Política
Presidente Bukele refuta señalamientos de ARENA y el FMLN sobre petición de $21 millones que son de un sobrante de impuestos, NO de las pensiones
Una reforma solicitada por el Gobierno para transferir excedentes de un fondo, que sirve para pagar pensiones del antiguo sistema público y para pagar capital e intereses de certificados emitidos por el Estado, ha generado una polémica en Twitter.
El presidente de la República, Nayib Bukele, por medio de su cuenta de Twitter explicó que los 21.1 millones de dólares que solicita su Gobierno corresponde a dinero de sobrantes de impuestos y no de ahorro de pensiones.
La petición del Gobierno, que surgió de una reunión del Consejo de Ministros del 6 de noviembre, es transferir estos fondos al «rubro 54 adquisiciones de bienes y servicios» de unidades de Seguridad Pública y Administración del Sistema Penitenciario, para régimen de disponibilidad policial y alimentación de reos.
En la solicitud, tanto el secretario jurídico como el ministro de Hacienda explican que el excedente obedece a una disminución en el número de personas a jubilarse.
Sin embargo, la diputada Yanci Urbina (FMLN) acusó al gobierno de poner en riesgo el pago de las pensiones pero la comisionada presidencial, Carolina Recinos de Bernal, le contestó que ya pagaron todos los intereses hasta diciembre de 2019.
Recinos se refiere a los intereses que debe pagar el Estado a los tenedores de Certificados de Inversión Previsionales (CIP) que el Estado les ha vendido años atrás. Esos tenedores de los CIP son las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) ya que estas, por ley, debieron adquirir los CIP al Estado.
En sencillas palabras, en el presente año, el Estado ya le pagó los intereses a las AFP por los ahorros de los cotizantes que por ley le ha prestado. La funcionaria publicó una carta en la cual el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) registró estos pagos.
El lunes, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el diputado Víctor Hugo Suazo, del FMLN, pidió archivar inmediatamente la solicitud y aclaró que no estaban interesados en que los funcionarios lleguen a explicarla, como lo sugirió el diputado Guadalupe Vásquez, del partido Gana. El legislador de Gana, quien preside la Comisión de Hacienda, anunció que pedirán explicaciones a los ministros Hacienda y Seguridad.
La diputada Patricia Valdivieso, de Arena, avisó que no dará los votos. El diputado René Portillo Cuadra, del mismo partido, consideró que sería una ilegalidad tomar dinero del FOP para seguridad porque sostiene que el FOP no puede transferir fondos a una cartera de Estado ni con la aprobación legislativa.
Norman Quijano, también legislador de Arena, escribió que la reforma sentaría un precedente nefasto para que cualquier déficit presupuestario se subsane a costa de obligaciones con los trabajadores.
En Twitter, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, explicó que el excedente del FOP se debe a que habían previsto que pagarían intereses de los CIP por $246 millones pero que en realidad pagaron $218 millones.
El FOP es un fondo que sirve para el pago de pensiones del antiguo sistema público de reparto así como el pago de intereses y capital de los certificados emitidos por el Gobierno.
El presidente Nayib Bukele ya se ha pronunciado al respecto tras los dimes y diretes al respecto.
“Mientras aterrizo en Japón, buscando inversión y cooperación para nuestro país, me doy cuenta que los mismos de siempre aprovecharon estas horas para atacar con mentiras y medias verdades. Hay que aclarar que nadie ha solicitado dinero de las pensiones para gastos del gobierno”, escribió.
Bukele anunció el pasado 25 de noviembre que prepara una reforma que beneficie al trabajador y amplíe a más beneficiarios.
El jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, reiteró este martes que los diputados de su bancada en la Asamblea Legislativa continuarán respaldando con sus votos los proyectos destinados a modernizar el sistema público de salud en El Salvador.
“Nuestros votos para mejorar el sistema de salud para los salvadoreños. Lo justo, lo legal y lo correcto siempre”, expresó Guevara a través de su cuenta en la red social X.
Los legisladores oficialistas han respaldado diversas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer la red hospitalaria nacional, incluyendo intervenciones en infraestructura, adquisición de medicamentos y equipos médicos, así como la construcción de nuevos centros de atención, entre ellos el nuevo hospital Rosales.
La fracción cian ha sido clave para la aprobación de financiamiento y reformas que permiten avanzar con la transformación del sistema de salud, como parte del plan de atención integral que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha promovido durante su gestión.
La Asamblea Legislativa autorizó este martes al Órgano Ejecutivo la suscripción de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como financiamiento adicional para el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, a través de la construcción de una moderna infraestructura vial que incluye un nuevo “by pass” en Apopa, una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, iluminación, señalización, controles de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal.
Según estimaciones oficiales, la obra beneficiará de forma directa a más de 550,000 habitantes de los municipios que conforman San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte.
Uno de los elementos clave del proyecto es un puente atirantado de 300 metros de longitud y cuatro carriles (dos por sentido), que permitirá desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte, facilitando la conexión con la zona norte del país y la frontera con Honduras.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele busca posicionar esta región como un nodo logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala, mediante una combinación de inversión pública en infraestructura y atracción de capital privado.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha destacado que el potencial de la zona radica en su ubicación estratégica, así como en las obras de conectividad ya ejecutadas y las que están en proceso. Además, se ha informado que el 36 % del suelo destinado para uso logístico y de servicios en San Salvador Oeste ya cuenta con permisos aprobados.
Con este financiamiento adicional, el Ejecutivo busca acelerar el desarrollo vial del AMSS y consolidar al país como un centro regional clave para la movilidad y el comercio.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
