Política
Varios diputados y suplentes de ARENA votaron por el Procurador Apolonio Tobar
La fracción de ARENA hizo todo lo que estaba en sus manos para que Apolinio Tobar, un exempleado del FMLN en la Asamblea Legislativa, fuera electo como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), al punto que ocho diputados propietarios votaron a favor, pero sus ocho suplentes también lo hicieron.
Apolonio Tobar Serrano fue electo el pasado miércoles, su juramentación estuvo precedida de señalamientos, discusiones acaloradas, acusaciones de corrupción y reparto de cuotas entre los mismos diputados y en ocasiones a colegas de sus propios partidos.
La Comisión Política emitió dictamen favorable a su elección y todo estaba preparado, pero las dudas se presentaron, cuando el PCN parecía echarse para atrás, y atacaron al partido ARENA, donde el propio jefe de fracción tuvo que pedir receso para buscar consensos internos. Muchos tricolores no querían votar.
La reunión interna, que contó con la presencia del presidente del Coena, Gustavo López Davidson, sirvió para que el partido consiguiera los votos necesarios. Pero diputados como Milena Mayorga han señalado que ahí se obligó a los parlamentarios a pedir suplente sino querían dar su voto.
Antes de la votación, el presidente sometió a votación llamamientos a diputados suplentes, por lo que la elección de Apolonio Tobar se realzió hasta con 20 parlamentarios suplentes, 11 de los cuales eran del partido ARENA.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró ilegal un acuerdo legislativo porque se recurrió a muchos diputados suplentes y mandó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en aquella ocasión, a que estos fueran electos por voto popular. Cuando el ciudadano marcó la papeleta, lo hizo por el rostro del propietario pero indicando quien era el suplente asignado.
ARENA llegó al punto de pedirle al diputado Josué Godoy, que no quería votar, que se fuera del pleno para que un suplente pudiera hacerlo.
Los titulares estaban presentes pero los suplentes también
En la bancada arenera, ocho diputados propietarios estaban en sus curules, pero sus suplentes también estaban ocupando un curul. Mario Marroquín, Julio Fabián, Mauricio Vargas y Marcerla Villatorio votaron a favor de la elección de Apolonio Tobar, pero los suplentes de cada uno de ellos también votaron.
La situación se complica aún más con las diputados Felissa Cristales y Milena Mayorga, quienes votaron en contra, y David Reyes y Rosa Romero, que votaron abstención. Pero los suplentes de cada uno de ellos estaban ocupando un curul y todos votaron a favor.
A manera de ejemplo, la diputada Felissa Cristales, que votó en contra, vio como su suplente, Andrés Ernesto López Salguero estuvo en la plenaria sustiuyendo a otro colega y dio su voto para Apolonio Tobar.
Mario Marroquín, que fue electo con Norma Estela Aguirre de Francia como suplente, votó a favor de Tobar Serrano, pero Aguirre de Francia también dio su voto porque estaba sustituyendo a otro parlamentario.
Igual es el caso de Julio Fabián, Mauricio Vargas y Marcela Villatoro, que a pesar que los tres estaban presentes, sus suplentes, Norma del Carmen Quijada Lemus, Steffany Yanira Escobar de González y José Mauricio López Navas, respectivamente, votaron porque estaban sustituyendo a otros de sus colegas.
Lo que dice la Constitución
Además del mandato de la Sala de lo Constitucional, el tema de los diputados suplentes está reglamentado en la Constitución de la República, especificamente el artículo 131, que determina las labores de la Asamblea Legislativa y el momento en que se debe convocar a un suplente.
Es deber de la Asamblea “Llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios”, sin embargo los suplentes de los ocho areneros fueron llamados a votar aún con los propietarios en la sesión plenaria.
Nota de El Salvador Times
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
