Política
Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo pondrán un alto al despilfarro en gastos de la presidencia para invertir en medicinas e insumos médicos
En el 2017, Casa Presidencial tuvo gastos reservados de 31 millones y en 2018 aún con el rechazo de la gente, gastó 15 millones. La OIE está pidiendo 30 millones de presupuesto para el 2019. Mientras tanto, el presupuesto de medicamentos ronda los 50 millones. Nada de esto refleja una prioridad por la gente y sus necesidades.
Actualmente el sistema nacional de salud padece un desabastecimiento crónico y creciente de medicamentos, insumos médicos, insumos no médicos. Es inhumano que un paciente diabético, hipertenso, con insuficiencia renal, con cáncer, o con otra enfermedad crónica, que demanda el consumo de medicamentos permanentemente, no pueda ser abastecido por las farmacias de los hospitales.
Este problema de desabastecimiento tiene su arraigo en la clara incapacidad de gestión. Entre las muchas razones que explican esta gestión, se mencionan las siguientes:
- El desconocimiento de la demanda por carecer de información completa y suficiente de los consumos.
- La catastrófica administración del almacenamiento y distribución de los medicamentos, sin la atención debida a inventarios mínimos, máximos, recompras, obsolescencias y vencimientos
- La falta del registro de los efectos de las emergencias en el inventario nacional de medicamentos
- La desatinada relación con los proveedores, que en muchos casos no cuentan con la suficiente visibilidad futura de los requerimientos de medicamentos e insumos.
- En resumen, la falta de planificación, control y la forma arcaica y obsoleta de administrar el sistema integral de salud, ha llevado a esta crisis del sistema.
“Nuestras acciones serán con inmediatez, dentro de los primeros 100 días de gobierno, vamos a iniciar el proceso de actualización de los inventarios de medicamentos, material quirúrgico y otros insumos necesarios para satisfacer la demanda de atención médica en el país. Vamos a poner a gente capaz y honesta a dirigir las distintas dependencias”, puntualizó el candidato a la presidencia, Carlos Calleja.
“El presupuesto asignado a distintos hospitales típicamente alcanza solo para cubrir de 6 a 8 meses de compras de medicamentos y, aun así, algunos de los centros de salud no alcanzan a ejecutar todo su presupuesto, debiendo devolver esos fondos no utilizados al Ministerio de Hacienda, aún y cuando no alcanzaron a cubrir sus necesidades: esto responde a un sistema de gestión, que vulnera gravemente la salud y la vida de los pacientes”, dijo la candidata a la Vicepresidencia, Carmen Aída Lazo.
Carlos y Carmen Aída frenaran este mal gasto a través de su propuesta Medicina Siempre
MEDICINA SIEMPRE
El objetivo de esta propuesta es garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos, insumos médicos, e insumos no médicos en los tres niveles de atención del sistema nacional de salud. Para tal fin, es esencial establecer:
- Prioridades claras en CAPRES
- Personas capaces
- Mejores sistemas de gestión.
Para que el abastecimiento se garantice siempre de manera efectiva, se accionara en los siguientes ejes de solución:
- Se hará un uso racional del presupuesto asignado.
- Se privilegiarán las compras en volumen para alcanzar economías de escala y otros beneficios.
- Se incorporará a los proveedores como parte de la solución del problema, trabajando de la mano.
- Se aplicará tecnología apropiada para establecer sistemas de control de existencias y despacho de medicamentos.
- Planificación estratégica en toda la cadena logística de medicamentos.
- Modernización de la administración del sistema nacional de salud.
“Nosotros estableceremos mecanismos de gestión transparentes y de manera responsable, con ello, al proporcionar medicamentos e insumos suficientes siempre y a tiempo, la reducción sobre el gasto de bolsillo que la población actualmente tiene que incurrir para surtir sus recetas, andará en el orden del 60% al 70% de ahorro, lo que mejorará directamente la situación económica de las familias”, finalizo el aspirante a la presidencia”.
La Asamblea Legislativa autorizó este martes al Órgano Ejecutivo la suscripción de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como financiamiento adicional para el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, a través de la construcción de una moderna infraestructura vial que incluye un nuevo “by pass” en Apopa, una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, iluminación, señalización, controles de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal.
Según estimaciones oficiales, la obra beneficiará de forma directa a más de 550,000 habitantes de los municipios que conforman San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte.
Uno de los elementos clave del proyecto es un puente atirantado de 300 metros de longitud y cuatro carriles (dos por sentido), que permitirá desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte, facilitando la conexión con la zona norte del país y la frontera con Honduras.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele busca posicionar esta región como un nodo logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala, mediante una combinación de inversión pública en infraestructura y atracción de capital privado.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha destacado que el potencial de la zona radica en su ubicación estratégica, así como en las obras de conectividad ya ejecutadas y las que están en proceso. Además, se ha informado que el 36 % del suelo destinado para uso logístico y de servicios en San Salvador Oeste ya cuenta con permisos aprobados.
Con este financiamiento adicional, el Ejecutivo busca acelerar el desarrollo vial del AMSS y consolidar al país como un centro regional clave para la movilidad y el comercio.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
Política
El Salvador será pionero regional con Ley de Tecnologías Robóticas: impulsará innovación, educación y empleos especializados
El Salvador se encamina a convertirse en líder regional en innovación tecnológica con la aprobación de la Ley de Tecnologías Robóticas, una iniciativa del Órgano Ejecutivo que recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa y se prevé sea aprobada este jueves en sesión plenaria.
La nueva normativa busca fomentar la investigación, desarrollo y fabricación de tecnologías robóticas, así como establecer lineamientos para su aplicación en sectores clave como la industria, el comercio y la educación. Además, contempla incentivos fiscales, la creación de laboratorios especializados y la integración de la enseñanza de la robótica en el sistema educativo nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, destacó que esta ley posicionará al país como un referente en materia de innovación. “Permitirá establecer una plataforma para que inversionistas, académicos y emprendedores colaboren en el desarrollo de soluciones robóticas”, afirmó.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), Mario Flamenco Rivas, señaló que la ley representa una apuesta estratégica para el futuro económico del país. “Esta normativa será un respiro en cuanto a regulaciones globales sobre robótica y atraerá inversión, generando empleos altamente especializados”, expresó.
El proyecto de ley también compromete al Gobierno a facilitar pruebas piloto de soluciones robóticas, con el fin de dinamizar la innovación y abrir oportunidades para la creación de una cadena de suministros robusta en esta industria emergente.
Desde la academia, el vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco, Manuel Cardona Gutiérrez, subrayó el valor de la ley en la competitividad nacional. “Con esta legislación, El Salvador da un paso importante para ser más competitivo, generar riqueza y oportunidades de empleabilidad en un sector de alto impacto”, indicó.
Además, se contempla el desarrollo de centros de investigación e innovación físico-digitales, que facilitarán la transferencia de conocimientos tecnológicos y potenciarán el ecosistema emprendedor nacional.
Con esta legislación, El Salvador no solo abre la puerta al desarrollo de una nueva industria tecnológica, sino que se perfila como referente en Centroamérica en la adopción de políticas públicas orientadas a la economía del futuro.
