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El Gobierno salvadoreño no retrocederá en el combate de las pandillas
Apesar de los incesantes ataques internos y externos, el Gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele, no retrocederá en el combate de las pandillas, que inició el 1.º de julio de 2019 — cuando asumió la primera magistratura— y que fortaleció el 27 de marzo del año pasado, cuando pidió que la Asamblea Legislativa aprobara el régimen de excepción para enfrentar a los grupos delincuenciales.
«El que perdona al lobo sacrifica a la oveja», publicó el mandatario salvadoreño en Twitter, frase que ha sido interpretada por usuarios de esa red social en el sentido de que no combatir a las pandillas implicaría dejar que estos grupos criminales sigan matando y haciendo daño a la población honrada, como ocurrió cuando ARENA y el FMLN gobernaron el país por 30 años.
Como muestra del combate a las pandillas, el Gobierno actual implementa la fase V del Plan Control Territorial (PCT), que consiste en la extracción de los pandilleros que todavía se esconden en colonias y comunidades en las que delinquieron por décadas. Esas acciones de seguridad iniciaron en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, y luego se extendieron a la comunidad La Granjita, en la capital.
Además, gracias a la vigencia del régimen de excepción, las autoridades de Justicia y Seguridad Pública reportan la captura de 65,291 pandilleros y han decomisado vehículos, teléfonos celulares y al menos $1.7 millones en efectivo, producto de ilícitos cometidos por los integrantes de grupos delincuenciales.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa en una sesión plenaria extraordinaria ante un repentino repunte de homicidios causado por las pandillas. La iniciativa del Ejecutivo fue acuerpada por el partido Nuevas Ideas (que tiene mayoría calificada por disponer de 56 de 84 diputados) y por los partidos GANA, PCN y PDC.
Desde marzo del año pasado, esa medida, que tiene su sustento legal en la Constitución de la República, ha sido prorrogada 11 veces gracias a los votos de esos cuatro partidos políticos, pero no ha tenido el acompañamiento de ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo, que son partidos de oposición.
A esta oposición política se unen organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, así como medios de comunicación, locales y extranjeros, que cuestionan las estrategias de seguridad que están dando resultado a favor de la población honrada.
A estos, el presidente Bukele los cuestionó ayer: «¿Cuántas décadas más llenas de decenas de miles de muertos deberíamos haber aguantado los salvadoreños para que las recetas de las ONG y de la “comunidad internacional” comenzaran a funcionar?».
Producto del PCT y del régimen de excepción, al menos 2,000 delincuentes —incluidos cabecillas de pandillas— han sido capturados y trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, San Vicente, proyecto que también critican los detractores.
En esa cárcel los presos no tendrán visitas y tampoco gozarán de privilegios como fiestas, televisores y servicio de cable en las penitenciarías del país, como sí ocurrió cuando el primer gobierno del FMLN —dirigido por Mauricio Funes— pactó con pandillas la tregua, en 2012.
Pero medios de comunicación internacionales, así como en espacios de opinión, han refutado las críticas de la oposición política e incluso de gobiernos, evidenciando que el Ejecutivo salvadoreño mantiene una política de combate contra las pandillas.
El presidente Nayib Bukele publicó ayer un tuit en el que evidenció los ataques que está recibiendo por el combate de los grupos criminales: «El Gobierno de Estados Unidos está metiendo a inocentes comprobados en la cárcel y al mismo tiempo está preocupado de que nosotros metamos a criminales comprobados en la cárcel».
En San Salvador, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado condenó a tres cabecillas de la facción revolucionaria de la pandilla 18 y 38 miembros de su estructura, a penas que oscilan entre los 25 y 60 años de cárcel.
La jueza cuatro de esa sede judicial impuso la pena máxima de 60 años a Josué Daniel Pérez Martínez, alias «Gasper», por el delito de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Los otros dos cabecillas condenados a 45 años de cárcel son: William Ernesto Sánchez, alias «Billy» y Dagoberto Cuéllar Berrios, alias «Baby Killer».
En la audiencia única abierta, la Fiscalía General de la República acreditó ante la jueza que los tres tienen el rango de palabreros en la estructura Milagro Locos Revolucionarios de la pandilla 18.
En el fallo emitido el tribunal deja constancia que para «Billy» y «Baby Killer», la pena impuesta como jefes de la pandilla varía, ya que la captura de ambos fue antes de la reforma al artículo 2-A de la Ley Especial Contra el Crimen Organizado.
También, 15 enjuiciados que fungían como colaboradores activos de la pandilla recibieron 25 años de cárcel
Además, 15 imputados que colaboraban activamente con la pandilla recibieron 25 años de prisión, mientras que otros 23, entre los que hay homeboy, civiles y homegirl [mujer de pandilleros], fueron sentenciados a 30 años de cárcel.
Todos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en el marco del régimen de excepción, medida que está vigente en El Salvador, desde el 27 de marzo de 2022.
La jueza mencionó que este grupo de pandilleros atentaba contra la paz de los habitantes de Zacatecoluca, zona en la que estuvieron operando y cometiendo una serie de hechos delictivos.
