Política
Reformas a ley contra actos terroristas homologarán estándares con Consejo de Seguridad de la ONU
Adaptar el ordenamiento y los estándares jurídicos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y crear listas de denominaciones de grupos terroristas son parte de los objetivos que se cumplirán, luego de que 63 diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran reformar la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo.
Durante el desarrollo de la sesión plenaria número 138, los parlamentarios indicaron que con las modificaciones a la normativa se podrá determinar una autoridad competente para establecer los procedimientos legales requeridos para la designación de personas, grupos, o empresas relacionadas con actividades terroristas nacionales o internacionales. Así como el mecanismo de remoción de estas en dicha lista.
El 21 de septiembre de 2006 se decretó la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las actividades terroristas respondiendo a las circunstancias de ese momento.
Esas acciones que causan la muerte o lesiones físicas contra cualquier persona y que a la vez busca intimidar a una población son sancionadas judicialmente con dicha normativa, que hasta hoy serán actualizadas.
Desde el inicio del gobierno dirigido por el Presidente de la República, Nayib Bukele, la lucha en contra de los actos de terrorismo ha sido determinante, pues la labores para erradicarlos son en torno a salvaguardar a la población que busca hacer de El Salvador un mejor país.
Junto a esas labores, los diputados de este órgano de Estado se han sumado a respaldar con leyes y reformas a toda normativa que trate sobre las temáticas de seguridad nacional.
“Seguimos garantizando las herramientas jurídicas para que se persiga a los terroristas, le seguimos dando gobernabilidad al Presidente Bukele”, comentó el parlamentario Walter Coto. “Lo que queremos es dar un ordenamiento jurídico y adaptar nuestras normas a las resoluciones del Consejo de la ONU, porque acá por años protegían a los terroristas”, agregó.
La mejora del cuerpo normativo
Con dichas reformas de este cuerpo normativo se busca abordar las oportunidades de mejora detectadas en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), relacionadas al financiamiento del terrorismo como tipo penal, sanciones financieras dirigidas a ese tema y a la proliferación de armas de destrucción masiva, las cuales actualmente se encuentran calificadas como parcialmente cumplidas o no.
De implementarse los seis cambios requeridos a la ley se estaría cumpliendo tres recomendaciones del GAFI.
El procedimiento está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que es la indicada en ejecutar la investigación de los delitos y establece cuál será el proceso de autorización de flujos de fondos a personas designadas y el proceso de diseminación de listado de personas designadas por el CSNU.
¿Qué es el GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo internacional creado en 1989 y es el segundo organismo más grande en cuanto a afiliación de países, es superado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).
Se encarga de dictar las diferentes recomendaciones para los Estados miembros que tienen que cumplir, tanto en lo técnico como en lo práctico, la aplicación de diferentes leyes para que el Estado esté adentro de los estándares internacionales del combate de lavado de dinero y activos y financiamiento del terrorismo.
Cada 10 años, el GAFI por medio de sus filiales –entre ellas el Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericana (GAFILAT) en donde está inscrito El Salvador- realiza evaluaciones a los países miembros y estas pueden implicar hasta sanciones en donde está constantemente evaluado para ver si cumple con las recomendaciones emitidas.
Al no darle continuidad a ellas, eso afectar a la reputación del país en el tema de financiamientos internacionales y con ello se ve o no afectado el desarrollo económico de una nación.
Puntos a destacar en la reforma a la ley
Para efectos de legalidad se aclaran conceptos de financiación de actos de terrorismo y se incluyen nuevas conductas punibles.
Además, se le otorgan competencias al fiscal general de la República y así facultarlo para declarar la denominación de personas o grupos terroristas, quien deberá hacer listas, actualizarlas anualmente y publicarlas.
De igual forma, cuando en el transcurso de una investigación existan indicios que indique la existencia de una agrupación, asociación o denominación de personas terroristas este tendrá las atribuciones de proponer a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la designación de la agrupación, asociación organización o persona como terrorista.
Finalmente, con esta reforma se podrá congelar los bienes de la agrupación, asociación organización o persona como terrorista, pudiendo solamente previa autorización del juez tener acceso a dichos fondos para gastos básicos como luz eléctrica, tratamientos médicos, honorarios, entre otros.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen para que el Número de Identificación Tributaria (NIT) sea digital y completamente gratuito.
La normativa también contempla que el NIT pueda tramitarse en línea y sin documentos físicos tanto para los salvadoreños dentro y fuera del país.
El objetivo de esta reforma es modernizar el sistema tributario mediante el uso de nuevas tecnologías.
De igual manera, la iniciativa responde a la necesidad de actualizar la ley vigente desde 1972 para adaptarla al avance tecnológico.
Una vez aprobada en el pleno legislativo entrará en vigencia ocho días después de publicado en el Diario Oficial.
Política
Fuerte cruce verbal entre diputadas Claudia Ortiz y Marcela Villatoro por aprobación del Presupuesto 2026
Un intenso intercambio de acusaciones entre las diputadas opositoras Claudia Ortiz (partido VAMOS) y Marcela Villatoro (ARENA) ha puesto en evidencia las fracturas recurrentes en la oposición salvadoreña, tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026 en la Asamblea Legislativa.
El desencadenante fue la conducta de la fracción de ARENA durante la votación.
Ortiz criticó duramente que los diputados areneros, pese a manifestarse en contra del presupuesto durante el debate, abandonaron el pleno legislativo justo antes de la votación, lo que calificó como una acción «contradictoria» e incoherente.
En respuesta, Villatoro rechazó las críticas y contraatacó acusando a Ortiz de ausentarse en discusiones clave, como las reformas constitucionales previas.
Además, la diputada de ARENA señaló que las posturas de Ortiz terminan «favoreciendo al oficialismo» y profundizando las divisiones dentro de la oposición.
El cruce se extendió a redes sociales, donde usuarios compartieron capturas y comentarios, calificándolo popularmente como una «pelea» entre las dos legisladoras.
Este no es el primer enfrentamiento público entre ambas
En marzo de 2025, durante una plenaria sobre minería metálica, surgió una fuerte polémica cuando Ortiz propuso una reforma constitucional para prohibir la actividad, apoyándose en firmas recolectadas por la Iglesia Católica.
Villatoro la acusó de politizar el tema y de intentar «deshacer» el esfuerzo eclesial, recordando que ARENA ya había presentado iniciativas similares meses antes.
El intercambio evidenció diferencias en estrategia y timing, con Villatoro criticando el enfoque «exprés» de Ortiz.Otros episodios incluyen críticas cruzadas sobre ausencias en debates clave, vínculos históricos de VAMOS con ARENA (expuestos por Villatoro en octubre de 2025) y percepciones de competencia política, donde Ortiz ha sido cuestionada por algunos sectores por sus posturas en seguridad y reformas.
Estas tensiones recurrentes resaltan las dificultades para un frente opositor unido en un Legislativo dominado por Nuevas Ideas.Analistas políticos señalan que estas divisiones debilitan la capacidad de la oposición para presentar alternativas coherentes frente al oficialismo.
