Internacionales
Exjuez y hoy ministro de justicia en Brasil es señalado por presuntas ilegalidades contra “Lula” da Silva, un caso similar al del exfiscal Douglas Meléndez en El Salvador
En Brasil se ha desatado en los últimos días un escándalo a nivel judicial, que tiene como principal actor al exjuez y ahora ministro de Justicia, Sergio Moro.
El titular de justicia es señalado de presuntas acciones ilegales hacia el expresidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, específicamente en proceso judicial que se siguió contra da Silva, quien actualmente guarda prisión por actos de corrupción durante su gestión.
Sergio Moro, según información que se origina desde ese país sudamericano y que fue denunciado por el sitio web The Intercept, habría conspirado contra “Lula” da Silva con ayuda de otros fiscales para sacar del poder al Partido de los Trabajadores.
The Intercept asevera que “los fiscales brasileños actuaron deliberadamente y en ocasiones coordinadamente con el juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro para perjudicar al ex presidente Luiz Lula da Silva, encarcelado por corrupción, e impedir que la izquierda (de Brasil) vuelva al poder”.
El portal aseguró que este es «apenas el inicio» de una serie de revelaciones basadas en informaciones entregadas por una «fuente anónima», que demostrarían que los principales responsables de la Operación Lava Jato tuvieron varias intervenciones políticamente motivadas.
Por estos señalamientos, la Orden de Abogados de Brasil pidió el pasado lunes la suspensión del ministro Sergio Moro tras publicarse los referidos reportes de las supuestas irregularidades del entonces juez y los fiscales del caso Lava Jato. La asociación profesional también recomendó que todos los fiscales involucrados sean suspendidos “de forma que la investigación pueda efectuarse sin ninguna sospecha”.
El ex juez Moro ya ha dado su postura sobre dichas acusaciones, al hablar sobre la filtración de sus conversaciones con los fiscales del Lava Jato: «Hay mucho sensacionalismo», ha expresado.
El ahora ministro de justicia de Bolsonaro aseguró que las charlas no revelan ninguna conducta inapropiada y denunció “una invasión criminal de los teléfonos celulares de los fiscales”.
“El juez habla con los fiscales, el juez habla con los abogados, el juez habla con los policías, eso es normal», dijo el ex juez Sergio Moro en diálogo con Folha de Sao Paulo sobre la filtración de sus conversaciones con los fiscales del Lava Jato, el máximo escándalo de corrupción de Brasil. «Hay mucho sensacionalismo encima de estos supuestos mensajes», se quejó.
Para el actual ministro de Justicia de Bolsonaro, «hubo una invasión criminal de los teléfonos celulares de los fiscales». Y agregó: «Para mí este es un hecho muy serio. Y, en cuanto al contenido, en lo que a mí respecta, no he visto mucho».
El domingo por el portal The Intercept Brasil publicó mensajes pirateados en los últimos años entre los fiscales de la operación entre sí y con el entonces juez Sergio Moro. Entre los mensajes publicados, destaca una serie de octubre pasado, cuando los fiscales obraron para impedir que Lula, encarcelado desde abril de 2018, fuera entrevistado por temor a que pudiese beneficiar a su delfín Fernando Haddad en las elecciones presidenciales ganadas por Bolsonaro.
El concejal Carlos Bolsonaro, uno de los tres hijos del jefe de Estado dedicados a la política, se sumó a la batalla. «¿Será una impresión mía, o solamente en Brasil cierta prensa usa una invasión ilegal de algo privado, ignorando la invalidación judicial y la ilegalidad, sin que le importe divulgar con el único fin de quemar al gobierno de Bolsonaro y de defender al sistema?».
Otras conversaciones muestran que el principal fiscal de la fuerza tarea de Lava Jato, Deltan Dallagnol, estaba preocupado por la solidez de las acusaciones presentadas contra Lula para condenarlo como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista entregado por una constructora a cambio de contratos con la estatal Petrobras.
Lula, que purga por ese caso 8 años y 10 meses de cárcel, siempre se declaró inocente y denunció una «persecución judicial» para impedir que su fuerza política, el Partido de los Trabajadores (PT), vuelva al poder
SEÑALAMIENTO SIMILARES EN EL SALVADOR EN CONTRA DEL EXFISCAL DOUGLAS MELÉNDEZ
Este caso del ministro de Justicia, Sergio Moro, se asemeja al que hace meses atrás se desempolvó en El Salvador donde el principal señalado es el exfiscal general Douglas Meléndez.
Meléndez en la actualidad es señalado por usar el poder judicial para neutralizar a enemigos políticos y comerciales, como expresidentes y empresarios.
Sobre el extitular del ministerio público, actualmente pesan demandas por supuestamente coaccionar a fiscales y empleados del ministerio público para que fabricaran pruebas falsas en contra de los imputados del Caso Corruptela. Meléndez también habría amenazado y torturado al exgerente financiero de la presidencia, Francisco Rodríguez Arteaga, para que declarara falsamente en contra de los expresidentes Elías Antonio Saca, quien ya cumple una pena en cárcel por corrupción y de Mauricio Funes Cartagena quien es acusado de desviar al menos $351 millones durante su gestión al frente del ejecutivo.
Por estos casos el exfiscal Meléndez enfrente varias demandas por presuntamente fabricar juicios valiéndose del fraude y tortura.
Actualmente, el ahora fiscal general de la República, Raúl Melara Morán, ha confirmado que existen indicios que probarían que, en efecto, Douglas Meléndez y otros fiscales bajo su mando habrían fabricado pruebas falsas en el Caso Corruptela.
Como parte de los acuerdos de cooperación y de la lucha conjunta contra el crimen organizado transnacional, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), mediante la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, ha requerido al gobierno de Guatemala registrar y documentar los tatuajes que posean los reclusos.
