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FOTOS – VIDEO | FGR presentó requerimiento en contra del alcalde de Ilopango por Peculado
La Unidad de delitos relativos al Patrimonio Privado de la oficina fiscal de Soyapango presentó este día el requerimiento de acusación en contra del alcalde de Ilopango, Adán de Jesús Perdomo, por el delito de Peculado, en perjuicio de la Administración Pública.
El documento de imputación fue presentado ante el Juzgado de Paz de Ilopango, donde la Fiscalía ha solicitado que el proceso penal pase a la etapa de instrucción y que el implicado guarde prisión mientras está en dicha etapa procesal.
El edil fue detenido el pasado lunes, en horas de la tarde, a las afueras de la comuna, acusado de trasegar víveres de los paquetes solidarios, destinados a los ciudadanos como apoyo alimentario por el confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19, a bolsas transparentes con su imagen, su nombre y su cargo.
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El hallazgo ocurrió el 29 de octubre pasado en la sede del partido Arena de Ilopango.
El Fiscal General de la República, Raúl Melara, afirmó, el día de la captura del funcionario, “desde un inicio, aseguré que perseguiría la corrupción sin importar quien sea. Este día hemos ordenado la captura del alcalde de Ilopango, Adán de Jesús Perdomo, por el delito de Peculado, en perjuicio de la administración pública”.
El Juzgado de Paz de Ilopango programó la realización de la audiencia inicial para este viernes 4 de diciembre a las 10:00 de la mañana
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Dictan medidas de internamiento por 12 años para menores detenidos durante régimen de excepción
Por pertenecer a un grupo terroristas, se le dictó medidas de internamiento durante 12 años a seis menores de edad, a quienes la Fiscalía les comprobó que son miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Los menores infractores fueron detenidos durante la aplicación del régimen de excepción en los municipios de Ilobasco, Guacotecti, Victoria y Sensuntepeque, todos del departamento de Cabañas.
En el procedimiento, los menores portaban teléfonos celulares, en los cuales se encontraron abundantes imágenes, mensajes y audios vinculados al accionar del grupo criminal antes mencionado.
En la vista de causa, los fiscales presentaron abundante prueba documental, testimonial, pericial y testimonial pericial, misma que fue admitida por el Juzgado de Menores de Sensuntepeque, y fue posible establecer la existencia del ilícito.
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“𝘓𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘦𝘫𝘢 𝘦𝘴𝘵𝘢́ 𝘴𝘦𝘱𝘢𝘳𝘢𝘥𝘢 𝘺 𝘦𝘭 𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘵𝘦𝘯𝘪́𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘩𝘪𝘣𝘪𝘥𝘰 𝘢𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢𝘳𝘴𝘦 𝘢 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘷𝘪𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘥𝘦 𝘴𝘶 𝘦𝘹𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘯̃𝘦𝘳𝘢, 𝘱𝘰𝘳 𝘭𝘰 𝘤𝘶𝘢𝘭 𝘧𝘶𝘦 𝘢𝘳𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘧𝘭𝘢𝘨𝘳𝘢𝘯𝘤𝘪𝘢”.
A eso de las 10:00 de la noche del viernes 27 de enero pasado, José Armando R. G., de 44 años de edad, en estado de ebriedad, llegó a la casa de su expareja en el Reparto Las Cañas, de Ilopango, para gritarle que abriera la puerta.
La mujer abrió y, en ese momento, el sujeto comenzó a gritarle enfrente de los dos hijos de ambos.
Los vecinos llamaron al Sistema de Emergencias 911, cuyos agentes llegaron para verificar lo que ocurría. En el lugar se dieron cuenta que existían medidas cautelares para que el sujeto no se acercara a su excompañera de vida, por lo cual procedieron a detenerlo.
José Armando fue acusado por el delito de desobediencias en caso de medidas cautelares o de protección en el Juzgado de Paz de Ilopango, donde se le aplicó una suspensión condicional del procedimiento con medidas de estricto cumplimiento durante un año, siendo ellas:
No cambiar de domicilio (vive separado de su pareja), no salir del país sin autorización judicial, presentarse una vez al mes a un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, asistir a un grupo de Alcohólicos Anónimos y acudir a terapias al Centro de Atención Psicosocial (CAPS) de la Corte Suprema de Justicia para recibir un tratamiento y poder así controlar su ira.
Acerca del autor
Un arquitecto de profesión, identificado como Mario Antonio Aguilar Mendoza, jamás imaginó que dos de sus más cercanos colaboradores y en quienes había depositado toda su confianza, le cegarían la vida por la ambición de quedarse con una buena cantidad de dinero que el profesional había destinado para la compra de un terreno ubicado en el Valle de Zapotitán, en el departamento de La Libertad.
Para José Ulises Caballero Martínez y Elvis Ernesto Martínez Sarmiento se impuso una condena de 30 años de prisión y el pago de $1,000 también para cada uno, en concepto de responsabilidad civil; la condena fue impuesta luego que la Fiscalía General dela República (FGR) aportara abundantes pruebas que comprobaron la autoría de los imputados en el crimen.
Según el expediente judicial, todo transcurría con normalidad la mañana del 16 de mayo de 2021 cuando la víctima se despidió de su esposa y salió de su residencia ubicada en el municipio de San Marcos en su vehículo particular y con $3,800 dólares en efectivo, que servirían para la compra-venta del terreno en mención.
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