Judicial
Guatemalteco estafa a salvadoreña con $1,460 tras falsa venta de vehículo
La ilusión de poder obtener un vehículo con el que podría movilizarse hacia su trabajo y lograr tener una manera para retornar a su vivienda, debido a que sale a altas horas de la noche por laborar en un supermercado capitalino, hizo que Joseline (nombre cambiado por protección a la víctima) entregara $1,460 al novio de una de sus compañeras: un sujeto de origen guatemalteco.
En agosto de 2014, Olga U. decidió presentarle su novio, Walter Arnoldo Mendoza, a Joseline. Se trataba de un “chapín” que en ese momento se dedicaba a importar vehículos al territorio salvadoreño.
Olga sabía que su amiga necesitaba un automotor, por lo que le indicó a esta que Walter podía ayudarle en ese tema.
Como propuesta, vía WhatsApp, el sujeto le envió diversas fotografías de los vehículos a los que podría optar, por lo que Joseline fue seducida a elegir un Toyota color blanco año 2009, un carro con tan solo cinco años de uso.
Walter le notificó que el costo era de $6,000, pero a ella se lo dejaría en $4,500. Además, le dejaría una cuota de $60 mensuales hasta llegar a la cifra estipulada. Esto emocionó más a la mujer. El único requisito que ella debía cumplir era entregar por adelantado $1,000 por gastos de importación.
Por ello, el 5 de septiembre de ese 2014 Joseline se dirigió a Soyapango, una de las sucursales de la cooperativa Cactiussa de R.L., en donde obtuvo el dinero requerido. Una vez hecho ese paso, contactó a Walter y le entregó el dinero.
Al reunirse, Olga le comentó a su novio que Joseline tenía a la venta dos teléfonos celulares, un Samsung S4, valorado en $250; y un Black Berry Z10, con un costo de $210.
Ambos aparatos fueron tomados por Walter y el valor sería descontado a la cuota del vehículo que prometió entregar aproximadamente en dos meses, pero le dio como fecha límite el 24 de noviembre.
Se llegó el día y al no recibir lo prometido la mujer llamó al guatemalteco para consultarle sobre la compra a medias que había logrado hacer.
“El carro se encuentra en aduana, porque he tenido un contratiempo en el pago de los impuestos”, le dijo Walter, minutos después de esa excusa la afectada escuchó algo que medianamente la tranquilizó: “El 5 de diciembre se lo entrego por la tarde”.
Nuevamente, llegó el día acordado, pasó la tarde y Walter nunca apareció. La ilusión de Joseline se desvaneció y con ello los $1,460 que había entregado.
Ante esto, la víctima decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), institución que lo acusó por el delito de estafa.
Acusado de homicidio y otros delitos
El novio de Olga, el mismo guatemalteco que había estafado a su compañera de labores, fue capturado en el bulevar del Ejército, a la altura del municipio de Soyapango, por el delito de conducción temeraria. En las bartolinas fue intimado por el delito cometido en contra de Joseline.
Durante el proceso judicial en torno al caso de la empleada del supermercado se conoció que en la base de datos de la Dirección General de Centros Penales (DFCP) Walter tiene un vasto cuadro delictivo.
El sujeto está a la orden del Juzgado 4° de Instrucción por uso de documentos falsos; en el Juzgado 9° de Paz, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de José Roberto Castro Bran (quien había desaparecido y este portaba su licencia de conducir); en el Tribunal 4° de Sentencia, por el delito de estafa agravada en perjuicio de tres víctimas; en el Tribunal 4° de Sentencia, por estafa; y por el Juzgado de Paz de Santa Ana, también por estafa.
Un acuerdo conciliatorio de $800
El Tribunal 3° de Sentencia instaló la vista pública en contra de Walter, luego de que el Juzgado de Instrucción de San Marcos ordenara la apertura a juicio por estafa. Este sería el sexto caso delictivo que se le suma al guatemalteco en tierras salvadoreñas.
El pasado 31 de julio se instaló la audiencia especial de verificación de acuerdo conciliatorio, en donde el imputado le entregó $400 a Joseline y otra cantidad similar sería completada en el recién pasado mes de agosto.
Mientras tanto, Walter continuará detenido en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, hasta esclarecer el resto de faltas cometidas, siendo la más grave el caso de homicidio.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
