Internacionales
Exjuez y hoy ministro de justicia en Brasil es señalado por presuntas ilegalidades contra “Lula” da Silva, un caso similar al del exfiscal Douglas Meléndez en El Salvador
En Brasil se ha desatado en los últimos días un escándalo a nivel judicial, que tiene como principal actor al exjuez y ahora ministro de Justicia, Sergio Moro.
El titular de justicia es señalado de presuntas acciones ilegales hacia el expresidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, específicamente en proceso judicial que se siguió contra da Silva, quien actualmente guarda prisión por actos de corrupción durante su gestión.
Sergio Moro, según información que se origina desde ese país sudamericano y que fue denunciado por el sitio web The Intercept, habría conspirado contra “Lula” da Silva con ayuda de otros fiscales para sacar del poder al Partido de los Trabajadores.
The Intercept asevera que “los fiscales brasileños actuaron deliberadamente y en ocasiones coordinadamente con el juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro para perjudicar al ex presidente Luiz Lula da Silva, encarcelado por corrupción, e impedir que la izquierda (de Brasil) vuelva al poder”.
El portal aseguró que este es «apenas el inicio» de una serie de revelaciones basadas en informaciones entregadas por una «fuente anónima», que demostrarían que los principales responsables de la Operación Lava Jato tuvieron varias intervenciones políticamente motivadas.
Por estos señalamientos, la Orden de Abogados de Brasil pidió el pasado lunes la suspensión del ministro Sergio Moro tras publicarse los referidos reportes de las supuestas irregularidades del entonces juez y los fiscales del caso Lava Jato. La asociación profesional también recomendó que todos los fiscales involucrados sean suspendidos “de forma que la investigación pueda efectuarse sin ninguna sospecha”.
El ex juez Moro ya ha dado su postura sobre dichas acusaciones, al hablar sobre la filtración de sus conversaciones con los fiscales del Lava Jato: «Hay mucho sensacionalismo», ha expresado.
El ahora ministro de justicia de Bolsonaro aseguró que las charlas no revelan ninguna conducta inapropiada y denunció “una invasión criminal de los teléfonos celulares de los fiscales”.
“El juez habla con los fiscales, el juez habla con los abogados, el juez habla con los policías, eso es normal», dijo el ex juez Sergio Moro en diálogo con Folha de Sao Paulo sobre la filtración de sus conversaciones con los fiscales del Lava Jato, el máximo escándalo de corrupción de Brasil. «Hay mucho sensacionalismo encima de estos supuestos mensajes», se quejó.
Para el actual ministro de Justicia de Bolsonaro, «hubo una invasión criminal de los teléfonos celulares de los fiscales». Y agregó: «Para mí este es un hecho muy serio. Y, en cuanto al contenido, en lo que a mí respecta, no he visto mucho».
El domingo por el portal The Intercept Brasil publicó mensajes pirateados en los últimos años entre los fiscales de la operación entre sí y con el entonces juez Sergio Moro. Entre los mensajes publicados, destaca una serie de octubre pasado, cuando los fiscales obraron para impedir que Lula, encarcelado desde abril de 2018, fuera entrevistado por temor a que pudiese beneficiar a su delfín Fernando Haddad en las elecciones presidenciales ganadas por Bolsonaro.
El concejal Carlos Bolsonaro, uno de los tres hijos del jefe de Estado dedicados a la política, se sumó a la batalla. «¿Será una impresión mía, o solamente en Brasil cierta prensa usa una invasión ilegal de algo privado, ignorando la invalidación judicial y la ilegalidad, sin que le importe divulgar con el único fin de quemar al gobierno de Bolsonaro y de defender al sistema?».
Otras conversaciones muestran que el principal fiscal de la fuerza tarea de Lava Jato, Deltan Dallagnol, estaba preocupado por la solidez de las acusaciones presentadas contra Lula para condenarlo como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista entregado por una constructora a cambio de contratos con la estatal Petrobras.
Lula, que purga por ese caso 8 años y 10 meses de cárcel, siempre se declaró inocente y denunció una «persecución judicial» para impedir que su fuerza política, el Partido de los Trabajadores (PT), vuelva al poder
SEÑALAMIENTO SIMILARES EN EL SALVADOR EN CONTRA DEL EXFISCAL DOUGLAS MELÉNDEZ
Este caso del ministro de Justicia, Sergio Moro, se asemeja al que hace meses atrás se desempolvó en El Salvador donde el principal señalado es el exfiscal general Douglas Meléndez.
Meléndez en la actualidad es señalado por usar el poder judicial para neutralizar a enemigos políticos y comerciales, como expresidentes y empresarios.
