Judicial
FOTOS Y VIDEOS: Así terminó en Zacatras el exdiputado Silva
Inmediatamente después que el exdiputado Carlos Roberto Silva Pereira llegara a tierras salvadoreñas en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero, fue recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, departamento de La Paz, mejor conocido como «Zacatraz».
Dicha medida fue dispuesta por las autoridades penitenciarias y por orden del presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, principalmente para resguardar su seguridad.
Esta detención se logró por la constante y efectiva coordinación entre Interpol El Salvador y la Oficina de Detención y Deportación (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Luego que Silva Pereira fue deportado en horas de la tarde de los Estados Unidos y desde que se anunció su llegada, varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) duplicaron las medidas de seguridad a fin de evitar que desconocidos atententaran contra su persona.
Al operativo policial se unió el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas y el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, quienes supervisaron el
procedimiento de reclusión del exdiputado.
Roberto Carlos Silva Pereira era el propietario de una empresa constructora y en el 2005 ofertó servicios de construcción de caminos a alcaldías del país, proponiendo contratos fraudulentos para ser favorecido en las adjudicaciones, entregando posteriormente dinero como soborno.
El 5 de octubre de 2007, Silva Pereira fue detenido en el estado de Arizona, en Estados Unidos por oficiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI) luego que ingresara de forma irregular a ese país. Estuvo bajo custodia de las autoridades de la Oficina de ICE.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