Dicha medida busca cotejar información que pueda ligar a los detenidos con grupos criminales que operan en diversos países, con el fin de facilitar las investigaciones.
La medida está siendo implementada por el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y el Sistema Penitenciario (SP). Las autoridades continuamente realizan operativos sorpresa en diferentes centros penales.
En el marco de la aprobación de la Ley Antipandillas en Guatemala, en noviembre pasado, se comenzó a implementar el registro biométrico de los reclusos; el cual consiste en censar huellas dactilares, rasgos faciales, escaneo de iris, y recientemente la documentación de tatuajes, ya que a través de estos es posible descifrar la pertenencia a maras, pandillas u otros grupos delictivos que operen de manera coordinada en diversas naciones.
«Los tatuajes representan un elemento clave de identificación, ya que muchos están vinculados a estructuras criminales específicas o contienen símbolos únicos que facilitan la verificación de antecedentes a nivel internacional y la vinculación con esas organizaciones», aseguró una fuente interna del Sistema Penitenciario al medio guatemalteco Prensa Libre.
Tanto el ministro de Gobernación y la Embajada de Estados Unidos en dicho país «destacaron la importancia de continuar con la cooperación y el trabajo articulado para fortalecer la gobernanza democrática e impulsar iniciativas de interés. Esto, con el objetivo de contrarrestar y enfrentar las amenazas de seguridad», aseguró la cartera de Estado en X.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, dialogarán sobre comercio, migración y seguridad durante el encuentro que sostendrán este sábado en Florida, informó el viernes el mandatario centroamericano.
Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, recibió durante la campaña el firme apoyo de Trump. El mandatario estadounidense amenazó con cortar la ayuda al empobrecido país si el empresario conservador no resultaba electo en las presidenciales.
A las puertas de la votación, Trump también indultó al exmandatario conservador y copartidario de Asfura, Juan Orlando Hernández, quien cumplía una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico.
«Estamos en toda la disposición para empezar de inmediato las pláticas», dijo Asfura antes de viajar este viernes a Florida en vuelo comercial para reunirse con Trump en su lujoso complejo de Mar-a-Lago.
En la agenda figuran temas como los aranceles que impuso Trump a las exportaciones hondureñas, como parte de su política proteccionista, según el mandatario, que evocó recientes acuerdos comerciales alcanzados por Guatemala y El Salvador con Washington.
Estados Unidos es el destino del 60% de las exportaciones de Honduras, uno de los países más empobrecidos y golpeados por la violencia del crimen organizado de Latinoamérica.
También estará sobre la mesa el asunto migratorio, y en particular la aspiración de Asfura de que Trump restablezca un estatuto especial que protegía a miles de hondureños de la deportación.
Asfura recordó que más de dos millones de hondureños residen en Estados Unidos y sus remesas representan 27% del Producto Interno Bruto del país.
El mandatario busca además atraer inversiones estadounidenses, y puso como ejemplo proyectos recientes de empresas como Cargill, Martori, Farm y OPC.
En medio del pulso entre Estados Unidos y China, Asfura ha dicho que evaluará retomar los vínculos con Taiwán.
Honduras entabló relaciones con China en 2023 bajo el anterior gobierno de la izquierdista Xiomara Castro.
Internacionales
Matan en México un narco implicado en el asesinato del futbolista colombiano Andrés Escobar
Un narcotraficante vinculado con la muerte a tiros del futbolista colombiano Andrés Escobar, quien marcó un autogol en el Mundial de 1994, fue asesinado en México, informó este viernes el presidente Gustavo Petro.
El nombre de Santiago Gallón Henao apareció en la investigación por la muerte del central de la selección Colombia, baleado en Medellín días después de marcar un gol en contra ante Estados Unidos durante un partido de la fase de grupos del torneo celebrado en ese país.
El crimen sacudió al mundo del fútbol ya Colombia, que vivía una de sus épocas más violentas por la violencia del narcotráfico tras la muerte dos años atrás a manos de uniformados de Pablo Escobar, que no tenía parentesco con el deportista.
Versiones indican que Santiago Gallón Henao y su hermano Pedro David increparon e insultaron a Andrés Escobar en una discoteca la noche del homicidio, el 2 de julio de 1994, apenas 10 días después del autogol.
El chófer de los hermanos, Humberto Muñoz, admitió haber disparado al futbolista de 27 años, supuestamente para defender a sus jefes en una situación de peligro. Fue condenado a 43 años de cárcel en 1995 y recobró la libertad en 2005 al recibir una rebaja de condena.
Petro aseguró en la red X este viernes que Santiago Gallón fue asesinado el jueves en México y lo señaló como autor del crimen contra el defensor, que en aquel momento jugaba para Atlético Nacional.
Ese asesinato «acabó con la imagen internacional del país», sostuvo el mandatario izquierdista.
Una fuente de la fiscalía de Toluca aseguró a la AFP que Santiago Gallón fue asesinado a balazos en un restaurante de Huixquilucan, municipio del Estado de México.
Según testimonios de familiares, «se dedicaba a la ganadería y se iba a reunir con ganaderos» en el lugar donde ocurrió el crimen, agregó el responsable, que pidió anonimato.
Santiago y Pedro David Gallón fueron investigados por encubrimiento y pasaron 15 meses en prisión sin llegar a ser juzgados.
Los hermanos fueron incluidos en 2015 en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por narcotráfico al ser designados como miembros de La Oficina de Envigado, una organización criminal heredera del Cartel de Medellín de Pablo Escobar.
José Guillermo Gallón Henao, otro de sus hermanos, fue extraditado a Estados Unidos en 2011, acusado de tener negocios con el capo mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán.
