Política
Raquel Caballero queda fuera de lista de aspirantes para la PDDH
Los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa se reunieron para conocer las últimas propuestas de cada partido político para elegir al nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). La actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, ya no figura entre los nombres.
Luego de terminadas las entrevistas con los aspirantes, los partidos tuvieron un tiempo para evaluar a los candidatos y presentar un primer borrador. Caballero de Guevara figuraba en las listas preliminares de ARENA, PCN y PDC, pero en la reunión del miércoles ya no estaba contemplada.
El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, dio a conocer que son tres los profesionales que el partido ha analizado, estos son: Carmen Elena Molina, exprecandidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); José Apolonio Tobar, quien según un periódico impreso fue donante del FMLN; y Juan José Zaldaña.
Para el FMLN tiene una coincidencia en sus nombres con el partido ARENA, y es la de Tobar; mientras que sus otros dos candidatos son: Luis Enrique Salazar y Luis Romero García, un abogado que fue suspendido por la CSJ por irregularidades en el 2015.
El PCN coincide con ARENA y el FMLN en un nombre, el de Carmen Molina; mientras que tiene otra coincidencia solo con el Frente en el caso de Luis García.
El partido GANA no delimitó la lista y propuso a Cecilia Santos, Silvia Carolina Rodríguez, William Alexander Rodríguez, Yeny Acosta y David Oswaldo Escobar.
GANA coincide con ARENA y el FMLN en el nombre de José Apolonio Tobar.
Por su parte el diputado no partidario, Leonardo Bonilla propone a Roberto Martínez Díaz, Griselda Victoria González López, Geraldina del Carmen Zaldaña, Claudia María Melgar y coincide con ARENA en la propuesta de Carmen Elena Molina.
Las personas que tienen mayores coincidencias en los partidos son dos, Carmen Elena Molina y José Apolonio Tobar. Si los diputados se apegan a las propuestas que se presentaron en la comisión, Raquel Caballero ya no sería reelecta en la PDDH.
Al frente de la Procuraduría, Caballero fue muy criticada por sindicalistas que denunciaron que contrató familiares en la institución, misma acción por la que fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).
El presidente de la Asamblea y de la Comisión Política, Norman Quijano, dijo que se les dio un espacio a los partidos para que reflexionen y puedan acortar los nombres que han propuesto a fin de llegar a un acuerdo.
Aseguró que no descarta que se convoque a comisión durante la plenaria del jueves.
Por: El Salvador Times.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
