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Cercos de seguridad: claves para la tranquilidad de la población salvadoreña
Así como el régimen de excepción ha facilitado la captura de más de 65,795 criminales, así los cercos de seguridad les permitieron a las fuerzas del orden tomar control total de las colonias y comunidades que por años fueron asediadas por mareros.
La estrategia de seguridad fue implementada por primera vez en el municipio de Comasagua, departamento de La Libertad, luego que una estructura de la Mara Salvatrucha asesinara al cuidador de una finca que era víctima de extorsión, según revelaron las investigaciones policiales.
Eran las 2:53 de la madrugada del 2 de octubre de 2022 cuando el presidente Nayib Bukele informó a través de sus redes sociales que todo el municipio había sido cercado con 2,000 soldados para apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC) en la búsqueda de los asesinos.
«Detectamos que la clica Witmer Locos Salvatruchos, del Programa Libertad de la MS13, aún está activa y fue la responsable de un homicidio en Comasagua. 2,000 soldados han cercado el municipio. (…) Los equipos STO de la Policía entrarán en el cerco para identificar y neutralizar a los pandilleros. Los terroristas que logren evadir los operativos no podrán escapar del cerco, el cual se irá cerrando cada vez más, hasta que el último pandillero sea atrapado», advirtió el mandatario.
Luego, el gobernante afirmó que la implementación del cerco de Comasagua había sido un éxito, ya que las fuerzas del orden lograron arrestar a los responsables del homicidio y, a su vez, desarticularon la estructura criminal que delinquía en ese sector y zonas aledañas.
De momento, más de un centenar de pandilleros de ese lugar siguen presos por orden de los tribunales correspondientes que atendieron la petición de la Fiscalía General, de esa manera los fiscales van a profundizar en las investigaciones y la obtención de pruebas que luego serán presentadas a los jueces.
A las 2:57 de la madrugada del 3 de diciembre de 2022, el presidente Bukele anunció que un contingente de 8,500 soldados y 1,500 policías fueron instalados en diferentes sectores de Soyapango como parte de la implementación de un cerco de seguridad.
«A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado», afirmó el mandatario. Agregó que las fuerzas del orden se mantendrán en ese municipio hasta sacar de las colonias y comunidades a todos los mareros que se mantenían escondidos.
Para tranquilidad de la población, las autoridades informaron que los ciudadanos no se verían afectados con esta medida de seguridad, ya que fue pensada para ubicar y extraer a criminales. De hecho, este accionar policial era parte de la fase 5, Extracción, del Plan Control Territorial.
El último reporte dado a conocer por las autoridades revela que más de 1,100 terroristas han sido capturados y que esto coincidió con la reducción significativa de homicidios, extorsiones, así como la recuperación de más de 900 viviendas que estuvieron usurpadas por las pandillas en colonias como La Campanera, Monte Blanco, Las Margaritas y la comunidad 22 de Abril, entre otras, consideradas de alta peligrosidad.
La vida también les cambió a los habitantes de las comunidades Tutunichapa I y La Granjita, en San Salvador, luego que el 24 de diciembre de 2022, el presidente Nayib Bukele ordenara a las fuerzas del orden tomar control total de esos dos lugares.
Así fue como 1,000 soldados y más de 100 policías llegaron de forma sorpresiva a estas comunidades en busca de criminales, principalmente, para desarticular estructuras dedicadas al comercio de droga al menudeo con la que obtenían ganancias para financiar su accionar.
En las primeras horas de instalado el cerco fueron arrestados más de una veintena de sospechosos, se decomisaron cientos de porciones de droga, armas de fuego y más de $10,000 en efectivo. Así también fue capturado el cabecilla que tenía el monopolio de la venta de droga. Hasta la fecha las detenciones entre ambas comunidades superan las 300, según la Policía.
La permanencia de las fuerzas del orden ha permitido que emprendedores hayan iniciado pequeños negocios y que instituciones gubernamentales como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Salud, Fondo Social para la Vivienda, Banco Hipotecario y la Defensoría del Consumidor ofrecieran sus servicios a los pobladores.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha estado promoviendo en dichas comunidades, los denominados «agromercados», donde emprendedores salvadoreños ofrecen frutas, hortalizas, lácteos y otros productos de la canasta básica que están al alcance de la economía de los ciudadanos.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
