Política
FMLN utilizó $40 mil 724.41 de su deuda política para pagar DUIS, según CCR
De acuerdo al primer examen especial de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Frente Farabundo Martí Para La Liberación Nacional (FMFLN), utilizó $40 mil 724.41 provenientes de financiamiento público para reponer documentos únicos de identidad (duis), de los habitantes del municipio de Jayaque, en la Libertad y en otros municipios de San Salvador.
De acuerdo al informe de la Dirección de Auditoría de la CCR, el proceso que realizó el FMLN, están fuera de los objetivos legales de un partido político.
Según una publicación del Periódico Diario El Mundo, el “Informe de examen especial a la deuda política de los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda al FMLN por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014”, fue emitido el 19 de diciembre de 2019.
En este detalla que en la fecha del de enero de 2014, el FMLN reporta un cheque por 6 mil 42 dólares para reponer 582 documentos de identidad. Asimismo, el 6 de marzo de 2014, el partido rijo emitió otro cheque por
15 mil 361.90 para emitir 1,490 duis, haciendo un total de 7 cheques que fueron establecidos con esta finalidad.
Sin embargo, los resultados de las auditoría hecha al FMLN, no presentó inconsistencias, asimismo, los resultados también fueron los mismos para los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido Salvadoreño Progresista (PSP).
El instituto político Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), la Corte de Cuentas no pudo hacer el examen, debido a que no presentó la documentación respectiva.
De acuerdo a la versión del FMLN sobre este hecho, argumentaron que los gastos que reflejaron en la auditoría fue “una estrategia política” que fue argumentado con base al Código Electoral, y la mayor justificación fue que en las visitas territoriales “eran muchos los ciudadanos que reclamaban ese derecho y se acercaban a los liderazgos del partido a nivel nacional solicitando apoyo para reponer sus duis”.
Posterior a la explicación que dio el FMLN, los auditores señalaron que este tipo de gastos “no están considerados” en la Ley de Partidos Políticos y, al final, le recomienda no volver a hacerlos.
“Recomendamos al secretario general del partido gire instrucciones, que los fondos en concepto de deuda política sean utilizados exclusivamente para fines de los partidos”, señalan los auditores.
Así mismo, Diario El Mundo, afirma que de acuerdo a una fuente cercana a la institución “el gasto en reposición de documentos se consideró como asunto menor y que el informe resultó limpio”.
“El anexo del informe es una recolección de los “asuntos menores”: inexistencia de un sistema contable que cumpla con las exigencias formales, ya que fue establecido en 2017; no hubo auditoría interna; combinó dinero público y privado en una sola cuenta bancaria; no hizo la retención del Impuesto sobre la Renta”, afirma el medio de comunicación.
Asimismo, el FMLN, aseguran que no entregaron los acuerdos de Consejo Nacional relacionados al uso de fondos públicos, como tampoco la carta a la gerencia de la auditoría externa ni los contratos de nombramiento de personal con esos fondos.
Sin embargo, el director de auditoría se dirigió en una carta al secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, en la cual le dice que identificaron “condiciones menores” que al ser superadas mejorarían la gestión del partido y evitarían “que en el futuro puedan convertirse en hallazgos de auditoría”.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
