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Sala declara inconstitucional Decreto Ejecutivo que regula las fases de la reapertura económica
Este viernes, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo número 32, el cual regula las fases de la reapertura económica.
A su vez, la sentencia habilita al ministerio de Salud a tomar todas las medidas necesarias («incluso extraordinarias») para prevenir el contagio de COVID-19.
La Sala argumenta que el Decreto 32 contradice una sentencia anterior, en el que el Ejecutivo asume competencias que no le corresponden.
«Declárase inconstitucional el Decreto Ejecutivo número 32, de 29 de julio de 2020, que contiene los ‘Protocolos sanitarios para garantizar los derechos a la salud y a la vida de las personas, en el proceso de reactivación gradual de la economía, durante la pandemia por COVID19, aplicables en las zonas occidental, central y oriental de la República de El Salvador’”, dice la sentencia.
Además, aclara que su contenido contradice los parámetros constitucionales establecidos en la sentencia emitida, relacionados con la suspensión y limitación de derechos fundamentales; «sin embargo, por lo explicado, este producirá efectos jurídicos hasta el 23 de agosto del corriente año, dicha fecha inclusive», dice el documento.
Al mismo tiempo, los magistrados hacen un llamado a la Asamblea Legislativa y al Órgano Ejecutivo «a estar atentos a la evolución de la pandemia» y colaborar entre ambos poderes para gestionar «de manera técnica y concertada» leyes en beneficio de los habitantes de la República.
Sin embargo, reitera a dichos órganos que «están inhabilitados para replicar los aspectos señalados como inconstitucionales en la sentencia emitida en el presente proceso», es decir, no pueden violentar los derechos constitucionales de la población.
Agrega la sentencia que el Ejecutivo, en el ramo de la Salud, está habilitado para emitir los protocolos que establezcan medidas, «incluso extraordinarias, a tener en cuenta de manera obligatoria por las personas y empresas en los centros de salud, lugares de trabajo, negocios, centros educativos y recreativos, hogares, medios de transporte, etc., para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar la propagación del COVID-19; siempre y cuando dichos protocolos no supongan una limitación o suspensión, de hecho, de los derechos fundamentales de las personas, tal como se explicó en la sentencia en cuestión y en el presente pronunciamiento».
Por su parte, el presidente Nayib Bukele reaccionó ante la sentencia, y afirmó que «en todos los países del mundo, los Gobiernos ordenan las reaperturas, gradualmente, para controlar la pandemia. «En El Salvador, hoy eso también es inconstitucional. ¿Ya no les importa nada?», dijo.
Seguidamente, el mandatario adujo que detrás de la sentencia hay una estrategia electoral. «¿Caos antes de las elecciones? ¿Esa es la estrategia? ¿No les importa ver más salvadoreños morir, para proteger a los partidos que les dieron sus cargos?», cuestionó.
El pasado 29 de julio, Bukele publicó el Decreto Ejecutivo número 32 ante el rechazo de los diputados a aprobar un Régimen de Excepción que confinara a la población durante 15 días. Según el jefe de estado, con esta medida se frenaría la curva de contagio de covid-19 y se reduciría el número de casos y muertes en el país.
Según el Decreto, la fase uno estaría vigente hasta el 19 de agosto; la fase 2, que implica el reinicio del transporte colectivo, comenzaría el 20 de agosto y se mantendrá hasta el 3 de septiembre; la fase tres iniciaría el 4 de septiembre y estaría vigente hasta el 18 de septiembre. Y las fases cuatro y cinco iniciarían el 19 de septiembre y el 4 de octubre respectivamente.
La Fiscalía General de la República de El Salvador informó que, en coordinación con la Policía Nacional Civil de El Salvador, ejecutó un operativo para desarticular una estructura dedicada al narcomenudeo en la zona oriental del país.
De acuerdo con las autoridades, la operación es resultado de un año de investigaciones, periodo durante el cual se logró identificar a cada uno de los integrantes de la red criminal, incluyendo a los responsables del abastecimiento de droga y a los redistribuidores que operaban en distintos sectores.
Las indagaciones determinaron que la estructura mantenía presencia en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron diferentes porciones de droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos que servirán como evidencia para fortalecer el proceso investigativo.
Según el reporte fiscal, los implicados serán procesados por los delitos de tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas, mientras continúan las diligencias para determinar la posible participación de otras personas vinculadas a la estructura.
Personal de Comandos de Salvamento atendió un fuerte accidente vial en horas del mediodía de este martes, sobre el kilómetro 25 de la carretera a Comalapa departamento de La Paz.
Los rescatistas indicaron que producto del accidente, cinco personas resultaron lesionadas, entre ellos dos menores de edad.
Lamentablemente una mujer y uno de los menores fallecieron cuando eran trasladados hacia diferentes unidades médicas.
De acuerdo con el reporte de los paramédicos, el accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo en el que se conducían las víctimas se estrelló contra un árbol tras intentar no atropellar a una mujer que cruzaba la calle.
El Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) confirmó que la Oficina de Planeación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) mantiene actualizados todos sus instrumentos normativos, lo que favorece el desarrollo inmobiliario y la construcción en la zona de mayor concentración urbana del país.
El informe, denominado Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025, confirma que estos instrumentos son coincidentes con las tendencias de crecimiento habitacional del Gran San Salvador, un aspecto que favorece las proyecciones de las empresas desarrolladoras y le da al sector construcción certeza y predictibilidad para sus proyectos.
«Los instrumentos normativos metropolitanos que la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) se encuentra actualizando y son coincidentes con las tendencias de crecimiento habitacional en tipología, densidad y ubicación», indica el estudio, preparado por el CAF junto con el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo de Estados Unidos.
Asimismo, resalta que dichos instrumentos ayudan a prever herramientas urbanísticas para desarrollos habitacionales sociales y de otras modalidades.
En ese sentido, la Opamss, bajo la dirección ejecutiva de Luis Rodríguez, impulsa políticas que facilitan a todos los sectores relacionados con la construcción y el rubro inmobiliario herramientas para que los proyectos puedan ejecutarse cumpliendo la normativa nacional, reduciendo los trámites y construyendo así al crecimiento económico de El Salvador.
Por otra parte, las estadísticas de la institución destacan que, en el inicio de 2026, la inversión total de la construcción en el país supera los $5,100 millones, con una proyección de ejecución cercana a los $3,000 millones en el curso de los próximos meses. De esta cifra, el sector habitacional concentra un 53 % de los proyectos en desarrollo, seguido del logístico con un 12.9 % y el turístico con un 12.4 %.
