Judicial
FOTOS Y VIDEOS: Así terminó en Zacatras el exdiputado Silva
Inmediatamente después que el exdiputado Carlos Roberto Silva Pereira llegara a tierras salvadoreñas en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero, fue recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, departamento de La Paz, mejor conocido como «Zacatraz».
Dicha medida fue dispuesta por las autoridades penitenciarias y por orden del presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, principalmente para resguardar su seguridad.
Esta detención se logró por la constante y efectiva coordinación entre Interpol El Salvador y la Oficina de Detención y Deportación (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Luego que Silva Pereira fue deportado en horas de la tarde de los Estados Unidos y desde que se anunció su llegada, varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) duplicaron las medidas de seguridad a fin de evitar que desconocidos atententaran contra su persona.
Al operativo policial se unió el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas y el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, quienes supervisaron el
procedimiento de reclusión del exdiputado.
Roberto Carlos Silva Pereira era el propietario de una empresa constructora y en el 2005 ofertó servicios de construcción de caminos a alcaldías del país, proponiendo contratos fraudulentos para ser favorecido en las adjudicaciones, entregando posteriormente dinero como soborno.
El 5 de octubre de 2007, Silva Pereira fue detenido en el estado de Arizona, en Estados Unidos por oficiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI) luego que ingresara de forma irregular a ese país. Estuvo bajo custodia de las autoridades de la Oficina de ICE.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
