Nacionales
Cercos de seguridad: claves para la tranquilidad de la población salvadoreña
Así como el régimen de excepción ha facilitado la captura de más de 65,795 criminales, así los cercos de seguridad les permitieron a las fuerzas del orden tomar control total de las colonias y comunidades que por años fueron asediadas por mareros.
La estrategia de seguridad fue implementada por primera vez en el municipio de Comasagua, departamento de La Libertad, luego que una estructura de la Mara Salvatrucha asesinara al cuidador de una finca que era víctima de extorsión, según revelaron las investigaciones policiales.
Eran las 2:53 de la madrugada del 2 de octubre de 2022 cuando el presidente Nayib Bukele informó a través de sus redes sociales que todo el municipio había sido cercado con 2,000 soldados para apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC) en la búsqueda de los asesinos.
«Detectamos que la clica Witmer Locos Salvatruchos, del Programa Libertad de la MS13, aún está activa y fue la responsable de un homicidio en Comasagua. 2,000 soldados han cercado el municipio. (…) Los equipos STO de la Policía entrarán en el cerco para identificar y neutralizar a los pandilleros. Los terroristas que logren evadir los operativos no podrán escapar del cerco, el cual se irá cerrando cada vez más, hasta que el último pandillero sea atrapado», advirtió el mandatario.
Luego, el gobernante afirmó que la implementación del cerco de Comasagua había sido un éxito, ya que las fuerzas del orden lograron arrestar a los responsables del homicidio y, a su vez, desarticularon la estructura criminal que delinquía en ese sector y zonas aledañas.
De momento, más de un centenar de pandilleros de ese lugar siguen presos por orden de los tribunales correspondientes que atendieron la petición de la Fiscalía General, de esa manera los fiscales van a profundizar en las investigaciones y la obtención de pruebas que luego serán presentadas a los jueces.

A las 2:57 de la madrugada del 3 de diciembre de 2022, el presidente Bukele anunció que un contingente de 8,500 soldados y 1,500 policías fueron instalados en diferentes sectores de Soyapango como parte de la implementación de un cerco de seguridad.
«A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado», afirmó el mandatario. Agregó que las fuerzas del orden se mantendrán en ese municipio hasta sacar de las colonias y comunidades a todos los mareros que se mantenían escondidos.
Para tranquilidad de la población, las autoridades informaron que los ciudadanos no se verían afectados con esta medida de seguridad, ya que fue pensada para ubicar y extraer a criminales. De hecho, este accionar policial era parte de la fase 5, Extracción, del Plan Control Territorial.
El último reporte dado a conocer por las autoridades revela que más de 1,100 terroristas han sido capturados y que esto coincidió con la reducción significativa de homicidios, extorsiones, así como la recuperación de más de 900 viviendas que estuvieron usurpadas por las pandillas en colonias como La Campanera, Monte Blanco, Las Margaritas y la comunidad 22 de Abril, entre otras, consideradas de alta peligrosidad.

La vida también les cambió a los habitantes de las comunidades Tutunichapa I y La Granjita, en San Salvador, luego que el 24 de diciembre de 2022, el presidente Nayib Bukele ordenara a las fuerzas del orden tomar control total de esos dos lugares.
Así fue como 1,000 soldados y más de 100 policías llegaron de forma sorpresiva a estas comunidades en busca de criminales, principalmente, para desarticular estructuras dedicadas al comercio de droga al menudeo con la que obtenían ganancias para financiar su accionar.
En las primeras horas de instalado el cerco fueron arrestados más de una veintena de sospechosos, se decomisaron cientos de porciones de droga, armas de fuego y más de $10,000 en efectivo. Así también fue capturado el cabecilla que tenía el monopolio de la venta de droga. Hasta la fecha las detenciones entre ambas comunidades superan las 300, según la Policía.
La permanencia de las fuerzas del orden ha permitido que emprendedores hayan iniciado pequeños negocios y que instituciones gubernamentales como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Salud, Fondo Social para la Vivienda, Banco Hipotecario y la Defensoría del Consumidor ofrecieran sus servicios a los pobladores.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha estado promoviendo en dichas comunidades, los denominados «agromercados», donde emprendedores salvadoreños ofrecen frutas, hortalizas, lácteos y otros productos de la canasta básica que están al alcance de la economía de los ciudadanos.
Nacionales
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Nacionales
Soyapango: vendedores dejan las calles antes del 20 de septiembre; arranca la fase 1 del reordenamiento
La Alcaldía de San Salvador Este informó que comerciantes informales siguen retirando sus puestos de las calles de Soyapango. Lo presenta como desalojo voluntario, primer paso de la revitalización de calles, aceras y espacios públicos. La fase 1 empieza el 20 de septiembre y cubre Calle Roosevelt, 2.ª Calle Oriente, avenida Cuba y los sectores frente a Walmart, Plaza Mundo y la Central de Abastos. En anuncios previos la comuna también incluyó avenida Rosario Sur y el bulevar del Ejército.
El plazo no nació ayer. Los vendedores recibieron notificaciones a inicios de septiembre: fecha límite, el 20. Varios dijeron a La Prensa Gráfica que no se oponen al orden, pero pidieron quedarse hasta diciembre para aprovechar las ventas de fin de año y pagar deudas. El concejal Cayetano Cruz (FMLN) habló de unas 450 familias afectadas y de alternativas poco claras. La alcaldía ha mencionado reubicación en el ex IRA de San Martín y en locales de Soyapango; los comerciantes insisten en que, al notificarlos, no les entregaron un puesto concreto.
Esto ya se ensayó. En junio la comuna retiró 33 puestos de la 8.ª avenida Norte y habló de espacios vacíos en el mercado central; parte de los afectados denunció que el nuevo sitio había que acondicionarlo con su propio dinero. El mismo tipo de reordenamiento se aplicó en los alrededores del Mercado Central de San Salvador Centro. Recuperar aceras es la tesis oficial: peatones y carros sin obstáculo. El otro lado es el ingreso diario de quien lleva años —a veces décadas— vendiendo en la vía pública.
Desde las 10:00 p. m. de este sábado 19 hasta las 6:00 a. m. del domingo 20 hay circulación controlada en 4.ª Avenida Sur (Cuba), 2.ª Calle Oriente, Franklin Roosevelt Oriente y 6.ª Avenida Norte. Quien circule por Soyapango debe buscar ruta alterna. El debate no se acaba el domingo: calles despejadas contra sustento informal. El dato que falta, y que van a exigir los vendedores, es dónde van a trabajar el lunes.

Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.




