Política
Reformas a ley contra actos terroristas homologarán estándares con Consejo de Seguridad de la ONU
Adaptar el ordenamiento y los estándares jurídicos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y crear listas de denominaciones de grupos terroristas son parte de los objetivos que se cumplirán, luego de que 63 diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran reformar la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo.
Durante el desarrollo de la sesión plenaria número 138, los parlamentarios indicaron que con las modificaciones a la normativa se podrá determinar una autoridad competente para establecer los procedimientos legales requeridos para la designación de personas, grupos, o empresas relacionadas con actividades terroristas nacionales o internacionales. Así como el mecanismo de remoción de estas en dicha lista.
El 21 de septiembre de 2006 se decretó la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las actividades terroristas respondiendo a las circunstancias de ese momento.
Esas acciones que causan la muerte o lesiones físicas contra cualquier persona y que a la vez busca intimidar a una población son sancionadas judicialmente con dicha normativa, que hasta hoy serán actualizadas.
Desde el inicio del gobierno dirigido por el Presidente de la República, Nayib Bukele, la lucha en contra de los actos de terrorismo ha sido determinante, pues la labores para erradicarlos son en torno a salvaguardar a la población que busca hacer de El Salvador un mejor país.
Junto a esas labores, los diputados de este órgano de Estado se han sumado a respaldar con leyes y reformas a toda normativa que trate sobre las temáticas de seguridad nacional.
“Seguimos garantizando las herramientas jurídicas para que se persiga a los terroristas, le seguimos dando gobernabilidad al Presidente Bukele”, comentó el parlamentario Walter Coto. “Lo que queremos es dar un ordenamiento jurídico y adaptar nuestras normas a las resoluciones del Consejo de la ONU, porque acá por años protegían a los terroristas”, agregó.
La mejora del cuerpo normativo
Con dichas reformas de este cuerpo normativo se busca abordar las oportunidades de mejora detectadas en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), relacionadas al financiamiento del terrorismo como tipo penal, sanciones financieras dirigidas a ese tema y a la proliferación de armas de destrucción masiva, las cuales actualmente se encuentran calificadas como parcialmente cumplidas o no.
De implementarse los seis cambios requeridos a la ley se estaría cumpliendo tres recomendaciones del GAFI.
El procedimiento está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que es la indicada en ejecutar la investigación de los delitos y establece cuál será el proceso de autorización de flujos de fondos a personas designadas y el proceso de diseminación de listado de personas designadas por el CSNU.
¿Qué es el GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo internacional creado en 1989 y es el segundo organismo más grande en cuanto a afiliación de países, es superado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).
Se encarga de dictar las diferentes recomendaciones para los Estados miembros que tienen que cumplir, tanto en lo técnico como en lo práctico, la aplicación de diferentes leyes para que el Estado esté adentro de los estándares internacionales del combate de lavado de dinero y activos y financiamiento del terrorismo.
Cada 10 años, el GAFI por medio de sus filiales –entre ellas el Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericana (GAFILAT) en donde está inscrito El Salvador- realiza evaluaciones a los países miembros y estas pueden implicar hasta sanciones en donde está constantemente evaluado para ver si cumple con las recomendaciones emitidas.
Al no darle continuidad a ellas, eso afectar a la reputación del país en el tema de financiamientos internacionales y con ello se ve o no afectado el desarrollo económico de una nación.
Puntos a destacar en la reforma a la ley
Para efectos de legalidad se aclaran conceptos de financiación de actos de terrorismo y se incluyen nuevas conductas punibles.
Además, se le otorgan competencias al fiscal general de la República y así facultarlo para declarar la denominación de personas o grupos terroristas, quien deberá hacer listas, actualizarlas anualmente y publicarlas.
De igual forma, cuando en el transcurso de una investigación existan indicios que indique la existencia de una agrupación, asociación o denominación de personas terroristas este tendrá las atribuciones de proponer a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la designación de la agrupación, asociación organización o persona como terrorista.
Finalmente, con esta reforma se podrá congelar los bienes de la agrupación, asociación organización o persona como terrorista, pudiendo solamente previa autorización del juez tener acceso a dichos fondos para gastos básicos como luz eléctrica, tratamientos médicos, honorarios, entre otros.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó a jueces de siete cámaras de Primera Instancia y al secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia los avances de la plataforma que se utilizará para la emisión de constancias a candidatos para las elecciones generales de 2027, informó la institución en su revista mensual de abril.
