Política
Ministro de Justicia y Seguridad: “Las visitas familiares a pandilleros se van a tener que permitir en algún momento, el contacto con la familia es fundamental, Pero es algo que de momento está en estudio en la Asamblea Legislativa”
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, consideró que permitir la visita de familiares a los reos sería parte de las modificaciones que se pueden hacer a las medidas extraordinarias impuestas en seis centros penales de El Salvador donde están recluidos pandilleros. El anuncio se da apenas días después que una relatora especial de la ONU calificara esas medidas como «deshumanizantes».
Esta semana, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Agnes Callamard, pidió al Gobierno de Salvador Sánchez Cerén levantar una serie de restricciones a los presos porque a su juicio deshumanizan a los delincuentes.
“Las visitas de los familiares se van a tener que permitir en algún momento, el contacto con la familia es fundamental, pero por el momento se tienen prohibidas ya que estamos corrigiendo los abusos que realizaban los privados de libertad a este beneficio”, apuntó Ramírez.
El ministro también aclaró que se pretende que parte de las medidas extraordinarias sean permanentes, algo que de momento está en estudio en la Asamblea Legislativa. “Pero no es para que se vuelvan a tener las condiciones que se tenían”, aclaró.
De igual manera remarcó que las medidas extraordinarias les han dado resultados positivos para poder recuperar el control del sistema penitenciario y reconstruir la institucionalidad que se había perdido.
En el pasado, las autoridades dijeron que las medidas para tener un mayor control en las cárceles se dieron para evitar que desde esos lugares se ordenaran ilícitos como extorsiones y homicidios. Como parte de esas medidas, implementadas hace casi dos años, también se restringieron las visitas familiares, se bloqueó la señal de telefonía en los perímetros de las cárceles y se ejerció un mayor control con los abogados defensores de pandilleros.
Respecto al informe presentado por la relatora Callamard, señaló que coinciden con ella en que hay una serie de medidas extraordinarias que no contribuyen a la seguridad y que vienen a deshumanizar las condiciones en las que se encuentran los reos.
“Ella se refiere a algunas de las medidas que a su criterio no tienen como objetivo el control de la seguridad y que deshumanizan a los privados de libertad, pero no se refiere a las medidas en su conjunto”, aclaró.
Según detalló Ramírez Landaverde, Callamard visitó y verificó las condiciones que tienen los reos en dos centros penales que desde hace dos años se encuentran bajo el régimen de medidas extraordinarias.
“Se le explicó la necesidad de establecer un corte al tráfico de comunicación, a la prohibición de visitas, ella entiende y comprende que esto es debido a la forma de operar y que queremos supera esta situación“, agregó Ramírez Lanvaderde.
El funcionario dijo que coinciden en muchos puntos del informe entregado por Callamard tras su visita pero remarcó que “estamos trabajando para tener un sistema seguro, bajo medida de control y humano”.
Acerca del autor
Los diputados de la Comisión Agropecuaria iniciaron el estudio de una iniciativa que busca declarar como inmuebles con función social las zonas productivas agrícolas y ganaderas aledañas al periférico Claudia Lars, en La Libertad, y aquellas comprendidas dentro del Distrito de Riego y Avenamiento n.° 1, Zapotitán.
Esta disposición busca proteger 3,000 hectáreas de tierras agrícolas y ganaderas situadas en el kilómetro 30 de la carretera que de San Salvador conduce a Santa Ana, pertenecientes a los municipios de Colón, San Juan Opico y Ciudad Arce del departamento de La Libertad. También a las jurisdicciones de El Congo, en Santa Ana, y Armenia, en Sonsonate.
La diputada Norma Lobo expresó que, tras la construcción del periférico Claudia Lars, diversos empresarios han externado su interés de invertir en estas áreas, por lo que es necesario establecer una normativa que proteja las tierras agrícolas y ganaderas de la zona.
“Esta iniciativa permitirá que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente cuenten con las herramientas legales para velar por el buen uso de los suelos y la protección de los ríos”, sostuvo la parlamentaria.
Para el estudio del anteproyecto de ley, los legisladores recibieron los aportes de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y de representantes del Ministerio Agricultura y Ganadería (MAG).
