El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continuó hoy, por tercer día consecutivo, en la ejecución del plan nacional de inspecciones para evitar especulación y acaparamiento de productos de la canasta básica alimentaria, como parte de las medidas integrales ante la aprobación de aumento del salario mínimo del 20 % en los diferentes rubros.

El Presidente Bukele ordenó este despliegue, el cual fue ejecutado desde el jueves en diferentes puntos del territorio nacional a través del Sistema Nacional de Protección al Consumidor que coordina la Defensoría, con el fin de evitar la especulación y el acaparamiento, y ayudar a la baja y estabilidad de los precios.

Este día, el personal de esta institución mantuvo la vigilancia y monitoreo de precios para proteger la seguridad alimentaria y los intereses económicos de los consumidores, que adquieren productos en supermercados, puestos de tiendas mayoristas y minoristas, así como agroservicios de Usulután y San Miguel.

“Este es un amplio operativo a escala nacional”, destacó el presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar. “Es importante tener ese seguimiento de precios a partir del anuncio del Presidente sobre el incremento de un 20 % al salario mínimo, que fue justamente aprobado ayer por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Con mucha más razón es clave realizar esta labor en diferentes comercio”, añadió.

Salazar subrayó la labor específica de verificar los precios en los agroservicios, negocios que se dedican a comercializar insumos de valiosa necesidad para los trabajadores del campo y con ello, contribuir a que la estabilidad que desde hace meses se mantienen en este tipo de productos continúe en medio del contexto actual.

“El Gobierno le apuesta a que esta medida del incremento al salario mínimo no repercuta en una escalada de precios. Es importante señalar que entre la medida anunciada está apoyar a todas las micro, pequeñas y mediana empresas para que ese incremento sea cubierto con fondos del fideicomiso BANDESAL. No existen motivos para incrementos de precios no especulación y la Defensoría continua con este esfuerzo”, añadió el funcionario.

El personal de la Defensoría, como parte de esta labor, lleva a cabo investigaciones necesarias a efecto de establecer y deducir responsabilidades en aquellos casos en los que se comprueben incrementos injustificados. “Es algo que está establecido en la Ley de Protección al Consumidor, y que es una práctica abusiva de la imposición de una multa de hasta 500 salarios mínimos”.

A un mes para que entre en vigencia este aumento al salario mínimo, los esfuerzos del Gobierno se centran en la protección de la economía de los salvadoreños y en ese sentido, quienes se aprovechen e infrinjan las normas para que tal fin se cumpla, deberán responder de acuerdo a lo establecido en la ley.

“Tenemos un histórico de precios que nos permite comparar con años anteriores el comportamiento de los diferentes productos. Al advertirse un incremento iniciamos la investigación. Con requerimientos y auditorias podremos evidenciar si existen elementos técnicos por los que se pueden justificar un alza de precios”, amplió Salazar.

En las zonas visitadas hoy, se comprobó que no hay escasez en la oferta de productos básicos y fertilizantes, lo que es clave para evitar un alza de precios; ante cualquier incremento o sospecha, la participación ciudadana cobra relevancia a través de la denuncia con el fin de detener dichas prácticas abusivas. La Defensoría ha habilitado el número 910 y el WhatsApp 7860-9704 para que la población haga estos avisos.

Entretanto, la población en general puede conocer los precios de referencia de los productos básicos, ofertas y más, del mercado nacional en el portal digital: https://precompra.defensoria.gob.sv/.