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Defensoría del Consumidor realiza inspecciones para evitar acaparamiento de productos de la canasta básica
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continuó hoy, por tercer día consecutivo, en la ejecución del plan nacional de inspecciones para evitar especulación y acaparamiento de productos de la canasta básica alimentaria, como parte de las medidas integrales ante la aprobación de aumento del salario mínimo del 20 % en los diferentes rubros.
El Presidente Bukele ordenó este despliegue, el cual fue ejecutado desde el jueves en diferentes puntos del territorio nacional a través del Sistema Nacional de Protección al Consumidor que coordina la Defensoría, con el fin de evitar la especulación y el acaparamiento, y ayudar a la baja y estabilidad de los precios.
Este día, el personal de esta institución mantuvo la vigilancia y monitoreo de precios para proteger la seguridad alimentaria y los intereses económicos de los consumidores, que adquieren productos en supermercados, puestos de tiendas mayoristas y minoristas, así como agroservicios de Usulután y San Miguel.
“Este es un amplio operativo a escala nacional”, destacó el presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar. “Es importante tener ese seguimiento de precios a partir del anuncio del Presidente sobre el incremento de un 20 % al salario mínimo, que fue justamente aprobado ayer por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Con mucha más razón es clave realizar esta labor en diferentes comercio”, añadió.
Salazar subrayó la labor específica de verificar los precios en los agroservicios, negocios que se dedican a comercializar insumos de valiosa necesidad para los trabajadores del campo y con ello, contribuir a que la estabilidad que desde hace meses se mantienen en este tipo de productos continúe en medio del contexto actual.
“El Gobierno le apuesta a que esta medida del incremento al salario mínimo no repercuta en una escalada de precios. Es importante señalar que entre la medida anunciada está apoyar a todas las micro, pequeñas y mediana empresas para que ese incremento sea cubierto con fondos del fideicomiso BANDESAL. No existen motivos para incrementos de precios no especulación y la Defensoría continua con este esfuerzo”, añadió el funcionario.
El personal de la Defensoría, como parte de esta labor, lleva a cabo investigaciones necesarias a efecto de establecer y deducir responsabilidades en aquellos casos en los que se comprueben incrementos injustificados. “Es algo que está establecido en la Ley de Protección al Consumidor, y que es una práctica abusiva de la imposición de una multa de hasta 500 salarios mínimos”.
A un mes para que entre en vigencia este aumento al salario mínimo, los esfuerzos del Gobierno se centran en la protección de la economía de los salvadoreños y en ese sentido, quienes se aprovechen e infrinjan las normas para que tal fin se cumpla, deberán responder de acuerdo a lo establecido en la ley.
“Tenemos un histórico de precios que nos permite comparar con años anteriores el comportamiento de los diferentes productos. Al advertirse un incremento iniciamos la investigación. Con requerimientos y auditorias podremos evidenciar si existen elementos técnicos por los que se pueden justificar un alza de precios”, amplió Salazar.
En las zonas visitadas hoy, se comprobó que no hay escasez en la oferta de productos básicos y fertilizantes, lo que es clave para evitar un alza de precios; ante cualquier incremento o sospecha, la participación ciudadana cobra relevancia a través de la denuncia con el fin de detener dichas prácticas abusivas. La Defensoría ha habilitado el número 910 y el WhatsApp 7860-9704 para que la población haga estos avisos.
Entretanto, la población en general puede conocer los precios de referencia de los productos básicos, ofertas y más, del mercado nacional en el portal digital: https://precompra.defensoria.gob.sv/.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
