Judicial
Guatemalteco estafa a salvadoreña con $1,460 tras falsa venta de vehículo
La ilusión de poder obtener un vehículo con el que podría movilizarse hacia su trabajo y lograr tener una manera para retornar a su vivienda, debido a que sale a altas horas de la noche por laborar en un supermercado capitalino, hizo que Joseline (nombre cambiado por protección a la víctima) entregara $1,460 al novio de una de sus compañeras: un sujeto de origen guatemalteco.
En agosto de 2014, Olga U. decidió presentarle su novio, Walter Arnoldo Mendoza, a Joseline. Se trataba de un “chapín” que en ese momento se dedicaba a importar vehículos al territorio salvadoreño.
Olga sabía que su amiga necesitaba un automotor, por lo que le indicó a esta que Walter podía ayudarle en ese tema.
Como propuesta, vía WhatsApp, el sujeto le envió diversas fotografías de los vehículos a los que podría optar, por lo que Joseline fue seducida a elegir un Toyota color blanco año 2009, un carro con tan solo cinco años de uso.
Walter le notificó que el costo era de $6,000, pero a ella se lo dejaría en $4,500. Además, le dejaría una cuota de $60 mensuales hasta llegar a la cifra estipulada. Esto emocionó más a la mujer. El único requisito que ella debía cumplir era entregar por adelantado $1,000 por gastos de importación.
Por ello, el 5 de septiembre de ese 2014 Joseline se dirigió a Soyapango, una de las sucursales de la cooperativa Cactiussa de R.L., en donde obtuvo el dinero requerido. Una vez hecho ese paso, contactó a Walter y le entregó el dinero.
Al reunirse, Olga le comentó a su novio que Joseline tenía a la venta dos teléfonos celulares, un Samsung S4, valorado en $250; y un Black Berry Z10, con un costo de $210.
Ambos aparatos fueron tomados por Walter y el valor sería descontado a la cuota del vehículo que prometió entregar aproximadamente en dos meses, pero le dio como fecha límite el 24 de noviembre.
Se llegó el día y al no recibir lo prometido la mujer llamó al guatemalteco para consultarle sobre la compra a medias que había logrado hacer.
“El carro se encuentra en aduana, porque he tenido un contratiempo en el pago de los impuestos”, le dijo Walter, minutos después de esa excusa la afectada escuchó algo que medianamente la tranquilizó: “El 5 de diciembre se lo entrego por la tarde”.
Nuevamente, llegó el día acordado, pasó la tarde y Walter nunca apareció. La ilusión de Joseline se desvaneció y con ello los $1,460 que había entregado.
Ante esto, la víctima decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), institución que lo acusó por el delito de estafa.
Acusado de homicidio y otros delitos
El novio de Olga, el mismo guatemalteco que había estafado a su compañera de labores, fue capturado en el bulevar del Ejército, a la altura del municipio de Soyapango, por el delito de conducción temeraria. En las bartolinas fue intimado por el delito cometido en contra de Joseline.
Durante el proceso judicial en torno al caso de la empleada del supermercado se conoció que en la base de datos de la Dirección General de Centros Penales (DFCP) Walter tiene un vasto cuadro delictivo.
El sujeto está a la orden del Juzgado 4° de Instrucción por uso de documentos falsos; en el Juzgado 9° de Paz, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de José Roberto Castro Bran (quien había desaparecido y este portaba su licencia de conducir); en el Tribunal 4° de Sentencia, por el delito de estafa agravada en perjuicio de tres víctimas; en el Tribunal 4° de Sentencia, por estafa; y por el Juzgado de Paz de Santa Ana, también por estafa.
Un acuerdo conciliatorio de $800
El Tribunal 3° de Sentencia instaló la vista pública en contra de Walter, luego de que el Juzgado de Instrucción de San Marcos ordenara la apertura a juicio por estafa. Este sería el sexto caso delictivo que se le suma al guatemalteco en tierras salvadoreñas.
El pasado 31 de julio se instaló la audiencia especial de verificación de acuerdo conciliatorio, en donde el imputado le entregó $400 a Joseline y otra cantidad similar sería completada en el recién pasado mes de agosto.
Mientras tanto, Walter continuará detenido en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, hasta esclarecer el resto de faltas cometidas, siendo la más grave el caso de homicidio.
Por: El Salvador Times.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
