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El Gobierno salvadoreño no retrocederá en el combate de las pandillas
Apesar de los incesantes ataques internos y externos, el Gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele, no retrocederá en el combate de las pandillas, que inició el 1.º de julio de 2019 — cuando asumió la primera magistratura— y que fortaleció el 27 de marzo del año pasado, cuando pidió que la Asamblea Legislativa aprobara el régimen de excepción para enfrentar a los grupos delincuenciales.
«El que perdona al lobo sacrifica a la oveja», publicó el mandatario salvadoreño en Twitter, frase que ha sido interpretada por usuarios de esa red social en el sentido de que no combatir a las pandillas implicaría dejar que estos grupos criminales sigan matando y haciendo daño a la población honrada, como ocurrió cuando ARENA y el FMLN gobernaron el país por 30 años.
Como muestra del combate a las pandillas, el Gobierno actual implementa la fase V del Plan Control Territorial (PCT), que consiste en la extracción de los pandilleros que todavía se esconden en colonias y comunidades en las que delinquieron por décadas. Esas acciones de seguridad iniciaron en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, y luego se extendieron a la comunidad La Granjita, en la capital.
Además, gracias a la vigencia del régimen de excepción, las autoridades de Justicia y Seguridad Pública reportan la captura de 65,291 pandilleros y han decomisado vehículos, teléfonos celulares y al menos $1.7 millones en efectivo, producto de ilícitos cometidos por los integrantes de grupos delincuenciales.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa en una sesión plenaria extraordinaria ante un repentino repunte de homicidios causado por las pandillas. La iniciativa del Ejecutivo fue acuerpada por el partido Nuevas Ideas (que tiene mayoría calificada por disponer de 56 de 84 diputados) y por los partidos GANA, PCN y PDC.
Desde marzo del año pasado, esa medida, que tiene su sustento legal en la Constitución de la República, ha sido prorrogada 11 veces gracias a los votos de esos cuatro partidos políticos, pero no ha tenido el acompañamiento de ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo, que son partidos de oposición.
A esta oposición política se unen organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, así como medios de comunicación, locales y extranjeros, que cuestionan las estrategias de seguridad que están dando resultado a favor de la población honrada.
A estos, el presidente Bukele los cuestionó ayer: «¿Cuántas décadas más llenas de decenas de miles de muertos deberíamos haber aguantado los salvadoreños para que las recetas de las ONG y de la “comunidad internacional” comenzaran a funcionar?».
Producto del PCT y del régimen de excepción, al menos 2,000 delincuentes —incluidos cabecillas de pandillas— han sido capturados y trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, San Vicente, proyecto que también critican los detractores.
En esa cárcel los presos no tendrán visitas y tampoco gozarán de privilegios como fiestas, televisores y servicio de cable en las penitenciarías del país, como sí ocurrió cuando el primer gobierno del FMLN —dirigido por Mauricio Funes— pactó con pandillas la tregua, en 2012.
Pero medios de comunicación internacionales, así como en espacios de opinión, han refutado las críticas de la oposición política e incluso de gobiernos, evidenciando que el Ejecutivo salvadoreño mantiene una política de combate contra las pandillas.
El presidente Nayib Bukele publicó ayer un tuit en el que evidenció los ataques que está recibiendo por el combate de los grupos criminales: «El Gobierno de Estados Unidos está metiendo a inocentes comprobados en la cárcel y al mismo tiempo está preocupado de que nosotros metamos a criminales comprobados en la cárcel».
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Despliegan inspectores de la Defensoría del Consumidor en la víspera de la celebración del Día de las madres
Esta mañana, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, encabezó un operativo de verificación en el centro comercial Metrosur de San Salvador, con el fin de validad precios y promociones de artículos alusivos al Día de la madres.
«El Día de las madres es una importante celebración y es así como nuestra institución realiza un despliegue para defender los derechos de los consumidores», comentó Salazar.
El funcionario detalló en porcentajes el comportamiento de los consumidores para esta fecha, teniendo a la base los resultados de la encuesta sobre hábitos y preferencias de consumo de los salvadoreños para esta fecha. (https://www.defensoria.gob.sv/recientes/defensoria-del-consumidor-revela-que-salvadorenos-priorizan-comidas-en-casa-por-el-dia-de-la-madre/)
«Más del 80 % de los salvadoreños manifiesta que celebrará esta fecha, un 47 % indicó que lo harán en sus casas y un 27 % en algún restaurante», indicó. Agregó que más del 30 % realizarán compras vinculadas a arreglos florales, prendas de vestir, pasteles, perfumes, entre otros productos; y un 69 % hará esta actividad en centros comerciales.
«La principal recomendación que nosotros damos a todos los consumidores es que realicen las compras debidamente informados de los términos y condiciones; además, que consulten en el caso de las compras en línea las características de los productos», amplió.
Otra recomendación es guardar los comprobantes de compra ante cualquier situación que se pueda presentar respecto a la garantía, calidad e incumplimiento de entrega de los productos.
