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Exjuez y hoy ministro de justicia en Brasil es señalado por presuntas ilegalidades contra “Lula” da Silva, un caso similar al del exfiscal Douglas Meléndez en El Salvador
En Brasil se ha desatado en los últimos días un escándalo a nivel judicial, que tiene como principal actor al exjuez y ahora ministro de Justicia, Sergio Moro.
El titular de justicia es señalado de presuntas acciones ilegales hacia el expresidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, específicamente en proceso judicial que se siguió contra da Silva, quien actualmente guarda prisión por actos de corrupción durante su gestión.
Sergio Moro, según información que se origina desde ese país sudamericano y que fue denunciado por el sitio web The Intercept, habría conspirado contra “Lula” da Silva con ayuda de otros fiscales para sacar del poder al Partido de los Trabajadores.
The Intercept asevera que “los fiscales brasileños actuaron deliberadamente y en ocasiones coordinadamente con el juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro para perjudicar al ex presidente Luiz Lula da Silva, encarcelado por corrupción, e impedir que la izquierda (de Brasil) vuelva al poder”.
El portal aseguró que este es «apenas el inicio» de una serie de revelaciones basadas en informaciones entregadas por una «fuente anónima», que demostrarían que los principales responsables de la Operación Lava Jato tuvieron varias intervenciones políticamente motivadas.
Por estos señalamientos, la Orden de Abogados de Brasil pidió el pasado lunes la suspensión del ministro Sergio Moro tras publicarse los referidos reportes de las supuestas irregularidades del entonces juez y los fiscales del caso Lava Jato. La asociación profesional también recomendó que todos los fiscales involucrados sean suspendidos “de forma que la investigación pueda efectuarse sin ninguna sospecha”.
El ex juez Moro ya ha dado su postura sobre dichas acusaciones, al hablar sobre la filtración de sus conversaciones con los fiscales del Lava Jato: «Hay mucho sensacionalismo», ha expresado.
El ahora ministro de justicia de Bolsonaro aseguró que las charlas no revelan ninguna conducta inapropiada y denunció “una invasión criminal de los teléfonos celulares de los fiscales”.
“El juez habla con los fiscales, el juez habla con los abogados, el juez habla con los policías, eso es normal», dijo el ex juez Sergio Moro en diálogo con Folha de Sao Paulo sobre la filtración de sus conversaciones con los fiscales del Lava Jato, el máximo escándalo de corrupción de Brasil. «Hay mucho sensacionalismo encima de estos supuestos mensajes», se quejó.
Para el actual ministro de Justicia de Bolsonaro, «hubo una invasión criminal de los teléfonos celulares de los fiscales». Y agregó: «Para mí este es un hecho muy serio. Y, en cuanto al contenido, en lo que a mí respecta, no he visto mucho».
El domingo por el portal The Intercept Brasil publicó mensajes pirateados en los últimos años entre los fiscales de la operación entre sí y con el entonces juez Sergio Moro. Entre los mensajes publicados, destaca una serie de octubre pasado, cuando los fiscales obraron para impedir que Lula, encarcelado desde abril de 2018, fuera entrevistado por temor a que pudiese beneficiar a su delfín Fernando Haddad en las elecciones presidenciales ganadas por Bolsonaro.
El concejal Carlos Bolsonaro, uno de los tres hijos del jefe de Estado dedicados a la política, se sumó a la batalla. «¿Será una impresión mía, o solamente en Brasil cierta prensa usa una invasión ilegal de algo privado, ignorando la invalidación judicial y la ilegalidad, sin que le importe divulgar con el único fin de quemar al gobierno de Bolsonaro y de defender al sistema?».
Otras conversaciones muestran que el principal fiscal de la fuerza tarea de Lava Jato, Deltan Dallagnol, estaba preocupado por la solidez de las acusaciones presentadas contra Lula para condenarlo como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista entregado por una constructora a cambio de contratos con la estatal Petrobras.
Lula, que purga por ese caso 8 años y 10 meses de cárcel, siempre se declaró inocente y denunció una «persecución judicial» para impedir que su fuerza política, el Partido de los Trabajadores (PT), vuelva al poder
SEÑALAMIENTO SIMILARES EN EL SALVADOR EN CONTRA DEL EXFISCAL DOUGLAS MELÉNDEZ
Este caso del ministro de Justicia, Sergio Moro, se asemeja al que hace meses atrás se desempolvó en El Salvador donde el principal señalado es el exfiscal general Douglas Meléndez.
Meléndez en la actualidad es señalado por usar el poder judicial para neutralizar a enemigos políticos y comerciales, como expresidentes y empresarios.
