Internacionales
Pasó su infancia siguiendo los pasos de su padre narco: «Siempre supimos que algo estaba mal»
Corría le década del ochenta y el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan había declarado la «guerra contra las drogas», en un contexto donde el ingreso de toneladas de cocaína y marihuana al país del norte parecía una situación difícil de controlar.
Mientras Pablo Emilio Escobar Gaviria, el fundador y cabecilla del temerario «Cártel de Medellín» se consagraba como uno de los hombres más ricos del mundo al contrabandear alrededor del 80% de la cocaína que ingresaba en los EEUU durante el «apogeo» de su carrera criminal, miles de traficantes de menor calaña intentaban seguirle los pasos al «Patrón».
Entre ellos se encontraba Benjamin Glaser, un hombre norteamericano que como tantos otros contemporáneos, estaba obsesionado con llevar adelante una vida alineada con la idea del éxito material en los EEUU.
Pero a diferencia de la mayoría de las personas, quienes prefieren mantenerse dentro del marco de la legalidad a la hora de llevar adelante sus emprendimientos, Glaser decidió montar un negocio de importaciones con base en San Francisco, de características cuando menos peculiares.
Su «empresa» terminaría ingresando a los EEUU y distribuyendo a distintos mercados internos y externos más de treinta toneladas de marihuana proveniente del Sudeste asiático. Casi cuatro décadas más tarde, Tyler Wetherall, su hija menor, decidió contar su peculiar experiencia de vida como una niña, hija de un narcotraficante que aparentaba ser un padre común.
Sus memorias tituladas «Sin Camino a Casa» brindan una mirada distinta sobre el mundo del tráfico de drogas, una visión desde la perspectiva de los familiares de criminales que, al igual que en otros incontables casos a lo largo de la historia reciente, ignoraban las actividades de sus progenitores hasta que el mundo y la realidad que manejaban se vinieron abajo como un castillo de naipes.
En su libro, Wetherall describe una infancia marcada por la cultura nómade propia de la actividad criminal de su padre: vivió en 13 hogares diferentes y 5 países distintos en una década. La joven nació en 1983 y a los pocos años su familia se vio obligada a migrar a Roma tras enterarse de que el FBI había comenzado a sospechar de la actividad de Glaser, con suficiente evidencia como para procesarlo.
Tiempo más tarde tuvieron que mudarse a Portugal y solo meses después siguieron rumbo al sur de Francia, donde se instalaron en la fastuosa comuna de Lougins y compartieron vecindario con el dictador haitiano Jean Claude Duvallier «Baby Doc» (hijo del mítico Françoise «Papa Doc» Duvallier) y el traficante de armas saudí Adnan Khashoggi.
«Crecimos rodeadas de mucha riqueza, pero como todos a nuestro alrededor vivían de la misma forma, se sentía como algo normal» explicó la escritora en diálogo con el periódico The New York Post, por motivo de la publicación de su libro.
«Ellos intercambiaban información sobre cómo mantenerse a salvo, cómo ingresar a sus hijos a la escuela bajo un nombre falso y hasta como gastar el dinero que había sido obtenido de forma ilícita» detalló Whiterall, quién además recuerda cada mudanza como algo que no se podía cuestionar pero que de cualquier manera odiaba tener que atravesar.
Su madre Sarah, una modelo de origen británico, se cansó de llevar adelante una vida de fugitivos y en 1987 decidió finalmente divorciarse. «Estaba devastada, todos mis cumpleaños deseaba que volvieran a estar juntos». Más allá de su tristeza asociada a la separación de sus padres, Wetherall destaca en su libro que su padre siempre hizo lo imposible para estar presente, ya sea al encontrarse con ellas en los Alpes suizos o en alguna casa segura en Londres.
En 1993, y luego del arresto de varios de sus socios, Scotland Yard decidió ir tras los pasos de Glaser. Luego de requisar el hogar de Londres donde residían las niñas y su madre en busca de evidencias, el escrutinio sobre la familia se volvió más intenso y Tyler se vio obligada a comunicarse con su padre mediante cartas, por el temor de su madre de tener las líneas telefónicas intervenidas por la policía.
«Muchos hombres en su posición hubieran abandonado a su familia, pero aún durante este período papá siempre quiso ser una parte importante de nuestra vida. Fue un padre maravilloso a pesar de las decisiones de vida que tomó» explicó la joven quién detalló que este afán por no cortar relaciones lo llevaría eventualmente a su captura.
En octubre de 1995, una investigación llevada adelante por Scotland Yard y el FBI llevó a dar con el paradero del narcotraficante, gracias al rastro que dejaron sus hijas. Las niñas habían viajado hasta Santa Lucía, en el Caribe, para celebrar el cumpleaños número 12 de Wetherall.
A pesar de que Glaser logró escapar gracias a la advertencia de su ex mujer de que lo estaban siguiendo, cuatro meses más tarde sería finalmente arrestado en la paradisíaca isla. «Creo que se había cansado de correr y escaparse» explicó Wetherall.
Su padre fue sentenciado a 10 años de prisión por una corte de California, pero finalmente terminó cumpliendo una condena de 5 años y 10 meses. Hoy en libertad, trabaja como un asesor financiero mientras que su madre vive en el Reino Unido, ya retirada.
Luego de pasar meses junto a su padre durante la investigación para su libro, Wetherall asegura haberlo perdonado. «Tengo gran admiración por él» concluyó la escritora.
Fuente: Infobae
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
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Epidemia de ébola se extiende a una sexta provincia de República Democrática del Congo
La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) se extendió a una sexta provincia en el norte del país, informó este jueves Jean Kaseya, director de la agencia de salud de la Unión Africana (Africa CDC).
La RDC declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, su decimoséptima epidemia de ébola, considerada ya como la más importante de su historia y en vías de convertirse también en la más mortífera.
Hasta ahora, cinco provincias congoleñas habían reportado casos: Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur; Kivu del Norte; Kivu del Sur; Alto Uelé y Tshopo. A esta lista se suma Bajo Uelé, ubicada en el norte del país y fronteriza con la República Centroafricana.
Kaseya informó que una persona falleció a causa del ébola en Bajo Uelé después de haber viajado desde Alto Uelé, en el noreste del país. El funcionario realizó estas declaraciones durante un intercambio en línea con periodistas este jueves.
Según las autoridades, la actual epidemia ha causado más de 2.128 muertes entre 4.566 casos confirmados, apenas tres meses después de su declaración.
El brote más mortífero registrado anteriormente en el país provocó cerca de 2.300 muertes entre los 3.500 enfermos contabilizados entre 2018 y 2020.
Originada en la provincia de Ituri, en el noreste de la RDC, la actual epidemia afecta a varias provincias del noreste y este del país, algunas densamente pobladas, donde la presencia del Estado es frágil y las infraestructuras sanitarias se encuentran muy desprovistas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el miércoles que espera revertir la tendencia al alza de la epidemia en un plazo de tres meses.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica. En los últimos 50 años, la enfermedad ha causado la muerte de más de 15.000 personas en África.
