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Corte federal de apelaciones de Washington declara a Juan Guaidó como presidente venezolano
El tribunal, que se encuentra un nivel por debajo de la Corte Suprema del país norteamericano, decretó el miércoles que el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado de Venezuela por parte del presidente Donald Trump el 23 de enero es vinculante para los tribunales estadounidenses, informó Bloomberg.
Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó como presidente interino el 23 de enero pasado y ha adoptado estrictas sanciones económicas para forzar la salida de Maduro, quien cuenta en particular con el apoyo de Cuba, Rusia y China. Así, uno de los objetivos del Gobierno de Trump es quitarle al régimen el control de los recursos de todos los venezolanos.
El caso sobre el que falló la Corte tiene que ver con un reclamo de Rusoro Mining, una empresa con sede en Vancouver y con capital ruso que operaba dos minas en la localidad de El Callao, en el sureste de Venezuela, que fueron nacionalizadas en 2011 por el entonces presidente, Hugo Chávez, ya fallecido. «Debido a que el presidente (por Trump) ha reconocido a Guaidó como el representante legítimo de la República, sólo él o sus representantes pueden hacer valer los intereses de la República en los tribunales de Estados Unidos», explicó el abogado de la firma Arnold & Porter en el juicio.
En el fallo, el tribunal explica que Guaidó es reconocido a nivel judicial en EEUU como presidente interino de Venezuela porque el Ejecutivo estadounidense tomó la decisión «política» de concederle esa condición el pasado 23 de enero. «Qué Gobierno debe considerarse aquí como representante de un Estado extranjero es una cuestión política más que judicial, y debe ser determinada por (…) los gobernadores», indicó la corte de apelaciones, citando fallos anteriores que fijaron la jurisprudencia para este caso.
Según la orden judicial, la decisión del Ejecutivo de EEUU «de reconocer a un Gobierno extranjero» es «definitiva en todos los tribunales domésticos, que están obligados a adherirse a esa determinación». El abogado José Ignacio Hernández, designado por Guaidó como «procurador especial», celebró la decisión en Twitter.
La determinación no ofrece detalles sobre el estado de ese caso y solo cita el nombre de Rusoro Mining y de otra empresa, Goldfields, que operaba una de las minas en Venezuela que luego adquirió Rusoro Mining.
La decisión es la primera de orden judicial sobre la legitimidad de Guaidó como mandatario de Venezuela. Hasta el momento, los reconocimientos habían sido siempre políticos: primero entre los Estados, cuando más de 50 países lo apoyaron y aceptaron a sus embajadores, y luego en organismos internacionales, como por ejemplo en la OEA y en el BID, donde el dirigente de Voluntad Popular logró que aceptaran a sus enviados.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
