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Extorsionistas y manipuladores se hacían pasar por ambientalistas
Un caso de manifestación violenta en la que se registraron agresiones y amenazas en contra de unos trabajadores de una empresa privada en La Hacienda La Labor en el municipio y departamento de Ahuachapán, ha provocado indignación, luego de conocerse que personas que se hacían pasar por defensores del medio ambiente se dedicaban a engañar a habitantes de comunidades humildes a fin de conseguir cantidades de dinero a su favor por la realización de protestas.
Uno de los detenidos en este caso es el policía Jorge Alberto Zúñiga Artero con ONI 19979, quien fue capturado el pasado 25 de noviembre acusado de ser quien incitaba a las personas para que realizaran protestas que desencadenaron en violencia amenazas e intimidación, acuerpándose en ser un defensor del agua.
El agente fue detenido junto a dos personas más, identificadas como Rosa Mirian Cinco, quien es madre de un agente policial activo, por lo cual se consideraba protegida y que podía hacer lo que quisiera y David Miro Escalante, también señalados como coautores de este tipo de actos en el que de manera violenta usurparon y realizaron desordenes en espacios comunales, habitacionales y de trabajo, previsto y sancionado en los artículos 345B del Código Penal de El Salvador.
Violencia, amenazas e intimidación
Según consta en el requerimiento fiscal, estas personas movieron alrededor de 100 habitantes de la zona a través de engaños para que realizaran actos de intimidación a fin de ejercer presión para que se detuvieran los trabajos pese a estar en propiedad privada.
“Las exigencias se hicieron mediante violencia agrediendo a los trabajadores en el lugar, además de la ocupación violenta que se realizó en forma colectiva al haber participado un grupo aproximado de 100 personas en instalaciones de una privada propiedad” expone el requerimiento.
El temor de los habitantes: “son lobos con piel de oveja”
Con el temor de represalias, habitantes de la Hacienda La Labor prefieren mantener el anonimato pero confirman que los detenidos se dedicaban a manipular y engañar a las personas humildes y los califican “como lobos vestidos de ovejas”.
Aunque por un momento dicen que no quieren comentar nada, porque no quieren que los vinculen con los manipuladores, aseguran que en ese afán de supuestamente defender los derechos ambientales, los detenidos “habían obligado a mucha gente” para que fueran a las protestas que ellos mismos organizaban.
Otro habitante asegura además que este no sera el primer caso por el cual motivaban protestas, pues organizaban diversas manifestaciones por diferentes causas “por las que recibían fuertes sumas de dinero, siempre a costa de engañar a gente humilde”.
“Se embolsaban fuertes sumas de dinero y a nosotros no nos daban ni de comer”, comentó otro habitante de la zona rural de Atiquizaya.
“Son maleantes que se aprovechan de nuestra inocencia, de campesinos y nos manipulan, mientras a ellos les pagan buenos billetes “, dijo otro habitante de La Hacienda La Labor, quien afirmó fue engañado para participar en una protestar semanas atrás.
Por el caso acumula tres diferentes denuncias, pues además de haber invadido una propiedad privada también provocaron lesiones y amenazas en contra de quienes estaban en el lugar.
El requerimiento presentando por la Fiscalía establece además que en el caso del imputado Jorge Alberto Zúñiga Artero con ONI 19979, al ser miembro activo de la corporación policial, “pudiera influir de forma negativa en la investigación por sus conocimientos en los procedimientos policiales y legales ya que anteriormente estuvo destacado en la Unidad de Investigaciones del Departamento de Ahuachapán” por lo cual se solicitará la detención provisional de los imputados.
El guatemalteco Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, falleció el 19 de enero de 2026 mientras se encontraba privado de libertad en un centro penitenciario de El Salvador, donde enfrentaba cargos por estafa agravada y extorsión agravada en contra de una empresa de telecomunicaciones que opera en varios países de América Latina. La muerte ocurrió en el Hospital Nacional San Juan de Dios, en esta capital, debido a un sangrado del tubo digestivo, según informes preliminares de las autoridades médicas y penitenciarias.
De acuerdo con un oficio oficial emitido por el Centro Penitenciario, dirigido al Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, Gaitán Paredes fue trasladado de emergencia al hospital el 18 de enero con síntomas de hipotensión y desequilibrio electrolítico. Al día siguiente, se confirmó su deceso.
Las autoridades penitenciarias notificaron inmediatamente a las instancias correspondientes, incluyendo la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.
Gaitán Paredes, originario de Guatemala, se encontraba en situación de procesado en El Salvador. Los cargos en su contra incluían estafa agravada en perjuicio de entidades como Terra Tower Corp, TBS Management S.A., Continental Tower El Salvador Limitada de Capital Variable, Collocation Technologies El Salvador Limitada de Capital Variable, DT Holdings Inc. y Tierras Nacionales Ltda. de C.V.
Además, enfrentaba acusaciones de extorsión agravada contra una abogada y el empresario Jorge Alberto Francisco Hernández. El caso de Gaitán Paredes está vinculado a una red más amplia de presuntos delitos financieros transnacionales en Centroamérica.
