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El Gobierno salvadoreño no retrocederá en el combate de las pandillas
Apesar de los incesantes ataques internos y externos, el Gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele, no retrocederá en el combate de las pandillas, que inició el 1.º de julio de 2019 — cuando asumió la primera magistratura— y que fortaleció el 27 de marzo del año pasado, cuando pidió que la Asamblea Legislativa aprobara el régimen de excepción para enfrentar a los grupos delincuenciales.
«El que perdona al lobo sacrifica a la oveja», publicó el mandatario salvadoreño en Twitter, frase que ha sido interpretada por usuarios de esa red social en el sentido de que no combatir a las pandillas implicaría dejar que estos grupos criminales sigan matando y haciendo daño a la población honrada, como ocurrió cuando ARENA y el FMLN gobernaron el país por 30 años.
Como muestra del combate a las pandillas, el Gobierno actual implementa la fase V del Plan Control Territorial (PCT), que consiste en la extracción de los pandilleros que todavía se esconden en colonias y comunidades en las que delinquieron por décadas. Esas acciones de seguridad iniciaron en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, y luego se extendieron a la comunidad La Granjita, en la capital.
Además, gracias a la vigencia del régimen de excepción, las autoridades de Justicia y Seguridad Pública reportan la captura de 65,291 pandilleros y han decomisado vehículos, teléfonos celulares y al menos $1.7 millones en efectivo, producto de ilícitos cometidos por los integrantes de grupos delincuenciales.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa en una sesión plenaria extraordinaria ante un repentino repunte de homicidios causado por las pandillas. La iniciativa del Ejecutivo fue acuerpada por el partido Nuevas Ideas (que tiene mayoría calificada por disponer de 56 de 84 diputados) y por los partidos GANA, PCN y PDC.
Desde marzo del año pasado, esa medida, que tiene su sustento legal en la Constitución de la República, ha sido prorrogada 11 veces gracias a los votos de esos cuatro partidos políticos, pero no ha tenido el acompañamiento de ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo, que son partidos de oposición.
A esta oposición política se unen organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, así como medios de comunicación, locales y extranjeros, que cuestionan las estrategias de seguridad que están dando resultado a favor de la población honrada.
A estos, el presidente Bukele los cuestionó ayer: «¿Cuántas décadas más llenas de decenas de miles de muertos deberíamos haber aguantado los salvadoreños para que las recetas de las ONG y de la “comunidad internacional” comenzaran a funcionar?».
Producto del PCT y del régimen de excepción, al menos 2,000 delincuentes —incluidos cabecillas de pandillas— han sido capturados y trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, San Vicente, proyecto que también critican los detractores.
En esa cárcel los presos no tendrán visitas y tampoco gozarán de privilegios como fiestas, televisores y servicio de cable en las penitenciarías del país, como sí ocurrió cuando el primer gobierno del FMLN —dirigido por Mauricio Funes— pactó con pandillas la tregua, en 2012.
Pero medios de comunicación internacionales, así como en espacios de opinión, han refutado las críticas de la oposición política e incluso de gobiernos, evidenciando que el Ejecutivo salvadoreño mantiene una política de combate contra las pandillas.
El presidente Nayib Bukele publicó ayer un tuit en el que evidenció los ataques que está recibiendo por el combate de los grupos criminales: «El Gobierno de Estados Unidos está metiendo a inocentes comprobados en la cárcel y al mismo tiempo está preocupado de que nosotros metamos a criminales comprobados en la cárcel».
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador envío a juicio a Rubén Darío Acebo Cedeño, de 38 años; Hipólito Perlaza Moreno, de 58; ambos de nacionalidad ecuatoriana, y Norberto Valencia Arroyo, de 29 años, de nacionalidad colombiana, acusados por traficar más de 1,300 kg de cocaína valorados en más de $33 millones.
«Los extranjeros fueron intervenidos por la Marina Nacional el 9 julio del 2025, a 600 millas náuticas al sur de la Bocana El Cordoncillo, distrito de San Luis La Herradura, La Paz», informó el fiscal del caso.
