Política
Diputados emiten dictamen favorable para desaforar a Norman Quijano
La Comisión Especial de Antejuicio determinó, mediante los elementos probatorios presentados, que hay formación de causa para quitar al diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, el fuero constitucional que ha impedido que se le procese por haber negociado con pandillas.
Por tal motivo, emitió dictamen único favorable para que los 84 diputados decidan si quitarle o no el fuero al imputado.
“Seremos facilitadores de la justicia por la que claman las familias […] Los políticos que iban a ejercer un cargo de poder, en lugar de defendernos, pudieron haber vendido todas nuestras vidas, en este requerimiento fiscal dice que podían matar hasta a dos salvadoreños por día”, declaró el presidente de la comisión, Raúl Castillo.
Por este hecho, Quijano podría ser acusado por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, actos sancionados en los artículos 295 y 345 del Código Penal, respectivamente.
Durante las sesiones se realizó el debido proceso, se contó con la parte fiscal y se garantizó la defensa técnica al diputado del PARLACEN. No obstante, Quijano no se comunicó con la abogada que le asignó el Ministerio Público para dar representarlo en este proceso.
Los testigos llamados a declarar, pese a haberse contradicho en varias ocasiones, concordaron en el hecho cuestionado: en marzo de 2014 el entonces candidato a la presidencia por el partido ARENA, Norman Quijano, después de la primera vuelta electoral en la que le aventajó el FMLN, sostuvo una reunión privada con líderes de pandillas en las oficinas de la Red Nacional de Pastores (RNP), en el marco de la celebración de un culto religioso en ese lugar.
En ese encuentro se hicieron varios ofrecimientos a las pandillas, entre ellos, $100 millones para prevención y reinserción, infraestructura militar para rehabilitación, entre otros beneficios.
“Se acordó dar beneficios a las pandillas, como ingreso de objetos ilícitos a los penales, dinero a prestar al interior de las cárceles a un interés del 20%, autorización para extorsionar, depuración de territorios matando a dos personas diarias, y depuración al interior de centros penales con autorización de Mijango”, señaló la fiscal Marcela Pineda
Por su parte, el exdiputado de ARENA, Ernesto Angulo Milla, quien fue llamado a declarar, negó haber participado en la reunión privada entre Quijano y las pandillas; sin embargo, admitió que fue invitado a asistir a un culto religioso ese día, en la RNP, junto a Quijano.
Estas declaraciones fueron desmentidas por el fundador del partido tricolor y presidente de la RNP, recinto en donde fue celebrado el encuentro, Nelson Valdez. El líder religioso afirmó que tanto Quijano como Milla asistieron a la reunión, no obstante, negó haberlos invitado, dijo que ellos le preguntaron si podían asistir, y él accedió.
Asimismo, fue testigo en este caso el columnista Paolo Lüers, quien afirmó que, después de la primera vuelta de las elecciones, se reunió con los líderes de pandillas para exigirles que dejaran de favorecer al FMLN con sus votos. Dijo que los pandilleros aseguraron en esa ocasión que habían estado negociando con el partido de izquierda, y que estaban buscando “bajarle dinero” a ARENA.
“Se logra comprobar el debate o la pelea interna entre FMLN y ARENA para ver quiénes entregaban mejores beneficios a las pandillas, para lograr una inclinación en los votos”, aseveró la fiscal Pineda.
Otro testigo en este caso fue Miguel Ángel Simán, quien, pese a su resistencia al inicio del interrogatorio, finalmente aceptó haber sido coordinador de Plan País, que se convirtió en el plan de gobierno que abanderó Norman Quijano y su partido.
“Plan país tenía estrategias que obligaban a ARENA a sentarse a negociar. En el Plan País había vinculación directa al establecer que el candidato debía sentarse con pandillas para negociar la vida de los salvadoreños”, explicó la fiscal Rebeca Santos.
Aunado a ello, las peritas del caso afirmaron, luego de haber estudiado a detalle el video que figura como una de las principales evidencias, que tanto la imagen como la voz corresponden a Norman Quijano, además de confirmar la participación del exdiputado Milla y del pastor Valdez.
“Norman Quijano es el rostro encarnado de la corrupción en el salvador. Ha sido por mucho tiempo el rostro de la impunidad. Este país ha sido contaminado por años por los gobiernos del FMLN y ARENA”, señaló el fiscal Walter Coto.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen para que el Número de Identificación Tributaria (NIT) sea digital y completamente gratuito.
La normativa también contempla que el NIT pueda tramitarse en línea y sin documentos físicos tanto para los salvadoreños dentro y fuera del país.
El objetivo de esta reforma es modernizar el sistema tributario mediante el uso de nuevas tecnologías.
De igual manera, la iniciativa responde a la necesidad de actualizar la ley vigente desde 1972 para adaptarla al avance tecnológico.
Una vez aprobada en el pleno legislativo entrará en vigencia ocho días después de publicado en el Diario Oficial.
Política
Fuerte cruce verbal entre diputadas Claudia Ortiz y Marcela Villatoro por aprobación del Presupuesto 2026
Un intenso intercambio de acusaciones entre las diputadas opositoras Claudia Ortiz (partido VAMOS) y Marcela Villatoro (ARENA) ha puesto en evidencia las fracturas recurrentes en la oposición salvadoreña, tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026 en la Asamblea Legislativa.
El desencadenante fue la conducta de la fracción de ARENA durante la votación.
Ortiz criticó duramente que los diputados areneros, pese a manifestarse en contra del presupuesto durante el debate, abandonaron el pleno legislativo justo antes de la votación, lo que calificó como una acción «contradictoria» e incoherente.
En respuesta, Villatoro rechazó las críticas y contraatacó acusando a Ortiz de ausentarse en discusiones clave, como las reformas constitucionales previas.
Además, la diputada de ARENA señaló que las posturas de Ortiz terminan «favoreciendo al oficialismo» y profundizando las divisiones dentro de la oposición.
El cruce se extendió a redes sociales, donde usuarios compartieron capturas y comentarios, calificándolo popularmente como una «pelea» entre las dos legisladoras.
Este no es el primer enfrentamiento público entre ambas
En marzo de 2025, durante una plenaria sobre minería metálica, surgió una fuerte polémica cuando Ortiz propuso una reforma constitucional para prohibir la actividad, apoyándose en firmas recolectadas por la Iglesia Católica.
Villatoro la acusó de politizar el tema y de intentar «deshacer» el esfuerzo eclesial, recordando que ARENA ya había presentado iniciativas similares meses antes.
El intercambio evidenció diferencias en estrategia y timing, con Villatoro criticando el enfoque «exprés» de Ortiz.Otros episodios incluyen críticas cruzadas sobre ausencias en debates clave, vínculos históricos de VAMOS con ARENA (expuestos por Villatoro en octubre de 2025) y percepciones de competencia política, donde Ortiz ha sido cuestionada por algunos sectores por sus posturas en seguridad y reformas.
Estas tensiones recurrentes resaltan las dificultades para un frente opositor unido en un Legislativo dominado por Nuevas Ideas.Analistas políticos señalan que estas divisiones debilitan la capacidad de la oposición para presentar alternativas coherentes frente al oficialismo.
