Internacionales
Pasó su infancia siguiendo los pasos de su padre narco: «Siempre supimos que algo estaba mal»
Corría le década del ochenta y el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan había declarado la «guerra contra las drogas», en un contexto donde el ingreso de toneladas de cocaína y marihuana al país del norte parecía una situación difícil de controlar.
Mientras Pablo Emilio Escobar Gaviria, el fundador y cabecilla del temerario «Cártel de Medellín» se consagraba como uno de los hombres más ricos del mundo al contrabandear alrededor del 80% de la cocaína que ingresaba en los EEUU durante el «apogeo» de su carrera criminal, miles de traficantes de menor calaña intentaban seguirle los pasos al «Patrón».
Entre ellos se encontraba Benjamin Glaser, un hombre norteamericano que como tantos otros contemporáneos, estaba obsesionado con llevar adelante una vida alineada con la idea del éxito material en los EEUU.
Pero a diferencia de la mayoría de las personas, quienes prefieren mantenerse dentro del marco de la legalidad a la hora de llevar adelante sus emprendimientos, Glaser decidió montar un negocio de importaciones con base en San Francisco, de características cuando menos peculiares.
Su «empresa» terminaría ingresando a los EEUU y distribuyendo a distintos mercados internos y externos más de treinta toneladas de marihuana proveniente del Sudeste asiático. Casi cuatro décadas más tarde, Tyler Wetherall, su hija menor, decidió contar su peculiar experiencia de vida como una niña, hija de un narcotraficante que aparentaba ser un padre común.
Sus memorias tituladas «Sin Camino a Casa» brindan una mirada distinta sobre el mundo del tráfico de drogas, una visión desde la perspectiva de los familiares de criminales que, al igual que en otros incontables casos a lo largo de la historia reciente, ignoraban las actividades de sus progenitores hasta que el mundo y la realidad que manejaban se vinieron abajo como un castillo de naipes.
En su libro, Wetherall describe una infancia marcada por la cultura nómade propia de la actividad criminal de su padre: vivió en 13 hogares diferentes y 5 países distintos en una década. La joven nació en 1983 y a los pocos años su familia se vio obligada a migrar a Roma tras enterarse de que el FBI había comenzado a sospechar de la actividad de Glaser, con suficiente evidencia como para procesarlo.
Tiempo más tarde tuvieron que mudarse a Portugal y solo meses después siguieron rumbo al sur de Francia, donde se instalaron en la fastuosa comuna de Lougins y compartieron vecindario con el dictador haitiano Jean Claude Duvallier «Baby Doc» (hijo del mítico Françoise «Papa Doc» Duvallier) y el traficante de armas saudí Adnan Khashoggi.
«Crecimos rodeadas de mucha riqueza, pero como todos a nuestro alrededor vivían de la misma forma, se sentía como algo normal» explicó la escritora en diálogo con el periódico The New York Post, por motivo de la publicación de su libro.
«Ellos intercambiaban información sobre cómo mantenerse a salvo, cómo ingresar a sus hijos a la escuela bajo un nombre falso y hasta como gastar el dinero que había sido obtenido de forma ilícita» detalló Whiterall, quién además recuerda cada mudanza como algo que no se podía cuestionar pero que de cualquier manera odiaba tener que atravesar.
Su madre Sarah, una modelo de origen británico, se cansó de llevar adelante una vida de fugitivos y en 1987 decidió finalmente divorciarse. «Estaba devastada, todos mis cumpleaños deseaba que volvieran a estar juntos». Más allá de su tristeza asociada a la separación de sus padres, Wetherall destaca en su libro que su padre siempre hizo lo imposible para estar presente, ya sea al encontrarse con ellas en los Alpes suizos o en alguna casa segura en Londres.
En 1993, y luego del arresto de varios de sus socios, Scotland Yard decidió ir tras los pasos de Glaser. Luego de requisar el hogar de Londres donde residían las niñas y su madre en busca de evidencias, el escrutinio sobre la familia se volvió más intenso y Tyler se vio obligada a comunicarse con su padre mediante cartas, por el temor de su madre de tener las líneas telefónicas intervenidas por la policía.
«Muchos hombres en su posición hubieran abandonado a su familia, pero aún durante este período papá siempre quiso ser una parte importante de nuestra vida. Fue un padre maravilloso a pesar de las decisiones de vida que tomó» explicó la joven quién detalló que este afán por no cortar relaciones lo llevaría eventualmente a su captura.
En octubre de 1995, una investigación llevada adelante por Scotland Yard y el FBI llevó a dar con el paradero del narcotraficante, gracias al rastro que dejaron sus hijas. Las niñas habían viajado hasta Santa Lucía, en el Caribe, para celebrar el cumpleaños número 12 de Wetherall.
A pesar de que Glaser logró escapar gracias a la advertencia de su ex mujer de que lo estaban siguiendo, cuatro meses más tarde sería finalmente arrestado en la paradisíaca isla. «Creo que se había cansado de correr y escaparse» explicó Wetherall.
Su padre fue sentenciado a 10 años de prisión por una corte de California, pero finalmente terminó cumpliendo una condena de 5 años y 10 meses. Hoy en libertad, trabaja como un asesor financiero mientras que su madre vive en el Reino Unido, ya retirada.
Luego de pasar meses junto a su padre durante la investigación para su libro, Wetherall asegura haberlo perdonado. «Tengo gran admiración por él» concluyó la escritora.
Fuente: Infobae
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