Según las investigaciones, los tres imputados se transportaban a bordo de una embarcación de bajo perfil o semi sumergible con 1,326 kg de droga que tras analisis resulto ser cocaína, con un valor de $33,335,640.
«El Salvador no es, ni será, un refugio para el crimen organizado, cada operativo, cada captura, cada tonelada de droga confiscada, es un paso hacia la construcción de un país más seguro», indicó el fiscal general, Rodolfo Delgado, durante la presentación de los imputados.
A los extranjeros se les incautó una embarcación LPV, una antena de servicio de internet satelital, dos teléfonos satelitales, dos GPS y un rastreador satelital.
«Gracias a la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la Fiscalía, durante la audiencia preliminar, se logró establecer la participación de los tres extranjeros en el delito de tráfico ilícito», expresó el fiscal.
En otro caso, el 12 de mayo, los ecuatorianos Jofre Leónidas Pilozo Wila, Francisco Daniel Moreira Alcívar y Sergio Vicente Cuero Fernández fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Los extranjeros fueron ubicados por elementos de la Marina Nacional el 7 de febrero 2025 en altamar y se les intervino a 515 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo, distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Al verificar la embarcación, las autoridades encontraron a los tres procesados dentro de la lancha, transportando 90 bultos que contenían un polvo blanco. Tras realizar la pericia respectiva, la sustancia dio resultado positivo a cocaína, en total transportaban 1,795 kg de cocaína, valorada en $45,126,300. En la audiencia, la FGR aportó abundante prueba para lograr la sentencia.
Las autoridades del Ministerio de Trabajo anunciaron que un nuevo grupo de salvadoreños partirá del país en los próximos días para desempeñarse en distintas posiciones como parte de Programa de Migración Laboral.
El asesor del Despacho Ministerial, Adonay de Paz, informó que quienes viajarán en los próximos días se instalarán en estados como Ontario, Quebec, o Columbia Británica.
«Van a un país donde hay un amplio espíritu y cultura de cumplimiento de ley, de altos estándares laborales y eso es algo que está en el corazón del programa asegurarnos de brindar oportunidades laborales que sean seguras y estables», mencionó el funcionario.
Indicó además que el grupo se desempeñará en posiciones como: limpieza, cocina, atención al cliente, y puestos gerenciales en restaurantes de la nación norteamericana.
También señaló que desde su creación en 2019, el Programa de Migración Laboral ha favorecido a cientos de salvadoreños quienes han mejorado sus condiciones de vida.
Uno de los beneficiados, Marlon Hernández, manifestó su agradecimiento por esta oportunidad, y aseguró que su objetivo es crecer como trabajador y apoyar económicamente a su familia.
También agradeció al Ministerio de Trabajo, y al presidente Nayib Bukele por la implementación de este tipo de iniciativas que permiten el desarrollo de los beneficiados y sus familias.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolla juicio contra 92 pandilleros de la 18, a quienes se les procesa por 27 homicidios agravados, 12 desapariciones de personas, nueve casos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas, cometidos en el distrito de San Martín, San Salvador Este.
«Los crímenes que se pretenden resolver con este juicio ocurrieron entre 2017 y 2022 en diferentes zonas de San Martín», dijo el fiscal del caso.
Entre los casos que se busca resolver está la desaparición y posterior homicidio agravado de un motorista de la Ruta 140, cometido en 2022.
De acuerdo con el reporte judicial, la víctima desapareció la noche del 24 de enero del 2022 luego que terminara su jornada laboral. En las investigaciones se señala que el motorista le comentó a un conocido que los sujetos lo habían contactado y dicho que querían hablar con él en San Martín.
La víctima también le mencionó que iría después de guardar el microbús porque «no temía, ya que no debía nada».
Sin embargo, cuando se reunió los pandilleros le quitaron la vida a machetazos, lo desmembraron y enterraron su cuerpo en una zona rural del cantón San José Primero, de San Martín. La denuncia de su desaparición ocurrió un día después.
«Hicieron un agujero y lo enterraron, ya desmembrado, en el mismo lugar. Tras la búsqueda de las autoridades, el 9 de marzo del mismo año el cuerpo fue encontrado», detalló el informe judicial.
