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El Gobierno salvadoreño no retrocederá en el combate de las pandillas
Apesar de los incesantes ataques internos y externos, el Gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele, no retrocederá en el combate de las pandillas, que inició el 1.º de julio de 2019 — cuando asumió la primera magistratura— y que fortaleció el 27 de marzo del año pasado, cuando pidió que la Asamblea Legislativa aprobara el régimen de excepción para enfrentar a los grupos delincuenciales.
«El que perdona al lobo sacrifica a la oveja», publicó el mandatario salvadoreño en Twitter, frase que ha sido interpretada por usuarios de esa red social en el sentido de que no combatir a las pandillas implicaría dejar que estos grupos criminales sigan matando y haciendo daño a la población honrada, como ocurrió cuando ARENA y el FMLN gobernaron el país por 30 años.
Como muestra del combate a las pandillas, el Gobierno actual implementa la fase V del Plan Control Territorial (PCT), que consiste en la extracción de los pandilleros que todavía se esconden en colonias y comunidades en las que delinquieron por décadas. Esas acciones de seguridad iniciaron en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, y luego se extendieron a la comunidad La Granjita, en la capital.
Además, gracias a la vigencia del régimen de excepción, las autoridades de Justicia y Seguridad Pública reportan la captura de 65,291 pandilleros y han decomisado vehículos, teléfonos celulares y al menos $1.7 millones en efectivo, producto de ilícitos cometidos por los integrantes de grupos delincuenciales.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa en una sesión plenaria extraordinaria ante un repentino repunte de homicidios causado por las pandillas. La iniciativa del Ejecutivo fue acuerpada por el partido Nuevas Ideas (que tiene mayoría calificada por disponer de 56 de 84 diputados) y por los partidos GANA, PCN y PDC.
Desde marzo del año pasado, esa medida, que tiene su sustento legal en la Constitución de la República, ha sido prorrogada 11 veces gracias a los votos de esos cuatro partidos políticos, pero no ha tenido el acompañamiento de ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo, que son partidos de oposición.
A esta oposición política se unen organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, así como medios de comunicación, locales y extranjeros, que cuestionan las estrategias de seguridad que están dando resultado a favor de la población honrada.
A estos, el presidente Bukele los cuestionó ayer: «¿Cuántas décadas más llenas de decenas de miles de muertos deberíamos haber aguantado los salvadoreños para que las recetas de las ONG y de la “comunidad internacional” comenzaran a funcionar?».
Producto del PCT y del régimen de excepción, al menos 2,000 delincuentes —incluidos cabecillas de pandillas— han sido capturados y trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, San Vicente, proyecto que también critican los detractores.
En esa cárcel los presos no tendrán visitas y tampoco gozarán de privilegios como fiestas, televisores y servicio de cable en las penitenciarías del país, como sí ocurrió cuando el primer gobierno del FMLN —dirigido por Mauricio Funes— pactó con pandillas la tregua, en 2012.
Pero medios de comunicación internacionales, así como en espacios de opinión, han refutado las críticas de la oposición política e incluso de gobiernos, evidenciando que el Ejecutivo salvadoreño mantiene una política de combate contra las pandillas.
El presidente Nayib Bukele publicó ayer un tuit en el que evidenció los ataques que está recibiendo por el combate de los grupos criminales: «El Gobierno de Estados Unidos está metiendo a inocentes comprobados en la cárcel y al mismo tiempo está preocupado de que nosotros metamos a criminales comprobados en la cárcel».
En lo que parece ser un nuevo episodio de maniobras legales para ganar más tiempo en los tribunales, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador se vio obligado a reprogramar diligencias clave en el proceso penal contra una estructura acusada de administración fraudulenta conformadas por los imputados Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverria Cabrera.
Los señalados están implicados en el desfalcos contras las empresas Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V. Un proceso donde Jorge Alberto Gaitán Castro es uno de los principales procesados en calidad de autor directo del delito.
Este proceso está caso conectado a la disputa internacional entre Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers, y a un expediente criminal abierto en otro tribunal salvadoreño en el cual se la ha decretado orden de detención a tres ejecutivos estadounidenses de la empresa de ese país: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri
Este último movimiento de la defensa hizo que ganaran por lo menos tres semanas. La decisión surge tras un cambio repentino en el equipo de defensa de cuatro de los principales procesados, una táctica que, aunque legal, suele ser señalada como una herramienta típica para dilatar el avance de la justicia.
El pasado 14 de abril, la sede judicial recibió un escrito donde nuevos abogados solicitaron ser nombrados como defensores particulares en sustitución de cualquier abogado nombrado anteriormente. Esta movida dejó fuera del tablero a siete abogados que ya venían ejerciendo la representación técnica de los imputados.
