Política
Así fue aprobada la prórroga del subsidio al transporte público por 6 meses más
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este lunes la prórroga del subsidio al transporte público hasta el 30 de junio de 2020 sin establecer condiciones para entregarlo.
Trece diputados votaron en contra de la prórroga y uno se abstuvo.
El decreto que exigía condiciones a los transportistas para cobrar el subsidio aplicable dentro de seis meses no tuvo votos suficientes: solo tuvo 36 votos.
Los diputados que dieron su aval para la aprobación de seis meses más de prórroga fueron: Alberto Romero, Carlos García, Carlos Reyes, Donato Vaquerano, Esmeralda García, Gladis de López, Jorge Rosales, Jose López, Karla Roque, Lisseth Palma, Mario Martínez, Mauricio Linares, Melissa Ruiz, Óscar Vasquez, Ricardo Godoy y Rosa Romero, todos del partido ARENA.
Sin votar en contra estuvieron: David Reyes, Felissa Cristales, Gustavo Escalante, Javier Palomo, Josué Godoy, Marcela Villatoro, Mario Marroquín, Milena Mayorga y Patricia Valdivieso; mientras que el diputado tricolor Andrés Hernández se abstuvo.
No votaron: Bonner Jiménez, Dagoberto Blanco, Douglas Cardona, Edgar Escolán, Emilio Corea, Margarita Escobar, Marta Batres, Mauricio Vargas, René Portillo Cuadra y Ricardo Velásquez.
CD: No votó: José Martel.
Por el FMLN votaro: Alexandra Ramírez, Alma Cruz, Anabel Belloso, Audelia López, Catalino Castillo, Cristina Cornejo, Dina Argueta, Elizabeth Gómez, Flor Castaneda, Gerson Guadrón, Guisela Portillo, Jaime Sandoval, Manuel Ortiz, Margarita López, Rocío Menjívar, Rodolfo Martínez, Schafik Hándal, Telma Hernández, Víctor Suazo, Vilma Salamanca y Yanci Urbina.
No votaron: Gustavo Acosta y María Rivas.
GANA lo hizo con: Adelmo Rivas, Guadalupe Vásquez, Lorenzo Rivas, Rebeca Cervantes, Rosa Vigil, Sonia López, y Wilfredo Guevara, mientra que Francisco Zablah, Jorge Godoy y Mario Tenorio no votaron.
En el PCN lo hicieron: Antonio Almendáriz, Eeileen Romero, Luis Urías, Mario Ponce, Noemy García, Raúl Beltrán, Reynaldo Cardoza, Serafín Orantes y Yanira Peraza.
En el PDC votaron en contra: Juan Estrada, Reinaldo Carballo y Rodolfo Parker y el No partidario Leonardo Bonilla.
Solo logró 36 votos, entre estos 24 de Arena y 7 de Gana. La petición era reformar el artículo 7 y incorporar el artículo 7-A a la «Ley Transitoria para la entrega de la compensación económica y estabilización de las tarifas del servicio público de transporte de pasajeros». Regresó a estudio de Comisión.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
