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Extorsionistas y manipuladores se hacían pasar por ambientalistas
Un caso de manifestación violenta en la que se registraron agresiones y amenazas en contra de unos trabajadores de una empresa privada en La Hacienda La Labor en el municipio y departamento de Ahuachapán, ha provocado indignación, luego de conocerse que personas que se hacían pasar por defensores del medio ambiente se dedicaban a engañar a habitantes de comunidades humildes a fin de conseguir cantidades de dinero a su favor por la realización de protestas.
Uno de los detenidos en este caso es el policía Jorge Alberto Zúñiga Artero con ONI 19979, quien fue capturado el pasado 25 de noviembre acusado de ser quien incitaba a las personas para que realizaran protestas que desencadenaron en violencia amenazas e intimidación, acuerpándose en ser un defensor del agua.
El agente fue detenido junto a dos personas más, identificadas como Rosa Mirian Cinco, quien es madre de un agente policial activo, por lo cual se consideraba protegida y que podía hacer lo que quisiera y David Miro Escalante, también señalados como coautores de este tipo de actos en el que de manera violenta usurparon y realizaron desordenes en espacios comunales, habitacionales y de trabajo, previsto y sancionado en los artículos 345B del Código Penal de El Salvador.
Violencia, amenazas e intimidación
Según consta en el requerimiento fiscal, estas personas movieron alrededor de 100 habitantes de la zona a través de engaños para que realizaran actos de intimidación a fin de ejercer presión para que se detuvieran los trabajos pese a estar en propiedad privada.
“Las exigencias se hicieron mediante violencia agrediendo a los trabajadores en el lugar, además de la ocupación violenta que se realizó en forma colectiva al haber participado un grupo aproximado de 100 personas en instalaciones de una privada propiedad” expone el requerimiento.
El temor de los habitantes: “son lobos con piel de oveja”
Con el temor de represalias, habitantes de la Hacienda La Labor prefieren mantener el anonimato pero confirman que los detenidos se dedicaban a manipular y engañar a las personas humildes y los califican “como lobos vestidos de ovejas”.
Aunque por un momento dicen que no quieren comentar nada, porque no quieren que los vinculen con los manipuladores, aseguran que en ese afán de supuestamente defender los derechos ambientales, los detenidos “habían obligado a mucha gente” para que fueran a las protestas que ellos mismos organizaban.
Otro habitante asegura además que este no sera el primer caso por el cual motivaban protestas, pues organizaban diversas manifestaciones por diferentes causas “por las que recibían fuertes sumas de dinero, siempre a costa de engañar a gente humilde”.
“Se embolsaban fuertes sumas de dinero y a nosotros no nos daban ni de comer”, comentó otro habitante de la zona rural de Atiquizaya.
“Son maleantes que se aprovechan de nuestra inocencia, de campesinos y nos manipulan, mientras a ellos les pagan buenos billetes “, dijo otro habitante de La Hacienda La Labor, quien afirmó fue engañado para participar en una protestar semanas atrás.
Por el caso acumula tres diferentes denuncias, pues además de haber invadido una propiedad privada también provocaron lesiones y amenazas en contra de quienes estaban en el lugar.
El requerimiento presentando por la Fiscalía establece además que en el caso del imputado Jorge Alberto Zúñiga Artero con ONI 19979, al ser miembro activo de la corporación policial, “pudiera influir de forma negativa en la investigación por sus conocimientos en los procedimientos policiales y legales ya que anteriormente estuvo destacado en la Unidad de Investigaciones del Departamento de Ahuachapán” por lo cual se solicitará la detención provisional de los imputados.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó escrituras de propiedad a familias de 21 lotificaciones, de diferentes puntos de El Salvador, quienes fueron estafadas por la corporación Argoz.
De acuerdo con las autoridades son 137 escrituras de propiedad entregadas estregadas este día, lo que garantiza la seguridad jurídica de los afectados por la Corporación Argoz S.A. de C.V.
«Hoy se están legalizando 137 lotes, en beneficio de familias que, incluso han esperado hasta 43 años por este documento», detalló la funcionaria.
Con la entrega de estas escrituras, el Ministerio de Vivienda recupera aproximadamente $1.4 millones en favor de las familias.
«Las familias beneficiadas provienen de 21 lotificaciones, ubicadas en 7 departamentos del país, y con esta entrega se está devolviendo un monto aproximado de $1.4 millones», destacó la ministra durante la entrega de escrituras.
Las familias beneficiadas residen en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Usulután y La Unión.
«Le doy gracias a Dios y al presidente Nayi Bukele. Antes todo era difícil, pero ahora vemos un cambio y eso nos llena de alegría. Me voy con una gran felicidad en el corazón por lo que estamos viviendo», dijo Lila Elvira Cuadra, residente de Santa María Portezuelo, Santa Ana.