El ente contralor explica que durante la presentación se abordaron los avances en la actualización de la información generada por las cámaras en los sistemas informáticos, como unidades organizativas que por medio del registro y la actualización de la información garantizan la integridad.
«Esta reunión se desarrolló en el marco de la ruta definida por el organismo de dirección para fortalecer dicho proceso, correspondiendo a esta coordinación articulada supervisar y dar seguimiento a las acciones, en estrecha relación con los avances tecnológicos que permitirán la implementación de este trámite en línea como parte del proceso de modernización que impulsa la CCR», explicó el coordinador general jurisdiccional, José Antonio Lemus.
Por otra parte, el jefe del área de la Dirección de informática y desarrollo tecnológico, Carlos Beltrán, indicó que «la modernización de este proceso permitirá mayor eficiencia en la gestión de datos y la atención oportuna a los ciudadanos que soliciten las constancias electorales».
La CRR recalca que la base legal para la extensión de dichas constancias para fines estrictamente electorales se encuentra en el Código Electoral, artículo 160 literal “f”, que indica que para la solicitud de inscripción de planillas o candidatura no partidaria deben de presentar el «finiquito, certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá extendida a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse presentando la solicitud».
Y el artículo 166, que dice que las candidaturas para alcalde o alcaldesa deben de presentar «constancia o certificación de la Corte de Cuentas de que el candidato postulado no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, como resultado del manejo de fondo u otros bienes públicos, fiscales o municipales».
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) informó que entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2026 se emitieron 21,816 Documentos Únicos de Identidad (DUI) a jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad, tanto dentro como fuera del país, de acuerdo con datos publicados en el portal Así Somos.
La institución detalló que la mayoría de los documentos fueron tramitados en El Salvador, con un total de 21,229 emisiones. En cuanto al comportamiento mensual, se registró un incremento progresivo durante el primer trimestre del año, pasando de 5,622 documentos en enero a 6,023 en febrero, y alcanzando 7,040 en marzo. En la primera quincena de abril se contabilizaron 3,131.
A nivel internacional, Estados Unidos reportó 525 registros en el mismo periodo, seguido de España con 33 e Italia con 15. Otros países como Canadá y México registraron tres emisiones cada uno, mientras que Alemania, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Suecia reportaron entre uno y dos registros.
El RNPN también informó que continúa desarrollando jornadas de preenrolamiento del DUI en centros educativos a nivel nacional, dirigidas a jóvenes que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027. Estas actividades se realizan en distintas instituciones educativas del país, como parte de las acciones para facilitar el acceso al documento de identidad.
Política
El Salvador y México fortalecen cooperación ambiental y desarrollo territorial en reunión bilateral
El Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo, sostuvo un encuentro con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, como parte de una agenda orientada al intercambio de experiencias en cooperación y gobernanza ambiental.
Durante la reunión, ambas autoridades abordaron temas relacionados con el Plan Maestro del Trifinio, los corredores biológicos y el desarrollo territorial, valorando la posibilidad de impulsar intercambios que fortalezcan los procesos promovidos en la región. En este contexto, el secretario ejecutivo trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, expuso los esfuerzos de cooperación que se desarrollan en este espacio, destacando su importancia estratégica para la articulación entre El Salvador, Guatemala y Honduras.
Asimismo, la embajadora de El Salvador en México, Delmy Cañas, se refirió a la nueva etapa de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ejecutados en el país a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), enfocados en la agricultura sostenible y la capacitación laboral.
En el encuentro también se abordaron temas culturales y artísticos como elementos que contribuyen al fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones. Además, se acordó la visita en mayo del comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, Pedro Longoria, en el marco de una misión técnica orientada a perfilar un posible convenio de cooperación con el Plan Trifinio, con énfasis en atención rural, gestión de áreas protegidas e intercambio de experiencias en el manejo de incendios forestales.
Finalmente, las autoridades coincidieron en la importancia de continuar identificando áreas de trabajo conjunto que permitan consolidar una agenda de cooperación enfocada en el desarrollo, la integración regional y el bienestar de las comunidades.
