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Extorsionistas y manipuladores se hacían pasar por ambientalistas
Un caso de manifestación violenta en la que se registraron agresiones y amenazas en contra de unos trabajadores de una empresa privada en La Hacienda La Labor en el municipio y departamento de Ahuachapán, ha provocado indignación, luego de conocerse que personas que se hacían pasar por defensores del medio ambiente se dedicaban a engañar a habitantes de comunidades humildes a fin de conseguir cantidades de dinero a su favor por la realización de protestas.
Uno de los detenidos en este caso es el policía Jorge Alberto Zúñiga Artero con ONI 19979, quien fue capturado el pasado 25 de noviembre acusado de ser quien incitaba a las personas para que realizaran protestas que desencadenaron en violencia amenazas e intimidación, acuerpándose en ser un defensor del agua.
El agente fue detenido junto a dos personas más, identificadas como Rosa Mirian Cinco, quien es madre de un agente policial activo, por lo cual se consideraba protegida y que podía hacer lo que quisiera y David Miro Escalante, también señalados como coautores de este tipo de actos en el que de manera violenta usurparon y realizaron desordenes en espacios comunales, habitacionales y de trabajo, previsto y sancionado en los artículos 345B del Código Penal de El Salvador.
Violencia, amenazas e intimidación
Según consta en el requerimiento fiscal, estas personas movieron alrededor de 100 habitantes de la zona a través de engaños para que realizaran actos de intimidación a fin de ejercer presión para que se detuvieran los trabajos pese a estar en propiedad privada.
“Las exigencias se hicieron mediante violencia agrediendo a los trabajadores en el lugar, además de la ocupación violenta que se realizó en forma colectiva al haber participado un grupo aproximado de 100 personas en instalaciones de una privada propiedad” expone el requerimiento.
El temor de los habitantes: “son lobos con piel de oveja”
Con el temor de represalias, habitantes de la Hacienda La Labor prefieren mantener el anonimato pero confirman que los detenidos se dedicaban a manipular y engañar a las personas humildes y los califican “como lobos vestidos de ovejas”.
Aunque por un momento dicen que no quieren comentar nada, porque no quieren que los vinculen con los manipuladores, aseguran que en ese afán de supuestamente defender los derechos ambientales, los detenidos “habían obligado a mucha gente” para que fueran a las protestas que ellos mismos organizaban.
Otro habitante asegura además que este no sera el primer caso por el cual motivaban protestas, pues organizaban diversas manifestaciones por diferentes causas “por las que recibían fuertes sumas de dinero, siempre a costa de engañar a gente humilde”.
“Se embolsaban fuertes sumas de dinero y a nosotros no nos daban ni de comer”, comentó otro habitante de la zona rural de Atiquizaya.
“Son maleantes que se aprovechan de nuestra inocencia, de campesinos y nos manipulan, mientras a ellos les pagan buenos billetes “, dijo otro habitante de La Hacienda La Labor, quien afirmó fue engañado para participar en una protestar semanas atrás.
Por el caso acumula tres diferentes denuncias, pues además de haber invadido una propiedad privada también provocaron lesiones y amenazas en contra de quienes estaban en el lugar.
El requerimiento presentando por la Fiscalía establece además que en el caso del imputado Jorge Alberto Zúñiga Artero con ONI 19979, al ser miembro activo de la corporación policial, “pudiera influir de forma negativa en la investigación por sus conocimientos en los procedimientos policiales y legales ya que anteriormente estuvo destacado en la Unidad de Investigaciones del Departamento de Ahuachapán” por lo cual se solicitará la detención provisional de los imputados.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
El uso correcto del sistema de retención infantil (SRI) reduce el riesgo de muerte y de lesiones graves en niños, ya que en el caso de un accidente protege zonas vulnerables, especialmente la cabeza, el cuello y la columna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes a escala mundial.
En ese sentido, la directora del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, destacó que los SRI reducen hasta un 71 % el riesgo de muerte. Asimismo, el Gobierno salvadoreño ha sumado esfuerzos para impulsar una estrategia nacional de seguridad vial infantil para reducir los índices de siniestralidad.
«Actualmente nos encontramos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial [2021–2030], el cual busca reducir la siniestralidad vial y la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a la mitad. Medidas como usar el cinturón de seguridad, la utilización de cascos certificados y de los sistemas de retención infantil están encaminadas a ayudarnos a llegar a esa reducción», dijo Guzmán.
Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fonat se ejecutan medidas preventivas para garantizar la seguridad vial de los niños. Entre estas destacan capacitaciones sobre el uso de las SRI, la conformación de comités de seguridad vial en centros escolares y la intervención de conductores y peatones sobre la movilidad segura en las calles y carreteras. Asimismo, trabajan en la toma de conciencia sobre la importancia de usar correctamente estos sistemas en el vehículo.
A partir de diciembre de 2025, en El Salvador usar el SRI es obligatorio. Como pasajeros de vehículos, los menores de 12 años no podrán viajar en el asiento delantero, mientras que los niños menores de cinco años deben ser trasladados en un SRI de acuerdo con su peso y estatura.
El incumplimiento de esta normativa se considera una falta muy grave y se sancionará con una multa de $150. Para garantizar la seguridad de los menores de edad, el Fonat recomienda no poner en marcha el vehículo antes de que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad y los niños estén colocados en el SRI.
De igual manera, ningún ocupante puede tomar bebidas calientes en el carro, ya que podría lesionar a los niños en un choque o un frenado brusco.
«Los sistemas de retención infantil no deben utilizarse si ya han sido parte de un siniestro vial o si alguna de sus piezas ha caducado; vea la fecha de vencimiento en la parte de atrás», indicó el Fonat