Sobre el extitular del ministerio público, actualmente pesan demandas por supuestamente coaccionar a fiscales y empleados del ministerio público para que fabricaran pruebas falsas en contra de los imputados del Caso Corruptela. Meléndez también habría amenazado y torturado al exgerente financiero de la presidencia, Francisco Rodríguez Arteaga, para que declarara falsamente en contra de los expresidentes Elías Antonio Saca, quien ya cumple una pena en cárcel por corrupción y de Mauricio Funes Cartagena quien es acusado de desviar al menos $351 millones durante su gestión al frente del ejecutivo.
Por estos casos el exfiscal Meléndez enfrente varias demandas por presuntamente fabricar juicios valiéndose del fraude y tortura.
Actualmente, el ahora fiscal general de la República, Raúl Melara Morán, ha confirmado que existen indicios que probarían que, en efecto, Douglas Meléndez y otros fiscales bajo su mando habrían fabricado pruebas falsas en el Caso Corruptela.
El presidente Donald Trump invitará a Washington a Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia de Venezuela de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.
Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió el poder de lleno con cambios en el gabinete ministerial y en 12 de 28 comandos regionales de la Fuerza Armada.
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Washington informó el miércoles que está prevista la visita de Rodríguez, aunque la visita aún no tiene fecha: «Nada ha sido agendado», indicó.
La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.
La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura del mandatario socialista.
«Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades», dijo este miércoles Rodríguez sin hacer referencia a la invitación.
Ella todavía es sujeto de sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.
Trump dijo en el Foro de Davos que «los líderes del país han sido muy listos», en referencia a Rodríguez. «Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados».
El republicano ya había calificado antes a Rodríguez como «formidable» y había asegurado que con ella «todo anda muy bien».
La nueva presidenta suscribió acuerdos petroleros y accedió a liberar presos políticos, en medio de discusiones para reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.
Trump mantiene en paralelo un frente abierto con la oposición venezolana. Dijo el martes que quería «involucrar» a la jefa de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la gestión del país.
“La gran cooperación”
El último presidente venezolano que viajó a Estados Unidos para una reunión oficial con un presidente estadounidense se remonta a 1990, cuando Carlos Andrés Pérez se reunió con George H. W. Bush.
El giro socialista con Hugo Chávez (1999-2013) enfrió después las relaciones, que rápidamente se volvieron conflictivas.
Investida el 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, Rodríguez hizo numerosas concesiones bajo presión de Estados Unidos. Trump no dudó en amenazarla con un nuevo ataque si no respondía positivamente a sus demandas.
La mandataria apartó a Alex Saab, señalado de testaferro de Maduro, del organismo encargado de captar inversiones internacionales en medio de los planes de Trump para que grandes petroleras estadounidenses vuelvan a operar en el país. Hoy solo lo hace Chevron.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso no obstante en duda este miércoles la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos, recordando que el crudo venezolano es extrapesado y, por lo tanto, complejo y costoso de extraer.
Rodríguez anunció el martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.
Las divisas son vitales para la economía venezolana desde 2018, cuando el dólar se convirtió en la moneda de facto en un contexto de grave crisis económica. Pero a Venezuela le cuesta obtener divisas debido al embargo petrolero impuesto en 2019 por Washington sobre su principal producto de exportación.
Cambios militares
Rodríguez impulsó el miércoles una reorganización de la Fuerza Armada al nombrar a los generales responsables de 12 de las 28 zonas operativas de defensa (ZODI), ubicadas en distintos estados del país.
La mandataria interina ya designó antes a un exjefe del servicio de inteligencia, Sebin, como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.
Entre tanto, el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, negó haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos antes del derrocamiento de Maduro, mientras el partido de gobierno que dirige protesta a diario por el «secuestro» del gobernante depuesto y su esposa, Cilia Flores.
Cabello denunció una «campaña de descrédito» impulsada por la oposición en contra de Rodríguez.
Entre tanto, la liberación de presos políticos avanza a cuentagotas con apenas unas 150 excarcelaciones de un universo que supera los 800.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció por su parte que Venezuela mantiene «centros de detención clandestinos».
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, entregó este miércoles la credencial oficial que acredita a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras.
De acuerdo con el CNE, este acto da por concluido el proceso electoral iniciado con las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las cuales Asfura obtuvo el 40.27 por ciento de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, con el 39.53 por ciento, y Rixi Moncada, de Libre, con el 19.19 por ciento.
El mandatario electo, un exalcalde de la capital de Honduras, asumirá el poder el próximo 27 de enero y sucederá a Xiomara Castro.
La credencial, con un diseño enmarcado por un borde dorado y con el Escudo Nacional de Honduras como elemento central, lleva las firmas de las consejeras Hall y Cossette López, así como del consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández.
