Internacionales
Exjuez y hoy ministro de justicia en Brasil es señalado por presuntas ilegalidades contra “Lula” da Silva, un caso similar al del exfiscal Douglas Meléndez en El Salvador
En Brasil se ha desatado en los últimos días un escándalo a nivel judicial, que tiene como principal actor al exjuez y ahora ministro de Justicia, Sergio Moro.
El titular de justicia es señalado de presuntas acciones ilegales hacia el expresidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, específicamente en proceso judicial que se siguió contra da Silva, quien actualmente guarda prisión por actos de corrupción durante su gestión.
Sergio Moro, según información que se origina desde ese país sudamericano y que fue denunciado por el sitio web The Intercept, habría conspirado contra “Lula” da Silva con ayuda de otros fiscales para sacar del poder al Partido de los Trabajadores.
The Intercept asevera que “los fiscales brasileños actuaron deliberadamente y en ocasiones coordinadamente con el juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro para perjudicar al ex presidente Luiz Lula da Silva, encarcelado por corrupción, e impedir que la izquierda (de Brasil) vuelva al poder”.
El portal aseguró que este es «apenas el inicio» de una serie de revelaciones basadas en informaciones entregadas por una «fuente anónima», que demostrarían que los principales responsables de la Operación Lava Jato tuvieron varias intervenciones políticamente motivadas.
Por estos señalamientos, la Orden de Abogados de Brasil pidió el pasado lunes la suspensión del ministro Sergio Moro tras publicarse los referidos reportes de las supuestas irregularidades del entonces juez y los fiscales del caso Lava Jato. La asociación profesional también recomendó que todos los fiscales involucrados sean suspendidos “de forma que la investigación pueda efectuarse sin ninguna sospecha”.
El ex juez Moro ya ha dado su postura sobre dichas acusaciones, al hablar sobre la filtración de sus conversaciones con los fiscales del Lava Jato: «Hay mucho sensacionalismo», ha expresado.
El ahora ministro de justicia de Bolsonaro aseguró que las charlas no revelan ninguna conducta inapropiada y denunció “una invasión criminal de los teléfonos celulares de los fiscales”.
“El juez habla con los fiscales, el juez habla con los abogados, el juez habla con los policías, eso es normal», dijo el ex juez Sergio Moro en diálogo con Folha de Sao Paulo sobre la filtración de sus conversaciones con los fiscales del Lava Jato, el máximo escándalo de corrupción de Brasil. «Hay mucho sensacionalismo encima de estos supuestos mensajes», se quejó.
Para el actual ministro de Justicia de Bolsonaro, «hubo una invasión criminal de los teléfonos celulares de los fiscales». Y agregó: «Para mí este es un hecho muy serio. Y, en cuanto al contenido, en lo que a mí respecta, no he visto mucho».
El domingo por el portal The Intercept Brasil publicó mensajes pirateados en los últimos años entre los fiscales de la operación entre sí y con el entonces juez Sergio Moro. Entre los mensajes publicados, destaca una serie de octubre pasado, cuando los fiscales obraron para impedir que Lula, encarcelado desde abril de 2018, fuera entrevistado por temor a que pudiese beneficiar a su delfín Fernando Haddad en las elecciones presidenciales ganadas por Bolsonaro.
El concejal Carlos Bolsonaro, uno de los tres hijos del jefe de Estado dedicados a la política, se sumó a la batalla. «¿Será una impresión mía, o solamente en Brasil cierta prensa usa una invasión ilegal de algo privado, ignorando la invalidación judicial y la ilegalidad, sin que le importe divulgar con el único fin de quemar al gobierno de Bolsonaro y de defender al sistema?».
Otras conversaciones muestran que el principal fiscal de la fuerza tarea de Lava Jato, Deltan Dallagnol, estaba preocupado por la solidez de las acusaciones presentadas contra Lula para condenarlo como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista entregado por una constructora a cambio de contratos con la estatal Petrobras.
Lula, que purga por ese caso 8 años y 10 meses de cárcel, siempre se declaró inocente y denunció una «persecución judicial» para impedir que su fuerza política, el Partido de los Trabajadores (PT), vuelva al poder
SEÑALAMIENTO SIMILARES EN EL SALVADOR EN CONTRA DEL EXFISCAL DOUGLAS MELÉNDEZ
Este caso del ministro de Justicia, Sergio Moro, se asemeja al que hace meses atrás se desempolvó en El Salvador donde el principal señalado es el exfiscal general Douglas Meléndez.
Meléndez en la actualidad es señalado por usar el poder judicial para neutralizar a enemigos políticos y comerciales, como expresidentes y empresarios.
Sobre el extitular del ministerio público, actualmente pesan demandas por supuestamente coaccionar a fiscales y empleados del ministerio público para que fabricaran pruebas falsas en contra de los imputados del Caso Corruptela. Meléndez también habría amenazado y torturado al exgerente financiero de la presidencia, Francisco Rodríguez Arteaga, para que declarara falsamente en contra de los expresidentes Elías Antonio Saca, quien ya cumple una pena en cárcel por corrupción y de Mauricio Funes Cartagena quien es acusado de desviar al menos $351 millones durante su gestión al frente del ejecutivo.
Por estos casos el exfiscal Meléndez enfrente varias demandas por presuntamente fabricar juicios valiéndose del fraude y tortura.
Actualmente, el ahora fiscal general de la República, Raúl Melara Morán, ha confirmado que existen indicios que probarían que, en efecto, Douglas Meléndez y otros fiscales bajo su mando habrían fabricado pruebas falsas en el Caso Corruptela.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
