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Cercos de seguridad: claves para la tranquilidad de la población salvadoreña
Así como el régimen de excepción ha facilitado la captura de más de 65,795 criminales, así los cercos de seguridad les permitieron a las fuerzas del orden tomar control total de las colonias y comunidades que por años fueron asediadas por mareros.
La estrategia de seguridad fue implementada por primera vez en el municipio de Comasagua, departamento de La Libertad, luego que una estructura de la Mara Salvatrucha asesinara al cuidador de una finca que era víctima de extorsión, según revelaron las investigaciones policiales.
Eran las 2:53 de la madrugada del 2 de octubre de 2022 cuando el presidente Nayib Bukele informó a través de sus redes sociales que todo el municipio había sido cercado con 2,000 soldados para apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC) en la búsqueda de los asesinos.
«Detectamos que la clica Witmer Locos Salvatruchos, del Programa Libertad de la MS13, aún está activa y fue la responsable de un homicidio en Comasagua. 2,000 soldados han cercado el municipio. (…) Los equipos STO de la Policía entrarán en el cerco para identificar y neutralizar a los pandilleros. Los terroristas que logren evadir los operativos no podrán escapar del cerco, el cual se irá cerrando cada vez más, hasta que el último pandillero sea atrapado», advirtió el mandatario.
Luego, el gobernante afirmó que la implementación del cerco de Comasagua había sido un éxito, ya que las fuerzas del orden lograron arrestar a los responsables del homicidio y, a su vez, desarticularon la estructura criminal que delinquía en ese sector y zonas aledañas.
De momento, más de un centenar de pandilleros de ese lugar siguen presos por orden de los tribunales correspondientes que atendieron la petición de la Fiscalía General, de esa manera los fiscales van a profundizar en las investigaciones y la obtención de pruebas que luego serán presentadas a los jueces.
A las 2:57 de la madrugada del 3 de diciembre de 2022, el presidente Bukele anunció que un contingente de 8,500 soldados y 1,500 policías fueron instalados en diferentes sectores de Soyapango como parte de la implementación de un cerco de seguridad.
«A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado», afirmó el mandatario. Agregó que las fuerzas del orden se mantendrán en ese municipio hasta sacar de las colonias y comunidades a todos los mareros que se mantenían escondidos.
Para tranquilidad de la población, las autoridades informaron que los ciudadanos no se verían afectados con esta medida de seguridad, ya que fue pensada para ubicar y extraer a criminales. De hecho, este accionar policial era parte de la fase 5, Extracción, del Plan Control Territorial.
El último reporte dado a conocer por las autoridades revela que más de 1,100 terroristas han sido capturados y que esto coincidió con la reducción significativa de homicidios, extorsiones, así como la recuperación de más de 900 viviendas que estuvieron usurpadas por las pandillas en colonias como La Campanera, Monte Blanco, Las Margaritas y la comunidad 22 de Abril, entre otras, consideradas de alta peligrosidad.
La vida también les cambió a los habitantes de las comunidades Tutunichapa I y La Granjita, en San Salvador, luego que el 24 de diciembre de 2022, el presidente Nayib Bukele ordenara a las fuerzas del orden tomar control total de esos dos lugares.
Así fue como 1,000 soldados y más de 100 policías llegaron de forma sorpresiva a estas comunidades en busca de criminales, principalmente, para desarticular estructuras dedicadas al comercio de droga al menudeo con la que obtenían ganancias para financiar su accionar.
En las primeras horas de instalado el cerco fueron arrestados más de una veintena de sospechosos, se decomisaron cientos de porciones de droga, armas de fuego y más de $10,000 en efectivo. Así también fue capturado el cabecilla que tenía el monopolio de la venta de droga. Hasta la fecha las detenciones entre ambas comunidades superan las 300, según la Policía.
La permanencia de las fuerzas del orden ha permitido que emprendedores hayan iniciado pequeños negocios y que instituciones gubernamentales como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Salud, Fondo Social para la Vivienda, Banco Hipotecario y la Defensoría del Consumidor ofrecieran sus servicios a los pobladores.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha estado promoviendo en dichas comunidades, los denominados «agromercados», donde emprendedores salvadoreños ofrecen frutas, hortalizas, lácteos y otros productos de la canasta básica que están al alcance de la economía de los ciudadanos.