Para mayor información, el presidente de la Defensoría comunicó que en las redes sociales de la institución se publicarán los precios de productos como pasteles y arreglos florales.
Denuncias o irregularidades
La Defensoría del Consumidor exhorta a la población a denunciar cualquier irregularidad, incumplimiento de ofertas o promociones, así como posibles abusos en los precios. Como parte de este esfuerzo, la institución habilitó puntos de atención en centros comerciales, en los siguientes horarios y lugares: el 8 de mayo en Metrosur, San Salvador, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.; en Metrocentro, San Miguel Centro, de 10:30 a.m. a 3:30 p.m.; y en Metrocentro, Santa Ana Centro, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., donde se brindará información, asesoría y recepción de denuncias.
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador envió a juicio a Jannette del Carmen Villatoro de Ramírez, de 51 años, acusada del delito de falsedad ideológica.
«En agosto de 2014, la víctima intentó gestionar un crédito hipotecario sobre su vivienda y se enteró que la propiedad ya registraba dos escrituras en las que el inmueble había sido otorgado como garantía de pago», indicó el fiscal del caso.
En dichas escrituras aparecen dos personas distintas otorgando préstamos a favor de Villatoro de Ramírez, quien presuntamente habría tramitado los créditos utilizando los documentos personales de la víctima y la escritura de propiedad. Asimismo, habría acudido acompañada de un hombre que se hizo pasar por la propietaria y firmó los documentos correspondientes.
«Una pericia posterior realizada por la Fiscalía determinó que la firma plasmada en los documentos no correspondía a la propietaria. Además, aunque los documentos utilizados para los trámites eran verdaderos, contenían declaraciones contrarias a la realidad, ya que la víctima no habría estado presente durante el procedimiento», detalló el fiscal.
La Mara Salvatrucha intentó, en varios casos, desvincularse de crímenes cometidos por sus 230 clicas [células territoriales] y, para despistar a las fuerzas de seguridad, dejaba carteles sobre los cadáveres atribuyendo los hechos al grupo de exterminio La Sombra Negra.
Ese grupo clandestino, que operó en El Salvador en la década de los 90 y principios de los 2000, estuvo integrado por policías, militares y civiles. Los pandilleros quisieron hacer ver a las autoridades que ellos no tenían que ver con esos homicidios para que ningún terrorista de la estructura fuera investigado y capturado.
Toda es información fue obtenida mediante la herramienta de la intervención a las telecomunicaciones que jueces avalaron y ejercieron función jurisdiccional sobre esa técnica especializa de investigación.
Todo ese accionar y modos operandi de los gatilleros [homicidas de las pandillas] fue avalado por la cúpula de la Mara Salvatrucha integrada por 22 fundadores o ranfleros históricos que están siendo enjuiciados en la audiencia única abierta, junto a otros 464 cabecillas de los 232 programas [estructura jerárquica superior] dirigidas por corredores [cabecillas de alto rango].
Otras de las evidencias presentadas por la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado, son varios videos extraídos del teléfono celular decomisado a un corredor de programa, donde se observan torturas y ejecuciones de personas.
Con el material audiovisual se evidencia que la Mara Salvatrucha utilizó como principal método la decapitación de las víctimas, previas torturas. Tras ser decapitadas las mutilaban y enterraban en cementerios clandestinos que fueron avalados instalar en zonas rurales por los ranfleros históricos.
Además, en los audios se registran conversaciones en las que pandilleros reciben instrucciones de que las personas bajo investigación, a quienes se les daba vigilancia y seguimiento, debían ser privadas de libertad y trasladadas a «casas Destroyer»; sin embargo, se les prohibía asesinarlas sin autorización previa de la cúpula y los corredores de programa.
«Definitivamente, se ordenaba que a las personas no las mataran inmediatamente, sino que las capturaran y mantuvieran privadas de libertad mientras se daban los pases y se conseguía la autorización para poderlos matar. Por lo tanto, queda demostrado y suficientemente probado, que nadie podía matar sin la autorización de la ranfla, de los corredores de programa, ellos eran los que tenían la decisión de quien vivía y quien moría en este país», manifestó Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado.
En más de una semana de reproducción de audios, adquiridos mediante escuchas telefónicas, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado tuvo acceso a 125 grabaciones donde ha quedado evidenciado la ejecución de 29,000 homicidios acumulados en más de 500 casos.
En uno de los últimos audios se escucha que los pandilleros perseguían una ambulancia en la que era trasladada una víctima a quien le habían disparado en el rostro; los terroristas buscaban a como diera lugar asegurar la muerte para no dejar testigos.
En otra grabación se escuchaban los gritos de las víctimas mientras los pandilleros se burlaban de ellas y sin piedad les asestaban múltiples disparos.
Además de los homicidios en las conversaciones captadas, uno de los pandilleros dice a un cabecilla que tiene un censo de cuánto se estaba pagando en concepto de extorsión en las colonias bajo su control, mientras que sugiere que debían aumentar la cuota, ya que la mara estaba corta de dinero.
También se escuchó como daban indicaciones a abogados para trasladar mensajes hacia los centros penales.