Sobre el extitular del ministerio público, actualmente pesan demandas por supuestamente coaccionar a fiscales y empleados del ministerio público para que fabricaran pruebas falsas en contra de los imputados del Caso Corruptela. Meléndez también habría amenazado y torturado al exgerente financiero de la presidencia, Francisco Rodríguez Arteaga, para que declarara falsamente en contra de los expresidentes Elías Antonio Saca, quien ya cumple una pena en cárcel por corrupción y de Mauricio Funes Cartagena quien es acusado de desviar al menos $351 millones durante su gestión al frente del ejecutivo.
Por estos casos el exfiscal Meléndez enfrente varias demandas por presuntamente fabricar juicios valiéndose del fraude y tortura.
Actualmente, el ahora fiscal general de la República, Raúl Melara Morán, ha confirmado que existen indicios que probarían que, en efecto, Douglas Meléndez y otros fiscales bajo su mando habrían fabricado pruebas falsas en el Caso Corruptela.
Una ruta de transporte público en San Pedro Sula, Honduras, se encuentra paralizada debido a amenazas de extorsión atribuidas a estructuras criminales que operan en la zona, según denunciaron transportistas.
De acuerdo con los conductores, el servicio dejó de operar desde el pasado fin de semana por temor a represalias, luego de que recibieran un teléfono celular que presuntamente sería utilizado para comunicarse con ellos y exigir pagos de dinero.
Los transportistas señalaron que la situación ha generado preocupación entre los trabajadores del sector, quienes decidieron suspender labores como medida de seguridad mientras se espera una respuesta de las autoridades.
Las operaciones se ejecutan en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, las más golpeadas por la violencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico, extorsión y sicariato.
La primera jornada de operativos dejó 253 detenidos «mayormente (por) violación de toque de queda, porte de armas» y la destrucción de tres «objetivos militares» como depósitos de armamento, señaló la cartera.
También se logró la detención de «un jefe de sicarios que estaba operando en algunas provincias», declaró el ministro del Interior, John Reimberg, al canal Teleamazonas.
Las fuerzas del orden además ejecutan operativos contra la minería ilegal con el «uso de artillería», dijo el titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
La provincia de El Oro, en el suroeste del país, fronteriza con Perú, es centro de la disputa entre las bandas de Los Lobos y los Sao Box, dedicados a la minería ilegal.
El gobierno desplegó 75.000 militares con apoyo de Washington para compartir información y fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad ecuatorianos.
«Los toques de queda son buenos solo para las calles principales, ahí se ponen los militares y hacen requisas. Dentro de los barrios los pillos se pasean con fusiles», comentó a la AFP antes del inicio del toque de queda Lenín Baldeón, un guardia de seguridad de 49 años que trabaja en Guayaquil (capital de Guayas).
Aunque temen más pérdidas económicas, dueños de negocios nocturnos confían tener unos días de paz.
Esperamos «al menos en estos 15 días recuperar algo de seguridad», señaló a la AFP Ernesto Vásquez, vicepresidente de los centros nocturnos de Guayas, quien lamenta las extorsiones que sufren comerciantes.
Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por Donald Trump para combatir el narcotráfico en la región, tras un acuerdo sellado a comienzos de mes en Miami bajo el nombre de «Escudo de las Américas».
Durante el toque de queda, de 23H00 a 05H00 locales (04H00 GMT a 10H00 GMT), solamente pueden salir personal de salud y de emergencias, así como viajantes que vayan con su boleto en mano.
El rey de España, Felipe VI, reconoció este lunes que hubo «mucho abuso» durante la conquista española de América, pese al «afán de protección» hacia los indígenas por parte de los reyes católicos, tras años de tensiones con México que exige disculpas por este tema.
«Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias», tuvieron «un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso», indicó el jefe del Estado español.
Felipe VI pronunció estas palabras durante una visita a una exposición titulada «La mujer en el México indígena» en el madrileño Museo Arqueológico Nacional, según un video editado y publicado por la Casa Real en X.
México y España han experimentado tensiones desde que en 2019 el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador enviara una carta a Madrid exigiendo a la Corona una disculpa por los abusos durante la Conquista.
El reclamo de López Obrador (2018-2024), correligionario de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien renovó los llamados a una disculpa oficial, enfrió las relaciones bilaterales.
En su conversación con otras autoridades, entre ellas el embajador de México en España, Felipe VI habló de la necesidad de conocer la historia pese a que haya situaciones que «no pueden hacernos sentir orgullosos».
«Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, dices: ‘Bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos’», señaló el monarca.
«Pero hay que conocerlas y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso» para «sacar lecciones», agregó.
Esta es la primera vez que Felipe VI aborda este tema desde que estalló la polémica con México.
En octubre pasado, al inaugurar precisamente la exposición que este lunes visitó Felipe VI, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reconoció el «dolor e injusticia» causado a «los pueblos originarios» en América.
La presidenta mexicana saludó esas palabras y dijo que eran el «primer paso» del gobierno de España para reconocer los abusos cometidos.
Pocos días después, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, aseguró que normalizar las relaciones con México era una «prioridad» tras años de tensiones por el pasado colonial de España.