De acuerdo con el CNE, este acto da por concluido el proceso electoral iniciado con las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las cuales Asfura obtuvo el 40,.27 por ciento de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, con el 39.53 por ciento, y Rixi Moncada, de Libre, con el 19.19 por ciento.
El mandatario electo, un exalcalde de la capital de Honduras, asumirá el poder el próximo 27 de enero y sucederá a Xiomara Castro.
La credencial, con un diseño enmarcado por un borde dorado y con el Escudo Nacional de Honduras como elemento central, lleva las firmas de las consejeras Hall y Cossette López, así como del consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández.
En la misma jornada, el Parlamento hondureño eligió su junta directiva provisional y se constituirá de manera oficial el 25 de enero, fecha en la que también comenzarán a funcionar las nuevas corporaciones municipales.
Además, el CNE entregó la víspera las credenciales a los alcaldes electos de las 18 cabeceras departamentales y a los 128 diputados que integrarán el Parlamento hondureño.
El pasado 24 de diciembre, el ente electoral declaró presidente electo a Nasry Asfura, para el período 2026-2030.
Esta declaratoria se produjo 24 días después de los comicios, en medio de fallas del sistema de cómputo y denuncias de irregularidades por parte de varios actores políticos.
Internacionales
Venezuela inyecta petrodólares en su economía con el difícil plan de bajar los precios
La primera intervención en meses fue de 300 millones de dólares. Provienen de petróleo vendido a precio de mercado por Estados Unidos, que asumió un rol protagónico en la comercialización de crudo tras deponer a Nicolás Maduro el 3 de enero.
Solo la expectativa de la inyección redujo la brecha cambiaria que llegó al 100 % hace apenas unos días.
Los precios en Venezuela se fijan en dólares, pero muchos pagan en bolívares, la débil moneda local, para aprovechar la diferencia con la tasa del mercado negro.
Y los comerciantes ajustaron los precios y explican que una caída será progresiva, aunque siempre atada al comportamiento del dólar en el largo plazo.
«Nada ha cambiado, todo está igual. Tú vas a comprar a donde vayas a comprar y todo sigue igual», lamentó Dixory Seijas, vendedora informal de 40 años. «Compro lo más esencial, solo lo que más se necesita, porque como la plata no alcanza», comentó a la AFP.
«Los precios entraron en un proceso de expansión terrible. Eso se nota sobre todo en los cárnicos», dijo por su parte Rafael Labrador, abogado de 73 años.
Estabilizar el dólar
Venezuela despenalizó el uso del dólar y levantó controles para combatir la hiperinflación y escasez que padeció entre 2017 y 2022.
Desde entonces el gobierno, bajo la conducción económica de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, empezó a inyectar petrodólares recurrentemente para controlar el mercado.
Ahora como presidenta, Rodríguez vuelve a recurrir al dólar para intentar estabilizar la economía.
Al anunciar el martes el ingreso de los primeros 300 millones, la presidenta dijo que están destinados a «proteger (a la población) del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario».
Analistas creen que la inyección es un buen paso para estabilizar la economía, pero requerirá más divisas consistentemente.
El director de la consultora Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, cree que de no haber anuncios de un flujo constante de divisas y una oferta a verdaderos precios de mercado el país va «a tener de nuevo una depreciación importante en la moneda».
Considera además que no puede utilizarse el control del tipo de cambio como una política antiinflacionaria. «Debería ser a través de la política fiscal que se logre reducir los precios», dijo a la AFP.
Sin poder adquisitivo
El dólar paralelo llegó a superar los 900 bolívares poco después del ataque de Estados Unidos del 3 de enero. En las semanas previas, fuerzas estadounidenses impidieron la salida de buques con petróleo venezolano, sometido a sanciones desde 2019.
Pero luego de la primera venta en coordinación con Estados Unidos, el tipo de cambio paralelo bajó a unos 460 bolívares por dólar.
Desde el poder, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, exigió a los comercios ajustar los precios.
«Tienen que hacerlo, es su obligación, porque a veces pasa que suben el precio y, cuando el dólar baja, se hacen los pendejos (tontos)», dijo el miércoles al hablar de la reforma a la ley de Hidrocarburos, que se espera facilite los negocios con Estados Unidos e incremente el flujo de dólares.
La inflación y la desvalorización de la moneda hicieron trizas hace años el precario ingreso promedio de los venezolanos. El sueldo mínimo es de menos de un dólar, lo mismo que recibe un pensionado.
El gobierno entrega bonos a discreción para complementar.
Organizaciones sindicales exigieron el lunes que los recursos petroleros se utilicen para mejorar el ingreso de los venezolanos y reforzar las pensiones. «Todos los meses el pensionado tiene que decidir de qué morirse, si de hambre o de enfermedad», reclamó ante la AFP Josefina Guerra, dirigente sindical.
