Política
Reformas a ley contra actos terroristas homologarán estándares con Consejo de Seguridad de la ONU
Adaptar el ordenamiento y los estándares jurídicos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y crear listas de denominaciones de grupos terroristas son parte de los objetivos que se cumplirán, luego de que 63 diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran reformar la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo.
Durante el desarrollo de la sesión plenaria número 138, los parlamentarios indicaron que con las modificaciones a la normativa se podrá determinar una autoridad competente para establecer los procedimientos legales requeridos para la designación de personas, grupos, o empresas relacionadas con actividades terroristas nacionales o internacionales. Así como el mecanismo de remoción de estas en dicha lista.
El 21 de septiembre de 2006 se decretó la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las actividades terroristas respondiendo a las circunstancias de ese momento.
Esas acciones que causan la muerte o lesiones físicas contra cualquier persona y que a la vez busca intimidar a una población son sancionadas judicialmente con dicha normativa, que hasta hoy serán actualizadas.
Desde el inicio del gobierno dirigido por el Presidente de la República, Nayib Bukele, la lucha en contra de los actos de terrorismo ha sido determinante, pues la labores para erradicarlos son en torno a salvaguardar a la población que busca hacer de El Salvador un mejor país.
Junto a esas labores, los diputados de este órgano de Estado se han sumado a respaldar con leyes y reformas a toda normativa que trate sobre las temáticas de seguridad nacional.
“Seguimos garantizando las herramientas jurídicas para que se persiga a los terroristas, le seguimos dando gobernabilidad al Presidente Bukele”, comentó el parlamentario Walter Coto. “Lo que queremos es dar un ordenamiento jurídico y adaptar nuestras normas a las resoluciones del Consejo de la ONU, porque acá por años protegían a los terroristas”, agregó.
La mejora del cuerpo normativo
Con dichas reformas de este cuerpo normativo se busca abordar las oportunidades de mejora detectadas en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), relacionadas al financiamiento del terrorismo como tipo penal, sanciones financieras dirigidas a ese tema y a la proliferación de armas de destrucción masiva, las cuales actualmente se encuentran calificadas como parcialmente cumplidas o no.
De implementarse los seis cambios requeridos a la ley se estaría cumpliendo tres recomendaciones del GAFI.
El procedimiento está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que es la indicada en ejecutar la investigación de los delitos y establece cuál será el proceso de autorización de flujos de fondos a personas designadas y el proceso de diseminación de listado de personas designadas por el CSNU.
¿Qué es el GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo internacional creado en 1989 y es el segundo organismo más grande en cuanto a afiliación de países, es superado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).
Se encarga de dictar las diferentes recomendaciones para los Estados miembros que tienen que cumplir, tanto en lo técnico como en lo práctico, la aplicación de diferentes leyes para que el Estado esté adentro de los estándares internacionales del combate de lavado de dinero y activos y financiamiento del terrorismo.
Cada 10 años, el GAFI por medio de sus filiales –entre ellas el Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericana (GAFILAT) en donde está inscrito El Salvador- realiza evaluaciones a los países miembros y estas pueden implicar hasta sanciones en donde está constantemente evaluado para ver si cumple con las recomendaciones emitidas.
Al no darle continuidad a ellas, eso afectar a la reputación del país en el tema de financiamientos internacionales y con ello se ve o no afectado el desarrollo económico de una nación.
Puntos a destacar en la reforma a la ley
Para efectos de legalidad se aclaran conceptos de financiación de actos de terrorismo y se incluyen nuevas conductas punibles.
Además, se le otorgan competencias al fiscal general de la República y así facultarlo para declarar la denominación de personas o grupos terroristas, quien deberá hacer listas, actualizarlas anualmente y publicarlas.
De igual forma, cuando en el transcurso de una investigación existan indicios que indique la existencia de una agrupación, asociación o denominación de personas terroristas este tendrá las atribuciones de proponer a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la designación de la agrupación, asociación organización o persona como terrorista.
Finalmente, con esta reforma se podrá congelar los bienes de la agrupación, asociación organización o persona como terrorista, pudiendo solamente previa autorización del juez tener acceso a dichos fondos para gastos básicos como luz eléctrica, tratamientos médicos, honorarios, entre otros.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