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el Grupo Parlamentario de Amigos Italia–El Salvador, en el Palacio Montecitorio, como parte de una agenda orientada al consolidar las relaciones diplomáticas y cooperación.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa destacó el posicionamiento de El Salvador como un destino atractivo para la inversión y el turismo, señalando que el país recibió a más de 4.1 millones de visitantes en el 2025, como reflejo de la confianza internacional y del renovado dinamismo económico. En esa línea, enfatizó la relación directa entre seguridad y desarrollo, como pilares fundamentales del proceso de transformación nacional.
De igual forma, el Vicemandatario extendió una invitación formal a los parlamentarios italianos para participar como observadores en las elecciones previstas para febrero de 2027, resaltando este proceso como una expresión de la vida democrática del país, sustentada en la transparencia institucional y la participación ciudadana.
Por su parte, los parlamentarios italianos reconocieron los avances alcanzados por El Salvador en materia de seguridad y desarrollo, y destacaron el valioso aporte de la diáspora salvadoreña en Italia, no solo como un vínculo humano entre ambas naciones, sino también como un factor que contribuye a la economía local y al fortalecimiento de los lazos bilaterales.
Este encuentro reafirmó el interés mutuo de seguir construyendo acciones conjuntas entre El Salvador e Italia, proyectando al país como un Estado renovado, con apertura al mundo, un modelo de seguridad reconocido internacionalmente y condiciones propicias para el acercamiento con socios estratégicos en Europa.
En lo que parece ser un nuevo episodio de maniobras legales para ganar más tiempo en los tribunales, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador se vio obligado a reprogramar diligencias clave en el proceso penal contra una estructura acusada de administración fraudulenta conformadas por los imputados Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverria Cabrera.
Los señalados están implicados en el desfalcos contras las empresas Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V. Un proceso donde Jorge Alberto Gaitán Castro es uno de los principales procesados en calidad de autor directo del delito.
Este proceso está caso conectado a la disputa internacional entre Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers, y a un expediente criminal abierto en otro tribunal salvadoreño en el cual se la ha decretado orden de detención a tres ejecutivos estadounidenses de la empresa de ese país: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri
Este último movimiento de la defensa hizo que ganaran por lo menos tres semanas. La decisión surge tras un cambio repentino en el equipo de defensa de cuatro de los principales procesados, una táctica que, aunque legal, suele ser señalada como una herramienta típica para dilatar el avance de la justicia.
El pasado 14 de abril, la sede judicial recibió un escrito donde nuevos abogados solicitaron ser nombrados como defensores particulares en sustitución de cualquier abogado nombrado anteriormente. Esta movida dejó fuera del tablero a siete abogados que ya venían ejerciendo la representación técnica de los imputados.
Bajo el argumento de «desconocer el proceso penal» y haber recibido el poder apenas el 8 de abril en la Ciudad de Guatemala, la nueva defensa pidió suspender la audiencia especial programada originalmente para el 16 y 17 de abril.
Audiencias al congelador.
La jueza a cargo, tras valorar el derecho irrenunciable a la defensa técnica, cedió ante las peticiones, provocando un retraso en el calendario judicial:
• Audiencia de Revisión de Medidas: Estaba prevista para el 17 de abril de 2026. Ahora, los imputados ganaron tres semanas, pues la cita se movió al 7 de mayo.
• Juramentación de Peritos: Esta etapa crucial, donde se entregan los puntos de pericia para analizar el posible fraude, fue movida de inicios de mayo hasta los días 8 y 9 de junio de 2026.
Un caso de millones y empresas
El proceso, que se instruye bajo la referencia 166-2025-11/AC, gira en torno al delito de administración fraudulenta tipificado en el Art. 218 del Código Penal. Las víctimas son las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.
Entre los procesados figuran Jorge Alberto Gaitán Castro, señalado como autor directo, junto a otros cómplices necesarios que ahora cuentan con nuevos defensores y más tiempo para preparar su estrategia antes de enfrentar al juez.
Mientras la defensa técnica argumenta la necesidad de un «plazo prudencial» para revisar los folios del expediente, el sistema de justicia salvadoreño vuelve a enfrentar el reto de balancear las garantías procesales con la celeridad que exigen las víctimas de delitos financieros. Por ahora, los informes al Ministerio de Hacienda y la entrega de copias del expediente son los únicos pasos que avanzan con firmeza en esta causa.
No es la primera vez que se reprograma una audiencia en este caso en beneficios de los sospechosos.
Denuncian conexión con funcionaria judicial de El Salvador
Otra de las polémicas del caso, es la reciente denuncia de sobre la visita de un abogado salvadoreño en la cárcel de Guatemala al principal sospechoso del fraude, Jorge Gaitán Castro. La situación se complica por que el señalado es esposo de una funcionaria judicial de la rama de familia en El Salvador.
Fuente cercana al proceso en Guatemala, han señalado cómo de manera constante han tenido sospechas de corrupción generalizada alrededor del proceso con miras a liberar a Gaitán Castro. Sin embargo, por el momento continua preso en Guatemala y con procesos pendientes en El Salvador.
