Internacionales
Corte federal de apelaciones de Washington declara a Juan Guaidó como presidente venezolano
El tribunal, que se encuentra un nivel por debajo de la Corte Suprema del país norteamericano, decretó el miércoles que el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado de Venezuela por parte del presidente Donald Trump el 23 de enero es vinculante para los tribunales estadounidenses, informó Bloomberg.
Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó como presidente interino el 23 de enero pasado y ha adoptado estrictas sanciones económicas para forzar la salida de Maduro, quien cuenta en particular con el apoyo de Cuba, Rusia y China. Así, uno de los objetivos del Gobierno de Trump es quitarle al régimen el control de los recursos de todos los venezolanos.
El caso sobre el que falló la Corte tiene que ver con un reclamo de Rusoro Mining, una empresa con sede en Vancouver y con capital ruso que operaba dos minas en la localidad de El Callao, en el sureste de Venezuela, que fueron nacionalizadas en 2011 por el entonces presidente, Hugo Chávez, ya fallecido. «Debido a que el presidente (por Trump) ha reconocido a Guaidó como el representante legítimo de la República, sólo él o sus representantes pueden hacer valer los intereses de la República en los tribunales de Estados Unidos», explicó el abogado de la firma Arnold & Porter en el juicio.
En el fallo, el tribunal explica que Guaidó es reconocido a nivel judicial en EEUU como presidente interino de Venezuela porque el Ejecutivo estadounidense tomó la decisión «política» de concederle esa condición el pasado 23 de enero. «Qué Gobierno debe considerarse aquí como representante de un Estado extranjero es una cuestión política más que judicial, y debe ser determinada por (…) los gobernadores», indicó la corte de apelaciones, citando fallos anteriores que fijaron la jurisprudencia para este caso.
Según la orden judicial, la decisión del Ejecutivo de EEUU «de reconocer a un Gobierno extranjero» es «definitiva en todos los tribunales domésticos, que están obligados a adherirse a esa determinación». El abogado José Ignacio Hernández, designado por Guaidó como «procurador especial», celebró la decisión en Twitter.
La determinación no ofrece detalles sobre el estado de ese caso y solo cita el nombre de Rusoro Mining y de otra empresa, Goldfields, que operaba una de las minas en Venezuela que luego adquirió Rusoro Mining.
La decisión es la primera de orden judicial sobre la legitimidad de Guaidó como mandatario de Venezuela. Hasta el momento, los reconocimientos habían sido siempre políticos: primero entre los Estados, cuando más de 50 países lo apoyaron y aceptaron a sus embajadores, y luego en organismos internacionales, como por ejemplo en la OEA y en el BID, donde el dirigente de Voluntad Popular logró que aceptaran a sus enviados.
Los líderes del G7 acordaron el viernes liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y crudo en los próximos cuatro meses para aliviar el alza de los carburantes. La medida, coordinada por la Agencia Internacional de la Energía, empieza de inmediato e incluye una liberación sustancial de diésel en los primeros 20 días. El grupo no descartó discutir reservas adicionales.
El anuncio lo hizo el presidente francés, Emmanuel Macron, al cierre de una videoconferencia que presidió Francia, titular rotatorio del G7. Participaron Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Macron dijo que las decisiones «deberían hacer bajar los precios» de los productos petroleros, en particular el diésel. El comunicado no detalla cuánto del volumen será crudo y cuánto diésel, ni qué países socios aportarán barriles.
El acuerdo también cierra, por ahora, la amenaza de Washington de prohibir las exportaciones de diésel. Los siete se comprometieron a no imponer restricciones de energía entre ellos y pidieron a los productores que eviten vetos que tense más el mercado. El presidente Donald Trump escribió en Truth Social que Europa aceptó poner en el mercado «una cantidad masiva» de su diésel almacenado y que el proceso comenzará de inmediato.
El alza viene de la guerra en Oriente Medio. En marzo, la AIE ya coordinó una liberación de 400 millones de barriles, pero Trump ha criticado a Europa por no sacar esas reservas con la rapidez que pedía Washington. Esta vez el G7 también coordinará el mantenimiento de refinerías para que no paren al mismo tiempo y pedirá más producción de diésel a los países con capacidad de refinación.
El Brent llegó a bajar de 100 dólares el barril tras el anuncio y cerró el viernes cerca de 102. El diésel europeo cayó un 8 %, a 1,337.75 dólares por tonelada, su nivel más bajo desde inicios de septiembre. Para países importadores como El Salvador, un diésel más barato aliviaría transporte y alimentos, aunque el efecto en la bomba depende de cuánto se libere de verdad en las próximas tres semanas.
Una intensa granizada sorprendió este jueves a los habitantes de distintos sectores de San Marcos, Guatemala, donde la caída de hielo cubrió calles, viviendas y áreas verdes.
