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Cercos de seguridad: claves para la tranquilidad de la población salvadoreña
Así como el régimen de excepción ha facilitado la captura de más de 65,795 criminales, así los cercos de seguridad les permitieron a las fuerzas del orden tomar control total de las colonias y comunidades que por años fueron asediadas por mareros.
La estrategia de seguridad fue implementada por primera vez en el municipio de Comasagua, departamento de La Libertad, luego que una estructura de la Mara Salvatrucha asesinara al cuidador de una finca que era víctima de extorsión, según revelaron las investigaciones policiales.
Eran las 2:53 de la madrugada del 2 de octubre de 2022 cuando el presidente Nayib Bukele informó a través de sus redes sociales que todo el municipio había sido cercado con 2,000 soldados para apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC) en la búsqueda de los asesinos.
«Detectamos que la clica Witmer Locos Salvatruchos, del Programa Libertad de la MS13, aún está activa y fue la responsable de un homicidio en Comasagua. 2,000 soldados han cercado el municipio. (…) Los equipos STO de la Policía entrarán en el cerco para identificar y neutralizar a los pandilleros. Los terroristas que logren evadir los operativos no podrán escapar del cerco, el cual se irá cerrando cada vez más, hasta que el último pandillero sea atrapado», advirtió el mandatario.
Luego, el gobernante afirmó que la implementación del cerco de Comasagua había sido un éxito, ya que las fuerzas del orden lograron arrestar a los responsables del homicidio y, a su vez, desarticularon la estructura criminal que delinquía en ese sector y zonas aledañas.
De momento, más de un centenar de pandilleros de ese lugar siguen presos por orden de los tribunales correspondientes que atendieron la petición de la Fiscalía General, de esa manera los fiscales van a profundizar en las investigaciones y la obtención de pruebas que luego serán presentadas a los jueces.
A las 2:57 de la madrugada del 3 de diciembre de 2022, el presidente Bukele anunció que un contingente de 8,500 soldados y 1,500 policías fueron instalados en diferentes sectores de Soyapango como parte de la implementación de un cerco de seguridad.
«A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado», afirmó el mandatario. Agregó que las fuerzas del orden se mantendrán en ese municipio hasta sacar de las colonias y comunidades a todos los mareros que se mantenían escondidos.
Para tranquilidad de la población, las autoridades informaron que los ciudadanos no se verían afectados con esta medida de seguridad, ya que fue pensada para ubicar y extraer a criminales. De hecho, este accionar policial era parte de la fase 5, Extracción, del Plan Control Territorial.
El último reporte dado a conocer por las autoridades revela que más de 1,100 terroristas han sido capturados y que esto coincidió con la reducción significativa de homicidios, extorsiones, así como la recuperación de más de 900 viviendas que estuvieron usurpadas por las pandillas en colonias como La Campanera, Monte Blanco, Las Margaritas y la comunidad 22 de Abril, entre otras, consideradas de alta peligrosidad.
La vida también les cambió a los habitantes de las comunidades Tutunichapa I y La Granjita, en San Salvador, luego que el 24 de diciembre de 2022, el presidente Nayib Bukele ordenara a las fuerzas del orden tomar control total de esos dos lugares.
Así fue como 1,000 soldados y más de 100 policías llegaron de forma sorpresiva a estas comunidades en busca de criminales, principalmente, para desarticular estructuras dedicadas al comercio de droga al menudeo con la que obtenían ganancias para financiar su accionar.
En las primeras horas de instalado el cerco fueron arrestados más de una veintena de sospechosos, se decomisaron cientos de porciones de droga, armas de fuego y más de $10,000 en efectivo. Así también fue capturado el cabecilla que tenía el monopolio de la venta de droga. Hasta la fecha las detenciones entre ambas comunidades superan las 300, según la Policía.
La permanencia de las fuerzas del orden ha permitido que emprendedores hayan iniciado pequeños negocios y que instituciones gubernamentales como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Salud, Fondo Social para la Vivienda, Banco Hipotecario y la Defensoría del Consumidor ofrecieran sus servicios a los pobladores.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha estado promoviendo en dichas comunidades, los denominados «agromercados», donde emprendedores salvadoreños ofrecen frutas, hortalizas, lácteos y otros productos de la canasta básica que están al alcance de la economía de los ciudadanos.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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