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El Gobierno salvadoreño no retrocederá en el combate de las pandillas
Apesar de los incesantes ataques internos y externos, el Gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele, no retrocederá en el combate de las pandillas, que inició el 1.º de julio de 2019 — cuando asumió la primera magistratura— y que fortaleció el 27 de marzo del año pasado, cuando pidió que la Asamblea Legislativa aprobara el régimen de excepción para enfrentar a los grupos delincuenciales.
«El que perdona al lobo sacrifica a la oveja», publicó el mandatario salvadoreño en Twitter, frase que ha sido interpretada por usuarios de esa red social en el sentido de que no combatir a las pandillas implicaría dejar que estos grupos criminales sigan matando y haciendo daño a la población honrada, como ocurrió cuando ARENA y el FMLN gobernaron el país por 30 años.
Como muestra del combate a las pandillas, el Gobierno actual implementa la fase V del Plan Control Territorial (PCT), que consiste en la extracción de los pandilleros que todavía se esconden en colonias y comunidades en las que delinquieron por décadas. Esas acciones de seguridad iniciaron en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, y luego se extendieron a la comunidad La Granjita, en la capital.
Además, gracias a la vigencia del régimen de excepción, las autoridades de Justicia y Seguridad Pública reportan la captura de 65,291 pandilleros y han decomisado vehículos, teléfonos celulares y al menos $1.7 millones en efectivo, producto de ilícitos cometidos por los integrantes de grupos delincuenciales.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa en una sesión plenaria extraordinaria ante un repentino repunte de homicidios causado por las pandillas. La iniciativa del Ejecutivo fue acuerpada por el partido Nuevas Ideas (que tiene mayoría calificada por disponer de 56 de 84 diputados) y por los partidos GANA, PCN y PDC.
Desde marzo del año pasado, esa medida, que tiene su sustento legal en la Constitución de la República, ha sido prorrogada 11 veces gracias a los votos de esos cuatro partidos políticos, pero no ha tenido el acompañamiento de ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo, que son partidos de oposición.
A esta oposición política se unen organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, así como medios de comunicación, locales y extranjeros, que cuestionan las estrategias de seguridad que están dando resultado a favor de la población honrada.
A estos, el presidente Bukele los cuestionó ayer: «¿Cuántas décadas más llenas de decenas de miles de muertos deberíamos haber aguantado los salvadoreños para que las recetas de las ONG y de la “comunidad internacional” comenzaran a funcionar?».
Producto del PCT y del régimen de excepción, al menos 2,000 delincuentes —incluidos cabecillas de pandillas— han sido capturados y trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, San Vicente, proyecto que también critican los detractores.
En esa cárcel los presos no tendrán visitas y tampoco gozarán de privilegios como fiestas, televisores y servicio de cable en las penitenciarías del país, como sí ocurrió cuando el primer gobierno del FMLN —dirigido por Mauricio Funes— pactó con pandillas la tregua, en 2012.
Pero medios de comunicación internacionales, así como en espacios de opinión, han refutado las críticas de la oposición política e incluso de gobiernos, evidenciando que el Ejecutivo salvadoreño mantiene una política de combate contra las pandillas.
El presidente Nayib Bukele publicó ayer un tuit en el que evidenció los ataques que está recibiendo por el combate de los grupos criminales: «El Gobierno de Estados Unidos está metiendo a inocentes comprobados en la cárcel y al mismo tiempo está preocupado de que nosotros metamos a criminales comprobados en la cárcel».
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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