Internacionales
Corte federal de apelaciones de Washington declara a Juan Guaidó como presidente venezolano
El tribunal, que se encuentra un nivel por debajo de la Corte Suprema del país norteamericano, decretó el miércoles que el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado de Venezuela por parte del presidente Donald Trump el 23 de enero es vinculante para los tribunales estadounidenses, informó Bloomberg.
Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó como presidente interino el 23 de enero pasado y ha adoptado estrictas sanciones económicas para forzar la salida de Maduro, quien cuenta en particular con el apoyo de Cuba, Rusia y China. Así, uno de los objetivos del Gobierno de Trump es quitarle al régimen el control de los recursos de todos los venezolanos.
El caso sobre el que falló la Corte tiene que ver con un reclamo de Rusoro Mining, una empresa con sede en Vancouver y con capital ruso que operaba dos minas en la localidad de El Callao, en el sureste de Venezuela, que fueron nacionalizadas en 2011 por el entonces presidente, Hugo Chávez, ya fallecido. «Debido a que el presidente (por Trump) ha reconocido a Guaidó como el representante legítimo de la República, sólo él o sus representantes pueden hacer valer los intereses de la República en los tribunales de Estados Unidos», explicó el abogado de la firma Arnold & Porter en el juicio.
En el fallo, el tribunal explica que Guaidó es reconocido a nivel judicial en EEUU como presidente interino de Venezuela porque el Ejecutivo estadounidense tomó la decisión «política» de concederle esa condición el pasado 23 de enero. «Qué Gobierno debe considerarse aquí como representante de un Estado extranjero es una cuestión política más que judicial, y debe ser determinada por (…) los gobernadores», indicó la corte de apelaciones, citando fallos anteriores que fijaron la jurisprudencia para este caso.
Según la orden judicial, la decisión del Ejecutivo de EEUU «de reconocer a un Gobierno extranjero» es «definitiva en todos los tribunales domésticos, que están obligados a adherirse a esa determinación». El abogado José Ignacio Hernández, designado por Guaidó como «procurador especial», celebró la decisión en Twitter.
La determinación no ofrece detalles sobre el estado de ese caso y solo cita el nombre de Rusoro Mining y de otra empresa, Goldfields, que operaba una de las minas en Venezuela que luego adquirió Rusoro Mining.
La decisión es la primera de orden judicial sobre la legitimidad de Guaidó como mandatario de Venezuela. Hasta el momento, los reconocimientos habían sido siempre políticos: primero entre los Estados, cuando más de 50 países lo apoyaron y aceptaron a sus embajadores, y luego en organismos internacionales, como por ejemplo en la OEA y en el BID, donde el dirigente de Voluntad Popular logró que aceptaran a sus enviados.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
