Política
Presidente Bukele refuta señalamientos de ARENA y el FMLN sobre petición de $21 millones que son de un sobrante de impuestos, NO de las pensiones
Una reforma solicitada por el Gobierno para transferir excedentes de un fondo, que sirve para pagar pensiones del antiguo sistema público y para pagar capital e intereses de certificados emitidos por el Estado, ha generado una polémica en Twitter.
El presidente de la República, Nayib Bukele, por medio de su cuenta de Twitter explicó que los 21.1 millones de dólares que solicita su Gobierno corresponde a dinero de sobrantes de impuestos y no de ahorro de pensiones.
La petición del Gobierno, que surgió de una reunión del Consejo de Ministros del 6 de noviembre, es transferir estos fondos al «rubro 54 adquisiciones de bienes y servicios» de unidades de Seguridad Pública y Administración del Sistema Penitenciario, para régimen de disponibilidad policial y alimentación de reos.
En la solicitud, tanto el secretario jurídico como el ministro de Hacienda explican que el excedente obedece a una disminución en el número de personas a jubilarse.
Sin embargo, la diputada Yanci Urbina (FMLN) acusó al gobierno de poner en riesgo el pago de las pensiones pero la comisionada presidencial, Carolina Recinos de Bernal, le contestó que ya pagaron todos los intereses hasta diciembre de 2019.
Recinos se refiere a los intereses que debe pagar el Estado a los tenedores de Certificados de Inversión Previsionales (CIP) que el Estado les ha vendido años atrás. Esos tenedores de los CIP son las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) ya que estas, por ley, debieron adquirir los CIP al Estado.
En sencillas palabras, en el presente año, el Estado ya le pagó los intereses a las AFP por los ahorros de los cotizantes que por ley le ha prestado. La funcionaria publicó una carta en la cual el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) registró estos pagos.
El lunes, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el diputado Víctor Hugo Suazo, del FMLN, pidió archivar inmediatamente la solicitud y aclaró que no estaban interesados en que los funcionarios lleguen a explicarla, como lo sugirió el diputado Guadalupe Vásquez, del partido Gana. El legislador de Gana, quien preside la Comisión de Hacienda, anunció que pedirán explicaciones a los ministros Hacienda y Seguridad.
La diputada Patricia Valdivieso, de Arena, avisó que no dará los votos. El diputado René Portillo Cuadra, del mismo partido, consideró que sería una ilegalidad tomar dinero del FOP para seguridad porque sostiene que el FOP no puede transferir fondos a una cartera de Estado ni con la aprobación legislativa.
Norman Quijano, también legislador de Arena, escribió que la reforma sentaría un precedente nefasto para que cualquier déficit presupuestario se subsane a costa de obligaciones con los trabajadores.
En Twitter, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, explicó que el excedente del FOP se debe a que habían previsto que pagarían intereses de los CIP por $246 millones pero que en realidad pagaron $218 millones.
El FOP es un fondo que sirve para el pago de pensiones del antiguo sistema público de reparto así como el pago de intereses y capital de los certificados emitidos por el Gobierno.
El presidente Nayib Bukele ya se ha pronunciado al respecto tras los dimes y diretes al respecto.
“Mientras aterrizo en Japón, buscando inversión y cooperación para nuestro país, me doy cuenta que los mismos de siempre aprovecharon estas horas para atacar con mentiras y medias verdades. Hay que aclarar que nadie ha solicitado dinero de las pensiones para gastos del gobierno”, escribió.
Bukele anunció el pasado 25 de noviembre que prepara una reforma que beneficie al trabajador y amplíe a más beneficiarios.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
