Judicial
FOTOS Y VIDEOS: Así terminó en Zacatras el exdiputado Silva
Inmediatamente después que el exdiputado Carlos Roberto Silva Pereira llegara a tierras salvadoreñas en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero, fue recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, departamento de La Paz, mejor conocido como «Zacatraz».
Dicha medida fue dispuesta por las autoridades penitenciarias y por orden del presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, principalmente para resguardar su seguridad.
Esta detención se logró por la constante y efectiva coordinación entre Interpol El Salvador y la Oficina de Detención y Deportación (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Luego que Silva Pereira fue deportado en horas de la tarde de los Estados Unidos y desde que se anunció su llegada, varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) duplicaron las medidas de seguridad a fin de evitar que desconocidos atententaran contra su persona.
Al operativo policial se unió el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas y el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, quienes supervisaron el
procedimiento de reclusión del exdiputado.
Roberto Carlos Silva Pereira era el propietario de una empresa constructora y en el 2005 ofertó servicios de construcción de caminos a alcaldías del país, proponiendo contratos fraudulentos para ser favorecido en las adjudicaciones, entregando posteriormente dinero como soborno.
El 5 de octubre de 2007, Silva Pereira fue detenido en el estado de Arizona, en Estados Unidos por oficiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI) luego que ingresara de forma irregular a ese país. Estuvo bajo custodia de las autoridades de la Oficina de ICE.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