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BCIE aprueba financiamiento de US$155 millones para dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador
Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.
Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva.
La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana. Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.
El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.
Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo integral de El Salvador. Este financiamiento representa una inversión de largo plazo en la competitividad, la conectividad territorial y el bienestar de la población salvadoreña.
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para modificar el contrato de préstamo No. 5851/OC-ES, suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de fortalecer el sistema aduanero y consolidar al país como un referente regional en infraestructura logística y facilitación del comercio.
El empréstito, por un monto de hasta $84 millones, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2024 y ratificado el 22 de mayo del mismo año. Inicialmente, los fondos estaban destinados al Programa de Facilitación Comercial y Modernización de la Operación Portuaria en El Salvador, enfocado principalmente en la reducción de tiempos de espera del transporte de carga en los puertos y en mejorar la eficiencia operativa portuaria.
Sin embargo, el Ejecutivo identificó la necesidad de ampliar el alcance del programa y redirigir las inversiones hacia una modernización más integral de las aduanas y los controles fronterizos del país. Como resultado, el pasado 29 de abril, el Ministerio de Hacienda y el BID firmaron una modificación al contrato de préstamo para adecuar el proyecto a las nuevas prioridades estratégicas del Gobierno.
Durante la sesión de la comisión legislativa, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que uno de los cambios principales será la actualización del nombre del proyecto, que pasará a denominarse Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador.
Según Herrera, esta modificación permitirá incorporar nuevas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física en las aduanas del país, así como la modernización de puestos fronterizos estratégicos, entre ellos la frontera El Poy, ubicada en Chalatenango, uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre con Honduras.
Asimismo, el funcionario detalló que el programa contempla fortalecer el Centro de Control Integrado ubicado en el recinto de San Bartolo, una instalación clave para la supervisión y control de mercancías en el comercio exterior salvadoreño.
La propuesta también incluye la adquisición e implementación de tecnología para mejorar los controles aduaneros y agilizar el manejo de mercancías. Herrera señaló que esto permitirá avanzar en la digitalización y simplificación de los trámites vinculados al comercio exterior, reduciendo tiempos y costos logísticos para empresas importadoras y exportadoras.
Entre las iniciativas previstas se encuentra el desarrollo del Portal de Comercio Exterior, una plataforma digital que centralizará diversos procesos relacionados con importaciones, exportaciones y trámites aduaneros. El proyecto incluye además la compra de equipo informático, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento necesario para mejorar la operatividad de las instituciones involucradas.
De acuerdo con el representante del Ministerio de Hacienda, todas estas acciones buscan incrementar la competitividad del país y generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fortalecer el comercio regional y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas.
Otro de los cambios relevantes dentro de la modificación al préstamo es la sustitución de la entidad ejecutora del programa. En la versión original, la ejecución estaba a cargo del Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), debido a que el enfoque principal se encontraba en las operaciones portuarias.
Con la reestructuración aprobada en comisión, la Dirección General de Aduanas (DGA) asumirá el rol de entidad ejecutora junto al Ministerio de Economía, mientras que CEPA dejará de participar directamente en la administración del programa.
Las autoridades justificaron esta decisión argumentando que la DGA es la institución que actualmente lidera las acciones relacionadas con controles fronterizos, facilitación comercial y modernización aduanera, por lo que su incorporación permitirá una ejecución más eficiente y alineada con las necesidades actuales del país.
Los diputados de la Comisión de Hacienda respaldaron la iniciativa al considerar que fortalecer la infraestructura aduanera y agilizar los procesos comerciales contribuirá a dinamizar la economía nacional y mejorar la posición de El Salvador en materia de comercio internacional.
Además, destacaron que la modernización tecnológica y la digitalización de trámites representan herramientas fundamentales para reducir la burocracia y aumentar la transparencia en los procesos de importación y exportación.
Con esta reforma al préstamo, el Gobierno apuesta por fortalecer la conectividad logística y mejorar las capacidades institucionales vinculadas al comercio exterior, en un contexto donde la competitividad regional depende cada vez más de la eficiencia en los sistemas aduaneros y de transporte de mercancías.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.
Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.
Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.
Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.
Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.