Este martes, el ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez y el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Alexander Beltrán, supervisaron las obras de construcción del nuevo puente sobre el río Guastena, en Chalatenango. Esta nueva vía se construye mediante una inversión de $4.33 millones.
El nuevo puente que conectará a los distritos de Concepción Quezaltepeque con Comalapa, en Chalatenango, beneficiará al paso de cerca de 1,964 vehículos y un tránsito promedio diario de 1,081 conductores en la zona.
Las autoridades informaron que el puente cuenta con un 58.06 % de avance y que la estructura será una moderna estructura de dos claros de 32.5 metros cada uno, con apoyo central. Su superestructura estará conformada por vigas de concreto postensado y contará con una subestructura de concreto reforzado, diseñada para brindar mayor seguridad, durabilidad y protección a las fundaciones.
«Para mí es una alegría la construcción de este puente, por muchos años yo visitaba a mi familia y tenía el temor que al regreso no pudiera pasar porque el río crecía cuando llovía muy fuerte. Ahora gracias a Dios y a nuestro presidente Bukele ya se está ejecutando este proyecto», expresó Ana de Fuentes, profesora del Centro Escolar Concepción Quezaltepeque.
La construcción del puente sobre el río Guastena también incluye obras complementarias como drenajes laterales, iluminación solar, señalización vertical y horizontal, dispositivos de seguridad vial, ciclovía y la colocación de carpeta asfáltica en caliente, garantizando condiciones óptimas de circulación y mayor seguridad para los usuarios.
El distrito de Concepción Quezaltepeque es reconocido desde hace 145 años como «la cuna de las hamacas», cuya producción ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de El Salvador. Este proyecto fortalece la conectividad y potencial de desarrollo económico, turístico y cultural de la zona. En esta ruta se ubican importantes atractivos como la cascada El Saltón, además de restaurantes, balnearios y el centro escolar del cantón El Pepeto.
Durante la supervisión por parte de las autoridades se desarrolló una de las actividades más importantes del proyecto: el colado de 130 metros cúbicos de concreto en la losa del puente, correspondiente al claro 1 entre el estribo 1 y la pila central.
Las autoridades prevén que, durante la temporada de lluvias, colapsará uno de los estribos del antiguo puente, afectando la conectividad de la zona. Sin embargo, en el lugar se ha edificado una estructura provisional compuesta por una bóveda metálica doble tipo super-span y un puente metálico de un solo carril, lo que ha permitido mantener el paso vehicular mientras se desarrolla la obra definitiva.
«Vamos a garantizar que en este invierno no se generen las afectaciones anteriores, tendrá una mayor área hidráulica», detalló el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Claudia Hernández, gerente del Conapina, informó que los factores de riesgo que están identificando en casos de vulneración a la niñez y adolescencia se encuentran negligencia en el cuidado, maltrato y abuso sexual. Aseguró que ahora la primera medida no es retirar a los menores del hogar, sino a los agresores.
La gerente técnica del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en la entrevista de «El Urbano News», que las principales razones por cuales reciben denuncias y avisos de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia son negligencia en el cuido, maltrato y abuso sexual.
«Hay varios factores de riesgo, por un lado, las mayores razones por las cuales llegan casos a las Juntas de Protección tienen que ver con negligencia en el cuido, maltrato y abuso sexual. Estos son los mayores factores de riesgo por los cuales estamos captando casos y restituyendo derechos», comunicó.
Indicó que también registran nuevas amenazas en el entorno de la niñez y adolescencia vinculadas a drogas, adicciones, salud mental y el mundo virtual.
«El entorno virtual puede garantizar derechos, nos puede hacer más partícipes de la vida, pero también conlleva ciertos riesgos, como imitar otros patrones, desafíos que ponen en riesgo la vida de los adolescentes, filtrar información», detalló.
En ese sentido, Hernández explicó que con base a la Ley Crecer Juntos, el Conapina mantiene diversas medidas para brindar atención a los casos de vulneración de derechos de la niñez y adolescencia.
Por ejemplo, cuenta con 16 juntas de protección, ubicada una en cada departamento del país y tres solo en San Salvador. También mantienen activada 24/7 la línea 119, en la cual reciben denuncias y avisos no solo de adultos, sino también de los mismos niños.
«Contamos con manuales, protocolos, planes, mecanismos, a través de los cuales la población puede alertarnos de situaciones para activar mecanismos. Uno de ellos son las juntas de protección. Estas son instancias administrativas de protección inmediata», explicó.
Por otro lado, informó que la institución está en proceso de instalar defensorías comunitarias de la niñez y adolescencia y de conformar comités locales de derechos en todos los municipios del país.
«Estamos en un proceso de instalar defensorías comunitarias de la niñez y la adolescencia que están en la defensa de los derechos y en las cuales van a formar parte las mismas niñas, niños y adolescentes. Son células en cada comunidad. Luego tenemos los comités locales de derechos que están en cada municipio, estamos constituyéndolo y la meta es formar este año los 44 comités locales de derechos», añadió.
