Small dijo que la junta de TPMS-US fue informada sobre todos los detalles y aprobó todas las transferencias, y que él hacía presentaciones al menos una vez al año a la oficina misionera del Vaticano.
Robert Warren, investigador penal retirado del Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) y que ahora enseña contabilidad en la Universidad de Radford en Virginia, dijo que la relación entre TPOMS-US y Missio Corp. parecía problemática porque Small dirigía las dos instituciones. Esas relaciones solapadas, señaló, requieren un escrutinio adicional de auditores y directivos.
“Siempre les digo a mis alumnos: tienen que determinar si hay una transacción con distancia suficiente. Si tienen partes relacionadas, eso significa por definición que no tienen una transacción con suficiente distancia”, explicó. Si una organización benéfica hace contribuciones considerables para mantener otra a flote, “ahora tiene una parte interrelacionada y todas esas transacciones requieren un escrutinio adicional de los auditores y la dirección”.
Cuando terminó el mandato de Small en 2021, TPMS-US, bajo el mandato de su nuevo director nacional, el monseñor Kieran Harrington, contrató a una firma legal para investigar. Small no respondió a las preguntas de los abogados.
“El análisis independiente concluyó que la junta de TPMS había aprobado las transferencias de fondos de una forma acorde a sus poderes y los reglamentos de TPMS”, señaló un comunicado de TPMS-US a AP.
Harrington sustituyó después a la junta por personas de más rango y supervisión vaticana. Entre ellos están el embajador del papa ante Estados Unidos, el arzobispo Cristophe Pierre, así como otros cardenales y arzobispos destacados, como el cardenal de Boston Sean O’Malley, que como responsable de la junta de protección de menores del Vaticano es el jefe actual de Small.
“La nueva junta trabaja para evaluar las estructuras de gobernanza del TPMS y pronto recomendará nuevos estatutos eclesiásticos y votará sobre el reglamento de la corporación civil”, indicó la sociedad en un mensaje a AP.
Con Harrington al mando, la institución pidió a Missio Corp. que devolviera la inversión de 10,2 millones de dólares en MISIF, pero la solicitud fue denegada, según la declaración financiera auditada de TPMS-US.
“La dirección de la organización trabaja con diligencia para recuperar la inversión, sin embargo no hay plazos ni garantía de recuperación de la inversión”, señaló el comunicado.
Small criticó esa declaración de pérdidas como “corta de vista” y dijo que no había base para ello dados los resultados del fondo. Dijo que era “desafortunado” que TPMS-US tuviera tan poca confianza en la capacidad de la misión eclesiástica de pagar sus préstamos.
“Si no creemos en nuestros colegas misioneros, ¿cómo lo harán los bancos y otros mercados de capital?”, preguntó.
Sin embargo, ni siquiera los propios auditores de Small pudieron verificar los cálculos de su fondo sobre el valor de su catálogo de inversiones en diciembre de 2021, y declinaron expresar una opinión sobre sus declaraciones financieras para ese año.
Internacionales
Narco, apagones, bajo crecimiento: Ecuador en problemas antes de nuevas presidenciales
La peor sequía en seis décadas tiene en jaque a las hidroeléctricas que cubren un 70 % de la demanda, el suministro de agua potable y la producción agrícola. La vida cotidiana es una pesadilla para muchos ecuatorianos.
«Lo que está viviendo el Ecuador es una crisis multidimensional que se expresa en términos económicos, eléctricos y políticos», dijo a la AFP Fernando Carrión, investigador político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
La nación de 17 millones de habitantes dejó hace varios años de ser una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de coca. Convertida en centro internacional de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado, la tasa de homicidios escaló de seis por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.
Noboa aplicó una política de mano dura y logró bajarla a 33, pero la sensación de inseguridad persiste. Y el fantasma de las masacres carcelarias regresó, con 17 muertos en el último choque.
El mandatario gobierna desde hace un año sin mayoría en el Congreso y distanciado de su vicepresidenta Verónica Abad, que fungía como embajadora en Israel y a quien el ministerio de Trabajo suspendió por cinco meses por el «abandono injustificado» de sus funciones.
Esa decisión le impedirá reemplazar a Noboa en enero cuando inicie su campaña por la reelección. Abad, que acusa a Noboa de «persecución», regresó a Ecuador el miércoles en «un acto de rebeldía».
«Hay desafíos por todo lado», manifestó el analista político y económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.
«Época frustrante»
La economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente de la estancada producción petrolera, es otro eslabón en vilo. Antes de los apagones que llevan dos meses continuos, el país ya registraba una «fase muy baja de crecimiento», anotó Acosta Burneo.
