Política
FMLN utilizó $40 mil 724.41 de su deuda política para pagar DUIS, según CCR
De acuerdo al primer examen especial de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Frente Farabundo Martí Para La Liberación Nacional (FMFLN), utilizó $40 mil 724.41 provenientes de financiamiento público para reponer documentos únicos de identidad (duis), de los habitantes del municipio de Jayaque, en la Libertad y en otros municipios de San Salvador.
De acuerdo al informe de la Dirección de Auditoría de la CCR, el proceso que realizó el FMLN, están fuera de los objetivos legales de un partido político.
Según una publicación del Periódico Diario El Mundo, el “Informe de examen especial a la deuda política de los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda al FMLN por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014”, fue emitido el 19 de diciembre de 2019.
En este detalla que en la fecha del de enero de 2014, el FMLN reporta un cheque por 6 mil 42 dólares para reponer 582 documentos de identidad. Asimismo, el 6 de marzo de 2014, el partido rijo emitió otro cheque por
15 mil 361.90 para emitir 1,490 duis, haciendo un total de 7 cheques que fueron establecidos con esta finalidad.
Sin embargo, los resultados de las auditoría hecha al FMLN, no presentó inconsistencias, asimismo, los resultados también fueron los mismos para los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido Salvadoreño Progresista (PSP).
El instituto político Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), la Corte de Cuentas no pudo hacer el examen, debido a que no presentó la documentación respectiva.
De acuerdo a la versión del FMLN sobre este hecho, argumentaron que los gastos que reflejaron en la auditoría fue “una estrategia política” que fue argumentado con base al Código Electoral, y la mayor justificación fue que en las visitas territoriales “eran muchos los ciudadanos que reclamaban ese derecho y se acercaban a los liderazgos del partido a nivel nacional solicitando apoyo para reponer sus duis”.
Posterior a la explicación que dio el FMLN, los auditores señalaron que este tipo de gastos “no están considerados” en la Ley de Partidos Políticos y, al final, le recomienda no volver a hacerlos.
“Recomendamos al secretario general del partido gire instrucciones, que los fondos en concepto de deuda política sean utilizados exclusivamente para fines de los partidos”, señalan los auditores.
Así mismo, Diario El Mundo, afirma que de acuerdo a una fuente cercana a la institución “el gasto en reposición de documentos se consideró como asunto menor y que el informe resultó limpio”.
“El anexo del informe es una recolección de los “asuntos menores”: inexistencia de un sistema contable que cumpla con las exigencias formales, ya que fue establecido en 2017; no hubo auditoría interna; combinó dinero público y privado en una sola cuenta bancaria; no hizo la retención del Impuesto sobre la Renta”, afirma el medio de comunicación.
Asimismo, el FMLN, aseguran que no entregaron los acuerdos de Consejo Nacional relacionados al uso de fondos públicos, como tampoco la carta a la gerencia de la auditoría externa ni los contratos de nombramiento de personal con esos fondos.
Sin embargo, el director de auditoría se dirigió en una carta al secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, en la cual le dice que identificaron “condiciones menores” que al ser superadas mejorarían la gestión del partido y evitarían “que en el futuro puedan convertirse en hallazgos de auditoría”.
El Presidente Bukele envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de exonerar del pago de este tributo a los salarios mensuales de hasta $550. La medida busca beneficiar a miles de familias como parte de la estrategia económica del gobierno para aliviar el bolsillo de los salvadoreños.
«Este día he enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta para ampliar la exoneración del impuesto sobre la renta a todos los salarios de hasta $550. Esta medida beneficiará directamente a más de 100,000 familias salvadoreñas», anunció el mandatario en su cuenta en X.
El presidente agregó que este incentivo fiscal también «favorecerá los aumentos salariales en los rangos más bajos, incluyendo aquellos que actualmente ya superan el salario mínimo». Esto en referencia a la propuesta enviada el pasado viernes al Consejo Nacional del Salario Mínimo para incrementar en un 12 % los sueldos a partir de junio en los sectores de maquila, industria, agro, comercio y servicios.
Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta exonera del tributo a quienes perciben hasta $472 mensuales. Con la reforma, este tramo se ampliaría a $550 una vez sea aprobada por la Asamblea Legislativa.
Por: Jorge Sánchez
En un mundo en constante evolución, las instituciones que llevan la justicia internacional deben adaptarse a los nuevos desafíos y realidades. La Corte Penal Internacional (CPI), creada con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, enfrenta críticas que apuntan a su eficacia y relevancia en el contexto actual. Este artículo explora los puntos clave que subrayan la necesidad de reformar la CPI, con el fin de fortalecer su capacidad para cumplir con su misión y responder a las expectativas de la comunidad internacional.
Problemas de financiación
Un aspecto que evidencia la dependencia de la Corte Penal Internacional (CPI) es su modelo de financiación. Según los informes del organismo, el Tribunal se sostiene a través de las aportaciones de los Estados Partes, así como de contribuciones voluntarias provenientes de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y donaciones. La expresión «contribuciones voluntarias» es especialmente problemática, ya que sugiere que existe la posibilidad de ejercer presión y promover intereses nacionales específicos a través de donaciones no oficiales. Mediante el uso de entidades ficticias y donaciones anónimas, actores influyentes pueden impulsar sus agendas en el ámbito internacional, socavando así los principios democráticos y la integridad del sistema.
