Política
Diputados emiten dictamen favorable para desaforar a Norman Quijano
La Comisión Especial de Antejuicio determinó, mediante los elementos probatorios presentados, que hay formación de causa para quitar al diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, el fuero constitucional que ha impedido que se le procese por haber negociado con pandillas.
Por tal motivo, emitió dictamen único favorable para que los 84 diputados decidan si quitarle o no el fuero al imputado.
“Seremos facilitadores de la justicia por la que claman las familias […] Los políticos que iban a ejercer un cargo de poder, en lugar de defendernos, pudieron haber vendido todas nuestras vidas, en este requerimiento fiscal dice que podían matar hasta a dos salvadoreños por día”, declaró el presidente de la comisión, Raúl Castillo.
Por este hecho, Quijano podría ser acusado por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, actos sancionados en los artículos 295 y 345 del Código Penal, respectivamente.
Durante las sesiones se realizó el debido proceso, se contó con la parte fiscal y se garantizó la defensa técnica al diputado del PARLACEN. No obstante, Quijano no se comunicó con la abogada que le asignó el Ministerio Público para dar representarlo en este proceso.
Los testigos llamados a declarar, pese a haberse contradicho en varias ocasiones, concordaron en el hecho cuestionado: en marzo de 2014 el entonces candidato a la presidencia por el partido ARENA, Norman Quijano, después de la primera vuelta electoral en la que le aventajó el FMLN, sostuvo una reunión privada con líderes de pandillas en las oficinas de la Red Nacional de Pastores (RNP), en el marco de la celebración de un culto religioso en ese lugar.
En ese encuentro se hicieron varios ofrecimientos a las pandillas, entre ellos, $100 millones para prevención y reinserción, infraestructura militar para rehabilitación, entre otros beneficios.
“Se acordó dar beneficios a las pandillas, como ingreso de objetos ilícitos a los penales, dinero a prestar al interior de las cárceles a un interés del 20%, autorización para extorsionar, depuración de territorios matando a dos personas diarias, y depuración al interior de centros penales con autorización de Mijango”, señaló la fiscal Marcela Pineda
Por su parte, el exdiputado de ARENA, Ernesto Angulo Milla, quien fue llamado a declarar, negó haber participado en la reunión privada entre Quijano y las pandillas; sin embargo, admitió que fue invitado a asistir a un culto religioso ese día, en la RNP, junto a Quijano.
Estas declaraciones fueron desmentidas por el fundador del partido tricolor y presidente de la RNP, recinto en donde fue celebrado el encuentro, Nelson Valdez. El líder religioso afirmó que tanto Quijano como Milla asistieron a la reunión, no obstante, negó haberlos invitado, dijo que ellos le preguntaron si podían asistir, y él accedió.
Asimismo, fue testigo en este caso el columnista Paolo Lüers, quien afirmó que, después de la primera vuelta de las elecciones, se reunió con los líderes de pandillas para exigirles que dejaran de favorecer al FMLN con sus votos. Dijo que los pandilleros aseguraron en esa ocasión que habían estado negociando con el partido de izquierda, y que estaban buscando “bajarle dinero” a ARENA.
“Se logra comprobar el debate o la pelea interna entre FMLN y ARENA para ver quiénes entregaban mejores beneficios a las pandillas, para lograr una inclinación en los votos”, aseveró la fiscal Pineda.
Otro testigo en este caso fue Miguel Ángel Simán, quien, pese a su resistencia al inicio del interrogatorio, finalmente aceptó haber sido coordinador de Plan País, que se convirtió en el plan de gobierno que abanderó Norman Quijano y su partido.
“Plan país tenía estrategias que obligaban a ARENA a sentarse a negociar. En el Plan País había vinculación directa al establecer que el candidato debía sentarse con pandillas para negociar la vida de los salvadoreños”, explicó la fiscal Rebeca Santos.
Aunado a ello, las peritas del caso afirmaron, luego de haber estudiado a detalle el video que figura como una de las principales evidencias, que tanto la imagen como la voz corresponden a Norman Quijano, además de confirmar la participación del exdiputado Milla y del pastor Valdez.
“Norman Quijano es el rostro encarnado de la corrupción en el salvador. Ha sido por mucho tiempo el rostro de la impunidad. Este país ha sido contaminado por años por los gobiernos del FMLN y ARENA”, señaló el fiscal Walter Coto.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
