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Nacionales

Defensoría del Consumidor realiza inspecciones para evitar acaparamiento de productos de la canasta básica

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El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continuó hoy, por tercer día consecutivo, en la ejecución del plan nacional de inspecciones para evitar especulación y acaparamiento de productos de la canasta básica alimentaria, como parte de las medidas integrales ante la aprobación de aumento del salario mínimo del 20 % en los diferentes rubros.

El Presidente Bukele ordenó este despliegue, el cual fue ejecutado desde el jueves en diferentes puntos del territorio nacional a través del Sistema Nacional de Protección al Consumidor que coordina la Defensoría, con el fin de evitar la especulación y el acaparamiento, y ayudar a la baja y estabilidad de los precios.

Este día, el personal de esta institución mantuvo la vigilancia y monitoreo de precios para proteger la seguridad alimentaria y los intereses económicos de los consumidores, que adquieren productos en supermercados, puestos de tiendas mayoristas y minoristas, así como agroservicios de Usulután y San Miguel.

“Este es un amplio operativo a escala nacional”, destacó el presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar. “Es importante tener ese seguimiento de precios a partir del anuncio del Presidente sobre el incremento de un 20 % al salario mínimo, que fue justamente aprobado ayer por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Con mucha más razón es clave realizar esta labor en diferentes comercio”, añadió.

Salazar subrayó la labor específica de verificar los precios en los agroservicios, negocios que se dedican a comercializar insumos de valiosa necesidad para los trabajadores del campo y con ello, contribuir a que la estabilidad que desde hace meses se mantienen en este tipo de productos continúe en medio del contexto actual.

“El Gobierno le apuesta a que esta medida del incremento al salario mínimo no repercuta en una escalada de precios. Es importante señalar que entre la medida anunciada está apoyar a todas las micro, pequeñas y mediana empresas para que ese incremento sea cubierto con fondos del fideicomiso BANDESAL. No existen motivos para incrementos de precios no especulación y la Defensoría continua con este esfuerzo”, añadió el funcionario.

El personal de la Defensoría, como parte de esta labor, lleva a cabo investigaciones necesarias a efecto de establecer y deducir responsabilidades en aquellos casos en los que se comprueben incrementos injustificados. “Es algo que está establecido en la Ley de Protección al Consumidor, y que es una práctica abusiva de la imposición de una multa de hasta 500 salarios mínimos”.

A un mes para que entre en vigencia este aumento al salario mínimo, los esfuerzos del Gobierno se centran en la protección de la economía de los salvadoreños y en ese sentido, quienes se aprovechen e infrinjan las normas para que tal fin se cumpla, deberán responder de acuerdo a lo establecido en la ley.

“Tenemos un histórico de precios que nos permite comparar con años anteriores el comportamiento de los diferentes productos. Al advertirse un incremento iniciamos la investigación. Con requerimientos y auditorias podremos evidenciar si existen elementos técnicos por los que se pueden justificar un alza de precios”, amplió Salazar.

En las zonas visitadas hoy, se comprobó que no hay escasez en la oferta de productos básicos y fertilizantes, lo que es clave para evitar un alza de precios; ante cualquier incremento o sospecha, la participación ciudadana cobra relevancia a través de la denuncia con el fin de detener dichas prácticas abusivas. La Defensoría ha habilitado el número 910 y el WhatsApp 7860-9704 para que la población haga estos avisos.

Entretanto, la población en general puede conocer los precios de referencia de los productos básicos, ofertas y más, del mercado nacional en el portal digital: https://precompra.defensoria.gob.sv/.

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Confirman que voraz incendio en el centro de San Salvador no dejó lesionados

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Autoridades del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES) confirmó que el voraz incendio originado un incendio estructural registrado en una bodega de electrodomésticos ubicada sobre la calle Rubén Darío, en el centro de San Salvador, la tarde del jueves, no dejó a ninguna persona lesionada.Show aéreo

Fue el subteniente del CBES, Amir Osorio, quien confirmó que el siniestro no dejó víctimas.

“Se realizó una extinción de incendio estructural, nivel dos. Recibimos la llamada a eso de las 3:35 p. m., llegamos al lugar y brindamos una respuesta eficaz. Pudimos controlar el incendio cerca de cinco minutos después haber llegado a la escena y posteriormente nos hemos quedado realizando maniobras de ventilación, remoción de escombros y liberando el edificio de todo el calor que se había acumulado”, agregó el subteniente Osorio.

Osorio añadió que, tras controlar por completo las llamas, trabajarían en el lugar para indagar qué originó el fuego.

