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Corte federal de apelaciones de Washington declara a Juan Guaidó como presidente venezolano
El tribunal, que se encuentra un nivel por debajo de la Corte Suprema del país norteamericano, decretó el miércoles que el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado de Venezuela por parte del presidente Donald Trump el 23 de enero es vinculante para los tribunales estadounidenses, informó Bloomberg.
Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó como presidente interino el 23 de enero pasado y ha adoptado estrictas sanciones económicas para forzar la salida de Maduro, quien cuenta en particular con el apoyo de Cuba, Rusia y China. Así, uno de los objetivos del Gobierno de Trump es quitarle al régimen el control de los recursos de todos los venezolanos.
El caso sobre el que falló la Corte tiene que ver con un reclamo de Rusoro Mining, una empresa con sede en Vancouver y con capital ruso que operaba dos minas en la localidad de El Callao, en el sureste de Venezuela, que fueron nacionalizadas en 2011 por el entonces presidente, Hugo Chávez, ya fallecido. «Debido a que el presidente (por Trump) ha reconocido a Guaidó como el representante legítimo de la República, sólo él o sus representantes pueden hacer valer los intereses de la República en los tribunales de Estados Unidos», explicó el abogado de la firma Arnold & Porter en el juicio.
En el fallo, el tribunal explica que Guaidó es reconocido a nivel judicial en EEUU como presidente interino de Venezuela porque el Ejecutivo estadounidense tomó la decisión «política» de concederle esa condición el pasado 23 de enero. «Qué Gobierno debe considerarse aquí como representante de un Estado extranjero es una cuestión política más que judicial, y debe ser determinada por (…) los gobernadores», indicó la corte de apelaciones, citando fallos anteriores que fijaron la jurisprudencia para este caso.
Según la orden judicial, la decisión del Ejecutivo de EEUU «de reconocer a un Gobierno extranjero» es «definitiva en todos los tribunales domésticos, que están obligados a adherirse a esa determinación». El abogado José Ignacio Hernández, designado por Guaidó como «procurador especial», celebró la decisión en Twitter.
La determinación no ofrece detalles sobre el estado de ese caso y solo cita el nombre de Rusoro Mining y de otra empresa, Goldfields, que operaba una de las minas en Venezuela que luego adquirió Rusoro Mining.
La decisión es la primera de orden judicial sobre la legitimidad de Guaidó como mandatario de Venezuela. Hasta el momento, los reconocimientos habían sido siempre políticos: primero entre los Estados, cuando más de 50 países lo apoyaron y aceptaron a sus embajadores, y luego en organismos internacionales, como por ejemplo en la OEA y en el BID, donde el dirigente de Voluntad Popular logró que aceptaran a sus enviados.
Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, «presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso» de ébola, dijo en una nota el sábado la gobernación de Sao Paulo.
El paciente está «en aislamiento» por precaución en un instituto de infectología especializado pero los solicitudes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.
Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Río de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda «con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea».
La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y «el caso sigue en investigación».
La RDC, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes.
La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.
En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).
El virus se ha detectado también en la vecina Uganda.
«La evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo», apuntaron las autoridades de Sao Paulo.
Los colombianos comenzaron a votar este domingo en las elecciones presidenciales que definirán si el país mantiene el respaldo a la izquierda en el poder o apuesta por un giro hacia la derecha, en un contexto marcado por la violencia y la polarización política.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abrió la jornada electoral acompañado de una de sus hijas e hizo un llamado a que el sufragio se ejerza de manera libre y sin presiones.
Sin posibilidad de reelección, Petro concluirá su mandato tras impulsar políticas enfocadas en la reducción de la pobreza monetaria, el hambre y el desempleo, además de la ampliación de programas sociales.
Según las encuestas citadas en el proceso electoral, el candidato oficialista Iván Cepeda encabeza la intención de voto. El senador propone dar continuidad a las políticas impulsadas por el actual gobierno en medio de una crisis fiscal y un recrudecimiento de la violencia.
Entre sus principales contendientes se encuentra Abelardo de la Espriella, quien mantiene un discurso crítico hacia la izquierda y ha centrado su propuesta en el combate al crimen organizado. También figura la senadora Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.
Los sondeos anticipan que ningún candidato alcanzará los votos necesarios para obtener la victoria en primera vuelta, por lo que se prevé una segunda ronda electoral el 21 de junio.
La autoridad electoral informó que la jornada se extenderá hasta las 21:00 GMT y espera divulgar los resultados preliminares pocas horas después del cierre de las urnas. Asimismo, las autoridades desplegaron 408,000 miembros de la fuerza pública para garantizar la seguridad durante el proceso.
La campaña electoral se desarrolló en un ambiente de polarización política, marcado por atentados atribuidos a grupos armados, el asesinato de un aspirante presidencial y la ausencia de debates entre algunos de los principales candidatos.
En distintas regiones del país, ciudadanos expresaron su expectativa de que el próximo gobierno contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y reducir los niveles de conflicto que afectan a varias comunidades.
El Congreso mexicano, dominado por el oficialismo, concluyó el viernes la aprobación de una reforma constitucional que busca anular elecciones en las que se compruebe que en el resultado influyó una intervención extranjera.
La iniciativa, lanzada por el partido Morena (izquierda), fue aprobada ayer en el Senado tras ser votada el jueves por los diputados, pero aún requiere de leyes secundarias para ser aplicada.
Por otro lado, el parlamento bicameral movió los comicios judiciales para 2028, una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otra iniciativa presidencial que fue aprobada con el voto del oficialismo es la creación de una comisión dentro de la autoridad electoral que vete posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado.
Tras la votación en el Sanado, el artículo 41 de la Constitución plantea ahora la nulidad de una elección cuando «se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados».
Esta reforma sobre injerencia despertó, no obstante, preocupación entre opositores y expertos, que alertan sobre la discrecionalidad de su aplicación.
Pero la propuesta complementaria que reformaba leyes secundarias relativas a las causales de nulidad de una elección fue retirada la tarde del jueves por Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena y autor del proyecto.
Esto deja a la reforma constitucional sin una normativa para aplicarse.
Monreal dijo que las leyes secundarias requieren de «un mayor periodo de reflexión» y de construir «consensos parlamentarios».
José Antonio Crespo, experto en materia electoral, dijo a la AFP que la propuesta original es «tan vaga» que puede ser utilizada como un «elemento de abuso», sobre todo por parte del oficialismo.
«Si se quiere incorporar un elemento de nulidad que tenga que ver con la intervención extranjera tendría que ser muy preciso», añadió.
De ser aprobadas las leyes secundarias, esta reforma sobre la intervención extrajera se aplicaría en las elecciones generales de 2030.
El próximo año México celebra comicios intermedios en las que se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados y numerosos cargos locales.
