Política
Presidente Bukele refuta señalamientos de ARENA y el FMLN sobre petición de $21 millones que son de un sobrante de impuestos, NO de las pensiones
Una reforma solicitada por el Gobierno para transferir excedentes de un fondo, que sirve para pagar pensiones del antiguo sistema público y para pagar capital e intereses de certificados emitidos por el Estado, ha generado una polémica en Twitter.
El presidente de la República, Nayib Bukele, por medio de su cuenta de Twitter explicó que los 21.1 millones de dólares que solicita su Gobierno corresponde a dinero de sobrantes de impuestos y no de ahorro de pensiones.
La petición del Gobierno, que surgió de una reunión del Consejo de Ministros del 6 de noviembre, es transferir estos fondos al «rubro 54 adquisiciones de bienes y servicios» de unidades de Seguridad Pública y Administración del Sistema Penitenciario, para régimen de disponibilidad policial y alimentación de reos.
En la solicitud, tanto el secretario jurídico como el ministro de Hacienda explican que el excedente obedece a una disminución en el número de personas a jubilarse.
Sin embargo, la diputada Yanci Urbina (FMLN) acusó al gobierno de poner en riesgo el pago de las pensiones pero la comisionada presidencial, Carolina Recinos de Bernal, le contestó que ya pagaron todos los intereses hasta diciembre de 2019.
Recinos se refiere a los intereses que debe pagar el Estado a los tenedores de Certificados de Inversión Previsionales (CIP) que el Estado les ha vendido años atrás. Esos tenedores de los CIP son las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) ya que estas, por ley, debieron adquirir los CIP al Estado.
En sencillas palabras, en el presente año, el Estado ya le pagó los intereses a las AFP por los ahorros de los cotizantes que por ley le ha prestado. La funcionaria publicó una carta en la cual el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) registró estos pagos.
El lunes, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el diputado Víctor Hugo Suazo, del FMLN, pidió archivar inmediatamente la solicitud y aclaró que no estaban interesados en que los funcionarios lleguen a explicarla, como lo sugirió el diputado Guadalupe Vásquez, del partido Gana. El legislador de Gana, quien preside la Comisión de Hacienda, anunció que pedirán explicaciones a los ministros Hacienda y Seguridad.
La diputada Patricia Valdivieso, de Arena, avisó que no dará los votos. El diputado René Portillo Cuadra, del mismo partido, consideró que sería una ilegalidad tomar dinero del FOP para seguridad porque sostiene que el FOP no puede transferir fondos a una cartera de Estado ni con la aprobación legislativa.
Norman Quijano, también legislador de Arena, escribió que la reforma sentaría un precedente nefasto para que cualquier déficit presupuestario se subsane a costa de obligaciones con los trabajadores.
En Twitter, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, explicó que el excedente del FOP se debe a que habían previsto que pagarían intereses de los CIP por $246 millones pero que en realidad pagaron $218 millones.
El FOP es un fondo que sirve para el pago de pensiones del antiguo sistema público de reparto así como el pago de intereses y capital de los certificados emitidos por el Gobierno.
El presidente Nayib Bukele ya se ha pronunciado al respecto tras los dimes y diretes al respecto.
“Mientras aterrizo en Japón, buscando inversión y cooperación para nuestro país, me doy cuenta que los mismos de siempre aprovecharon estas horas para atacar con mentiras y medias verdades. Hay que aclarar que nadie ha solicitado dinero de las pensiones para gastos del gobierno”, escribió.
Bukele anunció el pasado 25 de noviembre que prepara una reforma que beneficie al trabajador y amplíe a más beneficiarios.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
