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Cercos de seguridad: claves para la tranquilidad de la población salvadoreña
Así como el régimen de excepción ha facilitado la captura de más de 65,795 criminales, así los cercos de seguridad les permitieron a las fuerzas del orden tomar control total de las colonias y comunidades que por años fueron asediadas por mareros.
La estrategia de seguridad fue implementada por primera vez en el municipio de Comasagua, departamento de La Libertad, luego que una estructura de la Mara Salvatrucha asesinara al cuidador de una finca que era víctima de extorsión, según revelaron las investigaciones policiales.
Eran las 2:53 de la madrugada del 2 de octubre de 2022 cuando el presidente Nayib Bukele informó a través de sus redes sociales que todo el municipio había sido cercado con 2,000 soldados para apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC) en la búsqueda de los asesinos.
«Detectamos que la clica Witmer Locos Salvatruchos, del Programa Libertad de la MS13, aún está activa y fue la responsable de un homicidio en Comasagua. 2,000 soldados han cercado el municipio. (…) Los equipos STO de la Policía entrarán en el cerco para identificar y neutralizar a los pandilleros. Los terroristas que logren evadir los operativos no podrán escapar del cerco, el cual se irá cerrando cada vez más, hasta que el último pandillero sea atrapado», advirtió el mandatario.
Luego, el gobernante afirmó que la implementación del cerco de Comasagua había sido un éxito, ya que las fuerzas del orden lograron arrestar a los responsables del homicidio y, a su vez, desarticularon la estructura criminal que delinquía en ese sector y zonas aledañas.
De momento, más de un centenar de pandilleros de ese lugar siguen presos por orden de los tribunales correspondientes que atendieron la petición de la Fiscalía General, de esa manera los fiscales van a profundizar en las investigaciones y la obtención de pruebas que luego serán presentadas a los jueces.
A las 2:57 de la madrugada del 3 de diciembre de 2022, el presidente Bukele anunció que un contingente de 8,500 soldados y 1,500 policías fueron instalados en diferentes sectores de Soyapango como parte de la implementación de un cerco de seguridad.
«A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado», afirmó el mandatario. Agregó que las fuerzas del orden se mantendrán en ese municipio hasta sacar de las colonias y comunidades a todos los mareros que se mantenían escondidos.
Para tranquilidad de la población, las autoridades informaron que los ciudadanos no se verían afectados con esta medida de seguridad, ya que fue pensada para ubicar y extraer a criminales. De hecho, este accionar policial era parte de la fase 5, Extracción, del Plan Control Territorial.
El último reporte dado a conocer por las autoridades revela que más de 1,100 terroristas han sido capturados y que esto coincidió con la reducción significativa de homicidios, extorsiones, así como la recuperación de más de 900 viviendas que estuvieron usurpadas por las pandillas en colonias como La Campanera, Monte Blanco, Las Margaritas y la comunidad 22 de Abril, entre otras, consideradas de alta peligrosidad.
La vida también les cambió a los habitantes de las comunidades Tutunichapa I y La Granjita, en San Salvador, luego que el 24 de diciembre de 2022, el presidente Nayib Bukele ordenara a las fuerzas del orden tomar control total de esos dos lugares.
Así fue como 1,000 soldados y más de 100 policías llegaron de forma sorpresiva a estas comunidades en busca de criminales, principalmente, para desarticular estructuras dedicadas al comercio de droga al menudeo con la que obtenían ganancias para financiar su accionar.
En las primeras horas de instalado el cerco fueron arrestados más de una veintena de sospechosos, se decomisaron cientos de porciones de droga, armas de fuego y más de $10,000 en efectivo. Así también fue capturado el cabecilla que tenía el monopolio de la venta de droga. Hasta la fecha las detenciones entre ambas comunidades superan las 300, según la Policía.
La permanencia de las fuerzas del orden ha permitido que emprendedores hayan iniciado pequeños negocios y que instituciones gubernamentales como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Salud, Fondo Social para la Vivienda, Banco Hipotecario y la Defensoría del Consumidor ofrecieran sus servicios a los pobladores.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha estado promoviendo en dichas comunidades, los denominados «agromercados», donde emprendedores salvadoreños ofrecen frutas, hortalizas, lácteos y otros productos de la canasta básica que están al alcance de la economía de los ciudadanos.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
