Política
Raquel Caballero queda fuera de lista de aspirantes para la PDDH
Los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa se reunieron para conocer las últimas propuestas de cada partido político para elegir al nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). La actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, ya no figura entre los nombres.
Luego de terminadas las entrevistas con los aspirantes, los partidos tuvieron un tiempo para evaluar a los candidatos y presentar un primer borrador. Caballero de Guevara figuraba en las listas preliminares de ARENA, PCN y PDC, pero en la reunión del miércoles ya no estaba contemplada.
El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, dio a conocer que son tres los profesionales que el partido ha analizado, estos son: Carmen Elena Molina, exprecandidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); José Apolonio Tobar, quien según un periódico impreso fue donante del FMLN; y Juan José Zaldaña.
Para el FMLN tiene una coincidencia en sus nombres con el partido ARENA, y es la de Tobar; mientras que sus otros dos candidatos son: Luis Enrique Salazar y Luis Romero García, un abogado que fue suspendido por la CSJ por irregularidades en el 2015.
El PCN coincide con ARENA y el FMLN en un nombre, el de Carmen Molina; mientras que tiene otra coincidencia solo con el Frente en el caso de Luis García.
El partido GANA no delimitó la lista y propuso a Cecilia Santos, Silvia Carolina Rodríguez, William Alexander Rodríguez, Yeny Acosta y David Oswaldo Escobar.
GANA coincide con ARENA y el FMLN en el nombre de José Apolonio Tobar.
Por su parte el diputado no partidario, Leonardo Bonilla propone a Roberto Martínez Díaz, Griselda Victoria González López, Geraldina del Carmen Zaldaña, Claudia María Melgar y coincide con ARENA en la propuesta de Carmen Elena Molina.
Las personas que tienen mayores coincidencias en los partidos son dos, Carmen Elena Molina y José Apolonio Tobar. Si los diputados se apegan a las propuestas que se presentaron en la comisión, Raquel Caballero ya no sería reelecta en la PDDH.
Al frente de la Procuraduría, Caballero fue muy criticada por sindicalistas que denunciaron que contrató familiares en la institución, misma acción por la que fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).
El presidente de la Asamblea y de la Comisión Política, Norman Quijano, dijo que se les dio un espacio a los partidos para que reflexionen y puedan acortar los nombres que han propuesto a fin de llegar a un acuerdo.
Aseguró que no descarta que se convoque a comisión durante la plenaria del jueves.
Por: El Salvador Times.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