En Guatemala, donde fue detenido inicialmente en marzo de 2025 en el Preventivo de la Zona 18 (Mariscal Zavala), se le asociaba con un «cártel financiero» que involucra fraude millonario y blanqueo de capitales, en colaboración con socios de fondos de inversión como TPG Peppertree. Estas actividades habrían afectado empresas en Guatemala y El Salvador, generando desempleo y pérdidas económicas significativas.
Durante su detención en Guatemala, pendiente de extradición a El Salvador, surgieron alertas sobre un posible plan de fuga. Fuentes de inteligencia penitenciaria reportaron pagos mensuales de hasta 5,000 dólares a estructuras criminales para protección interna y preparación de evasión. En mayo de 2025, se encontró un celular de alta gama en su celda durante una requisa, y en agosto y septiembre del mismo año, órdenes judiciales de traslado a otra prisión fueron ignoradas por motivos de seguridad. Gaitán Paredes contaba con privilegios como visitas familiares y acceso a abogados, lo que generó preocupaciones sobre posibles irregularidades en el sistema penitenciario guatemalteco. Autoridades anónimas exigieron investigaciones y medidas para prevenir fugas, destacando el riesgo para la integridad del sistema.
Fue extraditado a El Salvador el pasado septiembre, donde continuó su proceso judicial hasta su fallecimiento.
El caso con más imputados
Gaitán estaba siendo procesado junto a su hijo del mismo nombre, quien aún permanece en Guatemala, y junto a tres estadounidenses ejecutivos del fondo TPG Peppertree: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri.
Sobre los extranjeros pesan orden de captura internacional solicitadas a INTERPOL, emitidas por tribunales en El Salvador.
La empresa TPG Pepertree mantiene una fuerte disputa con la empresa Terra Towers por el control de Continental Towers. El caso los llevó a un arbitraje polémico en Nueva York, el cual finalmente finalizó sin darle la razón a ninguna de las partes.
Continental Towers ha denunciado irregularidades en el arbitraje, como violaciones de confidencialidad, manipulación de testimonios y filtraciones intencionales por parte de TPG Peppertree, que habrían sido utilizadas para presionar en procesos judiciales latinoamericanos.
El Ministerio Público guatemalteco ha advertido que el uso de arbitrajes para influir en causas penales podría constituir obstrucción de justicia. Se designó un interventor judicial para proteger activos de Continental Towers en Guatemala, y las investigaciones continúan con cooperación regional para esclarecer los delitos financieros involucrados.
Un grupo de 100 bachilleres de diferentes instituciones se sumó a los beneficiarios por la Asamblea Legislativa con becas universitarias para cursar una carrera en el centro de estudios de su preferencia.
La tercera edición del programa Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez se realizó el 17 de enero anterior, en el Centro Cívico Cultural Legislativo, y fue presidido por el presidente de ese órgano de Estado, Ernesto Castro.
Con los nuevos beneficiados ya son 350 becas otorgadas a jóvenes que residen en diferentes zonas del país, que mostraron interés por superarse para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
La primera edición de este programa se realizó el 11 de enero de 2025 y favoreció a 150 bachilleres; mientras que la segunda edición se efectuó el 16 agosto de ese mismo año, y brindó oportunidades de formación académica a 100 más.
«Nos sentimos genuinamente contentos de ver que alcanzamos los primeros 350 jóvenes que están becados y contando, porque a medio año [de 2026]vamos con otros, y a final del año vamos con otros», aseveró Castro.
Al último evento asistieron los seleccionados en compañía de sus padres o responsables, quienes recibieron un mensaje de motivación por parte del presidente del congreso para iniciar el proceso que busca formarlos como profesionales y ciudadanos responsables con su familia y la comunidad.
Castro destacó que, debido a los altos índices de violencia que existían, los sueños de muchos adolescentes se truncaron por la presión de las pandillas para que formaran parte de esos grupos.
«Lo que ahora estamos viviendo parecía inalcanzable», aseveró Castro, y recordó el apoyo legislativo que brindan a las políticas impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Más de 900 colegios privados de todo el país dieron inicio ayer al año escolar 2026, con más de 160,000 estudiantes matriculados.
La Asociación de Colegios Privados de El Salvador (Acpes) inauguró el año escolar con un acto cívico que se llevó a cabo en el Instituto Técnico de Ex Alumnos Salesianos (ITEXSAL), en el que participaron estudiantes y docentes de diferentes centros educativos.
Por ejemplo, participó el pabellón del Colegio Militar «General Tomás Regalado» y el alumno del Colegio León Sigüenza, Isaías Ezequiel, quien estuvo a cargo de dirigir la Oración a la Bandera Salvadoreña.
«Es el inicio de una etapa de funcionamiento de la educación privada con estándares normales de funcionamiento, quiere decir que el 100 % de la educación privada salvadoreña este día ya se encuentra activada en la presencialidad de las clases», expresó el presidente de la Acpes, Javier Hernández.
Explicó que el 52 % de los colegios privados mantiene para este 2026 la misma cantidad de estudiantes de años anteriores y un 23 % registran un incremento en el número de alumnos matriculados para este año comparado con 2025.
Mientras que, el otro 25 % de colegios privados registra una menor cantidad de matrículas, en comparación con 2025, dijo Hernández.