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Ulloa participó en el XI Congreso Internacional, sobre los derechos habilitantes y nuevas fronteras jurídicas

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El vicepresidente Félix Ulloa participó en el XI Congreso Internacional, sobre los derechos habilitantes y nuevas fronteras jurídicas del derecho del trabajo ante la inteligencia artificial, organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas” en la República Dominicana.

En su intervención, el Vicepresidente Ulloa reflexionó sobre la evolución tecnológica de la humanidad, desde las revoluciones industriales hasta la actual revolución algorítmica, señalando que, a diferencia de los procesos anteriores, hoy los algoritmos comienzan a sustituir funciones cognitivas propias del ser humano. Este escenario, plantea un desafío central para el derecho laboral contemporáneo: cómo garantizar la dignidad humana.

Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones laborales, modernizar la administración del trabajo frente a nuevas formas de empleo y capacitar a jueces, abogados y operadores jurídicos ante los desafíos tecnológicos emergentes. “La justicia laboral continúa siendo el último resguardo de la dignidad humana frente a los abusos dentro del entorno económico, corporativo o tecnológico”, señaló.

El Vicemandatario, también hizo un llamado a avanzar hacia una gobernanza latinoamericana del trabajo digital, mediante la construcción de estándares regionales compatibles que permitan garantizar condiciones de protección equivalentes para los trabajadores en toda la región. Finalmente, reiteró el compromiso de El Salvador con una visión de la tecnología al servicio del desarrollo y la protección de derechos, promoviendo políticas públicas que integren innovación y justicia social en el ámbito laboral.

Durante la jornada, el Vicepresidente Ulloa, fue distinguido con una medalla de reconocimiento por su trayectoria y aportes al fortalecimiento del derecho laboral y la institucionalidad democrática en la región.

El evento, desarrollado en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, reunió a destacadas personalidades, entre ellas el Rector de la Universidad UFHEC, Sr. Alberto Ramírez Cabral; la Presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de La Romana y Vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Sra. Cleopatra González Almonte; el Ministro de Trabajo de la República Dominicana, Sr. Eddy Olivares Ortega, entre otras figuras del ámbito académico y jurídico.

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Superintendencia de Competencia recibió certificación antisoborno

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La Superintendencia de Competencia (SC) recibió oficialmente la Certificación de Sistema de Gestión Antisoborno bajo la Norma ISO 37001:2016, un reconocimiento que valida la implementación de mecanismos diseñados para prevenir, detectar y enfrentar riesgos de soborno en el ejercicio de sus funciones.

El certificado fue entregado por el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), representado por su directora, Yanira Colindres, junto a la jefa de Normalización, Mónica Ulloa. Durante el acto, se destacó que la acreditación es resultado de un proceso de auditoría externa que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar internacional.

La Norma ISO 37001:2016 es un estándar global que establece lineamientos para que las organizaciones implementen sistemas de gestión antisoborno basados en controles internos, políticas claras, evaluación de riesgos, monitoreo permanente y revisión continua. Su objetivo es promover una cultura organizacional orientada a la integridad, la transparencia y el cumplimiento normativo.

Desde el OSN señalaron que la certificación confirma que la Superintendencia ha establecido y mantenido un sistema estructurado para reducir riesgos legales y reputacionales asociados a prácticas indebidas. Asimismo, subrayan la relevancia de que instituciones encargadas de la regulación de mercados adopten estándares internacionales que fortalezcan la confianza pública.

Durante su intervención, el superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez, indicó que uno de los objetivos prioritarios de su gestión fue incorporarse a un sistema certificado internacionalmente que permitiera reforzar los controles institucionales. «Agradezco al equipo de la SC y su compromiso; este es un resultado de todos, y a la OSN por su admirable labor en guiar a nuestra institución a culminar este proceso», afirmó.

El alcance del Sistema de Gestión Antisoborno abarca los servicios y procesos sustantivos de la institución, lo que implica que sus actuaciones técnicas, administrativas y regulatorias quedan comprendidas dentro del marco de controles establecidos por la norma. Esto incluye la identificación de riesgos, la aplicación de medidas preventivas, la capacitación del personal y la adopción de mecanismos de denuncia y supervisión.

La certificación ISO 37001 no sustituye las obligaciones legales existentes, pero sí complementa el marco normativo al introducir estándares internacionales de buenas prácticas. En el caso de la Superintendencia, la acreditación se presenta como un instrumento adicional para fortalecer su rol como autoridad encargada de velar por la competencia en los mercados salvadoreños.

Con esta certificación, la institución busca consolidar un entorno de mayor confianza para los agentes económicos y la ciudadanía, al respaldar sus actuaciones bajo un sistema formal de gestión que promueve la ética y la transparencia en cada uno de sus procesos.

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