Política
Raquel Caballero queda fuera de lista de aspirantes para la PDDH
Los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa se reunieron para conocer las últimas propuestas de cada partido político para elegir al nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). La actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, ya no figura entre los nombres.
Luego de terminadas las entrevistas con los aspirantes, los partidos tuvieron un tiempo para evaluar a los candidatos y presentar un primer borrador. Caballero de Guevara figuraba en las listas preliminares de ARENA, PCN y PDC, pero en la reunión del miércoles ya no estaba contemplada.
El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, dio a conocer que son tres los profesionales que el partido ha analizado, estos son: Carmen Elena Molina, exprecandidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); José Apolonio Tobar, quien según un periódico impreso fue donante del FMLN; y Juan José Zaldaña.
Para el FMLN tiene una coincidencia en sus nombres con el partido ARENA, y es la de Tobar; mientras que sus otros dos candidatos son: Luis Enrique Salazar y Luis Romero García, un abogado que fue suspendido por la CSJ por irregularidades en el 2015.
El PCN coincide con ARENA y el FMLN en un nombre, el de Carmen Molina; mientras que tiene otra coincidencia solo con el Frente en el caso de Luis García.
El partido GANA no delimitó la lista y propuso a Cecilia Santos, Silvia Carolina Rodríguez, William Alexander Rodríguez, Yeny Acosta y David Oswaldo Escobar.
GANA coincide con ARENA y el FMLN en el nombre de José Apolonio Tobar.
Por su parte el diputado no partidario, Leonardo Bonilla propone a Roberto Martínez Díaz, Griselda Victoria González López, Geraldina del Carmen Zaldaña, Claudia María Melgar y coincide con ARENA en la propuesta de Carmen Elena Molina.
Las personas que tienen mayores coincidencias en los partidos son dos, Carmen Elena Molina y José Apolonio Tobar. Si los diputados se apegan a las propuestas que se presentaron en la comisión, Raquel Caballero ya no sería reelecta en la PDDH.
Al frente de la Procuraduría, Caballero fue muy criticada por sindicalistas que denunciaron que contrató familiares en la institución, misma acción por la que fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).
El presidente de la Asamblea y de la Comisión Política, Norman Quijano, dijo que se les dio un espacio a los partidos para que reflexionen y puedan acortar los nombres que han propuesto a fin de llegar a un acuerdo.
Aseguró que no descarta que se convoque a comisión durante la plenaria del jueves.
Por: El Salvador Times.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