Los cortes de luz empezaron en abril y arreciaron en septiembre ante la escasez de lluvias, asociada al cambio climático de acuerdo con la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.
El gobierno prevé extenderlos al menos hasta diciembre, a un «costo muy grande» para el país, explicó Acosta Burneo.
Ecuador calculó con anticipación un crecimiento de 0,9% en 2024, contra 2,4% de 2023. El FMI pronosticó apenas 0,3%.
Los apagones dejan pérdidas por 1.440 millones de dólares (1% del PIB), según gremios empresariales que calculan en 12 millones de dólares el costo por cada hora sin luz.
«Es una época muy frustrante», reconoció Noboa, un empresario que se autodefine de centro-izquierda.
La aprobación de Noboa cayó de 85% en enero a 42% en octubre de acuerdo con Perfiles de Opinión. Su mandato de 18 meses termina en mayo de 2025, como reemplazo del derechista Guillermo Lasso (2021-2023).
Sin completar sus cuatro años de mandato, Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político que buscaba su destitución.
La más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza señala que el mandatario ha caído al menos seis puntos en la intención de voto. Aunque sigue en el primer lugar con 27,5%, seguido de la izquierdista Luisa González (26,7%).
«Estas distintas crisis le están golpeando (a Noboa) y probablemente la que más le golpea (…) es la crisis de la energía», aseguró Carrión.
Popularidad golpeada
Tras una arremetida del narco en enero, el gobernante respondió con duras políticas contra una veintena de organizaciones vinculadas a cárteles internacionales.
Declaró al país en conflicto armado interno, desplegó militares en las calles y las cárceles, dio los estatus de «terroristas» y «beligerantes» a las bandas para enfrentarlas sin tregua.
Su estrategia disminuyó los homicidios y aumentó el decomiso de droga a 262 toneladas en lo que va del año, frente a las 219 toneladas de 2023.
Sin embargo, la población «tiene una percepción de inseguridad muy alta, lo cual hace que el presidente pierda apoyos», señaló Carrión.
Noboa admitió que la crisis eléctrica «sí ha afectado» su popularidad.
Los secuestros y extorsiones también desangran al país. «Todo eso hace mella en la legitimidad del presidente y sus aspiraciones» de reelección, consideró Carrión. Bajo el fantasma del magnicidio, algunos candidatos presidenciales denuncian amenazas.
Más de 30 políticos han sido asesinados desde el año pasado, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta del 9 de agosto de 2023.
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«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia
La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).
«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.
El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».
Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.
Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).
En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.
«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.
Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».
Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.
«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.
En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el martes una vacuna contra la mpox de la farmacéutica japonesa KM Bilogics, la segunda en obtener la luz verde de la agencia de la ONU.
La OMS explicó que permitirá el uso de emergencia del inmunizante LC16m8 para «facilitar un mayor y rápido acceso a las vacunas en las comunidades donde se expanden los brotes de mpox».
Esta licencia allana el camino para que las autoridades estatales aprueben e importen rápidamente el fármaco para su distribución.
Esto «marca un paso significativo en nuestra respuesta a la emergencia actual, aportando una nueva opción para proteger a todas las poblaciones, incluidos los niños», dijo Yukiko Nakatani, subdirectora general de la OMS de acceso a medicamentos y productos de salud.
La agencia de la ONU declaró en agosto una emergencia de salud pública de importancia internacional por la mpox tras el aumento de casos del Clado 1b en República Democrática del Congo (RDC), que se extendió a otros países.
Esta y otras cepas de este virus se han detectado en 80 países en lo que va de año, según la OMS.
República Democrática del Congo es de largo el más afectado y donde se han registrado la mayoría de 39.000 casos sospechosos y casi mil muertos.
La OMS subrayó que el anuncio del martes es particularmente importante porque el gobierno japonés se comprometió a donar 3,05 millones de dosis de esta vacuna a RDC.
«Es el mayor paquete de donación anunciado hasta la fecha para la actual emergencia de mpox», afirmó.
Sin embargo, la agencia advirtió que la vacuna no debe usarse durante el embarazo o en personas inmunocomprometidas.
El mpox, antes conocido como viruela del mono, fue detectado por primera vez en humanos en 1970 en la actual RDC (ex Zaire).
Es una enfermedad viral que se transmite del animal al humano, así como por por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus.
Provoca fiebre, dolores musculares y lesiones cutáneas y en algunos casos puede ser mortal.
