Internacionales
Entra en vigencia ley que considera como violación cualquier acto sexual sin acuerdo explícito
Una ley sobre el consentimiento sexual, que considera como violación cualquier acto sexual sin acuerdo explícito, incluso en ausencia de amenaza o violencia, entró en vigor este domingo en Suecia, después de la conmoción que generó en el país la campaña #MeToo.
El texto prevé que una persona es culpable de violación si lleva a cabo un acto sexual con otra persona que no haya participado «libremente» en él.
Antes se hablaba jurídicamente de violación solamente si el acto sexual estaba acompañado por violencia o se realizaba bajo la amenaza. Desde ahora, los tribunales estarán atentos a que «el consentimiento sea expresado con palabras, gestos o de otra manera», elementos sobre los que los jueces deberán dictaminar.
«No hay en absoluto ninguna exigencia de decir sí formalmente, de apoyar un botón en una aplicación o de algo parecido. Simplemente participar físicamente es ya una señal de consentimiento» recuerda a la agencia local TT Anna Hannell, jueza que participó en la elaboración de la ley.
La ley, adoptada a fines de mayo gracias a una mayoría socialdemócrata y ecologista, es muy criticada por la orden de abogados y el Consejo de las Leyes, que se interrogan sobre su implementación. Para este órgano, la nueva ley obligará a una evaluación arbitraria por parte del tribunal sobre la existencia o no de un consentimiento.
El gobierno considera en cambio que envía un claro mensaje. Además decidió el domingo otorgar 120 millones de coronas (11,5 millones de euros, 13,3 millones de dólares) a la lucha contra el acoso y las violencias sexuales.
«#MeToo ha mostrado con claridad que queda mucho más por hacer para luchar contra el acoso y las violencias sexuales en el trabajo y en el resto de la sociedad» explicó la ministra de Paridad, Lena Hallengren, en un comunicado.
El objetivo es cambiar los hábitos de conducta en un país donde la igualdad hombres-mujeres es considerada como una de las más exitosas en el mundo.
«La legislación es normativa. Envía una señal. Los adultos deben tener el valor de conversar con los más jóvenes sobre lo que es el consentimiento», afirma la radio pública SR Emil Gustavsson, de la organización «Hombres por la patria».
La campaña #MeToo para denunciar las agresiones sexuales, generada por una sucesión de acusaciones contra el magnate de Hollywood Harvey Weinstein, ha conmocionado todos los estratos de la sociedad sueca.
«#MeToo cambia los comportamientos y la gente comprende hasta qué punto está extendida la violencia sexual» dice a la AFP Ida Östensson, que creó la fundación Make Equal que milita por esta nueva ley desde 2013.
Según ella, han cambiado las mentalidades pero es necesaria «tener al fin una legislación que proteja la integridad física y sexual».
Amnistía Internacional señaló en un comunicado que la aprobación de la nueva ley supone «una enorme victoria» para los derechos de las activistas suecas. «Este cambio legal convertirá a Suecia solo en el décimo país en Europa que reconoce que el sexo sin consentimiento es violación. La mayoría de países aún define la violación basándose en la fuerza física, la amenaza y la coerción», dijo Anna Blus, experta en derechos humanos de esa ONG.
Según las estadísticas más recientes, en 2017 más de 7.000 querellas por violación fueron interpuestas en Suecia, 10% más que el año anterior.
La violación es castigada en este país con seis años de prisión y diez si la víctima es menor.
Cuatro astronautas despegarán para volver a dotar de personal la Estación Espacial Internacional (EEI) la próxima semana, informó la NASA el viernes, tras la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.
La NASA anunció que la nueva misión, llamada Crew-12, despegará en el cohete Falcon 9 de SpaceX a primera hora del miércoles, con el lanzamiento «previsto para no antes de las 6H01 a.m.» hora local (11H01 GMT).
La confirmación aporta una pizca de certeza a la Crew-12, que había afrontado problemas de último minuto con el cohete y cambios de personal.
A principios de esta semana, SpaceX había dejado en tierra sus cohetes Falcon 9 mientras investigaba lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) describió como una «falla de encendido del motor de la segunda etapa».
«El vehículo Falcon 9 está autorizado para volver a volar», dijo el viernes a la AFP un portavoz de la FAA.
La pausa temporal por parte de SpaceX generó preocupaciones de que el vuelo de la Crew-12 pudiera haberse retrasado.
La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.
Militares y agentes federales capturaron en el estado mexicano de Querétaro (centro) a 30 integrantes de una célula criminal ligada al poderoso cártel de Sinaloa, informó este viernes la secretaría de Seguridad Federal.
Los detenidos son 21 hombres y nueve mujeres señaladas de ser presuntos vendedores de drogas y extorsionadores de la banda criminal conocida como Los Salazar. Entre los capturados está uno de sus jefes, Diego «N», alias ‘El Flaco’ (por ley se reservan los apellidos).
Este grupo criminal es «afín al cártel de Sinaloa» y las capturas fueron resultado de cuatro meses de investigación, escribió en la red social X el secretario de seguridad mexicano Omar García Harfuch.
Un comunicado de la dependencia detalló que las capturas se realizaron en doce operativos en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre.
«Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información», añadió el comunicado.
Estas detenciones se conocen luego de que el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro para participar con autoridades locales en un evento público.
El gobierno mexicano ha multiplicado sus operativos contra el narcotráfico en medio de reclamos y amenazas de imponer aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.
Tras dos semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció este viernes la suspensión del dragado del río Tapajós, en la Amazonía, donde pueblos nativos rechazan la explotación fluvial para la exportación de granos.
Cientos de indígenas acamparon durante días frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte brasileño, para llamar la atención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
«Frente a la movilización de pueblos indígenas y (…) como gesto de negociación», el gobierno suspendió el proceso de contratación de una empresa para las obras de dragado anual del Tapajós, en el estado de Pará, según una nota oficial.
Pueblos amazónicos alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida, una queja que ya expresaron en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre.
Piden la derogación de un decreto firmado por el izquierdista Lula en agosto pasado, que designa los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados.
También reclamaban la cancelación de la licitación para dragar el Tapajós, un importante afluente del Amazonas.
Además de suspender ese proceso, el gobierno prometió este viernes una «consulta libre, previa e informada» a las comunidades locales antes de avanzar en obras.
«El gobierno está abriendo nuestros territorios a muchos proyectos (…) para impulsar el agronegocio», dijo esta semana a la AFP la líder indígena Auricelia Arapiuns, por video desde la protesta en la ciudad portuaria amazónica de Santarém.
Los manifestantes llegaron a impedir que los camiones «entren y salgan de la terminal», dijo Cargill en un comunicado enviado a la AFP.
La multinacional estadounidense cuenta con operaciones de logística agrícola en todo Brasil.
Los manifestantes bloquearon la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Santarém, punto frecuentado por turistas.
«La infraestructura (para los ríos) que llega no es un espacio para nosotros, y nunca lo será», afirmó esta semana la líder indígena Alessandra Korap, del pueblo mundurukú.
Brasil es el mayor exportador mundial de soja y maíz y, en los últimos años, ha optado por puertos fluviales del norte para abaratar la exportación de granos.
La fiscalía general había señalado el martes «serios riesgos ambientales» para el río Tapajós.