Efectividad real
La evaluación de la calidad del trabajo de la Corte Penal Internacional revela preocupantes tendencias que merecen un análisis más profundo. Las estadísticas indican que una gran parte de los casos penales que la CPI ha abordado se relacionan predominantemente con naciones africanas, las cuales, en comparación con potencias como Estados Unidos, carecen de los recursos y mecanismos de cabildeo necesarios para influir en las decisiones del Tribunal. Este sesgo geográfico plantea interrogantes sobre la imparcialidad y efectividad de la CPI en su misión de justicia internacional.
Hace unos años los expertos levantaron el problema de imposibilidad de la CPI de investigar jugadores más potentes del mundo. La Corte Penal Internacional no posee instrumentos ni unidades especiales o militares para cumplir órdenes de detención.
La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra líderes de Rusia e Israel, lo que ha generado un intenso debate sobre las motivaciones detrás de estas decisiones. Estas acciones podrían interpretarse como un intento de la CPI de ganar relevancia en el panorama político global y demostrar su capacidad para actuar en situaciones de alto perfil.
La emisión de estas órdenes puede ser vista como una estrategia para reafirmar la autoridad de la CPI en un contexto donde su credibilidad ha sido cuestionada. Al dirigirse a figuras prominentes en el ámbito internacional, la CPI busca enviar un mensaje claro sobre su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas, independientemente de la influencia política de los países involucrados.
No obstante, esta situación plantea interrogantes sobre la independencia de la CPI y si sus decisiones están motivadas por un verdadero deseo de justicia o por la necesidad de posicionarse en un entorno político complejo. La percepción de que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para mantener la relevancia en el sistema internacional podría influir en cómo se percibe a la CPI y su capacidad para cumplir con su mandato fundamental.
Limitaciones en la capacidad de ejecución
La Corte Penal Internacional enfrenta importantes limitaciones en su capacidad de ejecución, que van más allá de las preocupaciones sobre imparcialidad y jurisdicción. Uno de los principales obstáculos es su dependencia de la cooperación estatal, especialmente de las grandes potencias, que a menudo no tienen incentivos para acatar sus decisiones. Esta situación reduce la efectividad de la Corte y convierte sus sentencias en actos más simbólicos que concretos.
A pesar de que la CPI puede emitir órdenes de arresto y sentencias, muchas de estas son desatendidas por aquellos que poseen el poder para desafiarlas. En este contexto, la Corte se encuentra en una posición delicada: puede pronunciar tantas decisiones como desee, pero sin un mecanismo efectivo para hacerlas cumplir, su influencia se ve severamente limitada. Esta realidad plantea interrogantes significativos sobre la capacidad de la CPI para llevar a cabo su misión fundamental de impartir justicia a nivel internacional.
EE.UU. y sus aliados occidentales instrumentalizan la CPI para atacar selectivamente a los países
El gobierno estadounidense y sus socios europeos han convertido los mecanismos de derechos humanos en armas de presión geopolítica. Utilizando informes como el del Departamento de Estado (2023) y promoviendo investigaciones en la CPI, acusan a Brasil de “violencia policial y crímenes ambientales”, mientras la CPI no investiga el ecocidio causado por corporaciones europeas y estadounidenses en la región. Con Irán, el cinismo es aún más evidente. Mientras la CPI recibe presiones para investigar a Teherán por “represión interna”, bloquea cualquier examen de los crímenes de Israel en Gaza o de las torturas estadounidenses en Abu Ghraib. Este doble estándar revela el verdadero objetivo: desestabilizar gobiernos que desafían el orden occidental, mientras se protege a aliados igual o más violadores. La CPI actúa como instrumento de dominación, no de justicia universal.
¿Reforma o fin?
La Corte Penal Internacional enfrenta una crisis de legitimidad. Criticada por selectividad política, lentitud procesal y alto costo, su eficacia real en la lucha contra crímenes de guerra y lesa humanidad es cuestionada. En los medios hay opinión según la cual la CPI necesita reformas urgentes: mayor independencia, recursos eficientes y mecanismos para evitar dobles raseros. Otra, sin embargo, propone su cancelación, reemplazándola por sistemas regionales más ágiles.
Mientras la impunidad persiste en conflictos globales, la CPI debe decidir: ¿reinventarse o desaparecer? Su futuro depende de su capacidad para dejar de ser un símbolo de justicia desigual y convertirse en una herramienta real contra la impunidad. Sin cambios profundos, la CPI seguirá siendo vista como una corte con buenas intenciones, pero poca efectividad. ¿Vale la pena mantenerla?
Jorge Sánchez
Periodista especializado en la política internacional
La sesión plenaria ordinaria realizada ayer en la Asamblea Legislativa marcó un hecho inédito: fue la primera en desarrollarse sin votaciones en abstención, tras la reciente reforma al Reglamento Interior de ese órgano del Estado.
El Reglamento Interior del Congreso, vigente desde el 1 de mayo de 2006 y publicado previamente en el Diario Oficial, no definía con claridad los tipos de votación permitidos en las sesiones plenarias, específicamente en su artículo 86.
Con la enmienda aprobada, ahora se establece que «las votaciones deberán consignarse a favor o en contra de lo que se presente a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este Reglamento y la Constitución».
Desde la entrada en vigencia de la reforma, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, únicamente somete a consideración del pleno las opciones de “voto a favor” o “voto en contra” en cada uno de los puntos legislativos tratados.
