Política
Presidente Bukele refuta señalamientos de ARENA y el FMLN sobre petición de $21 millones que son de un sobrante de impuestos, NO de las pensiones
Una reforma solicitada por el Gobierno para transferir excedentes de un fondo, que sirve para pagar pensiones del antiguo sistema público y para pagar capital e intereses de certificados emitidos por el Estado, ha generado una polémica en Twitter.
El presidente de la República, Nayib Bukele, por medio de su cuenta de Twitter explicó que los 21.1 millones de dólares que solicita su Gobierno corresponde a dinero de sobrantes de impuestos y no de ahorro de pensiones.
La petición del Gobierno, que surgió de una reunión del Consejo de Ministros del 6 de noviembre, es transferir estos fondos al «rubro 54 adquisiciones de bienes y servicios» de unidades de Seguridad Pública y Administración del Sistema Penitenciario, para régimen de disponibilidad policial y alimentación de reos.
En la solicitud, tanto el secretario jurídico como el ministro de Hacienda explican que el excedente obedece a una disminución en el número de personas a jubilarse.
Sin embargo, la diputada Yanci Urbina (FMLN) acusó al gobierno de poner en riesgo el pago de las pensiones pero la comisionada presidencial, Carolina Recinos de Bernal, le contestó que ya pagaron todos los intereses hasta diciembre de 2019.
Recinos se refiere a los intereses que debe pagar el Estado a los tenedores de Certificados de Inversión Previsionales (CIP) que el Estado les ha vendido años atrás. Esos tenedores de los CIP son las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) ya que estas, por ley, debieron adquirir los CIP al Estado.
En sencillas palabras, en el presente año, el Estado ya le pagó los intereses a las AFP por los ahorros de los cotizantes que por ley le ha prestado. La funcionaria publicó una carta en la cual el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) registró estos pagos.
El lunes, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el diputado Víctor Hugo Suazo, del FMLN, pidió archivar inmediatamente la solicitud y aclaró que no estaban interesados en que los funcionarios lleguen a explicarla, como lo sugirió el diputado Guadalupe Vásquez, del partido Gana. El legislador de Gana, quien preside la Comisión de Hacienda, anunció que pedirán explicaciones a los ministros Hacienda y Seguridad.
La diputada Patricia Valdivieso, de Arena, avisó que no dará los votos. El diputado René Portillo Cuadra, del mismo partido, consideró que sería una ilegalidad tomar dinero del FOP para seguridad porque sostiene que el FOP no puede transferir fondos a una cartera de Estado ni con la aprobación legislativa.
Norman Quijano, también legislador de Arena, escribió que la reforma sentaría un precedente nefasto para que cualquier déficit presupuestario se subsane a costa de obligaciones con los trabajadores.
En Twitter, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, explicó que el excedente del FOP se debe a que habían previsto que pagarían intereses de los CIP por $246 millones pero que en realidad pagaron $218 millones.
El FOP es un fondo que sirve para el pago de pensiones del antiguo sistema público de reparto así como el pago de intereses y capital de los certificados emitidos por el Gobierno.
El presidente Nayib Bukele ya se ha pronunciado al respecto tras los dimes y diretes al respecto.
“Mientras aterrizo en Japón, buscando inversión y cooperación para nuestro país, me doy cuenta que los mismos de siempre aprovecharon estas horas para atacar con mentiras y medias verdades. Hay que aclarar que nadie ha solicitado dinero de las pensiones para gastos del gobierno”, escribió.
Bukele anunció el pasado 25 de noviembre que prepara una reforma que beneficie al trabajador y amplíe a más beneficiarios.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