Bajo el argumento de «desconocer el proceso penal» y haber recibido el poder apenas el 8 de abril en la Ciudad de Guatemala, la nueva defensa pidió suspender la audiencia especial programada originalmente para el 16 y 17 de abril.
Audiencias al congelador.
La jueza a cargo, tras valorar el derecho irrenunciable a la defensa técnica, cedió ante las peticiones, provocando un retraso en el calendario judicial:
• Audiencia de Revisión de Medidas: Estaba prevista para el 17 de abril de 2026. Ahora, los imputados ganaron tres semanas, pues la cita se movió al 7 de mayo.
• Juramentación de Peritos: Esta etapa crucial, donde se entregan los puntos de pericia para analizar el posible fraude, fue movida de inicios de mayo hasta los días 8 y 9 de junio de 2026.
Un caso de millones y empresas
El proceso, que se instruye bajo la referencia 166-2025-11/AC, gira en torno al delito de administración fraudulenta tipificado en el Art. 218 del Código Penal. Las víctimas son las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.
Entre los procesados figuran Jorge Alberto Gaitán Castro, señalado como autor directo, junto a otros cómplices necesarios que ahora cuentan con nuevos defensores y más tiempo para preparar su estrategia antes de enfrentar al juez.
Mientras la defensa técnica argumenta la necesidad de un «plazo prudencial» para revisar los folios del expediente, el sistema de justicia salvadoreño vuelve a enfrentar el reto de balancear las garantías procesales con la celeridad que exigen las víctimas de delitos financieros. Por ahora, los informes al Ministerio de Hacienda y la entrega de copias del expediente son los únicos pasos que avanzan con firmeza en esta causa.
No es la primera vez que se reprograma una audiencia en este caso en beneficios de los sospechosos.
Durante la sesión plenaria 106, la Asamblea ratificó ayer —con 56 votos— la suscripción de un préstamo por $501.2 millones entre el Ejecutivo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital.
Este proyecto lo ejecutará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), y se fundamenta en el uso eficiente de la innovación educativa mediante plataformas digitales y herramientas emergentes basadas en la inteligencia artificial, para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje al integrar tecnología y el acompañamiento de los docentes.
La petición del Ejecutivo a la Asamblea detalla que el programa será financiado con la modalidad de resultados específicos y medibles, es decir, los desembolsos que se efectúen dependerán de los avances en el aprendizaje, uso responsable y efectivo de la tecnología y el fortalecimiento institucional.
«En el programa se han identificado tres áreas de resultados que en un período de cinco años el BIRF estará monitoreando mediante un equipo de expertos», explicó en la comisión esta semana Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
La primera área de resultados a las que se refirió el funcionario se relaciona con mejorar el aprendizaje en los salones de clases, especialmente en la lectura y el desarrollo de matemáticas a través de una enseñanza estructurada, el empleo de recursos digitales y programas de refuerzo para estudiantes desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato.
En este apartado se ha integrado a los directores de los centros educativos para fortalecer su rol en el acompañamiento a los maestros.
La segunda área comprende fortalecer el sistema educativo mediante evaluaciones de aprendizaje, así como un mejor monitoreo y toma de decisiones, apoyadas por sistemas de información más robustos.
Mientras que la tercera promueve el uso de la tecnología, garantiza la conectividad, la entrega de dispositivos y plataformas digitales que apoyen el aprendizaje y el desarrollo de habilidades relevantes para la vida laboral.
«Para el logro de estos indicadores se requiere de insumos tecnológicos, materiales y recurso humano que el banco va a reconocer dentro del financiamiento», afirmó Herrera.
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un acercamiento con el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República Italiana, Sr. Giorgio Mulé, en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de los lazos de cooperación y diálogo político entre El Salvador e Italia.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa expuso el proceso de transformación que impulsa El Salvador bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, haciendo referencia al contexto de crisis en materia de seguridad, economía y control territorial que enfrentó el país, así como a la implementación de una estrategia integral conformada por siete etapas, que ha permitido recuperar el orden, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y avanzar en procesos de reinserción social en las comunidades.
Asimismo, destacó que las reformas adoptadas en materia penal y procesal penal han sido herramientas necesarias para fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones y salvaguardar el bienestar de la población, en estricto apego al respeto de los derechos humanos. El Vicemandatario, extendió una invitación a Italia para participar como observador en los comicios electorales de 2027.
Por su parte, el Vicepresidente Giorgio Mulé expresó su interés en conocer con mayor profundidad las reformas impulsadas en El Salvador, particularmente en lo relativo a la legislación penal juvenil y al Código Penal, reconociendo además la transformación que el país ha experimentado en materia de seguridad y su impacto en la estabilidad del entorno regional.
En un ambiente de cordialidad y apertura, ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar promoviendo espacios de intercambio de experiencias y cooperación entre ambas naciones.