Durante su intervención, la titular de Vivienda explicó que estas propuestas son fundamentales para lograr un equilibrio entre la erradicación del déficit habitacional y el aseguramiento de tierras fértiles para la producción agrícola.
“Los esfuerzos de este Gobierno están enfocados en garantizar la soberanía alimentaria del país. Debemos establecer un equilibrio para poder erradicar el déficit de vivienda, pero también asegurar tierras para la producción agrícola”, indicó la funcionaria.
Por su parte, la directora legal del Ministerio de Agricultura, Claudia Díaz, señaló que la institución ha realizado estudios para identificar el asentamiento de comunidades, granjas e industrias que funcionan en la zona sin tener los permisos pertinentes.
El legislador Ricardo Rivas, presidente de la Comisión Agropecuaria, sostuvo que con esta iniciativa se busca generar una dinámica productiva autosostenible, en el marco de la implementación de proyectos agrícolas y ganaderos amigables con el medio ambiente y los recursos naturales.
“Debemos saldar este tema para tener seguridad alimentaria. Para los próximos años, queremos tener la certeza de que contaremos con alimentos en la mesa del pueblo», dijo el legislador de Nuevas Ideas.
Acerca del autor
El Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y un grupo de diputados de Nuevas Ideas, se reunió el sábado con salvadoreños radicados en Houston, Texas, a quienes expresó que las pandillas se habían apoderado de El Salvador, y agregó que los gobiernos de Arena y FMLN «no hicieron nada» para erradicar las pandillas.
Castro manifestó que los gobiernos de Arena «solo impulsaron medidas ineficaces» y permitieron a los pandilleros asentarse en los municipios más populosos del país.
Ante los compatriotas, destacó los cambios que ha impulsado el presidente Nayib Bukele, apoyado con la fracción legislativa de Nuevas Ideas, para revertir el problema de las maras: “Hemos tomado decisiones importantes, en el pasado teníamos más muertes por las pandillas que por la guerra civil. Tras el régimen de excepción, el país ha seguido cambiando”, destacó.
Lo que se ha logrado hasta el momento, expuso, «aún no es suficiente, por lo que queda un gran trabajo por hacer para seguir transformando El Salvador y no solo los salvadoreños en el país se sientan seguros, sino la diáspora que regresa a su territorio», dijo.
“Falta mucho por hacer; sin embargo, ya estamos viendo los cambios. Ahora El Salvador está en boca de todo el mundo y seguiremos haciendo lo que se debía hacer en el pasado: justicia para el país”.
Acerca del autor
Nacionales
Corte de Cuentas observa más de $120 millones en auditorías realizadas en municipalidades y ONG
En un ejercicio de rendición de cuentas y cumpliendo lo estipulado en los artículos 199 de la Constitución de la República y 111 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, en sesión plenaria ordinaria número 99, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Roberto Antonio Anzora Quiroz, entregó el Informe de Labores 2022 al presidente de ese órgano del Estado, Ernesto Castro Aldana.
Dicho informe reporta que la CCR inició en el ejercicio fiscal 2022, un total de 734 auditorías, de estas se han emitido 503 informes, de los cuales destacan 213 que fueron realizadas a municipalidades, sobre el uso de fondos propios, asignación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), recursos asignados para atender la emergencia COVID-19 y Tormentas Amanda y Cristóbal.
Detectándose un monto cuestionado de $122,660,742.01, por diferencias financieras e inadecuado uso de fondos públicos.
En cuanto a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), esta entidad fiscalizadora auditó a 85, detectando en ellas hallazgos por un monto de $1,605,603.64 de fondos públicos que fueron administrados inadecuadamente por estas organizaciones.
Mientras que se realizaron 205 auditorías a entidades públicas del Gobierno Central, autónomas, hospitales, asocios municipales, centros escolares y proyectos de cooperación externa en las que se detectaron hallazgos por un monto de $17,042,687.67.
La Corte de Cuentas se encuentra permanentemente realizando procesos de fiscalización de manera técnica y profesional garantizando que los recursos públicos estén siendo utilizados para los objetivos para lo que fueron designados.
Acerca del autor