El fenómeno meteorológico tomó por sorpresa a las personas, quienes aprovecharon el momento para observar y grabar el inusual espectáculo que dejó el paisaje cubierto de blanco.
Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la intensidad de la granizada y la sorpresa de los habitantes ante este fenómeno natural.
Internacionales
Estados Unidos refuerza cooperación contra el crimen organizado en Guatemala rumbo al proceso electoral de 2027
Una delegación de fiscales federales estadounidenses visitó Guatemala para fortalecer las investigaciones contra organizaciones criminales transnacionales, narcotráfico y redes de lavado de dinero. El movimiento ocurre mientras el país se prepara para las elecciones generales de 2027 y circulan versiones sobre posibles restricciones migratorias contra figuras de la política guatemalteca.
Estados Unidos y Guatemala han elevado su nivel de cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Una delegación integrada por fiscales y altos funcionarios estadounidenses sostuvo reuniones en territorio guatemalteco para fortalecer investigaciones conjuntas contra carteles y estructuras criminales que operan de manera transnacional.
La misión reunió a fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos, incluidos Texas, California, Arizona, Nuevo México, Florida y Nueva York, además de funcionarios del Departamento de Justicia y representantes de agencias como el FBI, la DEA y Homeland Security Investigations. El objetivo oficial fue ampliar la coordinación para enfrentar carteles, narcotráfico y otras amenazas criminales transnacionales.
Las autoridades estadounidenses también pusieron especial atención en el movimiento del dinero procedente de actividades ilícitas. Las investigaciones contemplan redes de fraude, operaciones con grandes cantidades de efectivo, lavado basado en operaciones comerciales y utilización de criptomonedas, entre otros mecanismos empleados para trasladar ganancias criminales entre países.
El documento proporcionado a este medio plantea un escenario todavía más amplio y relaciona estas acciones con la lucha contra el narcotráfico, la extorsión, el lavado de dinero y la denominada “narcopolítica” en Guatemala. También sostiene que existirían vínculos entre estructuras criminales y determinados actores políticos.
Sin embargo, el comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la visita no identifica partidos políticos ni candidatos guatemaltecos como objetivos de esta operación, por lo que cualquier vinculación individual requiere evidencia adicional antes de presentarse como un hecho.
🇺🇸🇬🇹 EE. UU. refuerza su cooperación contra el crimen organizado en Guatemala
Fiscales federales de 9 distritos de Estados Unidos participaron en encuentros para fortalecer la coordinación contra el narcotráfico, lavado de dinero y redes criminales transnacionales.
🔎 Conoce… pic.twitter.com/CVivEmoEky
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 1, 2026
Versiones sobre la visa de Roberto Arzú
En paralelo a esta ofensiva contra el crimen organizado han vuelto a circular versiones relacionadas con la situación migratoria del político guatemalteco Roberto Arzú García-Granados.
El documento recibido por este medio sostiene que funcionarios estadounidenses habrían confirmado, de manera no oficial, la cancelación de su visa y señala además la existencia de audios en los que supuestamente el propio Arzú hablaría sobre ese tema.
Pero esa información no puede darse actualmente como confirmada.
Arzú negó públicamente a principios de septiembre que Estados Unidos hubiera revocado su visa y aseguró que el documento continuaba vigente. Una verificación independiente de Agencia Ocote tampoco encontró evidencia pública del Departamento de Estado estadounidense que confirmara una cancelación o restricción de su visado.
Por ello, mientras no exista una comunicación oficial estadounidense o documentación verificable que demuestre lo contrario, la supuesta cancelación debe mantenerse periodísticamente como una versión no confirmada y rechazada por el propio Arzú.
Guatemala se acerca a las elecciones de 2027
El contexto cobra especial importancia por la proximidad del próximo proceso electoral.
El Tribunal Supremo Electoral presentó un cronograma preliminar que contempla la convocatoria a elecciones para el 22 de enero de 2027, los comicios generales para el 27 de junio y, en caso de ser necesaria, una segunda elección presidencial el 22 de agosto de 2027. El propio TSE ha aclarado que el calendario deberá formalizarse mediante el correspondiente decreto de convocatoria.
Guatemala se encuentra, por tanto, entrando progresivamente en un período en el que las investigaciones judiciales, las relaciones con Washington y cualquier eventual medida adoptada por Estados Unidos contra figuras públicas podrían adquirir una dimensión política considerable.
Lo que sí está documentado hasta ahora es que Washington está intensificando su cooperación con Guatemala para perseguir organizaciones criminales y sus estructuras financieras. Lo que no puede establecerse con la evidencia pública disponible es que la reciente visita de fiscales estadounidenses constituya una operación dirigida específicamente contra Roberto Arzú, determinados candidatos o partidos políticos guatemaltecos.
